PESCA
INSTITUCIONALIDAD Y POLITICA
EL NUDO DEL PROBLEMA
La pesca es un caso
emblemático de cómo el Perú gestiona (o no gestiona) sus recursos naturales. El
núcleo del problema es la gran renta industrial. Lo más revelador no es lo que
se debate, sino lo que se evita debatir.
Cuando la política no lidera,
la institucionalidad no regula, y la economía no redistribuye, la riqueza se
convierte en oportunidad perdida. El problema no es cuánto pescado hay, sino
quién decide sobre él. El mar es público, la renta no tanto. Sin
institucionalidad, la abundancia es solo extractivismo eficiente.
No se habla de reformar
derechos de pesca; aumentar la captura
de renta; redistribuir beneficios, o cambiar el modelo productivo. Porque
hacerlo implicaría admitir algo incómodo: que el Estado ha sido un actor débil
en uno de los sectores más rentables del país.
CÓMO LA POLÍTICA GOBIERNA LA PESCA EN EL PERÚ
En el Perú, el mar no es de
todos. Aunque la Constitución diga lo contrario, en la práctica tiene dueños
funcionales: quienes capturan la renta mientras el Estado mira desde la orilla.
El problema no es la falta de
normas. Es peor, es la falta de voluntad para hacerlas cumplir. La
fiscalización es débil, las sanciones no disuaden y las decisiones clave
carecen de transparencia. En ese contexto, la institucionalidad funciona más
como una formalidad que como un contrapeso real. El resultado es un sistema
donde el cumplimiento es negociable. ¿Cuántas veces un ministro de turno a
rebajado multas impuestas o dejado sin efecto algunas, por ejemplo?
El Perú no tiene un problema
de mar. Tiene un problema de poder. Y mientras la política siga administrando
silencios en lugar de tomar decisiones, la pesca seguirá siendo lo que es hoy: un negocio extraordinario… con un
Estado ausente.
En el Perú, la pesca es un
caso de manual de cómo el poder económico disciplina al poder político. Aquí
hay nombres propios, responsabilidades concretas y una cadena de decisiones y
omisiones que explican por qué la renta del mar termina en pocas manos.
Una sola muestra para entender
mejor el tema. El Decreto Legislativo 1084 que crea las cuota de anchoveta para
CHI fue promulgado dentro de un paquete de normas destinadas al TLC con Estados
Unidos. Se introdujo indebidamente. ¿Quién lo elaboró? ¿Dónde está el informe
técnico? Se elaboró fuera del Ministerio. ¿quién lo hizo y quién lo pagó? No
fue el Ministerio de la Producción.
El regulador que no regula: PRODUCE
El Ministerio de la Producción
(PRODUCE) administra cuotas, temporadas y derechos. En el papel, es el árbitro.
En la práctica, actúa como administrador de un statu quo que rara vez incomoda
a los grandes jugadores. Bajo gobiernos sucesivos, la constante no ha sido la reforma, sino la
prudencia política; ajustes marginales; debates postergados y una renuencia
sistemática a revisar cuánto paga realmente la industria por explotar un
recurso público.
El poder del Ministro es casi
absoluto. Designa a los jefes de los Organismos Públicos y a todos los
funcionarios. Así como los designa los puede remover. Ninguna norma le obliga a
aceptar las recomendaciones del IMARPE. El ente científico, para todo efecto
práctico tan solo recomienda a través de sus informes, que no son vinculantes.
El único que decide cuánto y dónde se puede pescar, entre otras cosas, es el
Ministro.
El peligro de este modelo es
que el poder del cual dispone el Ministro puede llevar a ordenar, o presionar
al ente científico o cualquier otro bajo su mando, a emitir informes que
sustenten una decisión política ya tomada. Cuando la lógica es al revés. Se
debe tomar la decisión siguiendo la recomendación técnica. En este estado de
cosas ello no se puede garantizar.
Es oportuno conocer las
funciones del Viceministro de Pesca y acuicultura. El DS 002-2017/PRODUCE, creó
el “Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura”. No creó el viceministerio
de Pesca y Acuicultura.
La diferencia es interesante y
no es de jerarquía, sino de función dentro de la estructura del Estado. Viceministerio
es una unidad orgánica dentro de un ministerio. Forma parte de la estructura
formal del Estado y tiene competencias definidas. Está a cargo de un
viceministro. Tiene funciones,
direcciones generales y equipos técnicos bajo su mando. Se encarga de formular,
implementar y supervisar políticas públicas en un ámbito específico.
Despacho Viceministerial es el
ámbito inmediato de trabajo del viceministro, es decir, su oficina o instancia
de gestión directa. No es una estructura
con funciones amplias propias. Sirve
para coordinar, tomar decisiones y canalizar el trabajo del viceministerio. Incluye
asesores, secretaría y equipo cercano.
Viceministerio es la
estructura (con funciones y órganos). Despacho Viceministerial es la oficina
del viceministro (espacio de decisión y coordinación).
La norma creó un Despacho, que
es el espacio para un viceministro. En la práctica, el viceministro funciona
como secretario técnico del Ministro, sin poder de decisión ni de acción. Ni se
requiere su firma en los documentos de gestión.
https://revistapesca.blogspot.com/2025/07/el-unico-responsable-del-sector-pesquero.html
El músculo gremial
La industria pesquera cuenta
con dos gremios muy organizados y con
posibilidades de crear incidencia política. La SNI y la SNP.
El primero representa exclusivamente
al CHD y el segundo a empresas con CHD y CHI. Son dos gremios muy diferentes.
Este último opera con eficacia técnica y política.
Su influencia se expresa en lo que no ocurre: no hay rediseño sustantivo de los derechos de pesca; no hay salto en la captura de renta; no hay cambios que alteren la estructura del negocio. Cada intento de reforma tropieza con el mismo argumento: “seguridad jurídica”. Traducido: no tocar las reglas que ya favorecen a quienes están dentro. Gracias a la capacidad organizacional que tiene, dispone de operadores que controlan la narrativa en todos los niveles en defensa de sus intereses, que no necesariamente coinciden con los del país; pero es un justo mecanismo de protección del que disponen y emplean con eficiencia. Controlan el discurso y creen que eso les da la razón y la verdad.
Hace algún tiempo un representante
de un gremio expresaba públicamente que la pesca genera 750 mil empleos. Luego
se dieron cifras que van desde los 250 mil hasta los 400 mil. Pero nunca se ha
ofrecido la evidencia oficial de cuál es el número real y tampoco se precisan
las fuentes de esta información. Es así como se construye una narrativa falsa
sin que el ciudadano se plantee cuestionarla ni analizarla.
La Pesca Artesanal muestra
como mayor debilidad su atomización en más de mil gremios, lo que le resta
poder y fuerza para manejar una narrativa común. No pueden enfrentar con
eficiencia a la industria ni al Estado en la situación en la que están.
Los trabajadores de la
industria y la pesca artesanal forman parte de la sociedad, que es indiferente
a la manipulación del poder. No tienen organización unificada ni del mismo
nivel y además carecen de los medios, que sí exhiben los operadores de la industria
para estructurar su propia narrativa, y probablemente carecen también de la
voluntad suficiente y debida para hacerlo.
El Estado, por su parte, es
manipulable y sujeto a la influencia política, para bien o para mal. En esta
asimetría, la sociedad resulta ser siempre la perdedora.
La ciencia: el Instituto del Mar del Perú
El IMARPE es respetado por su
capacidad técnica. Y, sin embargo, su rol termina encapsulado en lo biológico,
es decir en informar cuánto hay y cuánto se podría pescar sin colapsar; pero a
nivel de recomendación técnica, quedando la decisión en manos de la autoridad
política.
El problema es lo que queda
fuera: la ciencia no decide cómo se distribuye la renta ni cuánto captura el
Estado. Así, el dato técnico se usa como frontera del debate: se discute
sostenibilidad, pero se evita discutir distribución y magnitud y tiempos de la
captura.
Por otro lado, su dirección
depende de nombramientos políticos que vienen del Ministerio, lo que reduce
anula su capacidad de influir en las decisiones finales. La amenaza de designar
a un presidente de la Institución con un perfil mediocre e inferior al que
existía en diciembre de 2025 sigue latente.
https://revistapesca.blogspot.com/2026/04/el-nuevo-perfil-del-presidente-del.html
“Informe sobre el avance de la
primera temporada de pesca de la anchoveta peruana (Engraulis ringens) en la
región norte-centro al 10 de mayo de 2026 (Of. N° 0813-2026IMARPE/PE;) y al 25
de mayo (Of. N° 0877-2026-IMARPE/PE).
En el contexto actual, caracterizado
por la intensificación de condiciones ambientales cálidas y una alta
vulnerabilidad del stock, resulta
pertinente mantener un enfoque precautorio respecto de la continuidad de la
primera temporada de pesca de anchoveta 2026, a fin de proteger el reclutamiento,
la renovación del stock norte-centro y garantizar la sostenibilidad del recurso
y su pesquería”.
Este es un texto típico en el
modelo pesquero peruano. El ente científico sugiere una medida precautoria sin
precisar cuál debe ser, pasando la decisión al poder político. El Ministro es
quien decide. ¿Y qué es lo que el Ministro quiere?
El MEF: el gran ausente
El Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF), el guardián de la caja, aparece poco donde más debería pesar:
en la definición de cuánto vale el acceso al recurso.
En cualquier país con vocación
de captura de renta, el equivalente del MEF lidera el diseño de regalías y
esquemas de pago. En el Perú, su silencio ha sido funcional: deja que un sector
altamente rentable opere con una contribución estatal que no guarda proporción
con el valor que extrae.
El Congreso: ruido sin reforma
El Congreso de la República
del Perú produce iniciativas, comisiones y titulares. Pero cuando se trata de
tocar el núcleo, derechos de pesca, redistribución, condiciones de acceso, la
energía se disipa.
Hay mucho discurso sobre la
pesca artesanal; pero casi ninguno sobre la renta industrial.
Y absolutamente ninguno sobre
el tema de la renta, cuotas o derechos de pesca.
El mecanismo: cómo se captura un recurso público
1.Acceso privilegiado mediante
reglas estables que nadie quiere revisar.
2. Pago reducido por el
derecho a explotar un recurso de alto valor.
3. Fiscalización intermitente
que no altera el equilibrio del negocio.
4. Debate acotado a lo
biológico, evitando lo económico.
El resultado es un sistema
elegante en su simplicidad y eficaz en su objetivo: maximizar la renta privada
con mínima fricción política. Defendido por una narrativa eficaz que destaca
generación de empleo, aporte al PBI e ingreso de divisas. Pero sin mostrar
información oficial en el caso del empleo y ninguna sobre pagos de impuestos y
derechos de pesca.
La responsabilidad es
compartida (y acumulativa). No es un solo gobierno. Es de varios. No es una
entidad, sino varias. PRODUCE administra, el MEF no lidera, el Congreso no
reforma y el gremio asegura que nada cambie demasiado. El IMARPE aporta la base
técnica, pero no entra, ni tiene por qué, en la disputa por la renta. El
equilibrio resultante no es casual, es político.
El problema no es falta de
información. Es falta de decisión. El Perú sabe cuánto pesca. Sabe cuánto
exporta. Sabe quién gana. Lo que no decide es cuánto debería ganar el país por
lo que es suyo.
Y mientras ese cálculo siga
siendo políticamente intocable, el mar seguirá siendo público en el papel… pero
privado en la práctica.
La política se reparte el mar
a través de privilegios y la fijación de las reglas del negocio. Entre cuotas,
derechos de pesca bajos o inexistentes, la política controla la riqueza
pesquera sin árbitros.
Información complementaria en
el siguiente link:
https://revistapesca.blogspot.com/2026/06/pesca-en-el-peru-entre-la.html
