La pesquería viene siendo conceptuada como fuente de riqueza vía exportación, cuando primero debe ser fuente de alimentación nacional. Si aspiramos a la soberanía y seguridad alimentarias se necesita una pesquería que produzca alimentos variados, sanos y accesibles para su población y, recién después para el mercado externo. Y que además sea sostenible, lo cual requiere que la protección de nuestros recursos pesqueros pueda materializarse a partir de la existencia de un poder político que establezca políticas de largo plazo y optimice el funcionamiento del aparato estatal que administra y regula la pesquería.
En un sistema en el cual dar
leyes requiere mucho tiempo y en el cual los funcionarios del sector no duran
el tiempo suficiente para hacer algo significativo, probablemente no sea
posible efectuar todos los cambios de fondo que el sector necesita. Por lo
tanto, solo sería posible pensar en pocos objetivos fundamentales de corto
plazo, sin menoscabo de proponer medidas de largo plazo como la política
nacional de pesca y acuicultura y una nueva ley general de pesca.
El interés nacional requiere
políticas que puedan, además de cuidar los recursos pesqueros para las
generaciones futuras, darle a la sociedad una adecuada participación en las
ganancias que obtienen quienes se ven beneficiados por una concesión de
explotación de un bien común, patrimonio de toda la nación. Alimentos de precio
accesible para toda la población, con la misma calidad de los que se exporta.
La definición de objetivos
estratégicos y su inclusión en un plan de gobierno o política de gobierno o de
Estado, es vital, pero apenas constituye el primer paso. Es una declaración de
intenciones, es el inicio del camino. Sin embargo, en términos prácticos, los
cambios o reformas estructurales, sea que se deriven de mesas de trabajo o de
planes de gobierno, se activan únicamente a través de los instrumentos de
gestión apropiados, los cuales son una ley, decreto supremo, resolución suprema
o resolución ministerial. Mientras una política o un objetivo estratégico no
aterricen en cualquiera de estos documentos de gestión, no deja de ser una
declaración lírica que muestra voluntad política; pero no necesariamente
implica efectos reales.
Estos documentos de gestión,
que provienen de una decisión política, requieren de un informe técnico que los
sustente. Esto requiere funcionarios capaces de entender el problema, conocer
los antecedentes y el marco normativo vigente de la propuesta y convertirla en
un documento. Este hecho constituye el punto crítico de la situación en la
medida que no todos los responsables tienen la debida capacidad, y/o la
voluntad para comprender el rol que juegan en la administración de la
pesquería. Muchas normas urgentes o importantes se demoran por la parsimonia y
desidia de algunos funcionarios que carecen de compromiso con el sector.
Los nuevos gobiernos asumen
funciones e forma práctica los días 1 de agosto. Ello implica que ya existe un
Plan de Gobierno anterior aún en curso, un PESEM aún en curso y una
programación presupuestal en ejecución hasta el 31 de diciembre, que
teóricamente deriva de los POI de cada pliego. Al mismo tiempo el proyecto de
presupuesto para el año siguiente ya está confeccionado y para la aprobación
del MEF en el segundo semestre.
El titular del Pliego o
Ministro es la persona clave del Ejecutivo en la medida que ejecuta las
acciones de Gobierno.
Basado en el plan de
gobierno, deberá diseñar su Plan Estratégico Sectorial Multianual, Plan Estratégico
Institucional y Plan Operativo Institucional que debieran ser implementados al
inicio del Gobierno y en total coherencia con el Plan de Gobierno. Estos
documentos deberán permitir reformular el Presupuesto para el año siguiente a
la asunción del nuevo Gobierno. Para que esto ocurra, el tiempo es vital, razón
por la cual el PESEM debería estar listo para su implementación, con las
acciones derivadas, desde el primer día de gobierno.
