En los planes de gobierno para las elecciones 2021, se aprecia que la pesquería no es un tema de mucho interés para la mayoría de políticos, o por lo menos no les es muy interesante ni prioritaria. Somos ciudadanos que vivimos de espaldas al mar que creemos que la pesca es solo harina de pescado. No le prestamos la debida atención a la problemática pesquera, ignorando u olvidando que todos somos los propietarios de los recursos pesqueros y no solamente los pescadores artesanales e industriales y sus empleadores.
“Los recursos marinos son un patrimonio de la Nación (artículo
66° de la Constitución), no un recurso privado. Por tanto, el derecho de
explotar esos recursos debe asignarse con arreglo a criterios que garanticen
que la pesca contribuya lo máximo posible al interés público”.
La pesquería no debería operar a
expensas de la degradación de los ecosistemas, ni de las necesidades locales de
consumo. Así mismo la contribución del sector vía derechos de pesca e impuesto
a la renta debería ser proporcional al impacto que causa sobre el ecosistema y
el medio ambiente. Las normas deben
estar orientadas a la conservación y aprovechamiento racional de los recursos
pesqueros y se deben hacer basándose en la adecuada conservación de los mismos.
La actividad pesquera se realiza en función a la
existencia de recursos hidrobiológicos. La capacidad actual para realizarla,
podría estar superando los límites de sostenibilidad. Lo que permite afirmar
que una especie extinguida es imposible de ser regulada. Por tanto, se debe
elaborar normas en función al recurso y no a la actividad. El derecho a pescar
existe en función a la disponibilidad de peces que puede ser extraídos sin
perjudicar la supervivencia de esa población y sin que su mortandad afecte al
resto de las especies que se alimentan de ella.
Tenemos la responsabilidad y el deber de actuar con
precaución, priorizando la sostenibilidad y las necesidades alimentarias de
nuestra propia población. Si la pesquería no es sostenible, no habría peces
para proveer alimentación. Una condición
para que la ordenación conduzca a la sostenibilidad de cualquier recurso, es
disponer de la información científica para hacerlo y los medios para controlar las
actividades pesqueras.
Se desconoce la existencia de informes científicos que
muestren el estado de salud de las poblaciones de peces objetivo de la
pesquería artesanal. Por ello se requiere un ente científico como el Instituto
de Mar del Perú; pero, renovado de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto de
Urgencia Nº 015-2020 del 23 de enero de 2020 con un nuevo ROF y un nuevo
Consejo Directivo.
La definición de objetivos
estratégicos y su inclusión en un plan de gobierno es vital, pero apenas
constituye el primer paso. Es una declaración de intenciones. Sin embargo, en
términos prácticos, los cambios o reformas se activan únicamente a través de
los instrumentos de gestión apropiados, los cuales son una ley, decreto
supremo, resolución suprema o resolución ministerial.
En un sistema en el cual dar leyes requiere mucho
tiempo y en el cual los funcionarios del sector no duran el tiempo suficiente
para hacer algo significativo, probablemente no se pueda efectuar todos los
cambios que el sector necesita. Por lo tanto, solo sería posible priorizar
objetivos básicos como sostenibilidad, alimentación nacional y capacitación,
que se puedan ejecutar en el tiempo que dura un gobierno. Sin menoscabo de
proponer medidas de largo plazo como la política nacional de pesca y
acuicultura y una nueva ley general de pesca.
