La pesquería, por las implicaciones que tienen sus efectos sobre la economía, sobre el ambiente, sobre el ecosistema y sobre la sociedad, es una actividad que requiere de un planeamiento, de un ordenamiento y de una Política de Estado que proyecte para el corto, mediano y largo plazo, cómo se gestionará la actividad.
El gran objetivo de una política de Estado debe ser una pesquería sustentable. La pregunta y el reto es: ¿ cómo se hace para llegar a tener pesquerías sustentables?
Lo primero que se necesita es conocer lo que se tiene, es decir cuál es la biomasa de los recursos pesqueros existentes, cuáles son las tallas mínimas que pueden capturarse y cuanto es lo máximo que se debe extraer sin poner en riesgo su sostenibilidad ni el ecosistema. Conocer cuantos son los administrados, es decir los agentes que van a realizar esa extracción, cuál es la capacidad de esfuerzo pesquero que tienen. Recién entonces se podrá empezar a ordenar. Sabiendo que la extracción tiene límites biológicos, debe haber un límite de pescadores. ¿Lo sabemos? No. Sabemos poco o nada sobre nuestros recursos artesanales y no sabemos cuantos pescadores embarcados, no embarcados, buzos y marisqueros tenemos, ni cuantas embarcaciones artesanales existen el ámbito marítimo ni en el continental.
¿Cómo se puede administrar o gestionar lo que no se conoce?
El ordenamiento pesquero requiere, además, un análisis biológico, económico y social que permita abarcar todos los aspectos de la problemática pesquera. La investigación científica no es suficiente. Se debe investigar mercados y los impactos en la economía de las empresas y en el empleo. ¿Cómo se puede otorgar permisos de pesca sin un análisis integral de los efectos de las capturas?
La pesquería no puede administrarse en forma tan solo teórica, académica, científica o improvisada. Requiere experiencia, conocimiento del negocio pesquero y capacidad para visualizar un futuro que asegure la sostenibilidad. Requiere de principios sólidos y permanentes en el tiempo para reaccionar ante los eventos impredecibles y aleatorios que impone la naturaleza. Requiere de una política que vaya más allá de las personas que la administran temporalmente. Cualquier grupo político que obvie la existencia de una hoja de ruta a la cual estén obligados los administradores de turno, impone incertidumbre y falta de continuidad doctrinaria y administrativa.
En la pesca la incertidumbre es una constante natural. Por tanto, no debería venir también desde el campo regulatorio.
El gran objetivo de una política de Estado debe ser una pesquería sustentable. La pregunta y el reto es: ¿ cómo se hace para llegar a tener pesquerías sustentables?
Lo primero que se necesita es conocer lo que se tiene, es decir cuál es la biomasa de los recursos pesqueros existentes, cuáles son las tallas mínimas que pueden capturarse y cuanto es lo máximo que se debe extraer sin poner en riesgo su sostenibilidad ni el ecosistema. Conocer cuantos son los administrados, es decir los agentes que van a realizar esa extracción, cuál es la capacidad de esfuerzo pesquero que tienen. Recién entonces se podrá empezar a ordenar. Sabiendo que la extracción tiene límites biológicos, debe haber un límite de pescadores. ¿Lo sabemos? No. Sabemos poco o nada sobre nuestros recursos artesanales y no sabemos cuantos pescadores embarcados, no embarcados, buzos y marisqueros tenemos, ni cuantas embarcaciones artesanales existen el ámbito marítimo ni en el continental.
¿Cómo se puede administrar o gestionar lo que no se conoce?
El ordenamiento pesquero requiere, además, un análisis biológico, económico y social que permita abarcar todos los aspectos de la problemática pesquera. La investigación científica no es suficiente. Se debe investigar mercados y los impactos en la economía de las empresas y en el empleo. ¿Cómo se puede otorgar permisos de pesca sin un análisis integral de los efectos de las capturas?
La pesquería no puede administrarse en forma tan solo teórica, académica, científica o improvisada. Requiere experiencia, conocimiento del negocio pesquero y capacidad para visualizar un futuro que asegure la sostenibilidad. Requiere de principios sólidos y permanentes en el tiempo para reaccionar ante los eventos impredecibles y aleatorios que impone la naturaleza. Requiere de una política que vaya más allá de las personas que la administran temporalmente. Cualquier grupo político que obvie la existencia de una hoja de ruta a la cual estén obligados los administradores de turno, impone incertidumbre y falta de continuidad doctrinaria y administrativa.
En la pesca la incertidumbre es una constante natural. Por tanto, no debería venir también desde el campo regulatorio.
