POR: CÉSAR
CÓRDOVA PONCE
La anchoveta
revive el dramático escenario de la depredación al cual fue expuesta la sardina
y que la condujo a su total desaparición de nuestro riquísimo mar peruano. Pero
a diferencia de entonces, hoy la población tiene más información y mayores
elementos de juicio para actuar y detener una inminente masacre que se cierne sobre
esta especie marina, al amparo de la reciente sentencia de la Corte Suprema que
declara la inconstitucionalidad parcial del Decreto Supremo 005-2012-PRODUCE en
el numeral 2.2 de su artículo 2, en el que se prohibía el ingreso de una
depredadora flota industrial anchovetera a las primeras 10 millas marinas.
Esta batalla
ganada por la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) en el terreno legal, responde
a una guerra que le ha declarado al Estado peruano, por no querer sujetarse a
reglas justas que éste quiere imponer en representación de 30 millones de
peruanos, únicos dueños de este preciado recurso natural que es la anchoveta,
que están cansados que un grupo selecto de 8 empresas harineras tengan que
decidir su destino, y escandalizados por su enorme poder que ha quedado en
evidencia.
Ya en la gestión
del ex ministro Kurt Burneo, el Estado dejó de mostrar su actitud sumisa y se
mostró firme al reclamarle una deuda de 892 millones de soles al empresariado
pesquero. Además se fijaron objetivos estratégicos y políticas pesqueras para
los 5 años de gobierno de Ollanta Humala orientados a un verdadero
reordenamiento del sector, que no le resultaron nada agradables a la SNP y que
lamentablemente no fueron continuados por los titulares que lo sucedieron en el
cargo.
La pesadilla
para la SNP continuó con la llegada de la ministra Gladys Triveño.
Se desató entonces,
una cruel y demoledora campaña mediática en su contra, pero la ministra
resistió el embate y se sintió fortalecida con el posterior respaldo público de
Ollanta Humala y de muchas organizaciones representativas de los pescadores
artesanales e industriales.
En la
interpelación a la ministra Triveño en el seno del Congreso de la República,
dentro de la estrategia trazada por la
Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) para sacarla del cargo, la titular
del sector no se amilanó y, por el contrario, sacó provecho de la atención pública
concentrada en ese acto, dando a conocer
datos desconocidos hasta ese momento, que mezclaban el escándalo, la sumisión
de gobiernos anteriores y una total injusticia en las reglas de juego en esta
segunda actividad económica más importante del país. Quedaron en evidencia
pública, las enormes ventajas creadas a favor de la oligarquía pesquera al
amparo de normas legales, que le brindan exagerados e injustificados beneficios
tributarios y derechos sobre los recursos hidrobiológicos sin el debido
justiprecio por su extracción y producción de harina y aceite de pescado, que
le generan millonarias ganancias, y que no comparte en proporción justa con el
Estado (que le permita mitigar el impacto negativo que esa actividad va dejando
en el medio ambiente), ni con el pescador industrial en su participación de
pesca.
Agotadas sus
baterías mediáticas y habiendo sufrido un revés en el seno del Congreso de la
República (vía interpelación a la ministra Triveño), la SNP recurrió a dos de
sus otros aliados, la Asociación de Armadores de Nuevas Embarcaciones Pesqueras
(AANEP) y el Sindicato Único de Pescadores de Nuevas Embarcaciones del Perú
(SUPNEP), los cuales, fieles y obedeciendo el encargo, arremetieron por la vía
judicial contra el Decreto Supremo 005-2012-PRODUCE, buscando frenar su
aplicación que los alejaba de las primeras 10 millas marinas, y que parece
haberlo conseguido, en una acción que deja al descubierto la verdadera
naturaleza servil y pro empresarial de esta organización sindical llamada
SUPNEP.
El escenario
peligroso para la preservación de la anchoveta, depende ahora de una
estratégica respuesta del Estado peruano. Ya el vice ministro de Pesquería,
Paul Phompiu, ha declarado a los medios que PRODUCE buscará cómo compatibilizar
la protección de la anchoveta con la sentencia que declara inconstitucional el
Decreto Supremo 005 y que el ordenamiento del sector pesquero y la protección
de las primeras 10 millas marinas, continuarán a pesar de todo. Para el 15 de
diciembre, fecha en que entra en vigencia esta sentencia, aseguró que hay
muchas cosas que pueden pasar.
Por encima de
las formas, parte vulnerable de este intento de PRODUCE en ordenar el sector,
debe primar el interés nacional de proteger la anchoveta, aprendiendo la
dolorosa lección que nos dejó la desaparición de la sardina ante el apetito
voraz del poderoso empresariado pesquero.
