I. CRONICA DE LA MUERTE DE UNA INDUSTRIA
En setiembre del 2,001, con apenas unos días
de anticipación, se informó a la industria merlucera que se daría una veda
reproductiva. Nunca antes se había dado.
Hasta ese momento se había trabajado con la hipótesis de un stock de merluza de entre 500 a 700 mil toneladas, lo que permitía pescar alrededor de 130 mil tm al año.
En setiembre, además del anuncio de la primera veda reproductiva, se informó que el stock era solamente de 200 mil tm. O sea que faltaban 300 mil tm sin que existiera una explicación convincente de donde estaba la diferencia.
En esa ocasión, en la reunión a la cual se nos citó a todos los involucrados en el tema merluza en IMARPE, el entonces presidente del directorio de Arcopa expresó su preocupación por la situación laboral del personal, ante lo cual el viceministro de Pesquería le respondió que ese no era tema de su competencia y que para el efecto se dirija al Ministerio de Trabajo. Los que estuvimos en esa reunión no podemos olvidar la fría actitud de un IMARPE responsable de la crisis y ante la cual observaba mudo e indiferente como se condenaba a muerte a una industria. Hoy se vive una situación diferente y existe cierta preocupación social; pero es el mismo IMARPE y con casi los mismos funcionarios. ¿Ya hemos olvidado esa parte de nuestra historia pesquera?
El hecho es que ese mes marcó el inicio de la muerte de la industria merlucera. Los motivos “biológicos” que imponen la conservación de la especie no fueron compensados con medidas que permitiesen reducir el impacto de la paralización en los aspectos social, laboral, económico y comercial de la industria merlucera, como se ve ahora en el caso de la industria anchovetera. No hubo compensaciones ni alternativas.
Son pues, dos elementos que marcaban el inicio del fin, y la imposibilidad de continuar el desarrollo de un proyecto basado en la merluza: la aparición de un sistema de vedas y el establecimiento de una cuota anual inferior al promedio de los últimos años en el 50%.
Las inversiones efectuadas en la industria, de muchos millones de dólares, realizadas en un escenario de 500 mil tm de stock y ausencia de vedas, dejaron de ser válidos de un mes al otro. Todos los programas empresariales, flujos de caja, empleos, compromisos comerciales con el exterior, etc. dejaron de tener validez.
La industria, que planea su actividad midiendo sus niveles de endeudamiento, programación de pagos, y atención de mercados, fue súbitamente sacudida por un problema biológico y de reducción de stock que la llevaron al borde del colapso. Las bajas capturas de los últimos meses de ese año, así como la limitación a una cuota de captura de 60 mil tm para el 2,002 así como la restricción de pesca a 3 días a la semana, contribuyeron a definir el futuro de esta industria. La cuota impuesta para este año hacía prácticamente inviable seguir en el negocio.
La alternativa única que se presentó este año fue el procesamiento de pota, gracias al cual la industria sobrevivió, por sí misma, sin ayuda ni intervención del Estado
Hay que recordar que fue IMARPE quien asignó la cuota de merluza y sobre la cual la industria nunca pescó por encima de lo establecido. ¿Cómo se llegó entonces a la drástica disminución del stock? ¿Se equivocó la entidad o se manipularon las cifras?
Nunca se realizó una investigación, como sí se está realizando ahora por los sucesos ocurridos en 2019 con la anchoveta y que llevaron a la promulgación del DU 015-2020 que ordena reestructurar el IMARPE y que el Ministerio se rehúsa a cumplir. El hecho es que la institución requiere ser reestructura y que el Estado, hoy benéfico pretendiendo apoyar socialmente a los afectados, no hizo lo mismo en el caso de la merluza.
II. ¿PORQUE SE LLEGO
A LA CRISIS EN LA INDUSTRIA DE LA MERLUZA?
Nos dimos cuenta de que las medidas biológicas de conservación de la merluza eran correctas, siempre y cuando la información en las que se basan hubieran sido exactas. ¿Lo eran? ¿Lo son ahora en el caso de la anchoveta?
En todo caso, el punto es que el Estado no aplicó una política de conservación oportunamente, probablemente confiando en la información de IMARPE. Por otro lado, la conservación de la especie, hubiera debido hacerse mediante una concertación previa, y el otorgamiento de un plazo razonable para reconvertir los esfuerzos de la industria merlucera hacia otras especies, a fin de minimizar el impacto negativo en los aspectos sociales, laborables, financieros y comerciales del negocio.
Sobre todo la búsqueda conjunta de alternativas. Existió una responsabilidad en IMARPE. Culpar solo a la industria fue incorrecto. Pescaron lo que se les permitió y no lo que quisieron. Si IMARPE estuvo equivocado nunca lo reconoció ni actuó en consecuencia.
Es manifiesto que la ordenación pesquera eficaz, tanto en las etapas de adopción de políticas como de aplicación, depende decisivamente del consenso y la participación, así como de la utilización de información objetiva y fiable sobre la situación y tendencias de la pesca.
Para llegar a esta solución se requiere de un amplio consenso y una decidida y real vocación por resolver el tema de la pesca. Lo que implica capacidad de renunciamiento en el Estado y en el sector privado. Una renuncia voluntaria y conciente a los intereses individuales para subordinarlos a los intereses nacionales. Todo ello dentro de un cuadro de soporte técnico y financiero que permita enfrentar el reto de la diversificación, desechando lo que ya no es posible sostener como pesquería base en los flujos de caja de las empresas, y apostando con soporte técnico, científico y legal a nuevas pesquerías, a modernización, y a la creación de mayor valor agregado al producto final.
No se puede olvidar dentro de este esquema, a la alimentación popular, la cual tiene que ser incrementada con mayor consumo de pescado, para lo cual tiene que prestarse atención a la infraestructura y sistemas de comercialización internos, así como al incremento y mejoramiento de la oferta de pescado.
La finalidad de desarrollar una pesquería sostenible y diversificada en el tiempo no solamente es la generación de riqueza y recuperación de inversión, sino además la alimentación de la población, que se refleja en mejores condiciones para asimilar una buena educación. También la posibilidad de aportar con tributos al desarrollo del Estado, y finalmente asegurar la existencia y crecimiento de puestos de trabajo. Un trabajo digno y sostenible en el tiempo, con riesgos mínimos de que desaparezcan debido a coyunturas de mercado o fenómenos naturales.
El desarrollo de una política nacional de pesca no podrá darse sino es dentro de un marco de diálogo, de concertación y de voluntad por querer hacer lo que ya es impostergable hacer. Los esfuerzos privados individuales por sobrevivir o crecer, podrían quedar diluidos en el pantano de una ausencia de políticas claras y coherentes en el tiempo. Los cambios de equipo en el aparato del Estado también son un factor de riesgo para la inversión, a menos que exista la base legal que asegure la continuidad de los planes, por encima de las personas.
Hemos revisado rápidamente la historia de la pesquería de la merluza en el Perú de los últimos 20 años, que por analogía, puede ser aplicada a toda la pesquería en su conjunto.
No se puede planificar solamente desde el punto de vista del industrial. Esta planificación tiene que tener el respaldo de una política coherente y concordante con el desarrollo de la industria. Si las reglas de juego, o sea las bases legales, cambian en el tiempo, afectarán necesariamente a la industria.
Pero, adicionalmente en la pesca, existe el elemento aleatorio de la misma. No es sencillo predecir el comportamiento de la naturaleza, el cual afecta a la biomasa de las especies. Por lo tanto, una industria pesquera debe contar con el mejor soporte científico posible, para lo cual el Imarpe debe ser potenciado al máximo, y reestructurado como manda la norma perfeccionar la información científica que proveerá elementos de juicio lo más exactos posibles para la toma de decisiones políticas.
Si el ente científico no es técnicamente eficiente, libre de influencias y en manos de los mejores científicos, la pesquería seguirá siendo dirigida por oscuros burócratas defendiendo intereses de parte y no los de la Nación.
Dentro de este escenario, la flota artesanal del país representa el primer eslabón en la cadena del abastecimiento de materia prima, y los precios que recibe por la misma deben ser justos y dignos. Lo cual se lograría si el producto final tiene un valor agregado alto, si su precio internacional compite lealmente, y si el empresario reconoce el precio justo y los sueldos justos también.
La armonía en toda la cadena de la pesca puede significar para el país una bonanza creciente, un empleo permanente y en crecimiento, una mejor alimentación, una protección del recurso y del medio ambiente, y una atmósfera sana y atractiva para la inversión que traerá modernización al sector.
