En octubre de 2020, el Ministerio de la Producción publicó el Decreto Supremo N° 018-2020-PRODUCE, mediante el cual podrá autorizar incremento de flota de embarcaciones usadas importadas para pesca de recursos explotados a través de la derogatoria de la tercera disposición final del reglamento de la Ley General de Pesca, que prohibía al entonces Ministerio de Pesquería otorgar las autorizaciones mencionadas.
La condición es que estas se dediquen a la
extracción de recursos hidrobiológicos plenamente explotados o cuando se
encuentre limitado el acceso a un recurso.
No cualquier funcionario podría haber sugerido,
por iniciativa propia la norma, sino que ha debido cumplir órdenes derivadas de
una decisión política. ¿Por qué se tomó ésta en circunstancias que la cuestión
en sí no forma parte de ningún objetivo estratégico sectorial o agenda alguna?
Es poco probable que se modernice la flota
cerquera con barcos usados. Por otro lado la existente ¿no es suficiente para
las cuotas anuales vigentes para el atún, jurel y caballa?. Queda entonces la
pota como recurso objetivo de las embarcaciones usadas que se pretende
importar.
El problema es que hasta ahora solo la flota
artesanal realiza capturas de pota y ha creado un mercado laboral para mucha
gente que se dedica a la actividad y comercializa el producto dentro del
mercado nacional, bien sea a las plantas transformadoras o al mercado interno
directamente.
Si la industria accediese a sus capturas con
embarcaciones modernas, aunque usadas, es probable que mejore su eficiencia y
su rentabilidad empresarial; pero a costa de la desaparición de gran cantidad
de embarcaciones de menor escala y artesanales que ya no dispondrían de un
mercado para sus capturas.
La libertad de mercado, en este caso, dejaría
desprotegida a una importante población que vive de esta actividad, por lo cual
si el Ministerio modifica normas para “modernizar” la flota sacrificando a los
más pequeños, sería socialmente indebido.
Hay una evaluación y una decisión política que
tomar entre los intereses de algunas empresas, los de los pescadores
artesanales y entender que al final, más allá de la norma y la política, la
realidad impone su propio paisaje. Y esta realidad, correcta o no, muestra un
rechazo total de la comunidad pesquera no industrial hacia los barcos factoría
congeladores, sean arrastreros, palangreros o cerqueros.
El diseño de acciones para que el país disponga de
una flota de altura requiere de mayor análisis y consenso que tan solo
modificar el reglamento de la ley de pesca en forma repentina.
Más allá del fondo del asunto, la celeridad para
sacar una norma expresss que aparentemente responde a una solicitud de parte,
mientras que normas trascendentes como la de la baliza satelital para evitar la
pesca ilegal de las flotas extranjeras en el dominio marítimo peruano no
tuvieron la rapidez de atención que la actual modificación del reglamento de la
ley de pesca ha tenido, llamó la atención.
Ahora, en enero de 2021, como parte aparente de un
lobby dirigido a crear condiciones para que la flota industrial acceda a la
pesquería de la pota, se ha publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), un estudio que, entre otras cosas, recomienda la constitución de una
flota de mayor escala que extraiga el recurso pota excedente pero que ejerza su
esfuerzo pesquero en altamar, en el ámbito de la Organización Regional de
Ordenamiento Pesquero del Pacifico Sur (OROP-PS).
Queda claro que existen acciones que constituyen
un lobby en favor de la pesca industrial y en desmedro de la flota artesanal.
Los pescadores están advertidos: se les vienen con todo para ingresar a la pesquería
de la pota. Este ultimo “estudio” puede verse en el siguiente link:
