La situación económica que caracteriza a gran porcentaje
de la población rural, impide que puedan destinar parte de sus recursos a
mejorar sus condiciones de vida y de alimentación adecuada.
Las dificultades de accesibilidad a la población rural y
rural dispersa, hace que tengan limitada presencia de los servicios que brinda
el estado, además de las condiciones climatológicas adversas. En este
escenario, la oferta de productos hidrobiológicos resulta prácticamente
inexistente en dichas zonas, lo que genera un alto nivel de vulnerabilidad
social.
“De acuerdo a la
información del XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda, realizado en
el año 2007, se encuentra que la mayoría de los centros poblados rurales están
conformados por poblaciones dispersas y en segundo lugar por caseríos. La falta
de infraestructura de caminos, carreteras de penetración o caminos comunales
(incluso la falta de mantenimiento) hacen dificultoso el traslado de diversos
bienes, incluidos los alimentos”
“En el año 2016, el
20,7% (6 millones 518 mil) de la población del país se encontraba en condición
de pobreza”. “La incidencia de la pobreza en el área rural alcanzó al 43,8% de
la población.”
“En el Perú, la medición
de la Pobreza Objetiva Monetaria y Absoluta que desarrolla el INEI, compara el
gasto promedio per cápita mensual de un poblador con el costo de una canasta
mínima alimentaria y no alimentaria, llamada Línea de Pobreza, cuyo costo para
el año 2016, se calculó en 328 soles por persona y para una familia de 4
miembros el costo de la canasta fue de 1 312 soles. Así, las personas cuyos
gastos son menores a la Línea de Pobreza son considerados pobres”
“Se consideró pobres
extremos a todas aquellas personas cuyo gasto per cápita mensual no cubre el
costo de la canasta básica de alimentos calculada en 176 soles, para el año
2016 y para una familia de cuatro miembros el costo de una canasta mínima
alimentaria asciende a 704 soles”
“En el año 2016, los
mayores niveles de pobreza se registraron en la Sierra rural (47,8%), en la
Selva rural (39,3%) y en la Costa rural (28,9%). No obstante, las mayores
reducciones de la pobreza se presentaron en la Costa urbana (2,4 puntos
porcentuales), Selva rural (1,8 puntos porcentuales), Costa rural (1,7 puntos
porcentuales), Sierra rural (1,2 puntos porcentuales) y Selva urbana (1,1
puntos porcentuales); en cambio, en la Sierra urbana y Lima Metropolitana las
cifras no mostraron cambios significativos”
https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/en-el-peru-264-mil-personas-dejaron-de-ser-pobres-entre-los-anos-2015-y-2016-9710/
El Estado está llamado a mejorar la calidad de vida de
sus ciudadanos a través de políticas de inclusión y de desarrollo. En la zona
rural, en términos de alimentación, su presencia es pobre, inexistente y/o
limitada.
La población rural dispersa en condición de pobreza se
encuentra ubicada en zonas alejadas y de difícil acceso.
El limitado acceso de la población rural a los servicios
del Estados, del sector privado y de la sociedad civil, se debe a que el Estado
no llega de manera efectiva a atender a dicha población, sea por limitaciones
de acceso, altos costos logísticos, falta de información de las necesidades de
los centros poblados y otros.
También, los bajos ingresos de la población rural pobre
no permiten financiar la implementación de centros de servicios que apoyen y
faciliten sus iniciativas de coordinación con instituciones del Estado, para
acceder a intervenciones sociales y proyectos en beneficios de la población.
La situación anteriormente descrita demanda que el Estado
atienda a su alimentación a través de programas sociales en forma prioritaria.
En dicho contexto, el Programa “A comer pescado” que
lleva a cabo el Ministerio de la Producción, está dirigido a promover el
consumo de pescado en forma amplia y general, e interviene en algunas áreas
territoriales donde no es necesaria la intervención estatal. Esto es un
inadecuado empleo de medios en detrimento de las poblaciones rurales pobres del
país, las cuales debieran ser el único público objetivo
No se comprende ni
es aceptable la orientación de dicho Programa que recientemente, a través del
DS-007-2012-PRODUCE, prorroga su
vigencia y en el cual, en uno de los considerandos se aprecia una estadística
del consumo per cápita de pescado en el Perú, que llama la atención ya que las
cifras no son concordantes con la información oficial del Ministerio de la
Producción publicadas en el Anuario Estadístico Anual de 2015, que es el último
divulgado.
http://revistapesca.blogspot.pe/2017/10/cual-es-el-consumo-de-pescado-per.html
La orientación
debida de un programa de esta naturaleza, debiera ser fortalecer la ingesta
calórico-proteica de la población rural dispersa en condición de pobreza,
prioritariamente en los niños menores de 5 años, incrementando el consumo
de recursos ícticos de manera sostenible
y promoviendo la participación del sector pesquero artesanal en la extracción,
procesamiento y comercialización de estos productos.
Ello haría que
este Programa sea coherente con las políticas de Gobierno que pretenden reducir
la anemia y la desnutrición crónica infantil, (El
10 de febrero de 2017, el Poder Ejecutivo y los gobiernos regionales
suscribieron el Pacto Nacional contra la
anemia y la desnutrición crónica infantil en una ceremonia en Palacio de
Gobierno que se desarrolló al concluir el 3er Gore Ejecutivo) porque se ubicaría dentro de ese contexto y no
se dispersarían recursos presupuestales en pretender promover el consumo de
pescado en sectores de la población que no lo necesitan. En las ciudades
costeras y en sectores de la población no pobres, debería dejarse el tema en
manos del mercado.
¿Es moralmente correcto usar nuestros recursos naturales
que se destinan a la alimentación para exportarlos
y atender necesidades de otros países, antes que privilegiar los requerimientos
a veces dramáticos, de nuestra población, en especial la infantil?
¿Se justifica la exportación como actividad prioritaria
porque trae divisas (que no son propiedad del Estado sino del exportador)
mientras simultáneamente la industria no prioriza la alimentación nacional, por
falta de incentivos probablemente, que sí posee la actividad exportadora?
El mercado no puede resolver el problema de la
desnutrición y anemia infantil en el Perú. Hay una imposibilidad para acceder a
los alimentos por parte de amplias poblaciones que no pueden pagar los precios
actuales y que no son objetivo de las ventas tampoco. La solución no puede
venir del libre comercio.
El empresario privado optará siempre por vender sus
productos con mayor valor agregado al mejor precio y al mejor postor. En esa
lógica de pensamiento siempre encontrará en la exportación y/o en los segmentos
de mayores ingresos de la población nacional, un mercado dispuesto a pagar caro
por alimentos o materia prima para producir alimentos gourmet que satisfagan no
necesariamente el hambre sino exigencias gastronómicas. El ciudadano pobre que
solo requiere proteína barata tenderá a ser excluido de esa lógica de mercado.
Es necesario
implementar un programa social que contribuya con la seguridad alimentaria nacional
en la mejor forma posible que el sistema político lo permita, yendo más allá de
políticas que no tienen sostenibilidad sino que descansan en la voluntad y el
marketing político. No se requiere intervención en ciudades costeras ni en
sectores de la población que tienen facilidad de acceso a la adquisición de
productos hidrobiológicos.
“La Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) advirtió que pese a los avances alcanzados
por el Perú en la reducción del hambre y la desnutrición, todavía cerca de 2
millones de personas padecen hambre, más del 43% de niños menores de 3 años
tiene anemia y el 35.5% de los peruanos mayores de 15 años vive con sobrepeso.
“El escenario es peor para los más pobres, cuyos ingresos muchas veces solo
alcanzan para comprar alimentos poco nutritivos, que suelen ser más baratos”,
alertó María Elena Rojas, representante de la FAO en Perú. Señaló que la
malnutrición en todas sus formas (comer poco, mucho o mal), es inadmisible en
un país tan megadiverso como el Perú. “Es impensable que los niños de zonas
rurales tengan que comer alimentos ultraprocesados porque sus padres tienen que
vender lo mejor de su producción fresca y saludable a mercados urbanos para
poder tener un precio digo”, insistió”
En el contexto del
presente artículo, en el cual se enfatiza la necesidad alimentaria del sector
poblacional más pobre del país, no se puede considerar a la acuicultura como
componente ni parte de la solución al problema. La razón principal radica en su
costo, el cual está fuera del alcance de los ingresos de la mayor parte de la
población. El costo del producto acuícola siempre resulta más alto que el
producto fresco o el sometido a procesos de conservación mínimos y aún que el
de su competidor más cercano que es el pollo.
En el Perú el
consumo de pescado se está convirtiendo en un tema gourmet y accesible
solamente a sectores de la población que no necesariamente tienen carencias
alimentarias. Esos sectores no necesitan la intervención del Estado a través de
programas que manejan fondos públicos, sino aquellos más pobres, que
generalmente no pueden pagar por comida nutritiva para ellos. Esta situación
los vuelve más débiles y menos capaces de ganar el dinero que los hubiese
ayudado a escapar de la pobreza y el hambre.
Marcos Kisner
Bueno
Presidente de la
Revista Pesca
