QUIÉN NOMBRA, QUIÉN DECIDE: EL PODER DETRÁS DE LA PESCA EN EL PERÚ

 

 

Por años, el debate público peruano ha girado en torno a políticos visibles, ministros efímeros y crisis recurrentes. Pero hay otro poder —más silencioso, más estable— que rara vez entra en el escrutinio: el de los tecnócratas que diseñan cómo se reparte el dinero del Estado.

Según la normativa peruana, los ministros son nombrados por Decreto Supremo del Presidente, mientras que los viceministros y directores generales se designan por Resolución Suprema o Ministerial.

Hace años se viene otorgando el poder sobre la pesca a desconocidos que instauran el favoritismo hacia amigos y gente de su confianza que solo busca su interés personal. Para ellos, el sector es lo menos importante, lo que cuenta es la colocación de las personas afines para proteger una estructura de poder que dure lo más posible. La repartija de cargos es un vil acto que beneficia al poder de turno sin importar las necesidades del sector.

La existencia de una clase política que convierte a la política y al sistema de gobierno en una forma de vida insana, amoral, indecente, favorece la aparición de funcionarios que lejos de defender los intereses nacionales, se subordinan a intereses de parte para obtener cargos, para asegurarse a sí mismos ventajas económicas y sociales que resuelvan sus propios problemas y no los del sector.

Existen poderes fácticos que además de influir en las políticas sectoriales, manejan y controlan la narrativa en los medios de comunicación tradicionales. Piensan que su poder es absoluto. Sin embargo, cada vez son menos las personas que acceden a los medios tradicionales y son muchos menos los que creen en lo que dicen. Las redes sociales van imponiéndose y revelando la verdad. En algún momento, los ciudadanos peruanos despertarán de su letargo y recuperarán el país.

La preponderancia de cargos designados cercanos al sector privado, puede traducirse en políticas menos rigurosas para favorecer a quienes deciden quién va a ocupar determinado cargo.

Perú ha mostrado escasa adaptación de cuotas o vedas más estrictas pese a señales de sobrepesca en algunos recursos. La presión de la industria ha prolongado temporadas de pesca intensiva, como se aprecia en la primera temporada de anchoveta 2026. Por otra parte, la concentración de la industria en pocas empresas aumenta la tentación de buscar favores regulatorios que beneficien a las “pesqueras dominantes” a costa de actores menores o del medio ambiente. Por eso tiene que influir en los nombramientos.

En contraste, países con gobernanza pesquera más sólida muestran mejores resultados: Chile, tras reformar su ley en 2013, incorporó comités científicos independientes y planes de manejo concretos; Noruega basa su gestión en datos públicos y cuotas ajustadas a modelos científicos, con alta transparencia; España y la UE usan auditorías externas y sanciones automáticas por incumplimiento.

Estas experiencias sugieren que la dependencia de funcionarios interinos sin rendición de cuentas tiende a favorecer un enfoque extractivista y de corto plazo en Perú.

Lo que el país necesita es que el funcionario que es, o puede ser sujeto de ser influenciado en razón de su cargo, sea una persona decente, comprometida con el país, intelectualmente honesta, de una moralidad y ética intachables, y moralmente obligado a actuar en forma justa y debida, pese a la tentación proveniente de sobornos, o de la presión política. El funcionario debe tener el criterio para determinar si sus recomendaciones o sugerencias son lícitas o no y si benefician a alguien indebidamente. Debe tener el valor de decir “no” cuando piensa que es “no”. Pero cuando dicen “si” mientras piensan que “no” o dice sí por la carrera, comodidad, por la ganancia, por el temor a perder su empleo, mientras su conciencia dice que no, o calla, entonces sus actos se vuelven corruptos y el modelo político y económico se invalida de hecho.

La política y la normatividad debieran obedecer a principios y valores. Quien no los tenga debería ser incapaz de ordenar y gestionar un sistema decente. Toda la gestión pesquera debe estar respaldada por información provista por un ente científico con credibilidad y sin cuestionamientos.

¿Puede el futuro pesquero del Perú estar en las manos de funcionarios temporales sin mayor legitimidad que una resolución que los designa? ¿Sin visión de país, carentes de la experiencia necesaria y de decencia intelectual, inmorales y sin agenda, sino tan solo el interés por satisfacer los intereses gestionados por lobistas y/o poderes fácticos sin escrúpulos, o los de quienes lo han puesto en el cargo, que en la práctica se convierten en los verdaderos hacedores de las normas?

Los poderes fácticos son sectores de la sociedad, al margen de las instituciones políticas, que ejercen sobre aquella una gran influencia, basada en su capacidad de presión o influencia. El poder fáctico no coincide necesariamente con el aparato formal del Estado pero puede influir en las estructuras legales y regulatorias, por intermedio de su capacidad de comunicación y/o de presión.

El funcionario público designado debe tener capacidad, habilidad y experiencia. Pero la experiencia no es el único elemento que debe medirse por los años de haber ocupado diversos cargos dentro del Estado, en los cuales se ha calentado un asiento en diversos puestos, reciclándose gobierno a gobierno como ocurre generalmente en nuestro sistema, sino por las cualidades personales del mismo.

Esa “experiencia”, sumada a una acumulación de títulos, es insuficiente para ejercer un cargo público, si es que no va acompañada de decencia, honestidad y un alto nivel de ética y moralidad. Un corrupto perfectamente capacitado y entrenado, seguirá siendo corrupto. Sus títulos no lo convierten en un funcionario comprometido con el cargo, ni lo vuelven decente, ni le dan la mínima estatura moral que se requiere.

Podrá haber nuevos gobiernos, nuevas autoridades, mejores o peores; pero se aprecia que buena parte de los funcionarios que se nombran en cada nueva administración, generalmente son los mismos que ya estuvieron en otros puestos, los cuales pertenecen a un grupo de personas las cuales, como manada gregaria se reciclan, mutan y se alimentan del Estado. Se ocultan en la espesura en espera de la oportunidad de saltar sobre un nuevo puesto público. Cual cardúmenes de peces en busca de aguas propicias por su temperatura y oxigenación, estas personas migran buscando a sus amigos y se protegen y acomodan entre ellos. Caminan en manada, rotan de líderes a subordinados y viceversa, de acuerdo a las circunstancias.

Están siempre acechando los cambios de autoridades para ver donde se ubican los amigos, a fin de recolocarse ellos también y seguir parasitando al Estado sin ofrecer, en contraparte, un servicio de calidad. Carentes de decencia intelectual y moral, poseen, de alguna manera, una experiencia en la administración pública, han aprendido de gestión pública y se han especializado. Sin embargo, eso no los convierte en conocedores de los temas del cargo y/o sector en el cual operan. Disimulan su desconocimiento de los temas sectoriales con discursos, gestos y poses; camuflan sus verdaderos intereses; no evidencian ni preocupación por el sector ni vocación por resolver sus problemas. Esa experiencia que aducen poseer, no les concede necesaria, ni automáticamente, la estatura moral, honestidad y decencia intelectual que requiere todo funcionario público digno.

En el tiempo más o menos corto que dura el cargo, que siempre pretenden alargarlo adoptando una conducta complaciente para con quienes tienen el poder de removerlos, exhiben una patética soberbia e incompetencia. Porque grande es el temor que poseen de que no se les renueve el contrato o se les retire la confianza. Por ello no hay que dar la contra, no hay que discutir, no hay que opinar, solo flotar y durar el máximo tiempo posible. Hay que rendirse, hay que actuar sumisamente, sin pensar, sin contradecir, sin discutir.

Optar o acceder a desempeñar una función para lo cual no se está capacitado, constituye un acto de inmoralidad e indecencia intelectual, tanto de quien designa como de quien acepta, que constituye una ofensa al sector y al país.

Estamos frente a la existencia de funcionarios que no hacen política en el sentido clásico, pero que ejercen poder político en su forma más efectiva: diseñando reglas, distribuyendo recursos y moldeando conductas y conciencias. No necesitan votos. No dan discursos encendidos. Pero definen ganadores y perdedores.

Ese es el punto ciego del asunto. El problema no es solamente la persona. El problema es el sistema que lo hace posible. Un sistema donde:  la tecnocracia decide, la política no supervisa,  y la ciudadanía no se entera hasta que los resultados, buenos o malos, ya están consolidados.

La pregunta de fondo es: Si el Estado va a intervenir en la pesquería, y es obvio que claramente lo hace, entonces la discusión no es si debe hacerlo, sino cómo, para quién y con qué controles.

Porque detrás de cada designación de funcionarios hay algo más que buenas intenciones: hay poder. Y ese poder, aunque no salga en la portada de los diarios, también debería rendir cuentas.

Se necesita un gobierno nuevo que de inicio a una nueva forma de hacer las cosas y empiece a restar poder a los grupos tradicionales que nos vienen dominando desde hace varias décadas.