El Estado Peruano ha hecho
importantes esfuerzos para promover la acuicultura:
DL 030-2001-PE del 12 de Julio del 2001 que aprueba el
reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura dada con la
Ley 27460.
DECRETO SUPREMO Nº
020-2008-PRODUCE del 6 de diciembre del 2008 que declara de interés nacional a
la actividad acuícola al reglamentar el Decreto Legislativo Nº 1032 que declara
de interés nacional a la actividad acuícola
DS 001-2010-PRODUCE del 7 de enero del 2010 que aprueba el Plan
Nacional de Desarrollo Acuícola.
Finalmente el DL 1195 del 30 de
Agosto del 2015 que es la nueva Ley General de Acuicultura.
“Este objetivo prioritario fue incluido también en la Ley de Promoción
y Desarrollo de la Acuicultura (Ley N° 27460) y su Reglamento (D.S. N°
30-2001-PE), los cuales encargaron a la Dirección General de Acuicultura del
Ministerio de la Producción, elaborar un Plan Nacional de Desarrollo Acuícola
(PNDA).
El PNDA, establecido jurídicamente en la Ley N° 27460 “Ley de Promoción
y Desarrollo de la Acuicultura”, ha sido elaborado por la Dirección General de
Acuicultura del Despacho Viceministerial de Pesquería del Ministerio de la
Producción, en consulta con diferentes organismos públicos, gobiernos
regionales, sector privado y otros usuarios de la acuicultura, con apoyo de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) en
el marco del Proyecto TCP/PER/3101 (D) “Estrategia Nacional para el Desarrollo
Sostenible de la Acuicultura en el Perú”, y viene a ser una guía para el
desarrollo del sector acuícola en el período de 2009 a 2021.
El PNDA formulado por la Dirección General de Acuicultura y basado en
una estrategia elaborada con el apoyo de la FAO, fue fruto de un largo y
complejo proceso de desarrollo de políticas y planificación, que incluyó el
reconocimiento de la necesidad de una política de desarrollo del sector
acuícola, reflejado en la Ley N° 27460 promulgada el año 2001, un diagnóstico de
la acuicultura en el Perú elaborado en 2004 por expertos peruanos con el apoyo
técnico de la FAO y actualizado a principios de 2008, un proceso de elaboración
de la Estrategia y un Plan de Acción, en consulta con diferentes usuarios del
sector acuícola peruano a través de diversos talleres participativos”.
Lo irónico es que estas acciones
promocionales se hicieron cuando la estructura del Ministerio contaba con una
Dirección General de Acuicultura, lo que le otorgaba cierta precedencia e
importancia a las actividades acuícolas. Pero en el actual gobierno se
reestructuró el Ministerio y desapareció esta Dirección repartiéndose sus
funciones y recursos humanos en otras direcciones.
Con la reciente ley, cuando ya no existe una
Dirección General de Acuicultura, se cambia de nombre al despacho
viceministerial denominándolo Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura.
Los títulos y los nombres
resultan importantes cuando constituyen señales o marcan la referencia a un
nuevo relato o una nueva agenda. En este caso el nuevo nombre para el Despacho Viceministerial
podría haber sido complementado con la restitución de la Dirección General de
Acuicultura, ya sin que exista una Dirección específica para la actividad podría resultar complicada la gestión.
Finalmente la realidad impone su
propio paisaje y es que en los últimos 15 años, pese a las leyes y promociones,
no ha habido una respuesta importante del empresariado.
Algo similar ocurre con la
pesquería del atún. Los intentos del Estado por promocionar ambas actividades,
por alguna razón, no tienen eco ni respuesta en los inversionistas.
Marcos Kisner Bueno
Al respecto, el diario El
Comercio comentó:
“Todos los sectores son iguales ante la ley, pero algunos son más iguales que otros”. Parafraseando a George Orwell, este es el sentir que parecen recoger las conclusiones de la Mesa Acuícola promovida por el Ministerio de la Producción (Produce). Como se sabe, la cartera a cargo de Piero Ghezzi desarrolla mesas de trabajo para distintos sectores económicos en las que representantes de los organismos estatales competentes y de la empresa privada intercambian ideas y soluciones para incentivar la inversión.
Como resultado de estos intercambios, se ha logrado levantar algunas trabas importantes que limitaban los emprendimientos empresariales, sobre todo en el sector forestal. Hasta ahí, todo bien. En el sector acuicultura, sin embargo, el problema empieza a tomar forma cuando se pretende otorgar facilidades excepcionales a esta actividad, beneficios de los que otras actividades no gozan. En concreto, en paralelo con el decreto legislativo publicado el domingo pasado por Produce para fortalecer la industria, existen propuestas para que la acuicultura pague un Impuesto a la Renta de 15%, la mitad de la tasa aplicada a los demás sectores.
Dado que las facultades delegadas por el Parlamento al Ejecutivo no son suficientes para establecer un cambio en el régimen tributario, la iniciativa tendría que ser aprobada por el pleno del Congreso para su implementación. La actividad económica en cuestión, de hecho, gozó de incentivos tributarios por varios años hasta que, en el 2013, el marco legal que la favorecía expiró. Sin embargo, a pesar de estos beneficios, la de la acuicultura no ha sido una historia de éxito. Mientras que, por ejemplo, las exportaciones de la agroindustria acumularon US$4.000 millones durante el 2014, las de productos relativos a la acuicultura –como las conchas de abanico– sumaron apenas US$300 millones.
La reducción de impuestos parece entonces, a primera vista, únicamente una propuesta poco efectiva. Como remarcó el ministro de Economía, Alonso Segura, existen otros problemas por solucionar para el despegue del sector más allá de los impuestos. Ahí está, por citar un ejemplo, el limitado trabajo que ha hecho el gobierno para abrir mercados de exportación mediante el levantamiento de barreras fitosanitarias. Desde China hasta Bolivia, las entidades gubernamentales equivalentes al Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) de distintos países –con los que incluso tenemos tratados de libre comercio– colocan restricciones paraarancelarias que impiden las exportaciones acuícolas peruanas.
Pero la disminución de la carga tributaria para la acuicultura no es solo una medida ineficaz, sino que responde a una práctica que tiene ya larga trayectoria en la historia económica nacional: la identificación desde una oficina gubernamental de supuestas industrias estratégicas que merecen un trato especial. Por supuesto, no sorprende que algunas empresas privadas promuevan esta reducción impositiva, pero llama la atención que el ministerio considere proponerla. Después de todo, la eliminación de las exoneraciones y recortes tributarios –que no hacen sino distorsionar el mercado– fue parte clave de las reformas económicas emprendidas a principios de la década de 1990, y una de las razones por las que el modelo económico empezó a caminar.
Aparte de brindar oportunidades para que inescrupulosos empresarios o servidores públicos se aprovechen indebidamente de los descuentos tributarios –por ejemplo, haciendo pasar los ingresos de una actividad conexa como si fuesen provenientes de la acuicultura–, diferencias en las tasas de impuestos ocasionan problemas económicos más profundos.
En un escenario en el que la cancha está desnivelada, proyectos de inversión que pueden tener una mejor rentabilidad que la acuicultura –como, quizá, inversiones en manufactura o gastronomía– son dejados de lado para apostar por la actividad subsidiada. El punto de fondo es que, si la acuicultura es realmente una actividad productiva que genera ganancias y empleo, esta no debería entonces necesitar una ‘empujadita’ gubernamental, sino que los empresarios por su cuenta la verían como una buena alternativa de inversión.
Todo ello no quiere decir que la acuicultura no sea una actividad relevante. Por el contrario, para algunas regiones como Puno y Tumbes esta mantiene un gran potencial por explotar. En zonas pobres y de difícil acceso, además, la acuicultura es una alternativa interesante y rentable comparada con la agricultura. Es por eso una buena noticia que el Produce esté interesado en levantar las trabas que hacen más difícil invertir en ella. Sin embargo, la historia apunta a que son las personas libres y sus emprendimientos –exitosos o no, pero en igualdad de condiciones– los que a la larga deben determinar los sectores económicos rentables, no el Estado desde una oficina en la capital en reunión con empresarios interesados".
Fuente
http://elcomercio.pe/opinion/editorial/editorial-multiplicacion-peces-noticia-1837593
