En relación a las acciones
de gobierno anunciadas para la pesquería peruana en la presentación del
Gabinete ante el Congreso de la República, más allá del impacto político y el
mandato constitucional para hacerlo, en los hechos concretos debe tenerse en
cuenta y respetarse la metodología para la implementación de objetivos
estratégicos, y que está contenida en la
Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (PNMGP) que fue
aprobada con DS 004-2013-PCM.
Este documento debe ser
tenido en cuenta al momento de diseñar una agenda sectorial en el marco de la
implementación de políticas de gobierno cuando se produce la transferencia
constitucional de cambio de autoridades.
Más allá de quién sea quien
pone la agenda, es necesario respetar las normas y procedimientos vigentes para
convertirla en un documento de gestión apropiado.
A continuación se
transcribe algunos conceptos importantes a tener en cuenta que están referidos al
planeamiento estratégico y que están expuestos en el siguiente link:
“La
Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública tiene el siguiente
objetivo general:
Orientar,
articular e impulsar en todas las entidades públicas, el proceso de
modernización hacia una gestión pública para resultados que impacte
positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país.
La
gestión pública moderna es una gestión orientada a resultados al servicio del
ciudadano. Esto es una gestión en la que funcionarios públicos calificados y motivados
se preocupan en el marco de políticas públicas de Estado, nacionales,
regionales y locales, según las competencias que corresponden a cada nivel de
gobierno- por entender las necesidades de los ciudadanos y organizan tanto los
procesos de producción o actividades (como conjunto de acciones que transforman
los insumos en productos en la “cadena de valor”) como los de soporte (los
sistemas administrativos), con el fin de trasformar los insumos en productos
(seguridad jurídica, normas, regulaciones, bienes o servicios públicos) que
arrojen como resultado la mayor satisfacción de los ciudadanos, garantizando
sus derechos y al menor costo posible.
Una
gestión pública orientada a resultados efectiva se alcanzará cuando las
entidades estén en capacidad de:
I.
Establecer objetivos claros y articulados, a nivel sectorial así como
territorial (nacional, regional y local), expresados en metas de producción
(cantidades de servicios de una determinada calidad) que brindarán como
resultado un mayor nivel de satisfacción al ciudadano.
II.
Reasignar los recursos presupuestales para maximizar los niveles de producto y
resultados esperados. Es decir, formular el presupuesto en función de los
objetivos establecidos en los planes.
III.
Desarrollar y optimizar los procesos de producción o trabajo (la “cadena de
valor”) y los de soporte (que alimentan a los anteriores), con el fin de
alcanzar los niveles de producción de bienes y servicios públicos de calidad
esperados por la población, con la mayor eficacia y eficiencia posibles en el
uso de los recursos.
IV.
Reordenar o reorganizar a nivel nacional, regional y local, las competencias y
funciones contenidas en la estructura funcional actual adecuándolos a una
organización basada en procesos de la cadena de valor.
V.
Establecer un sistema de indicadores de desempeño y resultados que le permitan
monitorear y evaluar si los insumos se están transformando en los productos
cuyos resultados son los que los ciudadanos demandan, y si están aplicando los
procesos más eficaces y eficientes. La información que provea el monitoreo y
desempeño deberá capitalizarse en un sistema de Gestión del Conocimiento que
permita establecer procesos de Cambio Cultural o de Mejora Continua de la
Calidad, sobre la base de las mejores prácticas internacionales (“benchmark”) y
nacionales, y a través de la sistematización y el almacenamiento de la
información relativa a los estándares de trabajo que mejor funcionaron o los
procesos más eficaces y eficientes, de los formatos más amigables, los términos
de referencia o el alcance de los proyectos, los contratos más seguros, los
precios y costos pactados, los perfiles profesionales que mejor se
desempeñaron, las empresas consultoras con las que se trabajó y una evaluación
de su desempeño y otros aspectos recogidos durante la gestión.
Estas
Políticas Públicas Nacionales son las que permiten integrar y dar coherencia a
toda la acción del Estado al servicio del ciudadano, debiéndose reflejar en los
objetivos establecidos en los Planes Sectoriales, en los Planes de Desarrollo
Concertado Regionales y Locales, y en los Planes Estratégicos y Operativos de
todas y cada una las entidades del sector público en los tres niveles de
gobierno. De ese modo el Estado buscará actuar como un todo coherente y
articulado con el propósito de servir mejor a los ciudadanos y al desarrollo
nacional.
En
ese proceso, el Estado se encuentra en la obligación de atender las demandas ciudadanas
recogiendo información respecto a sus necesidades, escuchando a la población a
través de los canales adecuados, así como informándola acerca de las opciones
posibles de política, promoviendo el debate técnico y político entre los
distintos actores involucrados en el proceso de elaboración de la política
(grupos representativos de la sociedad que tenga un legítimo interés, las
universidades, los colegios profesionales, las organizaciones no gubernamentales,
empresas privadas, etc.) Este debate permitirá evaluar si las políticas
responden genuinamente al interés público y por ende, aumentan el bienestar de
la sociedad; o si sólo responden a los intereses particulares de un grupo o
segmento de la sociedad.
Componentes de la Gestión
Pública orientada a Resultados
a.
Planeamiento de Estado: Políticas de Estado y de gobierno
Las
Políticas Públicas son diseños que sustentan la acción pública. Basadas en
políticas nacionales del Estado, los gobiernos de turno, establecen prioridades
de gobierno claras y pertinentes, tomando en cuenta también las demandas y
necesidades de la población, que luego las entidades públicas expresarán en
objetivos, metas y los respectivos procesos que los convertirán en productos
institucionales: regulaciones, procedimientos administrativos, bienes y
servicios públicos, todos los cuales tendrán un impacto positivo en el
ciudadano, dados determinados recursos disponibles.
En
un Estado unitario y descentralizado, las Políticas Públicas son las que
permiten integrar y dar coherencia a la intervención del Estado al servicio del
ciudadano, a través de los objetivos establecidos en los Planes
Gubernamentales, los Sectoriales, así como en los Planes Regionales y Locales
de Desarrollo Concertado, y en los Planes Estratégicos y Operativos de todas y
cada una las entidades del sector público en los tres niveles de gobierno. De
ese modo, el Estado busca actuar como un todo coherente y articulado con el
propósito de servir mejor al ciudadano, brindándole un nivel de satisfacción
mayor al que este obtendría si cada entidad lo atendiera de manera individual y
en forma desarticulada.
b.
Planeamiento estratégico
El
Planeamiento Estratégico parte de considerar las prioridades del país y de sus
ámbitos de gobierno (central, regional, local). Es además, un proceso en el que
cada institución, además de considerar los compromisos políticos y los mandatos
de los planes gubernamentales, reflexionan rigurosamente sobre los temas del
entorno:
i.
sobre
las oportunidades o sobre la justificación de una necesaria intervención del
Estado, así como sobre los riesgos de un inadecuado accionar del sector
público;
ii.
sobre
el entorno macro económico, legal, político e institucional;
iii.
sobre
las demandas que establecen los ciudadanos a los que tienen que atender;
iv.
sobre
las formas en que la sociedad se organiza para resolver esas demandas
ciudadanas; y,
v.
sobre
la forma como el Estado ha venido satisfaciendo esas necesidades, mediante qué
políticas, qué estrategias, a través de qué agencias involucradas, qué
resultados e impactos ha logrado y qué lecciones ha sacado del pasado.
Producto
de ese proceso, el Plan Estratégico debe contener tanto los objetivos
gubernamentales como los objetivos generales de la entidad, que se expresan
como los resultados que ésta espera alcanzar en relación a la demanda
ciudadana.
Para
llevar esto a la práctica, los objetivos generales del Plan Estratégico deben
reflejarse en los Planes Operativos, que contienen objetivos más específicos y
metas claras de cantidad y calidad de producción de bienes o servicios que
permitirán articular el presupuesto o programas presupuestales y así satisfacer
las demandas ciudadanas de la manera más eficaz y eficiente.
Planeamiento Estratégico
Institucional
El proceso de Planeamiento
Estratégico se inicia identificando al público objetivo al cual la institución
debe servir y determinando los bienes y servicios que le corresponde producir o
entregar. La base de este análisis es el mandato legal que la entidad ha
recibido, la información recogida acerca de las necesidades de la población,
así como los compromisos asumidos por el gobierno para su periodo de gestión, todos
los cuales servirán para determinar la misión de la entidad con respecto al
plan.
El
siguiente paso del proceso será identificar el tamaño de las “brechas” de
satisfacción, cobertura y calidad existente entre la “demanda ciudadana” y la
“oferta pública o privada” de los bienes y servicios públicos que le
corresponde atender a la entidad.
Luego
de ese proceso, se determina la visión, los objetivos estratégicos y los
valores de la entidad. La construcción colectiva y la consecuente
internalización de la “visión” por los funcionarios y servidores de la entidad
la convertirán en la idea unificadora de todos los esfuerzos.
Sobre esta base, la entidad
podrá diseñar las estrategias para alcanzar los resultados e impactos a lograr
para cada objetivo en el periodo de gestión, para lo cual se podrán seguir los
siguientes pasos:
•
Identificar las alternativas de proyectos y actividades posibles para el cierre
de las brechas identificadas;
•
Seleccionar las mejores alternativas;
•
Estimar el costo estratégico del cierre de las brechas identificadas
(incluyendo costos de inversión y gastos corrientes) que se requeriría para
alcanzar las metas de satisfacción, cobertura y calidad que le brindarían mayor
satisfacción al ciudadano con eficacia, eficiencia y trasparencia.
Así,
el Planeamiento Estratégico debe dar la dirección que debe tomar la entidad en
el marco de sus mandatos legales y ser la base para diseñar la estructura
organizacional y los procesos de gestión que permitan alcanzar los objetivos
planteados de la manera más oportuna y eficiente.
Planeamiento Operativo
Institucional
Anualmente,
las entidades deben elaborar un “Plan Operativo”, que es la herramienta que
permite poner en marcha las estrategias institucionales.
En
él se detallan las metas anuales de todos los objetivos y entregables y se
precisan todas las actividades o tareas necesarias para alcanzar los productos
a entregar. Asimismo, se establecen los recursos, plazos, costos por actividad,
estándares de calidad, la logística necesaria, los planes de contingencia
frente a los riesgos. Por último, se determinarán los indicadores cuantitativos
y cualitativos de insumo-proceso-producto que servirán para evaluar la gestión
y determinar si se han alcanzado o no los indicadores de resultado e impacto
establecidos (estos indicadores deben guardar relación con los indicadores
incluidos para los programas presupuestales u otros indicadores de gestión,
para evitar duplicidades). Estos “tableros” de indicadores deberían permitir
posteriormente evaluar el desempeño institucional y generar el conocimiento
adecuado para la mejora continua de la calidad de la acción del Estado al
servicio del ciudadano.
Los
procesos de Planeamiento Estratégico y Planeamiento Operativo articulados entre
sí y con los planes de otras entidades a través de las Políticas Públicas
nacionales, aplican por igual a todas las entidades del Estado, sean éstas
gobiernos regionales, locales, ministerios u organismos públicos.
Ahora
bien, las políticas, planes y sus respectivos objetivos también deberán estar
articulados con el presupuesto multianual con el que estima contar la entidad
en el periodo de gestión abarcado por el Plan Estratégico Institucional (un
periodo de gobierno), así como con los presupuestos de inversión y gasto
corriente anual. Ello con el fin de alinear la gestión institucional de los
recursos con el logro de los resultados que mayor satisfacción brinden al
ciudadano”
