En lo que va del presente gobierno, el sector pesquero está asistiendo a esfuerzos por reformar la administración de las pesquerías, algunos de ellos tímidos, unos con marchas atrás, otros inorgánicos, otros coherentes. Pero en términos generales hay consciencia de la necesidad de introducir cambios. Esto implica planificación estratégica efectiva. Hay que destacar que por primera vez un Ministro expresa públicamente la necesidad de revisar los montos pagados por derechos de pesca así como que economistas independientes también están mencionando públicamente esta necesidad, planteada desde hace tiempo por esta Revista.
Existe un Plan Estratégico Sectorial con objetivos claros y con indicadores fácilmente medibles. Pero la alta rotación de autoridades sectoriales parece restarle fuerza a la consecución de los mismos. Es algo que debe evaluarse y corregirse. Más allá de este Plan existe, casual o conscientemente, cierto grado de coherencia con corrientes mundiales de opinión sobre lo que es impostergable hacer. El camino es claro y está trazado, solo falta aplicar la debida voluntad y decisión políticas para llevarlo a buen término.
Es evidente que las reformas generan oposición. A toda acción sigue una reacción natural. Esta se manifiesta en forma de conflictos sociales, a veces manipulados y dirigidos y al empleo de medios de comunicación para destruir en sus raíces cualquier intento de reformas.
Más allá de lo técnico y legal ¿Cuál es el derecho moral que existe para oponerse al cambio?
Todo aquel que se siente con derecho a reclamar y a oponerse debería exhibir credenciales mínimas que le otorguen el derecho ético y moral a hacer oposición. Todos quienes se sienten con los derechos del caso a reclamar sobre el empleo y destino de los recursos pesqueros, que por definición de la ley son patrimonio de la Nación, debieran exhibir cuánto le han pagado al Estado Peruano por el privilegio de explotar los peces que los hacen generar una riqueza que se comparte en forma injusta .
¿Han pagado o pagan lo justo por lucrar con bienes que no les cuesta mantener? ¿Cuánto empleo formal generan, cuál es la calidad del mismo y qué nivel de estabilidad laboral ofrecen a los trabajadores?
Detrás de toda la maquinaria mediática de oposición que se ha echado a andar, la sociedad civil debería cuestionarse cuál es la base moral de dicha oposición, en términos de participación de un lucro generado en recursos que no son de su propiedad.
Si alguien demuestra que paga sus impuestos en forma justa y proporcional; que paga por el derecho a la extracción de algo que no es suyo; que genera empleo estable y de calidad, cumpliendo todas las exigencias de la ley; que prioriza la alimentación nacional antes que la del extranjero; que cumple con criterios de sostenibilidad; que no contamina el agua ni el aire afectando a las poblaciones cercanas; que nunca intervino en actos de corrupción, podría ser moralmente incuestionable.
¿Es esa la realidad actual?
Por tanto ¿Qué derecho moral existe para pretender amedrentar y amilanar al Estado Peruano con el objeto de mantener un injusto status de privilegios?
Marcos Kisner Bueno
