No se puede imponer el consumo de anchoveta por la fuerza ni
por la ley, ni se puede desaparecer a la industria reductora de harina de
pescado. Pero por otro lado tampoco se puede incentivar su consumo, o el de
pescado en general, en un escenario donde el mercado interno compite en
desventaja con la exportación.
Crear mercados dentro del Perú, incentivar el consumo de
pescado y crear el hábito de consumo de anchoveta en especial, requiere de una
decisión política que vaya mucho más allá de los actuales programas que
existen. Es mucho más fácil exportar pescado por la facilidad logística, obvia
y por los subsidios que genera la actividad como el drawback y la devolución
del IGV.
La venta al mercado nacional tiene tremendos retos
logísticos, hay que invertir en infraestructura y no tiene incentivos ni
subsidios.
La iniciativa privada requiere de mayor esfuerzo e
imaginación desde el Estado para apoyarla. Cambiar hábitos de consumo o
crearlos toma más tiempo del que dura un gobierno. Los viejos de hoy nos acostumbramos
al pescado blanco y difícilmente aceptamos la anchoveta.
Los niños de hoy pueden ser habituados a consumir anchoveta y
también pota de forma tal que cuando sean adultos les sean tan normal su
consumo como para nosotros la corvina, por ejemplo. Pero eso toma tiempo,
requiere continuidad de políticas y compromiso de funcionarios.
Mientras esto no se entienda y no se diseñen Políticas de
Estado de largo plazo que tengan por objeto crear el hábito de consumo en la
niñez, diseñando además estrategias que abaraten el costo de los productos
hidrobiológicos, en no habrá resultados eficaces.
Tenemos que pensar como país y no como gobierno de 5 años. El
éxito en la creación del hábito de consumo de anchoveta no será cosechado en el
gobierno que inicie una acción eficaz al respecto, sino en el siguiente o
subsiguiente.
Por tanto, mientras subsista el egoísmo de hacer cosas para
salir en la foto durante la gestión, la desnutrición infantil seguirá siendo un
problema, entre otros. Mientras sigamos peleando por el destino de la anchoveta
el lugar de consensuar y diseñar mecanismos duraderos que beneficien a la
población, no estaremos haciendo país. La población está cansada de ver peleas,
de la demagogia y de ausencia de planes y políticas de largo plazo. La ciudadanía
espera soluciones y acciones de sus gobiernos; espera acciones concertadas del
empresariado con las autoridades para generar hechos concretos que la
beneficien.
Disponer de una abundante biomasa de anchoveta no significa
que se puede hacer de dicho recurso un alimento para resolver de inmediato los
problemas de desnutrición y seguridad alimentaria del país. El problema es más
complejo e integral puesto que:
• no existe hábito de consumo de anchoveta;
•no existe infraestructura adecuada ni suficiente para
transformarla y permitir su almacenamiento y distribución;
• la normatividad de la extracción y venta proveniente de las
embarcaciones que capturan para CHD no es precisamente la mejor;
• no existen mecanismos que permitan una adecuada competencia
entre la industria harinera y la de consumo humano directo.
Si los precios que paga la industria harinera superan a los
que paga la industria de CHD, ¿cómo podemos esperar que los pescadores dediquen
sus capturas a este último? El incentivo para pescar anchoveta es el precio que
paga la harina y que supera al que paga el consumo humano directo. Esto es una
realidad y ningún discurso lo cambiará, sino la acción concertada con verdadera
voluntad de hacerle un espacio al consumo interno.
La inútil confrontación con la industria reductora no
resuelve nada. Más allá de la constante pelea y exposición de motivos por los
cuales es buena o mala, las cosas siguen igual. Lo inteligente es que la
industria de CHI y CHD y los pescadores artesanales concerten con el Estado en
temas básicos como una adecuada normatividad para la extracción destinada al
CHD, entre otros. La labor del Estado debería ser la creación del hábito de
consumo de anchoveta través de acciones que creen la demanda.
La industria no tiene estímulos para atender un mercado
nacional que de inicio será pequeño e incipiente, pero sí puede estimular la
creación de micro empresas que puedan ir atendiendo una demanda cada vez más
creciente. Este podría ser un mecanismo innovador si se diseñan mecanismos que
permitan que estos mercados convivan sin entorpecerse. Con el tiempo, las
fuerzas del mercado actuarán solas y la oferta y la demanda encontrarán su
equilibrio.
Mientras no se aborden estos temas colaterales, hablar de la
anchoveta como solución para los problemas alimentarios nacionales no es nada
más que un declaración lírica de buenos deseos.
Es importante tomar en cuenta que aunque el Perú tiene una
participación importante en la explotación de recursos pesqueros a nivel
mundial, esta no aporta los beneficios que merece la población peruana. El
hecho es que, en nuestro país, una parte considerable de la población continúa
con bajos niveles de consumo y de acceso a los alimentos, con la consecuente
persistencia de niveles de desnutrición.
La desnutrición que azota a la sociedad peruana de menores
ingresos poco o nada tiene que ver con la escasez de productos alimenticios,
porque no tenemos escasez. Lo que tenemos es una inadecuada distribución de los
recursos.
Es imposible negar esta realidad, menos aún ante una de las
características más espeluznantes de la estructura pesquera nacional: la
coexistencia del hambre con la exportación de nuestros productos alimenticios
hidrobiológicos.
No se debe llevar la extracción de nuestros recursos
pesqueros a límites peligrosos para la sostenibilidad del ecosistema, para
atender necesidades de alimentos para otros países mientras nuestra población
sufre carencias poniendo en riesgo el futuro de nuestras generaciones
venideras. No se puede abandonar el mercado interno con el argumento de que la
exportación trae divisas (que no son propiedad del Estado sino del exportador)
mientras simultáneamente la industria no contribuye con tributos apropiados; no
prioriza la alimentación nacional y no protege la fuente de alimentos marinos para
las futuras generaciones de peruanos. Pero la pelea no aporta soluciones,
mientras que la conversación en búsqueda de mecanismos que creen un nuevo
escenario ofrece esperanzas.
La desnutrición crónica es un indicador que tiene frenado al
país y que mientras no se resuelva no permitirá el crecimiento nacional con
equidad e inclusión.
Nuestra única posibilidad está en nuestras generaciones
futuras, y ello lleva implícita la mejor alimentación posible.
Generaciones bien alimentadas, bien educadas y bien entrenadas
son nuestra única posibilidad y defensa contra la incertidumbre del futuro de
la economía globalizada. El modelo vigente se da el lujo de exportar sus
recursos naturales alimentarios mientras posee un índice de desnutrición del
24% como promedio nacional.
Se debería ponerse especial énfasis en la educación e
información para las poblaciones costeras y comunidades de pescadores a fin de
que estas tomen conciencia de la realidad de la pesquería. De esta forma
constituirán un defensa natural de su propio ecosistema y contra la
desinformación proveniente de grupos o de medios que por desconocimiento o
interés siempre pretenden anteponer intereses de parte sobre el interés
colectivo.
Se impone enfocar una nueva estrategia que consiste en llevar
la actividad pesquera artesanal a convertirse en un negocio más rentable con el
objeto de que oriente su producción y distribución hacia el interior del país.
El Estado no está interviniendo nada más que dando el marco
regulatorio dirigido a cumplir metas de control biológico y de protección. Las
medidas comúnmente aplicadas son: las vedas, las cuotas, limitaciones al tamaño
mínimo, control de artes y sistemas de pesca, etc. El objetivo de este
ordenamiento es la preservación de las especies más explotadas, restringiendo
la presión sobre su biomasa en etapas críticas. Pero la regulación pesquera
vigente no considera aspectos de inclusión social ni de alimentación nacional.
Aparentemente la tesis peruana es que la seguridad alimentaria no necesita (y
por tanto no existe) una política pesquera, pues el mercado se hace o debería
hacerse cargo de ella.
En ese orden de cosas, la exportación es más atractiva por
los beneficios tributarios que se derivan de ella para los exportadores. El
mercado interno carece de similares estímulos. Por tanto es posible hablar de
subsidios a la exportación pesquera en perjuicio de la atención al mercado
interno.
Si bien es cierto que la selección de mercados es una
decisión empresarial, también es cierto que el Estado no debería ser ajeno al
tema, ya que la alimentación popular es una obligación de la cual no puede
evadirse.
CONCLUSIONES
Básicamente se tiene entonces, que:
1. El sector privado no tiene incentivos para invertir en la
distribución y venta de productos ícticos en el mercado interno ni mucho menos
para atender a las zonas alto andinas.
2. Se justifica entonces la existencia de programas sociales
que cubran ese espacio desatendido por la empresa privada, en razón de la
necesidad descrita.
3. Sin embargo los programas sociales no pueden ser
permanentes, por lo cual se requieren proyectos que pretendan: crear el hábito
de consumo (léase mercado), crear y articular la oferta a través de la
generación de negocios (microempresas) en la zona costera cercana; y estimular
la aparición de pequeños negocios que adquieran esos productos en la zona
objetivo. El resultado complementario es la aparición de un negocio que pone en
contacto al consumidor con el productor, el cual al rentabilizarse no solo
genera empleo y riqueza sino que le da sostenibilidad al abastecimiento de
productos ícticos desligando poco a poco la intervención del Estado en esta
actividad.
