En setiembre del 2001, con apenas unos días de anticipación, se informó a la industria merlucera que se daría una veda larga. Nunca antes se había dado.
Esta crisis se generó, como lo reconoció en su momento el Imarpe, debido a que la data con la cual el órgano científico trabajaba estaba errada y arrojó cifras sobreestimadas en cuanto a la biomasa de merluza. Por tanto se había incurrido en sobreexplotación ya que se asignó cuotas de captura anuales calculadas sobre una biomasa total que al decir de Imarpe estuvo equivocada. En su momento se habló de un stock de 500 mil toneladas (Informe Ejecutivo de IMARPE derivado del mandato de la RM 529-98-PE), por lo cual se asignaron cuotas anuales de 80 a 100 mil toneladas; pero de pronto cayeron en la cuenta de solo había 200 mil toneladas.
O sea que faltaban 300 mil Tm. sin que exista una explicación convincente de donde está la diferencia.
Lo evidente es que las cifras de IMARPE (bien sean las de 500 o 200), por la razón que fuese, eran inexactas, lo que crea una duda razonable respecto a la credibilidad del ente científico. Ese grave error condujo a la toma de malas decisiones comerciales y al perjuicio innegable de la industria merlucera por causa del Estado, quien asume la responsabilidad de los errores de su ente científico.
Las inversiones efectuadas en la industria, de muchos millones de dólares, realizadas en un escenario de 500 mil Tm. de stock y ausencia de vedas, dejaron de ser válidos de un mes al otro. Todos los programas empresariales, flujos de caja, empleos, compromisos comerciales con el exterior, etc. dejaron de tener validez. La industria, que planea su actividad por varios años midiendo sus niveles de endeudamiento, programación de pagos, y atención de mercados, fue súbitamente sacudida por un problema biológico y de reducción de stock que la llevaron al borde del colapso.
La alternativa única que se presentó ese año fue el procesamiento de pota.
Si analizamos debidamente las opiniones y recomendaciones de la FAO, nos damos cuenta de que las medidas biológicas de conservación de un recurso son correctas, siempre y cuando la información en las que se basan sea exacta. El punto es que el Estado aplicó esta política de conservación basado en información que hoy se presume como dudosa.
El asunto es que existe una responsabilidad compartida entre el Estado que evidencia serias discrepancias científicas entre sus propios científicos, y la industria que busca su propia supervivencia. Culpar solo a la industria fue incorrecto. Pescaron lo que se les permitió.
En 2012 la historia se repite puesto que una gestión, relevada en el IMARPE en el segundo semestre del 2011, estableció una cuota de 40 mil toneladas bajo argumentos científicos que la nueva administración científica de IMARPE considera que no tienen sustento técnico. Bajo una nueva metodología establece una cuota de 8,900 Tm.
Más allá de los errores internos de procedimiento y metodología, censurables por cierto porque esas divergencias perjudican a la industria, el hecho es que es el Estado a través de esas discrepancias en su ente científico, el responsable de la crisis por la que atraviesa la merluza desde hace 12 años. El origen del problema debe ser identificado, entendido y resuelto mediante una evaluación integral del IMARPE.
En 2011 la administración de Pesquería requirió la realización de una auditoría científica al IMARPE, lo que motivó que muchos se rasgasen las vestiduras en reclamo de ser esta solicitud una ofensa al prestigio internacional de ese ente científico. A la luz de los hechos “científicos” que llevan al colapso de la industria merlucera, creo que muchos debieran replantear su opinión de que IMARPE “no” necesita una auditoría. La necesita y no solamente científica, que valide sus métodos y protocolos, sino administrativa también.
Para llegar a esta solución se requiere de un amplio consenso y una real vocación por resolver el tema de la pesca. Lo que implica capacidad de renuncia a los intereses individuales para subordinarlos a los intereses nacionales.
Un escenario contradictorio, complicado y lleno de consecuencias es el que recibe en el presente la actual Administración de Pesquería. Sujeta a las leyes y normas vigentes, heredera de ese pasivo, debe resolver con juicio, tino y sin olvidar que el deber de la autoridad es proteger los recursos pesqueros para las futuras generaciones, debiendo aplicar el concepto de que la inclusión social es para los muchos y no para los pocos.
En ningún escenario es posible encontrar soluciones bajo presión y bajo amenaza.
El diálogo alturado, serio y responsable, con respeto a la ley y a la normatividad vigente, es el único camino para encontrar una salida consensuada para afrontar la crisis actual.
La actual Administración apenas hace poco ha asumido el cargo y heredado una pesada carga, manteniendo una actitud dialogante y receptiva. No es debido que una población peruana, alimentada por pasiones exacerbadas, acuda a los extremos de la violencia para encontrar una solución a un problema creado en otros tiempos.
Si bien es cierto el Estado es uno solo y cada administración asume los activos y pasivos de sus antecesores, su obligación primaria es administrar la pesquería asegurando su sostenibilidad, sin descuidar los impactos socio económicos derivados.
El ROP vigente impone basar las decisiones en informes científicos de IMARPE, por tanto el Ministerio está obligado a cumplir la norma.
El reto es encontrar una solución equilibrada en tanto se resuelve el problema de fondo: la información científica.
Esta ecuación debe resolverse fría y objetivamente, como toda la matemática, sin pasiones ni prejuicios. La población dedicada a la merluza en Paita ya ha sufrido bastantes impactos provenientes de la crisis de este recurso y de las movilizaciones impulsadas no solamente por la defensa de su supervivencia, sino por un exceso de pasión y emoción.
