"Chile e Islandia: dos modelos similares donde el sistema de cuotas de pesca ha sido discriminador
Sin embargo, en octubre de 2007, un fallo del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sancionó a Islandia por el caso de dos ciudadanos que por no tener historia pesquera, no recibieron cuotas de pesca, pues sólo se les asignaron cuotas a quienes capturaron entre los años 1980 y 1983. Estos pescadores, a quienes se les impidió desarrollar la actividad, elevaron una demanda ante la ONU y debieron ser indemnizados por el estado, es decir, existe un precedente de grave discriminación.
Debido a este precedente principalmente, el gobierno islandés ha comenzado a pensar en una forma de cambiar el sistema de cuotas perpetuas, pues lo ven como un sistema erróneo e injusto. El ministro de Pesca, Jon Bjarnnsson, anunció que, pese a que harán las modificaciones necesarias, se verían obligados a retrasar en 12 meses su plan de recuperar las cuotas de pesca entregadas a perpetuidad, situación a la que obviamente se oponen los dueños de las cuotas, industriales pesqueros y los principales economistas de dicho país.
LA SITUACIÓN ACTUAL CHILENA
En Chile la situación no es muy distinta, salvo porque las cuotas no están asignadas a perpetuidad, sino que sólo por 12 años, entregadas a través de ley de Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA) pero, al igual que en Islandia, se consideraron para la asignación histórica las capturas de un par de años, más la calidad y cantidad de los permisos de pesca, los cuales fueron restringidos para algunos pescadores sin explicación alguna.
Ya han pasado casi 11 años desde la aplicación de la ley LMCA y gran parte de los recursos asignados al sector industrial están en crisis, pese a esto, el resultados de este sistema ha hecho que los dueños de las cuotas pesqueras hayan recibido grandes retornos por el negocio, pues se calcula que el negocio pesquero de los LMCA tiene un valor por sobre los 2000 millones de dólares al año.
Respecto a esta ley y cómo ha influido en la mediana y pequeña industria pesquera Santiago Gacitúa, Gerente General de Anapesca sostiene que “la pequeña y mediana empresa prácticamente desapareció, tanto en la pesca como en el proceso. Nosotros lo vimos claramente en nuestra asociación donde varias de las empresas que pertenecían a Anapesca se vieron forzadas a vender debido a que no podían operar por lo reducido de las asignaciones de cuotas de pesca. Los que ganaron fueron los grandes industriales, quienes se quedaron incluso con las cuotas de pesca de quienes eran los pequeños armadores de la merluza, un grupo que originalmente eran pescadores artesanales y fueron puestos en esa categoría que prácticamente ha desaparecido“
El 2012 deberá estar operando la nueva Ley de Pesca y el ministerio de Economía prepara una nuevo proyecto de ley de asignación de recursos pesqueros, ley que deberá empezar a discutirse prontamente en el Congreso y donde el Ejecutivo ha dejado entrever que priorizará un sistema mixto, donde el 50% será asignado sobre la base de la ley de LMCA y el otro 50% se asignará mediante licitación abierta y transparente, situación que ha generado una férrea oposición en el sector industrial pesquero.
Uno de los principales opositores a la subasta de cuotas de pesca, que pretende implementar el gobierno de Sebastián Piñera, es la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) quienes afirman que los hechos demuestran que el actual sistema de administración ha funcionado y ha sabido ajustarse a los cambios que se han generado. Es más, en un documento elaborado en 2010 por Jorge Quiroz, asesor de Sonapesca, se habla de la exitosa experiencia internacional en asignación de cuotas de pesca por historia y menciona a Islandia, entre otros países, como un ejemplo a seguir, considerando que, actualmente en dicho país, el gobierno se encuentra ideando una fórmula para devolver las cuotas al Estado y buscar un sistema de asignación “más equitativo”.
“La situación en Islandia debería dar luces de lo que claramente no se debe hacer. El entregar cuotas a perpetuidad a un pequeño grupo de grandes empresas tiene el inconveniente que si el sistema falla no hay como volver atrás. En el caso de Islandia, recibió un fallo de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU hace varios años, pero recién ahora parece haber consenso de que se debe garantizar el acceso a nuevos actores, pero el tema está en cómo quitarles las cuotas a quienes las han tenido por 30 años y devolverlas al Estado“ aseveró Gacitúa"
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