El proyecto de ley general de pesca no fue aprobado en la comisión de
Producción del Congreso. Hubo quienes apoyaron la propuesta y otros que se
opusieron. En este juego ganará siempre el político más hábil, no
necesariamente el que tenga mayores razones o mejores argumentos.
En consecuencia, parece que esta administración no tendrá la obligación de
reglamentar la ley, en vista de que las probabilidades de que en la próxima
legislatura se apruebe son inciertas.
Quien más perdió fue el país, que seguirá por un tiempo más, con una ley
antigua y obsoleta. Lo que debemos apreciar es que nadie ha defendido los
intereses de los ciudadanos peruanos que no pertenecen al sector pesquero; pero
que son los legítimos propietarios de los recursos hidrobiológicos con los
cuales unos y otros lucran.
No se ha apreciado una agenda que privilegie los intereses del país y de
sus mayorías, sino una pelea por la defensa de intereses de parte.
La elaboración la Política Nacional de Pesca, que va por un camino
separado, ya que es un documento elaborado por el PRODUCE no genera debate
público y será aprobada por Decreto Supremo, lo cual no hace necesariamente
vinculante al documento. No es una ley.
Cuando sea aprobada, tampoco hay garantías de que será efectiva y
debidamente cumplida, ya que se trata de un Decreto Supremo y los antecedentes
nos muestran que, si un Decreto de Urgencia, que es una norma de superior rango
y jerarquía equivalente a una ley no se cumple, ¿qué garantías hay de que la
Política Nacional de Pesca se cumpla e implemente? Me refiero al DU 015-2020
que dispuso la reorganización del IMARPE y que fue ignorado por el anterior
gobierno y por el actual. Todas la OPDs y el propio ministerio han tenido
movimientos de funcionarios y designación de nuevos, excepto el IMARPE, al cual
solo se le designó a una nueva jefe de la Asesoría Jurídica y se encargó las
funciones de Presidente del Consejo Directivo sin respetar la normatividad
vigente. ¿Por qué se ha dado esta especial situación en la entidad sin que
medie explicación alguna, estando de por medio un Decreto de Urgencia?
Al final, la pesca peruana seguirá en más de lo mismo, conceptuada como un
importante aporte al PBI, a las exportaciones, al empleo y a los intereses de
los que laboran en el sector y los intereses de las mayorías y de la
alimentación nacional seguirán jugando un papel secundario o irrelevante.
Cuando se trata de los recursos naturales, en general, la sociedad civil no
participa ni tiene representación, siendo que todos los peruanos somos los
propietarios de los mismos. Se legisla solamente en función de las partes que
intervienen en la explotación, sin considerar a la Nación.
El pueblo peruano no sabe cómo se deciden los usos de sus recursos
pesqueros. Este desconocimiento es compartido por los medios de comunicación
que, solo elogian el crecimiento del PBI y las exportaciones sin medir los
alcances del aporte de la pesca al país en términos de derechos de pesca (que
no todos pagan), del impuesto a la renta (que tampoco todos pagan) y la
participación de la alimentación nacional. Se mide el consumo de pescado per
cápita sin siquiera tener un fuente única de información, ya que el mismo
Ministerio usa como fuente el método de la FAO en unos casos y la data del
INEI, a través de la ENAHO, en otros. En ambos casos no se muestra con
precisión cuántos peruanos no tiene acceso al consumo de pescado ni las
razones.
Solo nos hacen creer que somos buenos porque exportamos mucho pescado en
diversas presentaciones que hacen crecer el PBI, cosa que nada significa para
el peruano corriente en términos de calidad de vida y bienestar. Las decisiones
se toman a espaldas de los dueños de los recursos naturales, o sea todos
nosotros.
En la historia de la pesca, probablemente los tomadores de decisiones nunca
han considerado los intereses nacionales, sino tan solo los de los actores de
la pesquería, animados por la indiferencia nacional y el adormecimiento de una
Nación que se ha acostumbrado a ser explotada por políticos que carecen de
decencia moral, intelectual y de ética, poniendo su destino en manos de
lobistas que carecen de amor a la patria, aunque suene a frase trillada.
El sector necesita de una agenda y de cambios que lleven a una mejor
gestión de los recursos en forma justa y equilibrada para todos.
