El ordenamiento pesquero debiera ser la suma de normas y acciones conducentes al logro de dos objetivos prioritarios: sostenibilidad y alimentación nacional, mediante:
ü el justo y debido aporte
tributario del sector al erario nacional para resarcir al Estado por el uso de
recursos naturales y permitirle administrar debidamente su explotación.
ü el justo pago de los
derechos de pesca, ya que si son indebidos, permiten el acceso gratuito o muy
barato a los recursos pesqueros y no generan un adecuado nivel de ingresos al
Estado.
ü La adecuada distribución y
empleo del canon pesquero, cuyo reparto
es inapropiado y que podrían ser mejor empleados en temas prioritarios para los
beneficiarios.
ü la actualización del ordenamiento
pesquero obsoleto, considerando que los impactos del cambio climático y el gran
avance de la tecnología de las capturas, imponen una nueva concepción de la pesquería
acorde con la época que vivimos y que dista mucho de la realidad en la cual se
diseñó la actual ley general de pesca y la normativa basada en la misma.
ü la educación y
capacitación del pescador artesanal y demás operadores de la cadena productiva
del consumo humano directo, para poder mejorar su competitividad y poder alcanzar
los niveles de inocuidad y calidad que demandan los países importadores de
nuestros productos, así como de nuestro propio mercado, que no puede ser
tratado como de segundo orden.
ü la atención a la seguridad alimentaria nacional, considerando
que una parte considerable de la población continúa con bajos niveles de
consumo y de acceso a los productos hidrobiológicos, en ausencia de programas
de creación del hábito de consumo de y de apoyo alimentario.
ü la información científica
necesaria sobre los recursos objetivo del CHD y una evaluación de los factores
económicos y sociales que inciden directa o indirectamente en la actividad
pesquera.
ü reglamentos de ordenamiento
para todos los recursos pesqueros de la pesquería artesanal evitar el abuso de
la extracción.
La formalización, como parte del ordenamiento, solo ha venido actuando
sobre los permisos de pesca, pero no sobre la obtención del RUC, que
convertiría al armador en una unidad de negocios con las ventajas del caso, en
especial para sus pescadores tripulantes que obtendrían acceso inmediato a la
seguridad social, salud y pensiones. Solo actuar sobre el permiso de pesca es
una media formalización que, además, viene siendo complicada y teniendo poco
éxito, o al menos discutible.
Pese a que el ordenamiento y la capacitación en pesca son necesarios,
no gozan de mayor interés ni apoyo por parte de las administraciones de la
pesquería. Probablemente porque siendo acciones cuyos resultados se aprecian en
el mediano y largo plazo, son impopulares para funcionarios de turno, quienes
por lo general, solo aprecian resultados inmediatos que pueden publicitar como
logros.
Merecemos una gestión de
la pesca con visión de país y compromiso con el ciudadano.
La pesca para toda la
gente
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