El
actual modelo, sesgado hacia el mercado y la exportación, presume que las
pesquerías solamente son sistemas económicos con todo lo que ello implica en
una economía liberal. Minimiza la importancia que la proteína de origen hidrobiológico
tiene para el mercado peruano y su contribución a la alimentación nacional.
En
diciembre de 2016, la Jefa de Políticas de Programas del Programa Mundial de
Alimentos puso de relieve la importancia de formar alianzas con el sector
privado para combatir el hambre en el país y vincular la labor social de las
empresas con los objetivos y estrategias del Estado. Expresó que es importante
cómo el Gobierno ha colocado el enfoque de la lucha contra la anemia y
desnutrición crónica infantil en el centro de su agenda, como una prioridad y
que es trascendente que lo mantenga así en los próximos cinco años.
En
dicho contexto es necesaria mayor presencia de la pesquería peruana en la lucha
contra la anemia y la desnutrición. En el escenario actual las fuerzas del
mercado no están atendiendo a las necesidades de proteína de una parte
importante de la población, por la razón que fuese. Dado que el Estado no puede
cumplir su rol subsidiario sin una ley, lo cual resulta complicado en términos
prácticos, se impone evaluar mecanismos de intervención que permitan el acceso
de esos sectores poblacionales al consumo de productos hidrobiológicos.
Denomino
un nuevo modelo de gestión, al marco formado por una doctrina pesquera nacional,
en la cual el Estado interviene como regulador y representante de los legítimos
propietarios de los recursos naturales que legisle, norme y regule en beneficio
del bien común, de las mayorías nacionales.
Debe
situarse como objetivo prioritario, la obtención de una producción estable, con
el mínimo impacto sobre el medio marino y que tiene como público objetivo
principal al ciudadano peruano, en especial al más necesitado de proteína en su
dieta.
No
se puede subordinar tácita o explícitamente el interés público al interés
privado. El concepto de Nación y de Estado implica la subordinación de los
intereses privados al interés nacional, dentro de un marco legal constituido.
La
función pública es servir a la sociedad peruana, la cual es propietaria de los
recursos hidrobiológicos y no a intereses de parte ni extranjeros. Los recursos
pesqueros no pueden ni deben estar expuestos, no solo al agotamiento, sino tampoco
a una indebida utilización cuando alimentan a otros países, sin atender primero
la alimentación nacional. Alimentar al Perú primero y después al mundo, debe
ser la orientación de una doctrina pesquera nacional
La
ciudadanía, con su indiferencia y desinterés por los temas del mar y de la
pesca, se convierte en cómplice silenciosa del agotamiento de los recursos pesqueros,
de la contaminación que la industria genera, de una inequitativa participación
en la renta que generan sus recursos pesqueros, así como de su escasez en los
mercados populares y sus altos precios.
La
actividad pesquera no debe causar pérdidas a la sociedad (contaminación,
destrucción de ecosistemas, pérdida de recursos) y debe generar ingresos para
la administración, que cede la explotación de un recurso público a un sector de
la sociedad, a cambio de un pago justo que permita a los ciudadanos participar
en la renta de esta actividad.
La
lógica del industrial y del empresario es hacer dinero, lo que es correcto y
lícito. La lógica del Estado debe ser participar en la renta del negocio para
redistribuirla entre los dueños del recurso, que es la materia prima del mismo.
¿Cuántos
hospitales, cuántas escuelas, cuantas carreteras, cuantos desembarcaderos, han
surgido gracias a la contribución de la industria pesquera? ¿En cuánto ha contribuido
a mejorar la alimentación de los sectores más vulnerables?
Probablemente
algo haya surgido si revisamos las inversiones provenientes del canon pesquero,
pero ¿en la proporción justa?
Hoy
se ve menos pescado que antes en los mercados y cuesta tanto o más que el
pollo, con algunas excepciones estacionales.
La
conversión de naturaleza en dinero, ha significado que el sector pesquero
encare riesgos y problemas como la sobreexplotación, la sobrecapitalización, la
pesca ilegal y la discriminación de mercados que establece incentivos a la
exportación y no a la venta interna desde la óptica del ciudadano peruano
perjudicado, relegado y subestimado.
La
frase “calidad de exportación” debiera ser reemplazada por “calidad Perú”, en
clara muestra de que el ciudadano de este país no es menos que el del exterior.
Con ambos mercados en igualdad de condiciones, la libre decisión del empresario
para atender a uno u otro será éticamente correcta y juzgada en perspectiva por
los consumidores.
La
atención de las poblaciones que pese a ello no fuesen atendidas por la empresa
privada, deberán ser consideradas a través de programas sociales, en función de
la focalización y priorización que debe hacerse. Lo que no significa crear
empresas públicas, sino atender una demanda social.
Todos
estos problemas hacen imperativo ordenar la pesquería, pero no a costa del
Estado ni de los ciudadanos. Respetando lo que dice la Constitución Política, que no es discrecional o sujeta a consideraciones o intereses de
coyuntura. Es un mandato que no admite ser refutado, salvo que se le cambie por
otra carta magna.
He
descrito la situación ideal, la que debería ser.
Hasta
ahora, pareciera que el futuro de la pesca en el Perú será decidido en los
próximos años por la política y la necesidad económica, no por la conveniencia
científica ni la necesidad alimentaria de la población nacional.
Marcos Kisner Bueno
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