La oferta de U$ 556 millones hecha
por China Fishery Group (CFG) para comprar las acciones de COPEINCA y la de la coreana Dongwon Industries para hacer lo
mismo con pesquera DIAMANTE por la que pagaría entre US$600 y US$800 millones,
nos grafica el atractivo y paradisiaco escenario en el que se mueven los
grandes empresarios dedicados a esta actividad extractiva, como es la pesca.
¿Cómo no va a ser atractiva esta
actividad que genera millones de dólares de ganancias al año, con el trato privilegiado
que le brinda el Estado, que pone a su disposición un recurso natural que es de
todos los peruanos y por el cual solo exige a cambio el pago de una ridícula
tasa por derechos de pesca?
¿Estamos todos los peruanos conformes
con el comportamiento social del Estado en cuanto a fijar las reglas justas y
equitativas a todos los actores involucrados en esta actividad extractiva? ¿Es
justo que se defina el futuro de la pesca en comisiones en las que participan
solamente el Estado y los que se benefician de ella, es decir los armadores e
industriales pesqueros?¿Pueden nacer normas nacionales pesqueras con principios
de justicia de la unión de estas dos voluntades? ¿Por qué no participan quienes
se perjudican?¿Participa la sociedad civil en representación de quienes somos
dueños de este patrimonio de la nación que enriquece a unos pocos y administra
muy mal el Estado? ¿Se exige
compensación a quienes nos trasladan todo el pasivo ambiental y causan daños irreversibles
a nuestras reservas naturales que deberían garantizar nuestro futuro
alimentario? ¿Están debidamente representados los pescadores activos y
jubilados por probos dirigentes que definan con convicción el futuro de miles
de familias que dependen de esta actividad laboral?
No es casualidad entonces ver por
un lado a un grupo empresarial chino con
U$ 1,020 millones en la billetera dispuesto a comprarse a un pulpo empresarial
pesquero como COPEINCA sin un mínimo
asomo de preocupación por las débiles políticas tributarias y de control
ambiental de nuestro irresponsable Estado, y por el otro a pescadores activos
con su remuneración fijada en 22.4% como participación de pesca en una norma
que se pisotea y que no se respeta; pescadores jubilados agobiados con 39 meses
de sus ínfimas pensiones impagas; y organizaciones sociales reclamando la
contaminación de sus playas, sus aires y
el riesgo de su salud por normas ambientales que no se cumplen ni sancionan. ¿Dónde
está la responsabilidad social del Estado? Ojo que no estoy en contra de la
inversión privada nacional o extranjera, solo me preocupa la débil
participación del Estado en su tarea de protección a sus recursos y a quienes
les pertenecen. Se necesita en estos momentos en que la biomasa del recurso
anchoveta está en disminución, que el Estado dicte reglas claras en cuanto al
pago justo y trato digno a quienes participan en la extracción y el
procesamiento de nuestros recursos hidrobiológicos, en un estricto cuidado del
medioambiente con sanciones drásticas, y
en el desarrollo de acciones concretas
para aprovechar los recursos pesqueros como armas para enfrentar a la alta
desnutrición que exhibe nuestra región.
Para que reaccione el Estado, hace
falta la exigencia de los actores principales. Es necesario que los pescadores
activos dejen sus discrepancias de lado y se unan, que los pescadores jubilados
no agoten sus esfuerzos caminando en direcciones diferentes con dos proyectos
acerca de su futuro pensionario y encuentren consenso, que la sociedad civil
abandone su marasmo y participe exigiendo la compensación al empresariado
pesquero por el daño que causa al ecosistema marino y a su medio ambiente con
un real justiprecio y no solo con un irrisorio pago por derechos de pesca.
Hay que aprovechar la buena voluntad
de la ministra Triveño en ordenar el sector y preservar el recurso. Ahora hace
falta involucrar a los demás ministerios en la verdadera tarea
de protección social que debe asumir el Estado en la
actividad pesquera.
POR: CÉSAR CÓRDOVA PONCE
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