Los recursos naturales pertenecen a la sociedad civil en su conjunto. No son patrimonio exclusivo de gremios ni de quienes realizan esfuerzo extractivo.
El deber del Estado es legislar y normar su uso sostenible en beneficio de la Sociedad Civil, aunque esta permanezca indiferente frente a los intentos, a veces insolentes, de algunos que consideran ser los únicos propietarios de riquezas naturales que por definición y en esencia pertenecen a toda la Sociedad, a toda la Nación.
Décadas de un indebido manejo de los recursos pesqueros han creado un paradigma referido a los derechos de extracción. Quienes se atribuyen el derecho a disponer de los mismos deben ser advertidos de que compete a la Nación dicha prerrogativa.
La Sociedad Civil debe asumir conciencia de sus derechos de propiedad sobre todos aquellos que buscan beneficios cortoplacistas y mercantilistas, sin mayor interés en el derecho de las próximas generaciones a gozar de la abundancia que hoy existe pero que se encuentra en riesgo debido a un mal manejo ecosistémico.
Los niveles de indecencia a los cuales se ha llegado en el manejo de los recursos pesqueros no deben ser permitidos ni admitidos por la Sociedad Civil, legítimamente representada por sus gobiernos regionales y locales electos, los cuales como Moquegua, Tacna y Arequipa se pusieron de pie para eliminar un indebido régimen especial de pesca en el Sur del Perú.
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