EDITORIAL EDICION ENERO FEBRERO 2010
Las pesquerías no pueden ser de libre acceso porque los recursos pesqueros son limitados. La autoridad de pesquería tiene la obligación de administrar las pesquerías, desde la anchoveta hasta la última pintadilla, en base a información científica que genere la asignación de cuotas globales máximas, las cuales deben ser repartidas entre un número limitado de participantes.
Para garantizar el acceso democrático y constitucional al derecho de capturar una porción de esa cuota, esta debe ser subastada pública y abiertamente. De tal forma que. se asigne un valor económico real a esa parte del recurso pesquero que garantice al propietario del mismo, es decir a la Nación, un justa retribución por su usufructo que lo compense, adecuadamente, por la renta que generará en beneficio de unos cuantos y le permita administrar su extracción en base a un enfoque ecosistémico.
No se puede exigir lo que la naturaleza no permite dar, en función de un criterio de sostenibilidad. La pesquería no resolverá problemas sociales si primero no se limita su participación a la justa medida que el ecosistema permita. Las poblaciones de peces agotadas no tienen relación con los problemas de desempleo generados por un crecimiento irresponsable del sector
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