La compleja maraña de
normas vigentes para la regulación del sector pesquero ha contribuido a crear
un negocio atractivo cuyas cifras son constantemente expuestas en esta revista
y cuyo balance es negativo para el país y la sociedad civil.
Modificar ese estatus de privilegio injusto es la
principal motivación que debe tener quien aspira a los cargos de administración
del sector. La naturaleza de los motivos que cada quien expone para pretender
ser mejor que la(s) autoridad(es) de turno es cosa que nadie puede saber con
certeza. Es evidente, en la guerra
desatada este mes, por parte del sector privado, la inexistencia de propuestas
de programas con objetivos coherentes e indicadores adecuados.
La crítica sesgada y direccionada contra una u otra
norma específica trasluce defensa de
intereses puntuales. El gran motivador de esta corriente de oposición al
cambio, que encuentra en las debilidades de las autoridades de turno la materia
prima adecuada para fortalecer la crítica, ¿es realmente la aspiración por
llegar a tener una pesquería sustentable y justa o el interés por mantener un
estatus que hace a la industria de anchoveta altamente rentable?
La utilización de los medios de comunicación para exponer
problemas y quejas derivadas del rechazo a normas, ha conducido al país a ser
espectador inusual de un conflicto que, por el lado de los administrados llegó
al ataque personal, al chauvinismo y a al apasionamiento antes que a la
objetividad.
¿Qué se pretende al llevar esta polémica al pueblo
peruano? ¿Se pretende intimidar al
Estado, que en ocasiones anteriores por temor a la prensa y a las reacciones de
la población ha cedido a las exigencias del sector? ¿Pretende poner como árbitro a un público con
escaso conocimiento y poco interés en el sector y ya de por sí con opiniones
divididas en cuanto al negocio de la anchoveta?
La Ministra ha demostrado serenidad y objetividad y ha
afirmado el principio de autoridad respaldada por el Presidente de la República
en una serie de eventos inéditos en la historia de la pesquería peruana. La
discusión no debió llegar al nivel de agravios, insultos, mentiras,
desinformación e intentos de intimidación. Debe haber voluntad de concertación y entendimiento; pero
partiendo del principio del respeto y desprendiéndose la industria del mal
hábito de la manipulación y la imposición de sus intereses en varias formas. La participación
del Jefe de Estado nos lleva a otro
escenario, hasta ahora por lo menos.
El debate debe tener el sólido soporte de una voluntad
moral y ética por alcanzar reformas basadas en criterios de justicia que
conduzcan a un negocio en el cual toda la sociedad participe en forma justa e
inclusiva. Es imperativo actuar en base a principios, ética y moralidad, así
como entender que la democracia fue concebida para gobernar con justicia en
beneficio de las mayorías.
El actual gobierno, a través del PRODUCE (con excepción
del período oscuro), ha demostrado vocación de servicio y voluntad de emprender
reformas importantes, lo cual es inusual en la historia de la pesquería
peruana. Sin embargo, será decisión de Palacio de Gobierno, apoyar la
gestión que defina el rumbo definitivo
del cambio estructural que se requiere, en la medida que asuma como propia esta necesidad, así como en la medida que la
administración supere sus debilidades de gestión, que fundamentalmente son de
inexperiencia en el sector. No es suficiente ser honesto y un buen gestor
público.
Aquél que acepta un cargo público con buena voluntad,
tiene que asumir toda la crítica maldiciente de diversas fuentes, resistir
presiones y lobbies procedentes de todas las esferas; enfrentarse a trabajar en
un sistema diseñado para convertir en
una pesadilla administrativa la labor de cualquier funcionario honesto con real
intención de hacer obra para el país; y además convertirse en empleado
inestable y precario que puede ser despedido en cualquier momento o cuando una
turba manipulada por administrados del sector bloquee una carretera. Por ello,
la mayoría de funcionarios merecen reconocimiento por todo el riesgo que
asumieron y asumen al ocupar un cargo público de importancia, especialmente en
un sector tan complicado.
Lo positivo de esta confrontación es que los medios de
comunicación, por primera vez, han dedicado a la pesca un cantidad de tiempo
nunca antes empleada. Lo que debiera motivar a la Sociedad Civil a interesarse
más por la explotación de los recursos pesqueros, de los cuales es la legítima
propietaria.
