Las noticias de la promulgación de un nuevo Reglamento
de Ordenamiento Pesquero para la anchoveta, del otorgamiento de una cuota anual
de dicha especie para el CHD y la firma de una Declaración Conjunta para el mejoramiento de
la pesca del recurso pota entre la SNI y el Despacho Viceministerial de Pesca y
Acuicultura con el objetivo de asegurar su sostenibilidad, así como la
aceptación de la necesidad de hacer mayor investigación sobre este último
recurso, son evidentemente positivas
desde todo punto de vista, ya que la pota y la anchoveta son quizá las únicas
especies con suficiente biomasa como para incentivar su captura y destinarla al
Consumo Humano Directo.
Pero
no se puede dejar de realizar el siguiente análisis:
Luego
de haberse establecido la cuota de pesca industrial de 2.8 millones de
toneladas, se ha establecido 300,000 toneladas de anchoveta para consumo humano
directo para el año 2017, correspondiente a todo el litoral peruano. Esta
última cifra es casi el doble de los desembarques reales promedio de los
últimos años cuando no había cuota global, por tanto supone una mejora sobre
cifras reales. Resulta entonces que los reclamos sobre esta cifra no parecen
tener mucho fundamento y se deben a desconocimiento, por cuanto entre el 2005 y
2016 no se ha superado, en promedio anual, la cifra de cien mil TMB de desembarque de
anchoveta destinada al CHD.
El
tema tiene varias aristas, obviamente. La reciente normativa se refiere
solamente a la anchoveta para su procesamiento en enlatado, congelado o curado
y en el caso de la pota son acuerdos para realizar investigación.
En
esta nota se analiza la arista referida al mercado interno, porque dado que la
anchoveta procesada es principalmente destinada a la exportación, las normas
recientes son promotoras del consumo de anchoveta en los mercados externos y
estimuladoras de la industria exportadora, no del mercado nacional. Nada dice
sobre su tratamiento y comercialización en estado fresco, limitando de esta
manera la posibilidad de llegar a los mercados en estado natural, fresco, como
ocurre con otras especies. Esta omisión dificulta la promoción y aumento del
consumo de anchoveta que por otro lado se pretende incrementar.
Vale
recordar que con el Decreto Supremo Nº 010-2010-PRODUCE, hace siete años, se aprobó
un Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Recurso Anchoveta (Engraulis
ringens) y Anchoveta Blanca (Anchoa nasus) para Consumo Humano Directo. Por lo
que se puede saber, este documento no produjo mayores efectos positivos ni
novedosos en el tema, y el asunto quedó severamente complicado cuando se
promulgó el DS 005-2012-PRODUCE que introdujo modificaciones al mismo y fue
motivo de años de desavenencias entre el Produce y la industria hasta llegar al
Tribunal Constitucional. Ahora tenemos un nuevo ROP, pero subsiste la omisión
del mercado nacional.
El
hecho es que todos los avances sobre la promoción y consumo de anchoveta para
el mercado peruano que existieron antes de 2011 se detuvieron, olvidaron o
quedaron complicados desde ese año hasta la fecha. Situación derivada, entre
otras cosas, de la debilidad sectorial producida por una excesiva rotación de
funcionarios que viene acompañada de pérdida de la memoria institucional, que a
su vez limita o anula la posibilidad de realizar un adecuado seguimiento de las
políticas y normas del sector. Debe agregarse a esta debilidad, la ausencia de Políticas de Estado de largo plazo para el sector Pesca y el hecho irrefutable de que cada nueva administración desconoce y/o ignora casi todo lo actuado en anteriores gestiones y decide implementar una nueva agenda. Todo esto configura una situación de ineficiencia en la gestión sectorial, de la cual la alimentación nacional resulta ser la más afectada.
Se
requiere nuevas normas que restituyan las medidas necesarias para continuar
desarrollando campañas y programas de alimentación en base a anchoveta para las
poblaciones más necesitadas, introduciendo nuevos elementos a las disposiciones
dictadas, en especial porque la comercialización de anchoveta para el mercado
más necesitado del Perú, no puede ser tratada exclusivamente en términos de
rentabilidad económica.
Anemia
y desnutrición en el Perú son una realidad que puede ser combatida empleando la
anchoveta, pero en un contexto social. Sin embargo, es difícil pensar en destinar este
recurso al mercado interno sin apoyo del Estado, por una simple cuestión de
precios.
Veamos como ejemplo una embarcación
de 30 Toneladas de capacidad de bodega:
Si
llegase a su punto de desembarque con bodega llena, a precios de 2016, la
industria de harina le pagaría US$260.00 por TMB, o sea US$7,800.00 por una
faena de un par de días sin empleo de hielo, o sea con solamente el costo de
tripulación, combustible, víveres, etc.
Si
la misma embarcación trajese pesca encajada en hielo, su factor de estiba se
reduciría a unas 6 a 7 TMB. Supongamos, que por pesca bien preservada en hielo
y extraída con chinguillo, o sea sin daño mecánico, le paguen lo mismo, o sea
US$260.00. El total daría US$1,820 o sea mucho menos que la destinada a la
harina y con el mayor gasto que genera el empleo de hielo.
Para
ganar lo mismo, esta embarcación debería vender la tonelada a US$1,114.00 lo
que convertiría la anchoveta en demasiado cara para pensar en su
comercialización en el mercado interno y aún en el externo. Poco probable que
alguna empresa pueda pagar este precio por anchoveta, aunque fuese de excelente
calidad. Es un tema de mercado.
Este
es el problema medular del manejo de la anchoveta y lo que hace atractivo
pensar en desviar su captura autorizada para CHD, al CHI, distorsionando todo
el manejo de esta pesquería.
Esta
ecuación tiene que resolverse con fórmulas innovadoras, creativas y
tecnológicas e intervención del Estado, no solamente a través de programas
sociales, sino de adecuada supervisión y
control.
El
mercado no puede resolver el problema. Hay una imposibilidad para acceder a los
alimentos hidrobiológicos por parte de amplios sectores de la población que no
pueden pagar los precios actuales y que no son objetivo de ventas tampoco.
La
solución no puede ser más exportación porque más exportación subsidiada implica
menos atractivo por el mercado nacional y menor acceso a los alimentos de
origen hidrobiológico. El empresario privado optará siempre por vender sus
productos con mayor valor agregado al mejor precio y al mejor postor. En esa
lógica de pensamiento, siempre encontrará en la exportación un mercado
dispuesto a pagar caro por alimentos o materia prima para producir alimentos
que satisfagan, no necesariamente el hambre, sino exigencias gastronómicas. El
ciudadano pobre que solo requiere proteína barata tenderá a ser excluido de esa
lógica de mercado.
La
visión del Estado debiera ser la de utilizar nuestra producción de recursos
hidrobiológicos prioritariamente para nosotros mismos, proteger su renovación y
crecimiento aplicando enfoques ecosistémicos y exportando solamente aquellos
que excedan a nuestras necesidades, lo cual en el caso de la anchoveta no es un
problema dada la abundancia de su biomasa. La situación impone la necesidad de
una visión nueva y diferente del contexto general en el que se sitúa
actualmente la pesquería. La población alto andina y de ceja de selva del Perú
acusa alta desnutrición crónica, niños con bajo nivel de consumo de proteínas y
calorías, extrema pobreza, falta de empleo y actividades de subsistencia con
baja productividad. Esto requiere de una intervención del Estado.
Se
entiende por seguridad alimentaria al acceso material y económico a alimentos
suficientes, inocuos y nutritivos para todos los individuos de manera que los
puedan utilizar adecuadamente para satisfacer sus necesidades alimenticias y
llevar una vida sana, sin correr riesgos indebidos de perder dicho acceso. Esta
definición comprende los aspectos de disponibilidad, inocuidad, utilización,
acceso y estabilidad.
Los
principales problemas de inseguridad alimentaria que presenta el Perú no se dan
por el lado de la disponibilidad y estabilidad general en el suministro de
alimentos, sino más bien por el lado del acceso, de manera específica por el
lado de los niveles de ingreso de la población, así como por la distribución y
oferta adecuada de alimentos hidrobiológicos.
En este sentido, la seguridad
alimentaria en el Perú está estrechamente vinculada a la distribución de sus
recursos. Es debatible, desde este punto de vista, el modelo que sostiene
defiende y privilegia la exportación de dichos recursos relegando al mercado
nacional. No se trata de dejar de exportar o que esta actividad sea mala o
indebida, sino de darle al mercado interno las mismas ventajas competitivas. El
Estado tiene que intervenir en el caso de poblaciones vulnerables, con
programas sociales que por su naturaleza deben ser subsidiados. No puede
subsidiar única y exclusivamente a la exportación.
El
Estado no está interviniendo nada más que dando el marco regulatorio dirigido a
cumplir metas de control biológico y de protección, así como de promoción de
exportaciones. Las medidas comúnmente aplicadas son: las vedas, las cuotas,
limitaciones al tamaño mínimo, control de artes y sistemas de pesca, etc. El
objetivo actual del ordenamiento es la preservación de las especies más
explotadas, restringiendo la presión sobre su biomasa en etapas críticas. La
regulación pesquera vigente no considera aspectos de inclusión social ni de
alimentación nacional. Adicionalmente el Estado viene promoviendo la
exportación, lo cual no sería criticable en la medida que hiciese lo propio con
el mercado nacional estableciendo reglas de juego parejas para ambos mercados.
Hay
algunos detalles que no se están tomando en cuenta y que deberían ser
considerados para llegar a optimizar estas pesquerías desde el punto de vista
del justo equilibrio de beneficios entre el empresario, el pescador, el Estado
y el ciudadano peruano:
1. La pota viene siendo capturada
exclusivamente por la flota artesanal, por lo cual de acuerdo a las normas
vigentes, no paga derechos de pesca. Dado que la mayor parte es adquirida por
las plantas procesadoras para ser exportada, se convierte en un recurso
hidrobiológico gratuito y subvencionado para el mercado extranjero. No parece
ser una situación de justicia para el propietario del recurso, que es el
ciudadano peruano, porque además el consumo interno no tiene ningún incentivo.
En todo caso, la venta dentro del mercado nacional podría ser la única que
admitiría ser exonerada del pago de derechos de pesca. Pero ¿por qué actualmente
solamente se privilegia e incentiva la exportación?
2. Las normas recientes que regulan el
uso de la anchoveta para el CHD omiten completamente su manipulación y
comercialización en estado fresco para el mercado nacional. Si es capturada por
la flota artesanal, su exoneración de derechos de pesca genera una situación
similar a la situación que ocurre con la pota descrita en el párrafo anterior.
No considerar con mayor énfasis y precisión las posibilidades de
comercialización en el mercado interno limita el interés por innovar y aplicar
nuevas tecnologías por parte de micro empresas interesadas en el mercado
interno. Tampoco existe incentivo alguno para atender los mercados del interior
del país.
3. No existen programas sociales que
utilicen estas dos especies para contribuir a resolver los problemas de la
desnutrición y anemia infantil particularmente.
4. Los mercados del interior, las
poblaciones vulnerables y las de menores recursos no serán atendidas por la
empresa privada en la medida que no solamente no hay incentivos ni programas
sociales, sino que no serían rentables económicamente.
5. Las poblaciones vulnerables no
ofrecen rentabilidad económica; pero sí rentabilidad social. Es por eso que su
atención requiere de tratamientos especiales, de alianzas entre el Estado y la
empresa privada, así como la estimulación para la creación de micro empresas
orientadas a atender a estos mercados.
Marcos Kisner Bueno
