La crisis del jurel. El informe de IDL Reporteros

El Perú es la segunda potencia pesquera mundial, sólo superada por China. En el destartalado puerto de Chimbote, el mayor del país, se descarga más pescado en un año que lo que toda la flota española captura en ese mismo periodo.

El análisis exhaustivo de más de 100.000 descargas entre 2009 y la primera mitad de 2011 halló que la mayoría de las compañías peruanas que elaboran harina de pescado sistemáticamente hacen trampas en la mitad de los desembarques. En algunos casos, declaran capturas por un valor inferior al 50 por ciento del real.

Este fraude permite a las compañías pescar más de lo autorizado por las cuotas establecidas, además de darles la posibilidad de evadir el pago de impuestos y de los aranceles establecidos por tonelada, o de abonar menos salario a los pescadores que reciben un porcentaje sobre las capturas.

El problema no radica exclusivamente en la sobrepesca del jurel, sino también en la sobreexplotación de la anchoveta, un pez que se parece a una sardina con el tamaño de una anchoa y que es un recurso fundamental para elaborar las harinas de pescado usadas en la acuicultura.

La anchoveta peruana es la mayor pesquería mundial. Si las exportaciones de harina de pescado son un gran negocio en Chile ─cerca de 535 millones de dólares anuales─, en el Perú representan el triple de ese valor: 1.600 millones de dólares al año.

Lea el informe haciendo en el siguiente enlace:

http://www.revistapescaperu.com/index.php/sabia-usted/436-jurel-crisis-idl

DESAPARECE EL JUREL DEL PACÍFICO SUR

DESAPARECE EL JUREL DEL PACÍFICO SUR, Y OTRAS ESPECIES PODRÍAN SEGUIR

En sólo 20 años, los stocks de jurel se redujeron de aproximadamente 30 millones de toneladas a menos de 3 millones. Una investigación sobre la industria pesquera en el Pacífico sur realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que abarca ocho países, muestra que este fenómeno podría anunciar el colapso progresivo de las poblaciones de peces en los océanos del mundo.

Para Daniel Pauly, oceanógrafo de la Universidad de Columbia Británica, el jurel del Pacífico sur es un indicador alarmante.

“Es el último de los búfalos -advierte el científico a iWatch News-. Cuando hayan desaparecido, habrá desaparecido todo… Es el fin.”

Delegados de al menos 20 países se reunirán la semana próxima en Chile para participar en el encuentro anual de la Organización Regional de Gestión Pesquera del Pacífico Sur (ORGPPS), donde analizarán opciones para frenar la sobrepesca.

Los científicos calculan que entre los años 2006 -2011, los stocks de jurel disminuyeron un 63%. La convención de la ORGPPS precisa ocho firmas para ser vinculante, pero hasta el momento tiene sólo seis.

En septiembre pasado, científicos de la ORGPPS acordaron establecer un límite de 520.000 toneladas. Pero Cristian Canales, investigador ictícola del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) de Chile, considera que la cifra más segura sería de 250.000 toneladas. Y varios expertos que disienten con esta visión, quieren prohibir totalmente durante cinco años la pesca de jurel.

Según la práctica internacional, los barcos pueden pescar lo que deseen en las áreas que no están gobernadas por acuerdos ratificados.

No obstante, la Unión Europea (UE) estipula que los barcos de los Estados miembros deben cumplir las medidas interinas de la ORGPPS y los países de la UE deben dividir una cuota anual colectiva de la especie.

Pero los armadores encuentran la manera de no cumplir con las normas. El trasbordo en alta mar también socava los esfuerzos de sustentabilidad.

Los chilenos pescaron más de 4 millones de toneladas de jurel en 1995, ocho veces más que la cantidad que los científicos de la ORGPPS consideran sustentable para 2012. Desde 2000 a 2010, Chile descargó el 72% de todo el jurel en el Pacífico sur.

En 2009, el IFOP propuso un recorte marcado a 750.000 toneladas, según Oceana. Pero cuando la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) aumentó la captura a 1,4 millones de toneladas, el Consejo Nacional de Pesca lo aprobó.

Perú, la segunda nación pesquera más importante del mundo, después de China, también teme por el futuro de la anchoveta, una fuente crucial de harina de pescado para la acuicultura, que sostiene la pesquería más grande del mundo.

De acuerdo con Roberto Cesari, enviado principal de la UE en la ORGPPS, recién espera la ratificación para 2013. El año pasado, la ORGPPS recortó voluntariamente las cuotas en un 40%, pero China, entre otros países, no adhirió a esta medida. Más tarde resolvió reducir su cuota en un 30%.

El oceanógrafo Pauly opina que esta tendencia no cambiará a menos que una potencia importante –la UE o Estados Unidos- asuma una postura firme a ese respecto.

“Alguien tiene que tomar la iniciativa, y otros lo seguirán”, asevera.

http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear=&day=26&id=49386&l=s&special=&ndb=1%20target=

PRESUPUESTO Y EFICIENCIA EN LA GESTION PUBLICA PESQUERA

LAS CIFRAS

La ejecución presupuestal del sector Producción de los últimos once años constituyen una ecuación fría y objetiva de la eficiencia de la administración pública referida en este caso puntual a la pesquería.

Más allá de presupuestos pobres, de contribuciones inadecuadas de la industria, y de ratios cuestionables, el hecho evidente es que la eficiencia en la ejecución del presupuesto tiene niveles deficientes.

Podría utilizarse ese argumento para juzgar que el sector no necesita de más presupuesto ni contribución de la industria pesquera en vista de la pobre capacidad de gasto demostrada; pero eso sería un análisis relativo e injusto. Más allá de que puede haber argumentos que justifiquen la pobre ejecución presupuestal, no se debe dejar de lado la cuestión ética y moral del debido aporte de la industria pesquera para con la sociedad civil por la extracción de recursos naturales.

En un Estado debidamente organizado, con una política definida y con la adecuada voluntad política de ejecutarla, cristalizado en un documento técnico de gestión como el Plan Estratégico Sectorial Multianual, que define objetivos, indicadores y metas para todo el quinquenio de gobierno, lo único que compete a los Titulares  de Pliego es dedicar su gestión al cumplimiento de sus Planes Estratégicos y Operativos, puntualizando su acción y control en la eficiente ejecución del presupuesto.

Sería lo adecuado que los equipos que desempeñarán la gestión pública no tengan un alto índice de rotación sino que sea el menor posible a fin de formar grupos de trabajo expertos e identificados con las metas diseñadas por la voluntad del gobierno de turno.

La máxima expresión de eficiencia sería que las políticas fuesen de largo plazo y sean continuadas por los gobiernos sucesivos, de tal modo que las metas que no pueden alcanzarse en el corto plazo se continúen para alcanzarse en los plazos adecuados.

La estadística de los últimos once años evidencia no solamente poca eficiencia en el gasto público sino ausencia de políticas, de planes y objetivos que se agravan con una excesiva rotación de funcionarios. Cada vez que se cambia al Titular del Pliego, este movimiento genera relevos de casi todo el equipo lo que contribuye alarmantemente a pobres niveles de eficiencia en el  planeamiento y ejecución del gasto.

Los políticos que asumen la cartera de Producción y de Pesquería no están obligados por norma alguna a continuar los planes (si los hubo) de su predecesor, lo que sumerge a la pesquería en una suerte de nave sin rumbo en un océano donde cada vez hay menos peces, mientras la población reclama cada vez mayor proteína y mayores fuentes de trabajo.

La meta principal en el sector, como mínimo, es trabajar para asegurar la eficiencia en la ejecución del gasto presupuestal. Esto implica capacidad de liderazgo y de gestión no solo del Titular del Pliego sino en los directores, que son los responsables directos de la ejecución.

Crear impacto en los medios de comunicación se ha venido convirtiendo en factor casi determinante del accionar y agenda de los funcionarios que desempeñan cargos de confianza, por cuanto una de las principales metas, al parecer, es conseguir una imagen mediática lo más aceptable posible para mantenerse en el cargo. Esta inclinación, generalmente, va en desmedro del trabajo eficiente y productivo, por cuanto se busca prioritariamente la aceptación de los medios y de los agentes del sector antes que ejecutar una política pública que podría significar granjearse enemistades y animadversiones de sectores minoritarios, entendiendo que se administra para beneficio de las mayorías.

En los últimos once años el sector Producción ha dejado de ejecutar casi 340 millones de soles, lo que deja mucho que desear de la eficiencia de sus funcionarios. Esta cifra es casi la mitad de la que se requiere para adecuar la infraestructura pesquera artesanal a la norma sanitaria y además ponerlos en óptimas condiciones operativas.

LA RAZONES POLITICAS

Cabe preguntarse si una de las razones es la alta rotación de funcionarios, o la mayor dedicación de tiempo a publicitarse en los medios de comunicación y con los agentes del sector en perjuicio de una mayor concentración en la ejecución de los planes operativos que disponen de una asignación presupuestal.

Otra razón puede ser el tiempo dedicado a inventar o diseñar nuevas políticas en ausencia de una política de Estado, o la discrecionalidad que evidencian los titulares de Pliego para imponer nuevas orientaciones estratégicas o políticas durante su gestión, que en los últimos 5 años ha sido, por cierto, muy breve o insuficiente por lo menos para ejecutar una Política de Estado que, por otro lado, también brilla por su ausencia.

A la precariedad y temporalidad del empleo de ministro, viceministro y director, debe sumarse la exposición que sufren no solo a los medios de comunicación, sino a toda la crítica maldiciente que existe en el sector y que se complace en el ataque y la crítica destructiva. Se añade a los lacayos que, probablemente pagados por sectores que se ven afectados de una u otra manera por la administración (especialmente si pretende introducir reformas), desatan campañas que incluyen ataques personales.

Es improbable que fuese casual la remoción del Ministro Burneo, justamente en el mismo mes que había dispuesto la realización de un estudio sobre la situación de los derechos de pesca en el país, que permita evaluar la conveniencia y necesidad de introducir un proyecto de ley de regalías pesqueras; y la asunción del control y fiscalización por parte del Ministerio reemplazando a los actuales operadores pagados por los propio s administrados. ¿Alguien con el poder e influencia suficiente sintió que sus privilegio sestaban siendo comprometidos y manipuló para lograr su salida del gabinete?

Factor importante es la existencia de casi 2,000 organizaciones sociales de pescadores artesanales que exigen y demandan tantas cosas que se hace imposible atenderlo a todos. Se suman los gremios privados que no solo efectúan demandas sino que pretenden dirigir el sector en la práctica, lo que configura un sector casi ingobernable.

Finalmente, al término de la gestión cada uno de los funcionarios designados enfrentará procesos investigatorios, juicios y demandas, algunos justificados y otros no porque se derivan del cumplimiento de funciones, a veces con una vehemencia que exige una velocidad mayor a la que el aparato público puede moverse debido a su propia estructura.

La cereza del postre es la inexistencia de un plan político, de un programa, de metas de largo plazo. Si los funcionarios designados disponen de la libertad de introducir sus propias ideas y criterios cada vez que asumen el cargo, el desgobierno se hace presente. Si el Presidente de la República y su entorno no impone una política y objetivos claros, el desgobierno se hace evidente. Si el entorno Presidencial ignora al sector pesquero, bien sea porque lo considera un sector “light” o por ausencia de información real, aún en la presunción de que exista un programa de gobierno para la pesquería, seguiríamos estando en un desgobierno sujeto a la discrecionalidad de los titulares de pliego, que en cualquier circunstancia, son empleados precarios, temporales y sin ningún forma de estabilidad o fecha de término de su gestión, la que pretenden prolongar haciéndose “populares” en los medios y las organizaciones sociales sectoriales.

No podría configurarse un sistema más perverso que el descrito. Es el escenario real en el cual se tiene que mover la administración pública del sector pesquero, para beneplácito de todos los maldicientes, críticos y analistas que jamás encontrarán al funcionario ideal, salvo que fuesen ellos mismos.

El presidente Humala, en Paraguay, calificó al Perú como un "país privatizado" y criticó que haya empresas con más plata que el Estado. "Debe haber un balance", añadió. Volvió a expresar su postura a favor de un Estado con mayor protagonismo en el Perú, al considerar que estamos en un "país privatizado", según explicó durante su alocución en la Cumbre Iberoamericana."Hemos pasado de tener un Estado empresario a un Estado débil (...) Y hablar del Estado era un pecado porque iba en contra de la corriente neoliberal", dijo Humala, quien criticó a ciertos sectores –"poderes fácticos", los llamó- que lo presionaron desde el día siguiente a su victoria en las elecciones presidencial.

Este término ha sido empleado juiciosamente por el Presidente de la República en un discurso en Paraguay, mas no dentro del Perú.

El Perú ha sido secularmente manipulado y dirigido por este tipo de poder en todos los sectores.  El sector pesquero no es ajeno a este tipo de manipulación. Eso lo saben todos los agentes del sector y todos los funcionarios y empleados de la administración.

Más allá de la prueba y del hecho legal o ilegal que ello constituya, se impone la primacía de la realidad. Más allá de lo que digan o dejen de decir los medios, o quienes controlen a los medios, los lacayos y los maldicientes, todos saben que hasta Julio existía un estilo en el cual la fuerza y el poder generado por el dinero que mueve el sector, constituían factor determinante en la regulación del negocio pesquero. La salida del ex Ministro Burneo ha devuelto al sector al status anterior, que era lo que algunos deseaban y han conseguido.

EL RIESGO DE ASUMIR RESPONSABILIDADES POLITICAS

Un ejemplo del riesgo que corre quien de buena fe acepta un cargo público, entre otros riesgos, es el de la ex viceministra Rocío Barrios.  A la salida de Burneo, se le pidió que continuase en el cargo a lo cual ella accedió si se respetaba al equipo que conformó, lo que fue aceptado. Sin embargo, pese a ello, varios de sus directores fueron reemplazados sin consultarle y sin su visto en la Resolución correspondiente, lo que enviaba un mensaje para que se fuera, innecesario por cierto, pues lo primero que hizo fue poner su cargo a disposición el primer día que asumió el nuevo Ministro. Ante dicha situación presentó su carta de renuncia irrevocable, la cual curiosamente no fue tramitada en algún nivel de la administración y más bien se publicó una RS en el cual se dejaba sin efecto su designación sin hacer referencia a su carta de renuncia. Lo que evidencia, que además de la precariedad y dificultad de ser autoridad, se está expuesto a vendettas de tipo político o provenientes de personajes influyentes, seguramente. No es lo mismo renunciar ante una coyuntura de inaceptables condiciones para continuar en el cargo, a que dejen sin efecto una designación. Pero...esas son nuestras formas “políticas”.

Todos los directores de PRODUCE, excepto dos, han sido reemplazados. Obviamente por el tiempo que dure la actual gestión, porque sin ninguna duda el ministro que reemplace al actual hará lo propio y así será sucesivamente. Los gurús, los lacayos a sueldo que defienden a quien les paga, los resentidos, los que todo lo saben y los frustrados, seguirán cumpliendo su rol de críticos descontentos. Seguirán actuando como falsos profetas sin propuestas técnicas  susceptibles de ser convertidas en un documento de gestión pública.

Hasta que no haya un equipo con mística y vocación de servir al país, la pesca estará condenada a sufrir los embates ciegos de una Naturaleza que sonríe ante nuestras necedades y pequeñeces morales esperando su turno de pasarnos su factura y ahogar La Gran Transformación en un mar de visión limitada y  desinterés.

El poder fáctico ha sido determinante en la historia de la pesca. Parece que seguirá siendo así, pese a las buenas intenciones del Presidente de la República. Se aprecia un problema de gestión y de desconocimiento de la realidad pesquera en todos los niveles de gobierno.

No es improvisando ni haciendo ofertas para ganar popularidad ni de lanzando ideas imposibles o ilusorias como se ordenará el sector, sino con una idea clara del futuro de la pesquería, convirtiendo ideas en planes estratégicos y operativos alineados con un presupuesto a través de los documentos técnicos vigentes en el aparato estatal. Existe toda una normativa y metodología para la ejecución presupuestal. Es iluso pensar que pueden introducirse modificaciones sustanciales si es que no tienen una partida presupuestal aprobada u otra fuente de financiamiento.

Al 28 de enero 2012 van 30 días sin que se designe un viceministro de Pesquería. Sin embargo se han designado directores de línea y asesores para el Despacho Viceministerial. ¿Qué margen de acción le deja este escenario al nuevo viceministro?

Somos todavía una tierra de caciques y de curacas. Nos fascina la sumisión ante los poderosos, no importa lo absurda que fuese la manera en que nos gobiernen. Es la principal debilidad del sistema, el cual se protege a sí mismo aprovechando la fascinación popular por la adoración a los caciques de turno y las ventajas temporales que cada quien pueda obtener de ellos.

Se hace más difícil cada vez entender realmente el significado de La Gran Transformación, que fue el argumento bandera de la campaña electoral.

En el caso del sector Pesca ¿hay ingenuidad, desconocimiento, o sutil manipulación?

En cualquier caso, las evidencias apuntan a tener cinco años más de lo mismo. La Sociedad civil tiene que aprender a reaccionar ante promesas que no se cumplen.

La coyuntura política y la pesquería peruana

La política pesquera está definida en el plan de gobierno del Partido Nacionalista, la misma que se convirtió en el documento de gestión mencionado que concluyó en el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2011-2016.

La nueva administración debe saberlo y darle continuidad a la voluntad política expresada por el Partido de Gobierno en su oferta electoral. Improvisación y desconocimiento no solo del Plan, sino de lo actuado en los primeros 5 meses de gobierno, sería una señal de desgobierno e incoherencia.

Lea el análisis completo en el Suplemento de la Revista Pesca:

La coyuntura política y el sector pesquero

En el siguiente link:

http://www.revistapescaperu.com/index.php/revistas/cat_view/55-2012

Políticas públicas y el sector pesquero

La Administracion del ex Ministro Kurt Burneo definio 7 Objetivos estrategicos y 13 politicas para alcanzar los mismos, lo que constituye la política pesquera para el quinquenio. Esto fue expuesto ante el Congreso y se encuentra publicado en esta misma página web.

El documento de gestión, como corresponde en la administración pública y que recoge los objetivos y políticas, es el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2011-2016, del cual se deriva el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional. El primero, abreviado PESEM, no llegó a aprobarse con la Resoluciín Ministerial correspondiente debido al imprevisto cambio de Ministro.

La administracion actual deberia continuar y aprobar el PESEM y no hacer declaraciones de que hace falta una política pesquera, como si esta no existiese ni inventar otra politica.

Si ese fuese el caso y dada la alta rotacion de ministros y funcionarios en el sector, que ya ha devenido en una suerte de constante en los últimos 5 años, cada año, o menos,  tendriamos politicas nuevas, lo que es totalmente inadecuado y reflejaría no solo desgobierno sino incoherencia.

La politica pesquera esta definida en el plan de gobierno del Partido Nacionalista, la misma que se convirtio en el documento de gestion mencionado que concluyó en el Plan Estrategico Sectorial Multianual 2011-2016.

La nueva administracion deberia saberlo y darle continuidad a la voluntad política expresada por el Partido de Gobierno en su oferta electoral. Lo que se está dando actualmente refleja una suerte de improvisación y desconocimiento no solo del Plan, sino de lo actuado en los primeros 5 meses de gobierno.

Lo que el sector requiere es continuidad de políticas, administración eficaz y no demagogia.
http://www.revistapescaperu.com/images/stories/documents/plan%20estrategico%20sector%20pesca%202011%202016.pdf

Revista Pesca enero 2012: Editorial

Las reformas que necesita la pesquería peruana requieren 4 condiciones fundamentales:

Voluntad política, un Gobierno fuerte, decisión política, y un plan estratégico derivado de una visión y objetivos de largo plazo.

La oferta electoral contenida en el Plan de Gobierno es solamente una visión general, la misma que un equipo humano integrado por varias personas en la administración Burneo-Barrios, el cual incluyó a miembros del partido de gobierno, convirtió en un Plan Estratégico para el quinquenio de gobierno.

Sostenibilidad, seguridad alimentaria, reordenamiento, inclusión social y redistribución de la riqueza generada por la pesquería en forma justa y equitativa eran los objetivos bandera. La proporción grotescamente desproporcionada entre lo que factura la industria y lo que le paga a la Nación, como propietaria del recurso pesquero, es a todas luces injusta, ante la pasividad de un Estado que ha prestado escasa o nula atención a la pesquería peruana y que tenía que corregirse.

La interpretación de la voluntad política contenida en el plan de gobierno apenas empezaba a diseñarse y aplicarse cuando se produce un cambio ministerial que genera dudas razonables. Una de ellas  conlleva a especular que alguien, o los intereses de poderes fácticos que dominan al sector pesquero, viendo peligrar sus posiciones de privilegio y de poder, maniobraron para volver al estado anterior. Otra es que el desconocimiento de la realidad del sector  por parte de las más altas esferas del gobierno, minimiza su importancia. El hecho es que el Ministro Burneo fue removido y la viceministra Barrios renunció a fines de diciembre, quedando la tarea inconclusa.

Convertir a la política y al gobierno en un sistema de guerra de guerrillas por alcanzar el poder, para asegurarse a sí misma ventajas  que resuelvan sus propios problemas y atiendan sus propios intereses, es parte de la tragedia de la abundancia de anchoveta en el Perú. 

La pesquería tal como estaba concebida antes del 28 de Julio de 2011 es la obtención de la mayor ganancia posible y eso sólo se logra con la explotación irrestricta de los recursos naturales y de otros seres humanos en beneficio de minorías. 

La  visión de  una política pesquera de largo plazo, alejada de intereses  personales o de grupo se convierte cada vez más en un sueño difícil de realizar.

No es posible contentar a todos si se quiere realmente una pesquería sustentable, redistributiva e inclusiva. Lo correcto es contentar a las mayorías y no a las minorías.

Considerando  que la alta rotación de funcionarios en el sector en los últimos años se ha convertido en una perversa y nociva constante, lo que refleja falta de voluntad y decisión políticas por emprender reformas, con el perjuicio que representa esta inestabilidad, es preciso que la Sociedad Civil  demande mayor participación y presencia en la administración pesquera en procura de la protección de sus intereses en materia de extracción de recursos naturales, en este caso hidrobiológicos.

Se debe conocer con precisión a quién se sirve y a quién se defiende.

P.D.

La viceministra de Pesquería presentó su renuncia después de Navidad. Sin embargo, el  31 de diciembre la RS Nº 013-2011 dice en su parte resolutiva: “Dar por concluida, a partir de la fecha, la designación de la señora abogada ROCÍO INGRED BARRIOS ALVARADO, en el cargo de Viceministra de Pesquería del Ministerio de la Producción, dándosele las gracias por los servicios prestados”

El texto del documento no es coherente con lo ocurrido, por cuanto lo procedente era aceptar su renuncia como correspondía

http://www.revistapescaperu.com/

Encubrimientos con hedor a pescado

IDL-R expone nuevas evidencias que confirman las dos investigaciones publicadas por este medio sobre las masivas y probablemente fraudulentas irregularidades en la pesca industrial. Pero hay más: graves indicios de encubrimiento.

Por Milagros Salazar.-

¿Recuerdan de qué trataron las dos investigaciones de IDL-R sobre la pesca? Hay que saberlo para entender lo que viene. En Cómo se esfuman $100 millones en pescado, (publicado el 17 de septiembre pasado) IDL-R examinó y comparó el peso declarado de 47 mil desembarques (descargas) de anchoveta en tres temporadas de pesca (2009 y 2010) con el registro de cada uno de ellos en las balanzas de las fábricas. La máxima diferencia aceptable podía ser hasta del 10%, pero se encontró discrepancias mucho mayores, que llegaban hasta el 50%. En términos concretos, se esfumaron alrededor de 300 mil toneladas de anchoveta, valorizadas en unos $100 millones de dólares.

Nadie pudo desmentir la certeza de estos hallazgos.

Esto llevó al segundo reportaje, para determinar dónde estaba el problema. Las balanzas con truco (publicado el 6 de octubre pasado) descubrió y reveló una auditoría encarpetada de una de las dos empresas inspectoras oficiales del sector, Cerper. Esta auditoría concluyó que el 31% de las balanzas inspeccionadas en las fábricas que seleccionaron tenían problemas graves de adulteración. Pero en la inspección solo se auditó las balanzas de siete fábricas, casi todas medianas o pequeñas, con excepción de una compañía grande, Copeinca. Pese a ello, el informe era no solo muy importante sino contundente, pero llevaba inevitablemente a la pregunta, ¿por qué se hizo una muestra tan pequeña y se excluyó a compañías grandes, que concentran el mayor porcentaje de la pesca?

Esa omisión no fue casual ni accidental.

Según pudo conocer IDL-R, Cerper había hecho varios estudios en la primera temporada de pesca de 2009, que demostraban las diferencias anormales entre la pesca declarada y la pesada. Dichos estudios, que incluían a varias empresas grandes, fueron entregados al ministerio de Producción durante las gestiones de las ex ministras Elena Conterno y Mercedes Aráoz.

Cerper estudió las diferencias en tres puertos: Huarmey, Chancay y Chimbote porque “así lo pidió la Dirección General de Seguimiento, Control y Vigilancia (Digsecovi)” del Ministerio, según diversas fuentes que participaron en el análisis. Ello debido a que el viceministerio de Pesquería había recibido varias denuncias de pescadores por “robo en el peso” en las balanzas.

En la planta de Huarmey de la empresa Austral, por ejemplo, se detectó que las 137 descargas analizadas entre el 20 de abril y 12 de mayo de 2009, presentaban diferencias entre la pesca declarada y pesada del 10%, 15%, 20% e incluso por encima del 30%. En su investigación, IDL-R confirmó el mismo patrón de discrepancias de esta compañía en tres temporadas de pesca de 2009 y 2010.

Ante esos resultados, en julio de 2009, según relata el gerente del programa de vigilancia de Cerper, Rolando Urban, su compañía recomendó al ministerio de la Producción hacer una auditoría integral de todo el sistema de pesaje en las fábricas, sobre todo del programa o software.

El ministerio aceptó la idea. Cerper, que no tenía expertos informáticos, contrató a un consultor con más de 30 años de experiencia en la pesca: el ingeniero pesquero Freddy Sarmiento. Este convocó a especialistas en electrónica e informática y asegura que, al ver que las anormalidades se daban en la mayoría de las plantas, recomendó auditar 112 balanzas en 40 fábricas o plantas pesqueras en los puertos del norte y centro.

En todo el litoral, hay alrededor de 180 balanzas. Por eso, la auditoría que proponía Sarmiento iba a lograr un alto grado de exactitud en el diagnóstico del problema. Era un número alto, pero se justificaba, según indica Sarmiento, “porque la mayoría [de empresas] tenía el problema de altas diferencias [entre pesca declarada y pesada]”.

Sin embargo, el ministerio de la Producción a través del entonces director de Digsecovi, el marino en retiro Raúl Ponce, informó a Cerper que sólo se auditarían 18 balanzas de ocho plantas, es decir el 16% de la propuesta inicial. Al final, apenas se auditó 16 balanzas en siete fábricas.

IDL-R accedió a un correo electrónico en el que se da cuenta de una reunión realizada el 3 de agosto de 2009 entre Ponce, su asesor Julio César Ruiz y los representantes de Cerper. Según este mensaje, dirigido a Freddy Sarmiento, el Ministerio seleccionaría solo unas pocas plantas en los puertos de Bayóvar, Chimbote y Supe, pero aparentemente como primer tramo del trabajo.

“Concluida esta primera etapa, el Ministerio evaluará los resultados, y de acuerdo a ello se desarrollará todo el proyecto […] a nivel nacional (ya no serían 112 balanzas, sino un promedio [sic] de 185 balanzas)”, dice el correo.

Correo electrónico en el que consta que el Ministerio de la Producción ordena que se auditen apenas 18 balanzas de siete fábricas, a pesar que había otras grandes empresas con altas discrepancias entre pesca declarada y pesada.

Pero lo cierto es que nunca se auditaron las demás balanzas de las fábricas con las altas discrepancias descubiertas. Al final, tanto el estudio previo sobre las discrepancias –que coincide con la investigación más amplia que hizo IDL-R luego, por su cuenta y sin conocer el trabajo precedente de Cerper– como el informe final de auditoría de las balanzas fueron encarpetados por el Ministerio.

“Dijeron que no había presupuesto para hacer el proyecto completo”, señaló Sarmiento. “Nosotros trabajamos en las plantas que el ministerio dijo. No fuimos porque se nos ocurrió”, dice a su turno Rolando Urban de Cerper.

El hecho es que ambos estudios se mantuvieron en la sombra, hasta que IDL-R los descubrió en el proceso de realizar su propia investigación.

En silencio y encarpetado

IDL-R contactó por teléfono a Raúl Ponce para que explique las decisiones que tomó: “No me interesa pronunciarme sobre el tema” respondió Ponce, y cortó.

El desinteresado Ponce dependía en los días de la auditoría de la entonces ministra de Producción, Mercedes Aráoz, a quien IDL-R también contactó por correo electrónico.

Aráoz respondió que en toda muestra hay un número pequeño que siempre es auditado de manera aleatoria, pero que luego de conocerse las irregularidades que surgieron del examen, se habló con los industriales “para dictar medidas que permitieran un mejor control”.

Pero esas medidas, como la mejora o cambio del software de las balanzas, donde los auditores detectaron los mayores indicios de manipulación, nunca se concretaron.

Si el Estado no hizo nada, ¿qué hicieron o, por lo menos, qué dicen los pesqueros?

El presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería, Richard Inurritegui, dijo a IDL-R que la auditoría sólo demuestra que el pequeño grupo de plantas auditadas incurre en la manipulación, pero que no hay que “generalizar”.

Richard Inurritegui, presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería (Foto: IDL-Reporteros).

“Me preocupa que se haga una imagen del sector harinero como un sector tramposo”, dice Inurritegui. Insiste que los empresarios impulsaron la mejora de los controles en el software, pero Sarmiento lo desmiente.

El entonces consultor explica que el proyecto completo entre Cerper y el Ministerio de la Producción era desarrollar un dispositivo electrónico que permitiera detectar la alteración en el peso luego de los hallazgos de la auditoría.

Para los que realizaron dicha auditoría, el estudio estadístico de las discrepancias demostró que había una “desviación del peso” que escapaba de los controles. Luego de la inspección de balanzas se comprobó que las diferencias se debían a la manipulación de las tolvas y principalmente del software. “No era necesario hacer la auditoría al 100 por ciento de las plantas para concluir que había un problema”, dice Urban.

“Esas diferencias [en ambos estudios] confirmaron que había un mal uso de las tolvas”, remacha Freddy Sarmiento. Añade que durante la auditoría se detectó que algunas plantas tenían un programa que permitía alterar el peso registrado de las descargas. Esta adulteración delictiva quedó impune hasta hoy.

Algo más de un año después de contemplar la frustración y el encarpetamiento de sus investigaciones, Sarmiento tuvo un cambio importante en su vida: fue elegido congresista de la República. Desde el Parlamento, la acción fiscalizadora de Sarmiento quizá resulte más difícil de encarpetar.

Entre tanto, los hechos son inequívocos: antes que IDL-Reporteros hiciera su propia extensa y comprehensiva investigación, hubo una a cargo de Cerper que primero diagnosticó el problema de posible fraude en el peso de la pesca y luego señaló la forma en que se producía: mediante la adulteración de balanzas.

Eso lo supieron por lo menos dos ministros del gobierno de Alan García, que no hicieron nada al respecto, pese a que no solo se perjudicaba los intereses de los pescadores sino los del propio Estado.

En las primeras semanas del próximo año, IDL-Reporteros continuará con esta investigación, complementando los hallazgos anteriores desde un ángulo nuevo y decisivo.

http://idl-reporteros.pe/2011/12/21/encubrimientos-con-hedor-a-pescado/

USO Y ABUSO DEL PODER Y LA MANIPULACION

La pesquería ha hecho uso y abuso de una posición privilegiada por el poder de haber dirigido directa o indirectamente la administración del sector.

La pérdida de ese estatus de dominación, debidamente impulsada por la administración actual, ha removido hasta los cimientos la estructura del poder y el ego de muchas personas y asociaciones que lanzan una ofensiva a través de los medios y de lacayos a sueldo de todo género y condición, encubiertos, infiltrados o visibles. Intrigan y conspiran en contra del Estado pretendiendo volver a las antiguas costumbres; pretendiendo recuperar el control y el dominio de la pesquería.

En el escenario que se viene construyendo, la política y el dinero, constantes de manipulación en el sector durante toda su historia, serán reemplazados por el verdadero poder de una Sociedad Civil que despierta poco a poco y recupera su lugar en la estructura de poder de la Nación.

La ambición del poder y del dinero hace perder de vista, a algunos, que estamos viviendo épocas diferentes. Estamos en la era del hombre común, de la Sociedad Civil que se organiza y se defiende. Las viejas costumbres y los antiguos dioses del dogma y el paradigma que dominaban no solo el sector pesquero, sino otros sectores extractivos también,  están siendo reemplazados por nuevas doctrinas, nuevos valores y nuevos elementos de defensa.

La continuidad de la política que ha inaugurado una nueva era de moralidad y decencia en el sector debe ser defendida por la Sociedad Civil, que debe organizarse para defender sus derechos a compartir debidamente el uso de sus recursos naturales y a la vida en un ambiente limpio, no contaminado, asegurando la sostenibilidad de las pesquerías para las futuras generaciones de peruanos.

No es solamente desde el poder de turno desde donde debe darse esta lucha reivindicativa, sino desde el seno mismo de la Sociedad Civil, hasta hoy ajena e indiferente.

Los verdaderos pescadores artesanales, relegados y olvidados, los trabajadores de la industria pesquera de tierra y embarcados, víctimas permanentes de tratos injustos y pagos insuficientes y desproporcionados a su esfuerzo, son los primeros en unirse y empezar a exigir sus derechos a un justo trato, a una justa participación y a una vida digna.

Deben unir sus esfuerzos con la Sociedad Civil e institucionalizar reformas en el sector cuya continuidad sea vigilada y observada para que nunca más se vuelva al estatus anterior que solamente ha traído degradación del medio ambiente, enriquecimiento de unos pocos y ausencia de participación de la Sociedad Civil.

Se ha hecho creer al país que somos buenos porque exportamos mucho, mientras se vive día a día con un producto pesquero caro, limitado y alejado de las mesas populares. Se nos ha inculcado el mito de que la exportación es la piedra filosofal y el santo grial de la vida económica de un país. Lo que no se nos dijo nunca es cuanto gana el exportador en relación a lo que en términos prácticos y reales gana la Sociedad Civil. Se nos ha hecho creer que donando un poco de pescado o vendiendo eventualmente pescado barato el negocio pesquero contribuye con el país. Lo que nunca se nos dice es cuánto dinero gana el que exporta y cuanto de ese dinero recibe el Estado para aplicarlo a la atención de necesidades del país.

Antes que regalar pescado es necesario y debido que el canon pesquero, que hoy día significa menos de un sol para algunas municipalidades, aumente a niveles apropiados y que no sean insultantes como los actuales. De esta forma cada gobierno local será dueño de decidir en qué invierte sus recursos de acuerdo a sus propias necesidades.

El país no necesita de la caridad de la industria pesquera, sino de una justa participación y distribución de su riqueza.

Alimentar a la población será la resultante de nuevos negocios, de nuevas microempresas que ganen dinero y atiendan a la población nacional sin tener que negociar con una estructura tradicional que no da nada si no es a cambio de ventajas indebidas e injustas para la Nación.

En este escenario hay quienes insisten en continuar violando las 5 millas marinas reservadas a la pesca artesanal para seguir aumentando la riqueza de pocos en detrimento de muchos. Bajo múltiples excusas y argumentos es el deseo de lucro a toda costa lo que inspira a todos los defensores de violentar las 5 millas marinas.

Confían y esperan encontrar a una Sociedad Civil indiferente e inerte para oponerse. Esta vez no debiera ser así, como siempre fue en el pasado.

 

Cifras tomadas del portal del MEF: Transferencia del 6 de diciembre 2012

EDITORIAL EDICION DICIEMBRE 2011

             En la primera edición de la Revista Pesca de Octubre de 1960, Alejandro Bermejo acuño la frase: “La tragedia de la abundancia”, refiriéndose a una coyuntura específica de la harina de pescado de ese momento.

                Lejos estaba de imaginar la proyección y profundidad de esa    frase aplicada a nuestros tiempos, donde la abundancia  ha generado una tragedia, no solo para el ecosistema marino peruano, sino para la moral, conduciendo al sector a niveles de indecencia difícilmente superables.

                El poder derivado de la abundancia desata  pasiones  inimaginable para los años 60.  Se compran y venden voluntades, se destruyen conciencias y degradan a algunas personas al extremo de perder  la línea ética de pensamiento y de conducta.

                Algunos emplean el lenguaje diplomático y elegante mostrando una cara y una mano  tendida, mientras la otra mano empuñada alimenta la perfidia, la intriga, la perversidad y la manipulación.

                Lo que ocurre es que no hay otro negocio tan productivo y fácil como el de la harina de pescado, que en 60 o 90 días de un año puede facturar la suma de 1,800 millones de dólares.

                Si bien es cierto es legítimo que se quiera defender un negocio tan rentable, también es legítimo que la autoridad de turno pretenda mejorar la regulación con el propósito de cumplir su rol de procurar el bien común y el bienestar de las mayorías.

                Lo censurable es  cómo el apetito de poder y de dinero, sumados a la soberbia, genera actitudes que entran en conflicto con elementales conceptos de ética y de decencia, para alinearse a lo más conveniente para intereses subordinados y ganar o recuperar espacios de poder.  En esta coyuntura, es la pérdida de espacios de poder lo que pretende recuperarse a cualquier costo.

                A la larga, la naturaleza nos pasará la factura y retirará tanta abundancia que ha devenido en una tragedia ética y moral. Con tanto dinero y espacios de poder en juego ¿Les puede importar la decencia y el futuro del país?

                Como decía Alexis Carrell: solamente somos una especie en apuros.

Legitimidad en el uso de los recursos naturales

Los recursos naturales pertenecen a la sociedad civil en su conjunto. No son patrimonio exclusivo de gremios ni de quienes realizan esfuerzo extractivo.

El deber del Estado es legislar y normar su uso sostenible en beneficio de la Sociedad Civil, aunque esta permanezca indiferente frente a los intentos, a veces insolentes, de algunos que consideran ser los únicos propietarios de riquezas naturales que por definición y en esencia pertenecen a toda la Sociedad, a toda la Nación.

Décadas de un indebido manejo de los recursos pesqueros han creado un paradigma referido a los derechos de extracción. Quienes se atribuyen el derecho a disponer de los mismos deben ser advertidos de que compete a la Nación dicha prerrogativa.

La Sociedad Civil debe asumir conciencia de sus derechos de propiedad sobre todos aquellos que buscan beneficios cortoplacistas y mercantilistas, sin mayor interés en el derecho de las próximas generaciones a gozar de la abundancia que hoy existe pero que se encuentra en riesgo debido a un mal manejo ecosistémico.

Los niveles de indecencia a los cuales se ha llegado en el manejo de los recursos pesqueros no deben ser permitidos ni admitidos por la Sociedad Civil, legítimamente representada por sus gobiernos regionales y locales electos, los cuales como Moquegua, Tacna y Arequipa se pusieron de pie para eliminar un indebido régimen especial de pesca en el Sur del Perú.

Revista Pesca editorial edición Noviembre 2011

El precio mundial de la harina y aceite de pescado  mantienen una tendencia creciente como consecuencia de la interacción entre la demanda  por parte de los mercados de la acuicultura y la ganadería  y el suministro de pescado como materia prima, que es suministrada por grandes volúmenes de captura de anchoveta en Perú.

 

         La parte de la harina y el aceite de pescado que se destina a la acuicultura ha venido aumentando y aumentará en el futuro próximo. A más largo plazo, la demanda dependerá del éxito que tenga la investigación científica en la reducción del uso de harina de pescado en el alimento para peces y camarones.

         Tras el aumento del precio mundial de la harina de pescado, la industria puede pagar precios muy superiores a los US$200  por tonelada de materia prima. Esto puede conducir a presiones por una pesca más intensiva de anchoveta y poblaciones de peces  no utilizadas anteriormente para este fin. Las especies pelágicas pequeñas y diversas especies, que actualmente no son objetivo de esta pesca, constituyen  alimento de la población pobre y serán objeto de intención de captura.

          Este problema se resolverá a través de un proceso político, cuyos resultados son prácticamente imposibles de prever. Por tanto, corresponde a la sociedad civil ejercer el derecho a la defensa de su ecosistema y de la calidad de vida de las poblaciones costeras. Compete a ella asegurar la continuidad de políticas dictadas en beneficio de la misma.

         La sostenibilidad no depende de la continuidad de las personas en cargos políticos, sino más bien en la consciente y legítima defensa de sus derechos que debe ejercer la Sociedad Civil, por todos los medios democráticos a su alcance.

         La responsabilidad del gobierno es administrar el país en beneficio de las mayorías. Su función es dictar normas y hacerlas respetar por todos los ciudadanos. Eso también es inclusión social.

http://www.revistapescaperu.com/index.php/revistas/cat_view/54-2011

Las presiones de ciertos poderes fácticos

El  presidente Humala ofreció  un discurso en Paraguay y calificó al Perú como un “país privatizado” y criticó que haya empresas con más plata que el Estado. “Debe haber un balance”, añadió. Volvió a expresar su postura a favor de un Estado con mayor protagonismo en el Perú, al considerar que estamos en un “país privatizado”, según explicó durante su alocución en la Cumbre Iberoamericana.“Hemos pasado de tener un Estado empresario a un Estado débil (...) Y hablar del Estado era un pecado porque iba en contra de la corriente neoliberal”, dijo Humala, quien criticó a ciertos sectores –“poderes fácticos”, los llamó- que lo presionaron desde el día siguiente a su victoria en las elecciones presidencial.

         “Hoy tenemos muchas empresas multinacionales que tienen más plata que muchos Estados (...) Por ello tenemos que establecer un balance en el rol de la educación, la seguridad, la regulación del mercado”, mencionó. Asimismo, el mandatario peruano criticó que en el país “estamos acostumbrados a seguir disciplinadamente las recetas de los organismos multilaterales”, que, según dijo, quieren establecer a los gobiernos el camino por el que deben marchar.

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El pueblo del Perú ha elegido a un gobierno para que dirija el país de acuerdo a una política de inclusión social, redistribución y transformación.

El pueblo del Perú no ha votado por más de lo mismo a lo que ha estado sometido durante décadas en las cuales las presiones venían de sectores como los que el Presidente de la República menciona.

La era de la intromisión e insolente ingerencia por parte de quienes no han sido elegidos  y secular y tradicionalmente han impuesto criterios y normas ha terminado y no va más durante el presente régimen.

El sector de la pesca en el Perú debe tomar nota del mensaje presidencial.

Fiscalización pesquera en Chimbote

RESPALDAN INSPECCIONES QUE VIENE REALIZANDO PRODUCE EN PLANTAS

Las plantas procesadoras de residuos sólidos fueron creadas y autorizadas a procesar residuos. Sin embargo, como el negocio de fondo es el procesar anchoveta entera para hacer harina de pescado, se convierten en un estímulo para que la flota pesquera no industrial, que solo está autorizada a pescar para consumo humano directo, mediante todo tipo de argucias e ilegalidades destine esa pesca hacia estas plantas. Es muy fácil hacer que la pesca se malogre para justificar su venta a estas plantas. Todo el mundo sabe y conoce de estas trampas pero algunos tienen el descaro de protestar y justificar lo ilegal inventando un problema social. El nuevo reglamento de sanciones y la firme determinación de poner orden en el sector de la administración de pesquería se refleja en el siguiente artículo periodístico:

Sábado 29 de Octubre de 2011 03:31

 

Eladio Reyes Guzmán, presidente de la Asociación de Armadores, Procesadores y Pescadores de Pesca Artesanal para Consumo Humano Directo (ADAPACHD) respaldó la decisión de la Vice- Ministra de la Producción, Rocío Barrios Alvarado de continuar con la fiscalización descentralizada a las plantas que vienen procesando harina de pescado con anchoveta entera que debería ser destinada íntegramente a la industria de consumo humano directo.

 Reyes Guzmán indicó que existe un documento, firmado por más de 20 instituciones del sector pesquero, en la que respaldan las medidas de fiscalización que ha iniciado PRODUCE en las últimas semanas y que busca evitar que la anchoveta entera se termine quemando impunemente como harina de pescado, dejando a la industria conservera sin insumos y a los mercados sin este preciado producto.

 “Quiero felicitar a la Vice- Ministra de Pesquería, Rocío Barrios Alvarado por su lucha frontal contra la harina negra y apoyaremos que sigan los fiscalizadores cumpliendo su trabajo porque cuando se creó y autorizó la pesca de anchoveta para consumo humano directo, esta propuesta tenía como objetivo llevar la anchoveta para alimentar a humanos y no para convertirla en harina para alimentar animales” señaló.

“Lo que ha venido sucediendo en Chimbote es que las embarcaciones de menor escala, que no son artesanales y ojalá que allí también haya alguna norma que sincere la real capacidad de captura; pescaban anchoveta, supuestamente para consumo humano directo, pero en su gran mayoría lo destinaban para hacer harina negra, metiendo el pescado entero, bajo la coartada que estaba podrido o malogrado y eso se ha acabado, después de muchos años, al fin, autoridades valientes, salieron a poner alto a la depredación” indicó Eladio Reyes Guzmán.

“Queremos que la anchoveta termine en los mercados, que vaya a las conserveras, que se refloten las empresas de secado al vacio, pero todo para consumo humano; de ninguna manera para convertirlo en harina y que den de comer a animales” anotó Reyes Guzmán quien dijo que las quejas de Joaquín Cruz Navarro demuestra que defiende otros intereses y no de los pescadores artesanales.

  http://www.diariodechimbote.com/portada/noticias-locales/54259-respaldan-inspecciones-que-viene-realizando-produce-en-plantas

La inversion en el sector pesquero del Perú

La inversión en el sector pesquero es un tema que debe verse con especial atención por cuanto no hay posibilidad legal ni biológica de incrementar el esfuerzo pesquero sobre la anchoveta, que es el recurso principal del país. El resto de especies, salvo la merluza, en parte el jurel y caballa y quizá también la pota, tienen cierto nivel de investigación científica aunque insuficiente. Las demás carecen de información adecuada para generar reglamentos de ordenamiento adecuados. Por tanto es poco probable que se realicen inversiones en extracción en un escenario impreciso y aleatorio, en medio, además,  de un cambio climático global.

La acuicultura ha demostrado que, pese a los incentivos existentes, no genera atractivo en la inversión nacional, existiendo incluso algunas empresas más interesadas en invertir en Chile que en Perú.

La industria de CHD es probablemente la que soporte mayores inversiones en la medida que las biomasas de sus recursos objetivos lo permitan, salvo que se orienten a la generación de mayor valor agregado, lo cual parece ser la única posibilidad, aunque limitada por la disponibilidad biológica, lo que obliga a la prudencia en la inversión.

 

El área que requiere y demanda inversión es la pesca artesanal, la cual requiere como prioridad el mejoramiento de toda la infraestructura pesquera artesanal. Es obligación del Estado hacerlo, pero lamentablemente carece de recursos económicos suficientes dado que el presupuesto sectorial es muy limitado y no recibe mayor contribución de la industria, la que a la vez no tiene esa responsabilidad formal; pero quizá sea el área donde el sector privado pueda hacer importantes inversiones, toda vez que los desembarques para la industria de CHD se re realizan utilizando infraestructura del Estado, limitado para hacerlo por las razones descritas.

La otra área de inversión es en el terreno de la investigación, para la cual el Estado tiene la misma limitación financiera mencionada. Dado que la investigación termina en información de uso comercial para el sector privado, es también una buena posibilidad de inversión no solo financiando grandes proyectos de investigación del IMARPE, quien recoge cooperación internacional sino con aportes directos, ya que recibe poco o nada de cooperación nacional.

Es importante que el sector pesquero privado considere invertir en estas dos grandes áreas, cuyos beneficios serían recibidos directamente por las propias empresas pesqueras nacionales en forma de mejores servicios, dado que la inversión en nuevos proyectos pesqueros es de dudoso resultado comercial por las limitaciones de orden biológico existentes y porque el Estado no recibe suficientes recursos para hacerlo.

IMARPE merece mayor aporte del Estado y del sector privado, sobre todo porque su enorme prestigio internacional lo hace merecedor de la confianza de la comunidad científica, la cual se verá reforzada por la auditoría que la autoridad de pesquería va a hacer y que no hará otra cosa que reforzar tan bien ganada y merecida imagen.

 

El canon pesquero es insuficiente para realizar inversiones en infraestructura e investigación. Los derechos de pesca que quedan a disposición del Ministerio de la Producción tampoco son suficiente, como tampoco lo es la renta.

La última gran área de inversión es la descontaminación de las bahías afectadas, en parte, por la industria pesquera, así como en medidas de prevención de la misma. Las poblaciones costeras recibirían de buen agrado una inversión importante del sector privado en este tema.