Durante la segunda semana de agosto, el sector pesquero ha
tenido una atención poco usual por parte de los medios, los cuales usualmente
no le dedican mucho espacio.
Ojo Público publicó un artículo sobre la concentración del
círculo pesquero en el Perú, que fue de alguna manera respondido por la
Presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería con el artículo “pagamos un
precio bastante razonable por extraer anchoveta”. Ambas notas, de Ojo Público.
La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental publicó un artículo
sobre la Historia y balance de cómo se ha manejado la pesca de anchoveta en el
Perú.
Este último, entre otras cosas, trae a la memoria el proyecto
de ley de creación de la Superintendencia Nacional de Pesca y Acuicultura
(Sunapes) que fue presentado al Congreso por el gobierno anterior; pero que
nunca fue aprobado.
La Revista Pesca ha publicado, en su página web, los tres
documentos con algunos comentarios, los cuales pueden verse en los siguientes
links:
La designación del ex viceministro de Pesquería, Alfonso
Miranda como vicepresidente de la CIAT, prestigia al Perú, aunque según algunos
los empresarios privados no deberían ser funcionarios públicos y viceversa, lo
que es una afirmación incorrecta.
El Ministro de la Producción anunció que se está estudiando
la restitución de incentivos tributarios a la acuicultura. El tema está vigente
en Perú desde el año 2000 que se definió el desarrollo de la acuicultura como
como un objetivo importante. Se promulgó una ley de promoción con incentivos y
el Plan Nacional de Desarrollo Acuículo para el período 2009 – 2021. Pero al no
haber tenido mayores éxitos y haberse cambiado la ley en el gobierno anterior,
parece que hay un problema o con el diagnóstico o con las medidas y acciones
estratégicos porque la realidad es que no se consiguen los objetivos esperados.
Al acercarse el año 2018 se generan inquietudes en relación
al DL 1084, que fue promulgado en 2008 y que indebidamente se le conoce como la
ley de “cuotas de pesca de anchoveta”. Técnicamente
lo que hizo la norma es otorgar límites máximos de captura por embarcación.
Estas varían anualmente en función a la cuota de captura anual, la cual es
repartida entre las embarcaciones con permiso de pesca para anchoveta, de
acuerdo a los procedimientos que establece la propia norma. No asigna derechos
de propiedad, simplemente mejora la normatividad relativa a la extracción.
La primera disposición final congeló por diez años el monto a
pagar por derechos de pesca de anchoveta, o sea hasta el 2018 si se interpreta
debidamente la norma. No hay, por otro lado una claridad expresa en cuanto a la
duración de esta repartición de límites de captura por embarcación. Algunos
interpretan que la norma cesa su vigencia a los diez años y otros dicen que
ello está en función a las fechas los convenios de estabilidad que se fueron
estableciendo.
La norma dictada incluye la creación de un aporte social de
las plantas procesadoras, de US$1.95 por TM de pescado descargado que, se
estimaba rendiría US$140 millones en 10 años, para construir un fondo que
permitiese dar un beneficio a quienes se quedaron sin pensión. Se venía
recaudando a través de un fideicomiso en el Scotiabank, el mismo que fue
transferido al Fondo Consolidado de Reservas Previsionales (FCR) por mandato de
la Ley N° 30003, que establece que este aporte social constituye un recurso del
Fondo Extraordinario del Pescador – FEP cuyo
objeto es financiar la Pensión de Rescate Complementaria, la
Transferencia Directa al Ex pescador y el Régimen Especial de Pensiones para
los Trabajadores Pesqueros, los que deben ser administrados por la ONP.
Al mes de abril de 2017 el aporte de los US$1.95 sigue vigente
pues la norma no ha sido derogada, sin embargo su recaudación NO se puede
realizar desde febrero del 2014 puesto que se cerró el fideicomiso y no se ha
emitido ninguna norma que establezca el procedimiento para continuar
depositando los aportes, ni dónde hacerlo.
La industria no se ha negado a contribuir con el aporte, sino que sencillamente se cambió la norma y
ningún funcionario se dio cuenta de que se creaba un vacío que impediría seguir
realizando el aporte, situación que sigue sin ser resuelta a la fecha.
La norma, además, prohibió despidos y permitió incentivos
para quienes desearon renunciar o adelantar su jubilación. También creó un
sistema de rotación para los tripulantes. De otro lado, creó un Fondo de
Compensación para el Ordenamiento Pesquero (Foncopes), financiado al 100% por
el sector pesquero, que aportaría hasta S/. 270 millones en los siguientes diez
años.
Como fuese, el año 2018 se presenta para la pesquería de
anchoveta, con polémicas interesantes que debería introducir algunas mejoras en
el DL 1084 y actualizar lo necesario, como el aporte del US$ 1.95 por TM de
anchoveta descargada.
El monto que se paga actualmente por derecho de pesca será,
probablemente, el detalle más controversial del debate durante los meses
venideros.
Un balance de los resultados del DL 1084 en cuanto a sus
resultados operativos, económicos y destino de los aportes creados, así como de
la performance del Foncopes, sería conveniente. Más allá de pasiones y
controversias, se requiere de un análisis objetivo y estrictamente técnico.
Toda idea nueva genera oposición, como ocurre con muchos
cambios ocurridos en la pesquería peruana; pero si nos remontamos diez años
atrás, podremos apreciar que algo está pasando. Algo nuevo está ocurriendo y es
el visible mayor interés que la pesca despierta en la ciudadanía, en gran parte
motivada por la incursión del tema en las redes sociales y por el periodismo de
investigación. Algo está germinando en
las mentes de las nuevas generaciones del Perú. Algo que debería cambiar
irreversiblemente al sector pesquero en los años por venir. Algo que debe tener
el sustento y visión de una Política de Estado.
La industria reductora es una realidad y no debería ser
objeto de ataque, pues no podría serlo. Deberá ubicarse en una justa dimensión de
contribución a la Nación, legítima propietaria de los recursos naturales.
Deberá basarse en un enfoque ecosistémico. Deberá ser una industria limpia que
no contamine perjudicando la calidad de vida del poblador costero y seguirá
existiendo, dentro de una justa y adecuada dimensión.
Las poblaciones costeras deberán organizarse y contribuir al
esfuerzo. Su bienestar y el de las futuras generaciones dependen de lo que
hagan o dejen de hacer hoy en defensa de su calidad de vida, de su sustento, y
de la primacía de la realidad. Una realidad que nos impone el diseño de una
Política de Estado integral, coherente y
de largo plazo. Y voluntad y decisión políticas para llevar adelante un nuevo
diseño estructural de la pesquería peruana, que priorice la alimentación
nacional.
Solo entonces podremos vanagloriarnos de ser un país pesquero.
Marcos Kisner Bueno
Presidente de la
Revista Pesca
No hay comentarios:
Publicar un comentario