Por Gonzalo Zegarra
Mulanovich
05 de Junio de 2012
La coyuntura en el Perú
parece hoy estar copada por la minería –formal e informal– y sus conflictos
sociales. Pero pasemos de la coyuntura a la estructura. La legitimidad política
del Estado se va construyendo a medida que se procesan los problemas
coyunturales, pues las acciones envían mensajes que se tornan incentivos y
luego instituciones, en el sentido de reglas de juego.
Este gobierno, al igual que los dos
anteriores, no está construyendo sino destruyendo la institucionalidad por su
indefinición y contradicción en el manejo de los conflictos. Lo que está en
juego es mucho más que el principio de autoridad; son el Estado de Derecho
(rule of law) y la igualdad ante la ley como fundamentos del gran fideicomiso
político al que llamamos democracia. A la larga, tolerar el vandalismo –no
reprimir a quien lo merece– es antidemocrático, a pesar de que algunos
etiqueten como autoritarismo el menor amago de hacer cumplir las leyes.
Cuando el Estado peruano no
sólo otorga un plazo de gracia (adicional) a la minería informal, sino que
además pretende constituirse en comprador y procesador de su mineral, se vuelve
literalmente un Estado blanqueador. ¿Con qué legitimidad puede reprimir la
receptación (compra de cosas robadas) o el lavado de activos? Contradicciones
morales como ésta tienen tangibles consecuencias prácticas. Como sostenía el
filósofo James Q. Wilson con su “teoría de las ventanas rotas” (SE 1314), la inacción
ante el delito genera más delito. Igualmente, Malcolm Gladwell, considerado por
Forbes como el pensador más influyente en los negocios, sostuvo en Lima la
semana pasada que los más serios y sofisticados estudios psicológicos concluyen
que la criminalidad “es contagiosa”. No en vano, dada esa sistemática
indecisión para hacer cumplir la ley, el Perú tiene los niveles de informalidad
económica que tiene (58%). Y por algo la mayoría (55% según Ipsos APOYO) no
cree que se logrará la formalización minera.
Así las cosas, tampoco
debería sorprender que los peruanos sean relativamente complacientes a la
corrupción (“tolerancia media” según la VI Encuesta de Percepción de
Corrupción, del 2010). Si se tolera el incumplimiento de las leyes en general,
¿por qué no tolerar el incumplimiento de las leyes anticorrupción? Pero además,
cuando pocos pagan impuestos, como en las economías informales, el saqueo del
Estado es un robo a unos pocos contribuyentes, no a la mayoría de ciudadanos, y
eso la hace mayoritariamente tolerable. Los países con economías más formales
según el informe Shadow Economies All over the World, de Friedrich Scheneider,
Andreas Buehn y Claudio E. Montenegro, son Suiza, EEUU, Luxemburgo, Austria y
Japón. Éstos ocupan, según Transparencia Internacional, puestos relativamente
altos en transparencia (entendida como antítesis de corrupción): 9, 22, 11, 15
y 17, respectivamente, sobre 178. Por el contrario, los más informales
–Bolivia, Georgia, Zimbabue, Azerbaiyán y el Perú– ocupan los puestos 110, 68,
134, 134 (empate) y 78, respectivamente. Si bien la correlación entre
informalidad y corrupción no es fortísima, evidentemente existe, y tal vez esté
morigerada por la democracia. En efecto, muchos de los países más corruptos que
los citados informales son autoritarios como Venezuela, dictaduras como
Myanmar, o Estados fallidos como Irak.
Fuente:
COMENTARIO
Este interesante editorial que publica hoy el
diario Gestión puede bien aplicarse a la pesquería también. No incluir en los
conceptos al sector pesquero es un indicativo que la poca atención que se
presta a la pesca en el país por parte de medios y analistas.
Existe informalidad, desorden, corrupción, baja
contribución y ausencia de regalías en el sector pesquero; pero por alguna
razón sigue siendo la cenicienta del país, olvidada, relegada y desapercibida.
Rescato la expresión: “A la larga, tolerar el vandalismo –no reprimir a quien lo merece– es
antidemocrático, a pesar de que algunos etiqueten como autoritarismo el menor
amago de hacer cumplir las leyes”.
¿No es aplicable acaso a los sucesos del mes de
abril en Paita derivados de un reclamo empresarial por incrementar la cuota de
extracción de merluza?
Por tanto imponer el principio de autoridad no es
autoritarismo; hacer cumplir la ley no es autoritarismo sino mantenimiento del
estado de derecho.
En el caso pesquero de la merluza y la pota,
pretender cambiar una norma para favorecer intereses de unos cuantos poniendo
en riesgo la estabilidad del sistema de ordenamiento pesquero ¿qué nombre
tiene?
¿No encaja acaso con el concepto de “estado de
derecho” con respetar los procedimientos y velar por el bienestar de las mayorías?
Cuando una autoridad pretende modificar el estado
de derecho por miedo a una huelga y/o pretende favorecer a países extranjeros
cediendo a la presión de una velada amenaza de suspensión de la cooperación
extranjera.
¿Qué nombre o calificativo debe darse a esa actitud
del Estado?
¿Debe el Estado someterse a la amenaza de huelga
y/o ceder ante una cooperación extranjera que se condiciona veladamente al
otorgamiento de permisos de pesca que la totalidad de la pesca artesanal
peruana rechaza y que además se convertiría en un privilegio por encima de la
propia flota nacional?
¿De dónde nace esta actitud proclive a ceder y
ceder? ¿De autoridades subalternas, de la Alta Dirección o más arriba aún?
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