Las críticas sobre el nivel de eficiencia que viene recibiendo el SANIPES, (Servicio de Sanidad Pesquera), evidencian un escenario kafkiano en la realidad de la pesquería nacional.
La falta de articulación entre sectores, así como la perversidad del sistema, generan un escenario incoherente entre la promoción de Tratados de Libre Comercio, y la capacidad operativa para facilitar precisamente la ejecución de exportaciones en el marco de los TLCs.
Que un exportador sufra el calvario administrativo que supone conseguir un certificado sanitario para exportar un producto hidrobiológico, como leemos en la nota del Presidente de la ONG Oannes, que mantiene un foro pesquero en internet y reproducido en el blog Mar Abierto y en el portal de la revista Pesca es preocupante.
Cuesta mucho esfuerzo lograr la confianza de los importadores. Durante mucho tiempo se ha exportado con carta de crédito, pero la carta de crédito es un sistema de pago que en el mejor de los casos se hace efectivo 45 días después de la exportación propiamente dicha, ya que los bancos (que son una burocracia) de acuerdo con las actuales normas de pagos de LC se fijan de manera estricta de forma tal que los documentos coincidan con lo requerido en la LC. Si esto no es así, comienzan las discrepancias que son más un negocio de bancos, agregado a su negocio de financiación pre embarque y post embarque. Adicionalmente de que le quitan seguridad al exportador, ya que una carta de crédito con discrepancias puede no honrarla el comprador si le viene en gana.
Los empresarios hacen un gran esfuerzo por ganarse la confianza del importador y a veces logran cambiar la modalidad de pago. Algunos importadores aceptan 30% de adelanto contra la factura proforma y 70% contra el BL y la factura comercial. Con lo cual el pago se hace efectivo a máximo 10 días después del embarque, solucionando un serio problema de flujo de caja. Luego del pago los exportadores completan los documentos incluyendo el certificado sanitario y los envían directamente al importador.
Pero ahora se ha creado una nueva situación de mercado generada por los muchos contenedores que han llegado a China sin tener certificado sanitario por una u otra razón, más el hecho de que dos grandes exportadores de productos congelados peruano han sido suspendidos por 90 días, por el CCIB, la autoridad sanitaria China. 14 compañías peruanas más serán supervisadas al milímetro por la autoridad china para prever problemas de TVBN, Salmonella, Vibrio Cholerae y Vibrio Parahemolyticus. Los importadores con quienes se había ganado la confianza comercial de pronto pago, ya no quieren pagar o que se les embarque, si la carga no cuenta primero con el certificado sanitario. Ellos saben que la carga tiene calidad sanitaria, la necesitan realmente debido a la escasez que hay de pota y nadie en China se explica porque el SANIPES no les da certificación.
Se está jugando con fuego con esta situación porque la principal exportación de consumo humano directo es el calamar gigante o pota y el principal mercado es el Chino.
Cada día que un contenedor está detenido en puerto chino sin ser desaduanado le cuesta al exportador US$100. Si este contenedor no ingresa a China y debe ser reexportado, debe sumarle además los costos de reembarque y flete. Pero la carga no se queda 10 días en puerto, llega a quedarse 30 o 40 días, porque la burocracia aduanera china es lentísima. Así que con eso cada exportador puede llegar a perder de US$15,000 a US$25,000 dólares por contenedor, por lo que dependiendo del valor de la carga, hablamos de entre el 50% y 90% de pérdida.
El origen de esto, expuesto en anteriores notas publicadas en la Revista Pesca y algunos blogs, es un sistema perverso que permite que los titulares de pliego en el sector pesquero puedan serlo sin conocer, no solo la realidad de la pesquería en sí, sino las necesidades y problemas del negocio pesquero. El divorcio entre el mundo académico, el mundo político y el mundo de los negocios pesqueros es tan surrealista, que, Kafka sería un escritor costumbrista si fuese peruano y escribiese sobre la materia.
La política, el paradigma y el dogma son inútiles y perversos si no facilitan el hacer negocios rentables, ágiles y a la velocidad de un mundo globalizado que camina por internet.
De nada le sirve al país tener Tratados de Libre Comercio si ello no genera negocios.
El objetivo de dichos tratados es incrementar el comercio con todos los beneficios colaterales que ello significa. Esas negociaciones son dirigidas por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Sin embargo es evidente que otros ministerios, en este caso el pesquero, no están a la altura de las circunstancias. No lo están porque el sistema lo permite. Por tanto, los logros a nivel de firmas de tratados que se publicitan en los medios podrían no tener efectos prácticos positivos en el mundo de la realidad.
Tan igual como ocurre con la Ley de Promoción del atún que no fue aceptada ni reglamentada por el Ministerio de Economía y Finanzas y muchos de sus artículos no fueron más que una declaración lírica sin resultados evidentes.
Si no se hacen negocios no se genera empleo ni crecimiento. Desde el pescador artesanal hasta el industrial más grande viven de hacer negocios, necesitan hacer negocios. El país prospera y crece gracias a que se hacen negocios, no gracias los políticos. Los negocios generan los impuestos de los cuales se alimenta el sistema, y crea los empleos, que a su vez también generan impuestos. Por tanto, los políticos existen gracias a que hay impuestos, los que a su vez son creados por la existencia de negocios. El impuesto a la renta, el impuesto general a las ventas y el impuesto selectivo al consumo derivan de la existencia de negocios en la sociedad.
La pesquería no es solo ciencia, biología y derecho. Son caminos que llegan a una meta, la cual es hacer negocios. Solo un negocio rentable genera empleo, crecimiento y seguridad alimentaria.
El sistema peca de inexperiencia y de ignorancia. Gestionar poblaciones de peces es un arte y una ciencia que debe desembocar en un manejo empresarial que asegure pesquerías sustentables con todo lo que ello implica. No se llega a la titularidad del pliego para aprender, improvisar, experimentar ni satisfacer apetitos personales o egos individuales. Se llega para servir poniendo experiencia a disposición de la creación de consensos que, además de llevarnos a pesquerías sustentables, nos permitan tener negocios, empleo y seguridad alimentaria sustentables. Si eso fuese así, la Nación recibiría tributos, empleo y alimentación razonables.
La administración de la pesquería debe conjugar y equilibrar la sustentabilidad de los recursos pesqueros con la existencia y el crecimiento de las empresas que generan negocios y que finalmente hacen posible la existencia del sistema.
El sistema no se alimenta a sí mismo. Es la actividad pesquera artesanal e industrial la que alimenta al sistema. Por tanto, en una escala de valores moral, es el ciudadano, el empresario, quien realmente es el dueño de casa. No lo es el sistema, que actúa solo como el mayordomo que administra el patrimonio nacional.
Este silogismo implica que las necesidades del administrado son primarias y que la autoridad tiene que actuar en consenso con y en beneficio del administrado y no en su contra.
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