Raúl Castillo Rojas - Consultor Senior
La gestión de
los recursos hidrobiológicos enfrenta hoy un desafío estructural que trasciende
lo estrictamente biológico o económico: la crisis de legitimidad en la toma de
decisiones. Históricamente, el diseño de políticas pesqueras, cuotas de captura
y periodos de veda ha seguido un modelo vertical, formulado por instancias
técnicas o administrativas alejadas de la realidad cotidiana de los muelles.
Esta desconexión suele derivar en resistencia social, informalidad y conflictos
socioambientales que comprometen la sostenibilidad del ecosistema marino.
Frente a este escenario, y en el marco de la histórica visita de Su Santidad
el Papa León XIV, la adaptación de metodologías participativas como el proceso
sinodal ofrece un marco conceptual y operativo innovador para fortalecer la
gobernanza del sector pesquero.
El término sínodo proviene de las raíces griegas syn
(juntos) y hodos (camino), cuya traducción literal es "caminar
juntos", una noción que en el ámbito marítimo se traduce
operativamente en “navegar juntos”. Aunque su desarrollo contemporáneo
proviene de la tradición comunitaria y eclesial de la Iglesia católica, su
arquitectura metodológica resulta plenamente transferible a la gestión de
bienes comunes. En esencia, un proceso sinodal constituye una dinámica
institucionalizada de escucha activa, diálogo horizontal y discernimiento
colectivo. Su principal aporte a la gestión pública y sectorial radica en la
diferenciación operativa entre el discernimiento y la decisión: mientras la
facultad resolutiva o normativa permanece en la autoridad competente, el
proceso previo de consulta y construcción de consensos se abre de manera
vinculante a todos los integrantes del sistema, dotando a la norma final de una
sólida base social.
Trasladar este paradigma a la actividad pesquera exige reconocer que el “océano
es un espacio socioecológico complejo” donde convergen múltiples intereses y
saberes. Por ello, una gobernanza sinodal demanda articular en una misma mesa
de trabajo a la totalidad de los actores de la cadena de valor. En primer
lugar, los pescadores artesanales y mariscadores aportan el conocimiento
ecológico tradicional, basado en la observación empírica de corrientes, ciclos
reproductivos y variaciones estacionales. A ellos deben sumarse las comunidades
costeras y las mujeres vinculadas al sector —fileteadoras, rederas,
procesadoras y comerciantes—, cuya labor sostiene la economía local pero cuya
participación suele quedar marginada de los espacios formales de consulta.
Asimismo, el modelo requiere integrar al sector industrial y a los armadores,
quienes aportan su perspectiva sobre capacidad de flota, inversión tecnológica,
trazabilidad y abastecimiento de mercados. Este tejido productivo se equilibra
con la participación de la comunidad científica y la academia, encargadas de
proveer evidencia objetiva sobre el estado de las biomasas y los efectos del
cambio climático, junto con el Estado y los gobiernos locales, responsables del
ordenamiento territorial, la fiscalización y el marco regulatorio.
Para evitar que esta integración quede en una declaración de
intenciones, el proceso sinodal se estructura en cinco fases secuenciales y
retroalimentadas. La primera etapa consiste en la escucha territorial en
caletas y puertos, donde las instituciones salen al encuentro de las
comunidades mediante asambleas abiertas y libres de tecnicismos para recoger
diagnósticos reales sobre problemáticas como la contaminación, la seguridad
marítima o la comercialización. Superada esta fase, se inicia el diálogo
multisectorial horizontal, un espacio deliberativo donde los testimonios
empíricos de los hombres y mujeres de mar se contrastan en igualdad de
condiciones con los informes científicos y las normativas vigentes. La tercera
fase corresponde al discernimiento de prioridades comunes, momento en el
cual los actores trascienden la defensa de intereses corporativos para
identificar consensos que permitan compatibilizar la rentabilidad económica
inmediata de las familias con la recuperación biológica de las especies. Con
este insumo consolidado, se avanza hacia la toma de decisiones y la
corresponsabilidad institucional, etapa en la que la autoridad pesquera
promulga los planes de manejo o regulaciones pertinentes. La eficacia de este
paso reside en que, al haber participado en la génesis de la norma, cada actor
asume compromisos verificables de cumplimiento. Finalmente, el ciclo se
completa con la evaluación y el ajuste continuo, mediante mecanismos
periódicos de monitoreo participativo en el mar que permiten calibrar las
medidas ante fluctuaciones oceanográficas o de mercado.
En conclusión, incorporar el enfoque sinodal en la gestión pesquera
supone transitar del monólogo técnico hacia una cultura de corresponsabilidad
compartida. La evidencia en manejo costero demuestra que, cuando los usuarios
directos del recurso participan en el diseño de herramientas como zonas de
reserva, tallas mínimas o vedas, se fortalecen los mecanismos de autocontrol
comunitario y se reduce significativamente la pesca ilegal. Navegar juntos en
el sector pesquero no pretende anular las naturales tensiones entre
conservación y explotación, sino canalizarlas institucionalmente para
garantizar la resiliencia de los ecosistemas marinos y la viabilidad
socioeconómica de las comunidades que dependen de ellos.
C.12.11.2026
