El artículo del 19 de
diciembre 2025, DISFRAZADO DE ONG, columna de Jessica Luna, Presidenta de la
Sociedad Nacional de Pesquería, dice: “vemos
iniciativas como el PL 13555/2025-CR que busca convertir al IMARPE en una
dependencia del Ministerio del Ambiente, atentando contra su propia naturaleza
lo que generaría un impacto negativo a la actividad pesquera. La ciencia
objetiva y rigurosa pasaría a un segundo plano para seguramente satisfacer los
intereses particulares de algunas ONG ambientalistas, financiadas con recursos
extranjeros, en lugar de beneficiar a todos los peruanos”.
A la fecha, el IMARPE
es un órgano adscrito al Ministerio de la Producción que no está cumpliendo el
mandato del DL 1677 que le ordena implementar el nuevo ROF, el cual ya no exige
que su presidente sea un oficial retirado de la Marina de Guerra. El órgano superior
de la entidad es el Ministerio de la Producción y su ministro es el jefe
directo. No se aprecia acción alguna de este último para hacer cumplir el mandato
del DL 1677 y el DS 015-2025/PRODUCE.
Dice el artículo que de
pasar al MINAM sería para satisfacer los intereses de algunas ONGs. ¿Se puede
asegurar que actualmente la entidad no satisface los intereses de alguien?
Podría ser que sí, lo
que significaría que sacarlo del PRODUCE solo cambiaría el poder que lo
controla.
Si el presidente del
IMARPE es designado por el Ministro de la Producción, se convierte en un
empleado, en un subordinado suyo. En consecuencia se vería obligado a hacer o
dejar de hacer lo que su empleador le ordena, bajo riesgo de perder el empleo,
ya que es un cargo de confianza.
Esta situación minimiza
la credibilidad en la institución.
El futuro de la
pesquería, necesita de investigación, tecnología e innovación; pero sobre todo
de bases y datos científicos que permitan regular eficazmente las pesquerías.
Eso, con un poder concentrado en un solo individuo, designado por criterios
políticos, es un riesgo.
Hay que considerar que
el IMARPE es la única institución en el Perú que brinda informes científicos
que sustentan y justifican decisiones administrativas como las cuotas de
captura y las tallas. No existe otra institución que confirme o refute esta
información. En ese escenario, dar el poder de gestionar esa data a una sola
persona designada por criterios y conveniencias políticas, es un riesgo que el
país no debiera aceptar.
Si el IMARPE tuviese
otra estructura y su Presidente fuera un científico, la información podría ser
más creíble. Pero incluso el DL 1677 no se atreve a darle autonomía a la
institución. ¿Por qué?
La presidencia del
IMARPE debería tener el mismo tratamiento que ocurre con la presidencia del
INACAL, cuya ley dice textualmente: “el Presidente Ejecutivo solo puede ser
removido de su cargo por la comisión de falta grave, según los supuestos
establecidos en la normativa aplicable al sector público”. Esta situación le
otorga cierta seguridad en que no será removido del cargo por no hacer lo que
su jefe le ordene.
En consecuencia no
podría afirmarse con exactitud que la entidad tal como está conformada hoy no
satisfaga los intereses de alguien.
En todo caso ¿No sería
más conveniente a los intereses de la Nación, que la institución fuese un organismo
autónomo e independiente, dirigida por un científico elegido por concurso
público?
