De la lectura de las páginas siguiente sobre nuestra historia
debemos rescatar, como concepto, el verdadero origen de la obligación que tiene
el Estado del Perú para con los pueblos indígenas y nativos.
El despojo que los conquistadores hicieron del territorio
peruano, la destrucción del Imperio Inca y el saqueo de sus riquezas del
Imperio, no fue suficiente sino que culminaron con el desarraigo de las
poblaciones nativas, condenadas desde ese entonces a la esclavitud, la
ignorancia, la miseria y la pobreza. No bastó destruir sus tradiciones y
costumbres a través de la “evangelización” ni el ser forzados a cristianizarse.
No bastó la destrucción de adoratorios y templos antiguos para construir
iglesias sobre ellos en un proceso de sincretización religiosa y la brutalidad
en la destrucción de todo vestigio de su cultura, sino que fueron embrutecidos
a través del trabajo esclavizado en las encomiendas y en las minas, quedando la
población reducida a niveles extremos de pobreza y de miseria por un feroz
conquistador que la despojó, no solo de sus riquezas y territorios, sino de sus almas.
No era suficiente poseer sus riquezas materiales y destruir
su civilización, sino que querían la destrucción de su alma, subyugar su espíritu.
Esa actitud y filosofía de la conquista y de la dominación española, (que
repitió la soldadesca chilena durante la Guerra del Pacífico, con total
desprecio por la raza aborigen) fueron heredadas por la sociedad criolla
peruana que se convirtió en la clase dominante de la naciente República y que
finalmente se convirtió en la clase política y dirigente del país y de su
actual “democracia” exclusiva, elitista y liberal que no reconoce
responsabilidades heredadas, ni admite a
las poblaciones nativas como sus iguales, siendo que estas comunidades
son las originales y legítimas propietarias de las tierras que hoy los
herederos del invasor poseen.
España financió su desarrolló con los recursos naturales
saqueados del Perú y América y grandes capitales procedentes de los
encomenderos, mineros, inquisidores y funcionarios de la administración
imperial, aparecieron para beneficio
privado y no del país ni de las poblaciones originarias. Aquí se originan las
principales y más antiguas fortunas del
país, que en determinado momento crean la oligarquía peruana.
Hoy día el esquema persiste y nuestras riquezas naturales se
exportan y favorecen a los menos, enriqueciendo a unos cuantos bajo la ilusión
de empleos temporales que desaparecerán con la extinción de los recursos
naturales.
Recién hace poco están siendo enfrentados a través de
programas sociales, que son a veces criticados por quienes, o ignoran la
responsabilidad histórica del Estado en la generación de esa miseria, o no se
sienten comprometidos en la reparación de un crimen histórico perpetrado por
quienes detentaron el poder y el dominio en el Perú Virreinal y Republicano.
La alimentación, que debe reducir el grado de desnutrición y
anemia de esas poblaciones, que debe
fundamentarse en el consumo de anchoveta y pota, requiere de múltiples
acciones, la más importante de las cuales consiste en formar parte de programas
sociales orientados a aliviar la desnutrición y crear el hábito de consumo.
Pero otros dirán que sin crecimiento económico no hay dinero para los
programas, mientras otros observarán que ese gasto afecta al crecimiento del
PBI y comprometen el desarrollo del país.
Deberán admitir, en algún momento, que la pobreza y el hambre
secular de las poblaciones indígenas y nativas del Perú son creación de la
Conquista y de las clases gobernantes del país, tanto durante la dominación
española en el Virreinato, como durante la dominación de la clase política en
la República.
Sin embargo la clase dominante, heredera de los
conquistadores, seguirá eludiendo responsabilidades sobre las poblaciones
nativas, poniendo reparos a los programas sociales y objetando todo aquello que
no sea favorable al crecimiento del PBI, a Lima y a las ciudades
principales. Aún el término “provincias”
se usa despectivamente para referirse a los que no son limeños, o sea
ciudadanos de segunda o tercera categoría.
Estas elecciones son una oportunidad para que la ciudadanía
despierte, se vuelva más activa y más consciente de sus derechos y
obligaciones.
En esta edición presentamos una nota sobre los derechos de
las poblaciones originarias para entender por qué un nuevo gobierno, a través de políticas más
inclusivas, tiene el deber de considerar la alimentación nacional como tema de
agenda, en el cual las poblaciones vulnerables necesitan atención prioritaria.
Debemos entender que no es posible avanzar en la construcción de la República y
la explotación de sus recursos naturales, sin saber de dónde venimos, ni por
qué hemos llegado al modelo extractivista y de gobierno que tenemos.
Los invito
cordialmente a leer la edición de la Revista Pesca correspondiente a ABRIL 2016
y a compartirla dentro de sus círculos y redes sociales.