La tesis peruana en el
marco de la OROP del Pacífico Sur fue siempre y sigue siendo, que la población
del jurel comprende dos stocks.
“La primera gran discusión en el seno de la OROP giró en
torno al stock del jurel. El Perú sostenía, con fundamento científico y técnico,
que había por lo menos dos stocks diferenciados (uno en la ZEE del Perú y su
alta mar allende y otro en las de Chile y su alta mar). En base a ello,
reclamaba una diferenciación en su estudio, análisis y adopción de medidas”.
En una reunión, según una
nota de IDL, “… asesor principal de
Imarpe que acudió a la reunión de Santiago, dijo a IDL-R que el Perú siempre ha
defendido la existencia de un stock propio y que las reacciones contra el país
se deben a que la reunión en Chile fue “eminentemente política, no ha sido de
científicos”.
Bajo la hipótesis de dos stocks se observó que el stock
del norte permanece más estable y con más baja biomasa en la década reciente.
Con el modelo que considera un solo stock se obtuvo un resultado que sugiere un
estimado de biomasa más precautorio.
Una investigación liderada
desde la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de
Concepción en Chile arrojaron una conclusión clave: mientras las muestras de
Nueva Zelanda mostraron diferencias genéticas significativas, se observaron
altas tasas de migración entre las zonas costeras de Chile y Perú. Esto
refuerza la idea de que ambas zonas comparten una gran y única población con un
intercambio genético sostenido.
“Estos estudios
han sido desarrollados por equipos chilenos de diferentes instituciones, en
colaboración con investigadores internacionales, posicionando al jurel como una
especie modelo para el estudio de la adaptación evolutiva en peces pelágicos.
Entre las instituciones participantes se encuentran investigadores y académicos
de la Universidad de Los Lagos, la Universidad de Concepción, Universidad de La
Serena, Universidad de Chile y el Instituto de Investigación Pesquera”.
En el Perú es IMARPE la
única institución que hace investigación sobre recursos pesqueros y en el caso jurel
se conoce su tesis de los dos stocks. Pero en Chile hay varias entidades que
hacen investigación y presentan una opinión diferente, como muestra el link al
final.
¿Quién tiene la razón? El
hecho es que la ciencia no es exacta y puede tener errores o conclusiones
diferentes. En este contexto, el punto es que ¿es la opinión científica suficiente
para sustentar una decisión administrativa y/o política en cuanto al manejo de
la pesquería? ¿Es suficiente y/o correcto que se pueda pescar 20% de ejemplares
juveniles de anchoveta, sobre todo cuando solo existe una opinión, por ejemplo?
En el Perú se necesita
mayor investigación en pesquería con participación de instituciones
independientes. No es lo más apropiado que una sola entidad estatal sea la
única o la principal proveedora de información científica para sustentar la
toma de decisiones administrativas de manejo pesquero.
La comunidad pesquera
debe asumir que el problema principal de su regulación se encuentra en su
modelo de gestión, el cual debe ser reformado. Dentro de este concepto, es
básico que el IMARPE sea reestructurado, porque resulta ser la pieza
fundamental de la administración. Su presidente debe ser un científico que
acceda al cargo por concurso público y que sus integrantes sean profesionales
libres de presiones y temores, que investiguen y digan lo que piensan sin
ningún tipo de preocupación derivada de perder sus empleos por decir lo que
creen y lo que piensan.
Los funcionarios
administrativos y políticos pueden durar un mes o un año o menos y no debieran
tener injerencia en la investigación científica y sus resultados. La ley los
faculta a regular y administrar pero deben hacerlo basándose en informes
científicos con absoluta credibilidad. La ciencia debe decir la verdad y lo que
piensa; el funcionario público deberá asumir la responsabilidad de las
decisiones que el sistema le faculta a tomar sin poder escudarse en nada.
Cumplir el mandato del
DL 1677 que reestructura al IMARPE sería un buen comienzo.
Por otro lado el Estado
debe incentivar y estimular que las universidades y otras instituciones hagan
investigación sobre los recursos pesqueros.
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