La debida gestión pesquera

El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas. Paul Greenberg

REVISTA PESCA

La Revista Pesca es un medio de información alternativo que presenta artículos, opiniones y noticias referidas a la pesca en el Perú y el mundo, con énfasis en la política pesquera, la sostenibilidad de los recursos pesqueros y la seguridad alimentaria. En este blog se publican notas de importancia, así como novedades del sector pesquero.

En 2023 cumplimos 64 años de publicación en el Perú.

Las ediciones a partir del 2010 se publican en formato digital (PDF) en la siguiente página web: http://www.issuu.com/revistapesca/docs


Merecemos una gestión de la pesca con visión de país y compromiso con el ciudadano.

Los peces del Perú, primero para los peruanos


domingo, 31 de diciembre de 2017

Editorial Revista Pesca enero 2018

En 2016 PRODUCE estableció un marco de lineamientos para asignar la cuota de captura del jurel de altamar, asignada por la OROP P-S, de manera supletoria o complementaria a la flota nacional. En 2017 se modificaron dichos lineamientos, a fin de que Perú pueda aprovechar su cuota de jurel en altamar dentro de su jurisdicción, en la medida que luego de varios años no hubo esfuerzo pesquero peruano en el área descrita.

Se dice que es mejor que el Perú esté dentro de la OROP-PS que no estarlo, ya que no estar presente en dicha organización con voz y voto, por su posición geográfica,  es perjudicar al país en las proyecciones de largo plazo con respecto no sólo al jurel, sino a otros recursos transzonales, como la pota.

Dado que la flota nacional decide pescar sólo en aguas nacionales, el Estado habría encontrado como mecanismo de aprovechamiento de los recursos pesqueros que se encuentren más allá de las 200 millas, específicamente en el caso de del Organismo Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur, acudir a embarcaciones de bandera extranjera.

Si a la flota nacional no le interesa participar y el Estado no encuentra mecanismos eficaces para incentivarlos, ¿cuál es el beneficio práctico, más allá del diplomático, geopolítico o geoestratégico de insistir en pertenecer a dicha organización?
En términos reales, ¿qué gana el Perú con eso? ¿Derechos de Pesca? Si está cobrándolos, deberíamos saber cuánto estamos cobrando y cuánto nos cuesta pertenecer a la OROP en términos de viajes y cuota anual por la membresía. De pronto la relación beneficio costo sale negativa para el país.

¿Qué hace falta para que el empresario peruano realice esfuerzo pesquero sobre el jurel en la jurisdicción de la OROP-PS y no debamos recurrir a extranjeros?

El tema de fondo es que no existe una visión de la pesquería para el Perú ni una Política de Estado para el sector, como afirma habitualmente la revista Pesca. De lo contrario, si tuviésemos idea de lo que queremos como país, tendríamos un marco promotor que incentive eficazmente a embarcaciones de bandera peruana a operar en toda la jurisdicción de la OROP del Pacífico Sur y en el triángulo del Sur, donde tampoco hay información, visible por lo menos, de actividad extractiva. Este es el conocido Triángulo que el Perú obtuvo luego del fallo de la Haya en relación a nuestra frontera marítima con Chile. Tampoco hay mucho interés por la captura de atún al punto de que se estableció un procedimiento de fletamiento de la cuota, es decir que alquilamos una parte o toda nuestra cuota obtenida luego de arduas negociaciones en el marco de la CIAT.

Si el sector privado no está operando en las áreas descritas, debe existir un razonable motivo o una causa que les impide hacerlo. Estas razones no están, aparentemente, debidamente atendidas por la autoridad de pesquería en la medida que los resultados son evidentes: No hay presencia peruana en estas zonas. Y si la hay, no lo sabemos por ausencia de comunicación desde el Gobierno sobre estos temas.

La revista Pesca es un medio de información alternativo referido a temas del mar y de la pesquería. Proporciona información e ideas obtenidas de diversas fuentes, que exponen la temática de la pesca en el Perú y el mundo, con el objeto de contribuir a la formación de opinión propia en base a la lectura de las notas publicadas.

Siendo la pesca una actividad poco difundida y poco conocida por el ciudadano común, pretende contribuir a la generación de mayor conocimiento individual derivada del  análisis de los artículos. Se publica en forma mensual, en formato digital y su descarga es gratuita para quien desee conocer el sector  pesquero y mantenerse informado sobre su temática.

Para mantenerse informado los invito a formar parte del grupo Pesca y Mar, en Facebook, que además transcribe información periódica de relevancia para el sector pesquero.

Los invito cordialmente a leer la edición de la Revista Pesca correspondiente a ENERO 2018 y a compartirla dentro de sus círculos y redes sociales.

En formato revista en el siguiente link:


jueves, 7 de diciembre de 2017

LA DEUDA DEL ESTADO PERUANO CON LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Las poblaciones indígenas del Perú esperan que el Estado cumpla con el deber de restituirles como mínimo su derecho al acceso a una alimentación y vivienda apropiada.
Esto implica la creación y sostenibilidad de programas sociales para atender estas demandas. Sin embargo, algunos critican y se oponen al gasto en asuntos sociales porque económicamente no es rentable, no se ve el  retorno de la inversión. Otros aducen que el Estado no tiene responsabilidad en atender a estas demandas y algunos más piensan que el Estado no debe aplicar políticas paternalistas  porque genera la mala costumbre en la población de esperar recibir todo del Estado.
Sin embargo, quienes así piensan olvidan o desconocen que el origen de la existencia de poblaciones rurales dispersas a grandes alturas del territorio peruano que sufren no solo hambre, sino las inclemencias del tiempo fue responsabilidad del Estado.
Deberían recordar, o saber que el Estado provocó la dispersión y la pobreza de esas poblaciones. Es el Estado colonial y posteriormente el republicano el responsable y por tanto tiene la obligación de reparar el daño.

Atenderlas no es un acto de caridad ni paternalismo. Es una justa retribución, un  deber y una obligación impostergable.
Eduardo Galeano en “Las venas abiertas de América Latina” nos dice:
Cuando los españoles irrumpieron en América, estaba en su apogeo el imperio teocrático de los incas, que extendía su poder sobre lo que hoy llamamos Perú, Bolivia y Ecuador, abarcaba parte de Colombia y de Chile y llegaba hasta el norte argentino y la selva brasileña. Estas sociedades han dejado numerosos testimonios de su grandeza, a pesar de todo el largo tiempo de la devastación: monumentos religiosos que nada envidian a las pirámides egipcias; eficaces creaciones técnicas para pelear contra las sequías; objetos de arte que delatan un invicto talento. En el museo de Lima pueden verse centenares de cráneos que fueron objeto de trepanaciones y curaciones con placas de oro y plata por parte de los cirujanos incas.
La conquista rompió las bases de aquellas civilizaciones. Peores consecuencias que la sangre y el fuego de la guerra tuvo la implantación de una economía minera. Las minas exigían grandes desplazamientos de población y desarticulaban las unidades agrícolas comunitarias; no sólo extinguían vidas innumerables a través del trabajo forzado, sino que además, indirectamente, abatían el sistema colectivo de cultivos. Los indios eran conducidos a los socavones, sometidos a la servidumbre de los encomenderos y obligados a entregar por nada las tierras que obligatoriamente dejaban o descuidaban. En la costa del Pacífico los españoles destruyeron o dejaron extinguir los enormes cultivos de maíz, yuca, frijoles, pallares, maní, papa dulce; el desierto devoró rápidamente grandes extensiones de tierra que habían recibido vida de la red incaica de irrigación. Cuatro siglos y medio después de la conquista sólo quedan rocas y matorrales en el lugar de la mayoría de los caminos que unían el imperio. Aunque las gigantescas obras públicas de los incas fueron, en su mayor parte, borradas por el tiempo o por la mano de los usurpadores, restan aún, dibujadas en la cordillera de los Andes, las interminables terrazas que permitían y todavía permiten cultivar las laderas de las montañas.
En 1802, otro cacique descendiente de los incas, Astorpilco, recibió la visita de Humboldt. Fue en Cajamarca, en el exacto sitio donde su antepasado, Atahualpa, había visto por primera vez al conquistador Pizarro. El hijo del cacique acompañó al sabio alemán a recorrer las ruinas del pueblo y los escombros del antiguo palacio incaico, y mientras caminaban le hablaba de los fabulosos tesoros escondidos bajo el polvo y las cenizas. «¿No sentís a veces el antojo de cavar en busca de los tesoros para satisfacer vuestras necesidades?», le preguntó Humboldt. Y el joven contestó: «Tal antojo no nos viene. Mi padre dice que sería pecaminoso. Si tuviéramos las ramas doradas con todos los frutos de oro, los vecinos blancos nos odiarían y nos harían daño». El cacique cultivaba un pequeño campo de trigo. Pero eso no bastaba para ponerse a salvo de la codicia ajena. Los usurpadores, ávidos de oro y plata y también de brazos esclavos para trabajar las minas, no demoraron en abalanzarse sobre las tierras cuando los cultivos ofrecieron ganancias tentadoras. El despojo continuó todo a lo largo del tiempo, y en 1969, cuando se anunció la reforma agraria en el Perú, todavía los diarios daban cuenta, frecuentemente, de que los indios de las comunidades rotas de la sierra invadían de tanto en tanto, desplegando sus banderas, las tierras que habían sido robadas a ellos o a sus antepasados, y eran repelidos a balazos por el ejército. Hubo que esperar casi dos siglos desde Túpac Amaru para que el general nacionalista Juan Velasco Alvarado recogiera y aplicara aquella frase del cacique, de resonancias inmortales: «¡Campesino! ¡El patrón ya no comerá más tu pobreza!».
Los turistas adoran fotografiar a los indígenas del altiplano vestidos con sus ropas típicas. Pero ignoran que la actual vestimenta indígena fue impuesta por Carlos III a fines del siglo XVIII. Los trajes femeninos que los españoles obligaron a usar a las indígenas eran calcados de los vestidos regionales de las labradoras extremeñas, andaluzas y vascas, y otro tanto ocurre con el peinado de las indias, raya al medio, impuesto por el virrey Toledo. No sucede lo mismo, en cambio, con el consumo de coca, que no nació con los españoles; ya existía en tiempos de los incas. La coca se distribuía, sin embargo, con mesura; el gobierno incaico la monopolizaba y sólo permitía su uso con fines rituales o para el duro trabajo en las minas. Los españoles estimularon agudamente el consumo de coca. Era un espléndido negocio. En el siglo XVI se gastaba tanto, en Potosí, en ropa europea para los opresores como en coca para los oprimidos. Cuatrocientos mercaderes españoles vivían, en el Cuzco, del tráfico de coca; en las minas de plata de Potosí entraban anualmente cien mil cestos, con un millón de kilos de hojas de coca. La Iglesia extraía impuestos a la droga. El inca Garcilaso de la Vega nos dice, en sus «comentarios reales», que la mayor parte de la renta del obispo y de los canónigos y demás ministros de la iglesia del Cuzco provenía de los diezmos sobre la coca, y que el transporte y la venta de este producto enriquecían a muchos españoles. Con las escasas monedas que obtenían a cambio de su trabajo, los indios compraban hojas de coca en lugar de comida: masticándolas, podían soportar mejor, al precio de abreviar la propia vida, las mortales tareas impuestas. Además de la coca, los indígenas consumían aguardiente, y sus propietarios se quejaban de la propagación de los «vicios maléficos».
Desterrados en su propia tierra, condenados al éxodo eterno, los indígenas de América Latina fueron empujados hacia las zonas más pobres, las montañas áridas o el fondo de los desiertos, a medida que se extendía la frontera de la civilización dominante. Los indios han padecido y padecen –síntesis del drama de toda América Latina– la maldición de su propia riqueza”

Marcos Kisner Bueno

Presidente de la revista Pesca

martes, 5 de diciembre de 2017

LA PARADOJA DE LA ANCHOVETA EN EL PERU

El  Perú dispone de una abundante biomasa de anchoveta que generó, en el tiempo,  un extraordinario negocio al convertir dicho recurso en harina, poniéndonos en los primeros lugares de producción en el mundo.

La industria reductora de harina de pescado existe desde hace mucho tiempo, está asentada y consolidada en el país, es un negocio muy rentable y opera legítimamente. El negocio genera, no solamente utilidades para el inversor, sino puestos de trabajo para muchas personas y servicios diversos, además de los aportes, grandes o pequeños, a la economía nacional y al PBI. Por tanto, la inversión privada que apostó por este modelo de negocio defenderá sus intereses y su modelo de negocio a toda costa. Es su derecho y es su privilegio. No va a desaparecer ni a cambiar, a menos que surjan elementos que le supongan mayor rentabilidad si se reconvierte.

La elección por el consumo humano directo es privilegio del empresario privado. En una economía de libre mercado, no puede forzarse a la empresa privada a invertir en un negocio que no le resulta atractivo, por la razón que fuese. Si el Estado o la Sociedad quieren mayor inversión en el CHD y el mercado interno, tienen que crear las condiciones apropiadas que estimulen al inversionista.

Existe suficiente biomasa para atender la producción de harina y el consumo humano directo. Solo se requiere de una justa y adecuada regulación y administración para que la anchoveta conviva en paz con industriales y consumidores.

La verdad es que la anchoveta no forma parte de los hábitos de consumo de nuestra sociedad actual. Somos comedores de pescados blancos de preferencia, aunque algunos sectores de la población gusten de los azules como la caballa y el jurel, quizá por su menor precio. No hay mucho mercado para la anchoveta actualmente, en especial en estado fresco, lo cual es una ironía por cuanto su abundancia podría aliviar el hambre y la desnutrición que sufre gran parte de nuestra población.

Crear el hábito de consumo de anchoveta, generar un mercado para estimular al inversionista privado a apostar por él, no es tarea fácil, ni de corto plazo. Sobre todo porque no está definida la responsabilidad de quién debe hacerlo. Eso es una tarea que puede deducirse de las necesidades alimentarias que tiene la sociedad peruana, pero no está escrita. Puede demandar diez o más años quizá y un esfuerzo enorme. El privado no creo que lo haga porque ya tiene un negocio rentable, bien sea exportando harina o conservas. No habría razón alguna para complicarse la vida con un mercado interno casi inexistente.

Solo queda la opción de la intervención estatal para fomentar el hábito de consumo y asumir el compromiso de crear un mercado para la anchoveta y perfeccionar la regulación y normatividad vigentes. No es competencia del privado lo segundo ni está obligado a lo primero.

Pero el Estado viene omitiendo actuar en este campo, posiblemente porque a ningún funcionario político le importa, o porque como es un esfuerzo de largo plazo, quien apueste por él, no saldrá en la foto del éxito dentro de diez años. No genera réditos políticos inmediatos ni de corto plazo.

Estamos en un callejón sin salida que genera constantemente un conflicto y un enfrentamiento, simplemente porque el Estado no es capaz de diseñar una Política de largo plazo y un marco regulatorio más justo y más humano desde el punto de vista del consumidor final, que irónicamente es el propietario de ese recurso natural, del cual no recibe beneficio alguno.

Hasta ahora no somos capaces de sentarnos a diseñar un sistema que lleve anchoveta a los niños más necesitados del país y a las poblaciones vulnerables, que reducirían con este alimento sus ancestrales carencias alimentarias.

El Estado tiene una deuda con esas poblaciones y hasta el momento está omitiendo, para el mediano y largo plazo, convertir a la anchoveta en un recurso de consumo común y frecuente por la población peruana, que tiene en la abundancia de este recurso un aliado importante para mejorar sus niveles de nutrición. Tremenda paradoja que deja en el nivel de la indiferencia y de la discusión estéril e improductiva, la aplicación de una solución a un problema alimentario de vital importancia para la Nación.

El reto se encuentra en combatir la desnutrición, para así mejorar las opciones de desarrollo. Ello requiere de una política alimentaria que priorice el consumo interno en base a productos nacionales y al mismo tiempo un proceso de creación del hábito de consumo de los recursos pesqueros más abundantes. 

Marcos Kisner Bueno
Presidente de la Revista Pesca

martes, 28 de noviembre de 2017

Editorial Revista Pesca diciembre 2017

El tema central en la pesca peruana y la información que se maneja en los medios, gira principalmente alrededor del PBI y el comercio exterior: exportar e importar. Omite el mercado nacional y toda su problemática y necesidades.

Tenemos un Ministerio de Comercio Exterior y una Asociación de Exportadores. Pero no tenemos una Institución que vele por el mercado interno, que equilibre la oferta de productos pesqueros y se preocupe por las mayorías nacionales más necesitadas de proteína.

El Perú necesita una pesquería que produzca, en primer lugar, alimentos variados sanos y accesibles para nuestra población y después para el mercado externo.

Para ello es necesario que la sociedad peruana preste atención a la explotación de los recursos pesqueros, a fin de intervenir y demandar su justa participación en los beneficios procedentes de la actividad de pesquera.

Se necesita fomentar, mediante la educación, una auténtica conciencia de cultura pesquera y de sostenibilidad ambiental. 

Es deber del Estado prestar preferente atención al desarrollo de un modelo educativo o informativo que tenga como principal público objetivo no solamente a las comunidades de pescadores, sino a las poblaciones costeras, lacustres y fluviales. Este modelo debe proporcionar a la población la información necesaria para conocer los procesos que ocurren en el mar, ríos, lagos y lagunas, en relación con los productos hidrobiológicos que albergan.

Ello permitiría que los ciudadanos peruanos, legítimos propietarios de los recursos hidrobiológicos, conozcamos por lo menos, la información básica sobre ellos, sobre las medidas que debemos adoptar para asegurar su sostenibilidad y la protección del ambiente y también para conocer hacia que poblaciones y mercados se están dirigiendo nuestros productos pesqueros.

El interés nacional, entendido como la defensa del bien común y del bienestar de las mayorías, impone:

1.   Disponer de políticas que puedan proteger los recursos pesqueros para las generaciones futuras.
2.   Una adecuada participación en las ganancias que obtienen quienes se ven beneficiados por la concesión de explotación de un bien común, que es patrimonio de toda la Nación.
3.   Disponer de información que nos permita saber cómo es que estos recursos son explotados, por quiénes y qué es lo que recibimos a cambio de esa concesión que el Estado, en nuestra representación, otorga a determinadas empresas o personas naturales.
4.   Disponer de políticas que prioricen la alimentación de los peruanos, en especial de las poblaciones vulnerables con carencias de proteína.



La revista Pesca es un medio de información alternativo referido a temas del mar y de la pesquería. Proporciona información e ideas obtenidas de diversas fuentes, que exponen la temática de la pesca en el Perú y el mundo, con el objeto de contribuir a la formación de opinión propia en base a la lectura de las notas publicadas.

Siendo la pesca una actividad poco difundida y poco conocida por el ciudadano común, pretende contribuir a la generación de mayor conocimiento individual derivada del  análisis de los artículos. Se publica en forma mensual, en formato digital y su descarga es gratuita para quien desee conocer el sector  pesquero y mantenerse informado sobre su temática.

Para mantenerse informado los invito a formar parte del grupo Pesca y Mar, en Facebook, que además transcribe información periódica de relevancia para el sector pesquero.

Los invito cordialmente a leer la edición de la Revista Pesca correspondiente a DICIEMBRE 2017 y a compartirla dentro de sus círculos y redes sociales.


viernes, 17 de noviembre de 2017

ENTRA EN VIGOR CONVENIO DE LA OIT QUE VELA POR EL TRABAJO DECENTE EN LA PESCA

El Convenio núm. 188  de la OIT entró en vigor el 16 de noviembre de 2017, dando un fuerte impulso a los esfuerzos dirigidos a mejorar las condiciones de trabajo de los millones de trabajadores del sector de la pesca.

Sólo 10 Estados miembros lo han ratificado hasta la fecha. El Perú no ha ratificado este convenio, según se puede apreciar en la página web de la OIT.




El Convenio núm. 188 establece requisitos jurídicamente vinculantes para hacer frente a los principales problemas relacionados con el trabajo a bordo de los buques pesqueros, que incluyen la seguridad y la salud en el trabajo, la atención médica en el mar y en tierra, los períodos de descanso, los contratos de trabajo escritos y la protección de la seguridad social al mismo nivel que los otros trabajadores. Además tiene por finalidad garantizar que todos los buques de pesca sean construidos y mantenidos de manera que los pescadores tengan condiciones de vida decente a bordo.

El Convenio contribuye a prevenir las formas inaceptables de trabajo para todos los pescadores, sobre todo los migrantes. Contempla la regulación del proceso de contratación y la investigación de las quejas presentadas por los pescadores. Esto ayudará a prevenir el trabajo forzoso, la trata de personas y otros abusos.

Los Estados que ratifiquen el Convenio núm. 188 se comprometen a ejercer el control de los buques pesqueros, a través de la inspección, la presentación de informes, la supervisión, los procedimientos de tramitación de quejas, de aplicación de sanciones y las medidas correctivas, y además podrán inspeccionar los buques pesqueros extranjeros que visitan sus puertos y tomar las medidas adecuadas.

Sólo 10 Estados miembros lo han ratificado hasta la fecha. La ratificación de un convenio de la OIT es un compromiso importante. Una vez ratificado, el Estado deberá informar periódicamente a la OIT cómo ese convenio está siendo implementado a través de las leyes, normas y otras medidas. El sistema de la OIT de supervisión de las normas revisa estos informes y orienta al Estado hasta su pleno cumplimiento. Por ello es esencial que todos los Estados que participan en el sector de la pesca ratifiquen el Convenio núm. 188 y asuman este compromiso.

El Convenio está complementado por la Recomendación sobre el trabajo en la pesca núm. 199  que lo acompaña y dos series de pautas para el Estado del pabellón  y para el Estado del puerto  que llevarán a cabo las inspecciones en el marco del Convenio. Todos estos instrumentos fueron elaborados a través de discusiones entre representantes de gobiernos, de propietarios de buques de pesca y de organizaciones de pescadores. Al reconocer las grandes diferencias que existen entre los Estados y en las operaciones de los buques de pesca, el Convenio permite cierta flexibilidad en su implementación, pero sólo después de realizar una consulta tripartita a nivel nacional.

Los delegados de los gobiernos, empleadores y trabajadores votaron con gran mayoría a favor de la adopción del histórico Convenio en la 96.a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo  en junio 2007. El Convenio entra en vigor un año después de su décima ratificación, hecha por Lituania en noviembre 2016”

Fuente


sábado, 11 de noviembre de 2017

LA CONTAMINACION DEL MAR EN EL PERU

El Decreto Supremo N° 010-2008-PRODUCE establece los Límites máximos permisibles (LMP) para la Industria de Harina y Aceite de Pescado y Normas Complementarias para los efluentes de la Industria de Harina y Aceite de Pescado, en los parámetros: Aceites y Grasas, Solidos suspendidos totales, pH y demanda bioquímica de oxígeno. Estos límites varían según el ámbito donde se realiza la descarga:

   1. LMP de los efluentes que serán vertidos dentro de la zona de protección ambiental Litoral

   2. LMP de los efluentes que serán vertidos fuera de la zona de protección ambiental litoral

El vertimiento de los efluentes resultantes de la producción industrial del sector pesquero es la principal fuente de impacto sobre bahías donde se ubican las plantas. Por ley, estos efluentes deben ser tratados antes de ser vertidos al mar, pero la eficiencia de los procesos de tratamiento de las aguas de bombeo es todavía muy baja y los efluentes aun presentan niveles muy altos de cargas orgánicas, pudiendo ocasionar varazones catastróficas y pérdidas valoradas en millones de dólares. 

En el Perú no existen LMPs para la industria pesquera de consumo humano directo a diferencia de la industria reductora que sí los tiene. Sin estos valores de referencia, la legislación ambiental del sector no tiene capacidad de sanción. La definición de estos límites sería un primer paso positivo que permitiría la implementación de sanciones y que podrían incentivar la aplicación de tecnologías de recuperación más efectivas.

Los Desembarcaderos pesqueros artesanales y las embarcaciones son fuente de contaminación, no solo para el producto hidrobiológico, sino para la bahía circundante. Es urgente realizar inversiones en su infraestructura para evitar que se siga usando agua contaminada para el proceso de lavado del pescado y para purificar las aguas que se vierten a la bahía como resultante de dicho proceso.

Por tanto, no solamente son los plásticos los que causan una contaminación grave al océano, sino los efluentes de la industria también, además de otros.

Cabe mencionar que la existencia de emisores submarinos en algunos desembarcaderos o plantas pesqueras no resuelve el problema, sino que tan solo arrojan los contaminantes un poco más lejos nada más. Al mar solo debe arrojarse agua limpia, por lo cual la que está contaminada por diversos orígenes, debe ser debidamente tratada antes.

La RM N° 178-2014-MINAM establece en su artículo 1° disponer la publicación del Proyecto de Decreto Supremo que aprueba los Límites Máximos Permisibles para efluentes de la industria pesquera de consumo humano directo, que como anexo forma Parte integrante de la presente resolución.

La última información al respecto que se puede ver en el portal del MINAM es la que dice lo siguiente y es del año 2014:

Proyecto de Decreto Supremo que aprueba los Límites Máximos Permisibles para efluentes de la industria pesquera de consumo humano directo. De esta manera, todos los usuarios e interesados en general están cordialmente invitados a realizar sus aportes y comentarios.

Dicho documento busca tener incidencia sobre productos enlatados, congelados, curados y concentrado proteico, en especial sobre aquellas plantas de procesamiento industrial pesquero de consumo humano que utilice un porcentaje de químicos en combinación con aceites y grasas para neutralizar el PH de estos alimentos.

A la fecha no se conoce el resultado de esta publicación ni se sabe si los LMPs para la industria pesquera del CHD han sido aprobados.

Lo que significa que solo la industria reductora de harina de pescado posee LMPs, más no así la industria congeladora, de enlatados ni curados.

Tampoco existen LMPS para los desembarcaderos pesqueros artesanales ni de ningún tipo.

Límite Máximo Permisible. (LMP): Es la concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a un efluente o una emisión que, al ser excedida, causa o puede causar daños a la salud, al bienestar.

Por  lo tanto, no solamente son los plásticos el problema contaminante. Hoy en día se viene hablando de este tema con mayor énfasis, lo que induce a creer que no existen problemas más graves. La verdad es que existen más problemas y todos son graves.


Marcos Kisner Bueno

viernes, 3 de noviembre de 2017

EL OBJETIVO DEL ESTADO PERUANO EN MATERIA ALIMENTARIA

La situación económica que caracteriza a gran porcentaje de la población rural, impide que puedan destinar parte de sus recursos a mejorar sus condiciones de vida y de alimentación adecuada. 

Las dificultades de accesibilidad a la población rural y rural dispersa, hace que tengan limitada presencia de los servicios que brinda el estado, además de las condiciones climatológicas adversas. En este escenario, la oferta de productos hidrobiológicos resulta prácticamente inexistente en dichas zonas, lo que genera un alto nivel de vulnerabilidad social.

“De acuerdo a la información del XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda, realizado en el año 2007, se encuentra que la mayoría de los centros poblados rurales están conformados por poblaciones dispersas y en segundo lugar por caseríos. La falta de infraestructura de caminos, carreteras de penetración o caminos comunales (incluso la falta de mantenimiento) hacen dificultoso el traslado de diversos bienes, incluidos los alimentos”

“En el año 2016, el 20,7% (6 millones 518 mil) de la población del país se encontraba en condición de pobreza”. “La incidencia de la pobreza en el área rural alcanzó al 43,8% de la población.”

“En el Perú, la medición de la Pobreza Objetiva Monetaria y Absoluta que desarrolla el INEI, compara el gasto promedio per cápita mensual de un poblador con el costo de una canasta mínima alimentaria y no alimentaria, llamada Línea de Pobreza, cuyo costo para el año 2016, se calculó en 328 soles por persona y para una familia de 4 miembros el costo de la canasta fue de 1 312 soles. Así, las personas cuyos gastos son menores a la Línea de Pobreza son considerados pobres”

“Se consideró pobres extremos a todas aquellas personas cuyo gasto per cápita mensual no cubre el costo de la canasta básica de alimentos calculada en 176 soles, para el año 2016 y para una familia de cuatro miembros el costo de una canasta mínima alimentaria asciende a 704 soles”

“En el año 2016, los mayores niveles de pobreza se registraron en la Sierra rural (47,8%), en la Selva rural (39,3%) y en la Costa rural (28,9%). No obstante, las mayores reducciones de la pobreza se presentaron en la Costa urbana (2,4 puntos porcentuales), Selva rural (1,8 puntos porcentuales), Costa rural (1,7 puntos porcentuales), Sierra rural (1,2 puntos porcentuales) y Selva urbana (1,1 puntos porcentuales); en cambio, en la Sierra urbana y Lima Metropolitana las cifras no mostraron cambios significativos”

https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/en-el-peru-264-mil-personas-dejaron-de-ser-pobres-entre-los-anos-2015-y-2016-9710/

El Estado está llamado a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos a través de políticas de inclusión y de desarrollo. En la zona rural, en términos de alimentación, su presencia es pobre, inexistente y/o limitada.

La población rural dispersa en condición de pobreza se encuentra ubicada en zonas alejadas y de difícil acceso.

El limitado acceso de la población rural a los servicios del Estados, del sector privado y de la sociedad civil, se debe a que el Estado no llega de manera efectiva a atender a dicha población, sea por limitaciones de acceso, altos costos logísticos, falta de información de las necesidades de los centros poblados y otros.

También, los bajos ingresos de la población rural pobre no permiten financiar la implementación de centros de servicios que apoyen y faciliten sus iniciativas de coordinación con instituciones del Estado, para acceder a intervenciones sociales y proyectos en beneficios de la población.

La situación anteriormente descrita demanda que el Estado atienda a su alimentación a través de programas sociales en forma prioritaria.

En dicho contexto, el Programa “A comer pescado” que lleva a cabo el Ministerio de la Producción, está dirigido a promover el consumo de pescado en forma amplia y general, e interviene en algunas áreas territoriales donde no es necesaria la intervención estatal. Esto es un inadecuado empleo de medios en detrimento de las poblaciones rurales pobres del país, las cuales debieran ser el único público objetivo

No se comprende ni es aceptable la orientación de dicho Programa que recientemente, a través del DS-007-2012-PRODUCE,  prorroga su vigencia y en el cual, en uno de los considerandos se aprecia una estadística del consumo per cápita de pescado en el Perú, que llama la atención ya que las cifras no son concordantes con la información oficial del Ministerio de la Producción publicadas en el Anuario Estadístico Anual de 2015, que es el último divulgado.

http://revistapesca.blogspot.pe/2017/10/cual-es-el-consumo-de-pescado-per.html
 
La orientación debida de un programa de esta naturaleza, debiera ser fortalecer la ingesta calórico-proteica de la población rural dispersa en condición de pobreza, prioritariamente en los niños menores de 5 años, incrementando el consumo de  recursos ícticos de manera sostenible y promoviendo la participación del sector pesquero artesanal en la extracción, procesamiento y comercialización de estos productos.

Ello haría que este Programa sea coherente con las políticas de Gobierno que pretenden reducir la anemia y la desnutrición crónica infantil, (El 10 de febrero de 2017, el Poder Ejecutivo y los gobiernos regionales suscribieron  el Pacto Nacional contra la anemia y la desnutrición crónica infantil en una ceremonia en Palacio de Gobierno que se desarrolló al concluir el 3er Gore Ejecutivo) porque se ubicaría dentro de ese contexto y no se dispersarían recursos presupuestales en pretender promover el consumo de pescado en sectores de la población que no lo necesitan. En las ciudades costeras y en sectores de la población no pobres, debería dejarse el tema en manos del mercado.

¿Es moralmente correcto usar nuestros recursos naturales que se destinan a  la alimentación para exportarlos y atender necesidades de otros países, antes que privilegiar los requerimientos a veces dramáticos, de nuestra población, en especial la infantil?

¿Se justifica la exportación como actividad prioritaria porque trae divisas (que no son propiedad del Estado sino del exportador) mientras simultáneamente la industria no prioriza la alimentación nacional, por falta de incentivos probablemente, que sí posee la actividad exportadora?

El mercado no puede resolver el problema de la desnutrición y anemia infantil en el Perú. Hay una imposibilidad para acceder a los alimentos por parte de amplias poblaciones que no pueden pagar los precios actuales y que no son objetivo de las ventas tampoco. La solución no puede venir del libre comercio.

El empresario privado optará siempre por vender sus productos con mayor valor agregado al mejor precio y al mejor postor. En esa lógica de pensamiento siempre encontrará en la exportación y/o en los segmentos de mayores ingresos de la población nacional, un mercado dispuesto a pagar caro por alimentos o materia prima para producir alimentos gourmet que satisfagan no necesariamente el hambre sino exigencias gastronómicas. El ciudadano pobre que solo requiere proteína barata tenderá a ser excluido de esa lógica de mercado.

Es necesario implementar un programa social que contribuya con la seguridad alimentaria nacional en la mejor forma posible que el sistema político lo permita, yendo más allá de políticas que no tienen sostenibilidad sino que descansan en la voluntad y el marketing político. No se requiere intervención en ciudades costeras ni en sectores de la población que tienen facilidad de acceso a la adquisición de productos hidrobiológicos.

“La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advirtió que pese a los avances alcanzados por el Perú en la reducción del hambre y la desnutrición, todavía cerca de 2 millones de personas padecen hambre, más del 43% de niños menores de 3 años tiene anemia y el 35.5% de los peruanos mayores de 15 años vive con sobrepeso. “El escenario es peor para los más pobres, cuyos ingresos muchas veces solo alcanzan para comprar alimentos poco nutritivos, que suelen ser más baratos”, alertó María Elena Rojas, representante de la FAO en Perú. Señaló que la malnutrición en todas sus formas (comer poco, mucho o mal), es inadmisible en un país tan megadiverso como el Perú. “Es impensable que los niños de zonas rurales tengan que comer alimentos ultraprocesados porque sus padres tienen que vender lo mejor de su producción fresca y saludable a mercados urbanos para poder tener un precio digo”, insistió”


En el contexto del presente artículo, en el cual se enfatiza la necesidad alimentaria del sector poblacional más pobre del país, no se puede considerar a la acuicultura como componente ni parte de la solución al problema. La razón principal radica en su costo, el cual está fuera del alcance de los ingresos de la mayor parte de la población. El costo del producto acuícola siempre resulta más alto que el producto fresco o el sometido a procesos de conservación mínimos y aún que el de su competidor más cercano que es el pollo.

En el Perú el consumo de pescado se está convirtiendo en un tema gourmet y accesible solamente a sectores de la población que no necesariamente tienen carencias alimentarias. Esos sectores no necesitan la intervención del Estado a través de programas que manejan fondos públicos, sino aquellos más pobres, que generalmente no pueden pagar por comida nutritiva para ellos. Esta situación los vuelve más débiles y menos capaces de ganar el dinero que los hubiese ayudado a escapar de la pobreza y el hambre.


Marcos Kisner Bueno

Presidente de la Revista Pesca

sábado, 28 de octubre de 2017

EDITORIAL REVISTA PESCA NOVIEMBRE 2017

Es importante saber que, en el ejercicio del poder,  la aplicación de políticas de Estado y/o de gobierno, deben ser ejecutadas por una  administración cuyos miembros rotan constantemente y que incorpora funcionarios, muchas veces, poco conocedores del tema para el cual son designados. Se agrava la situación con el poco tiempo que duran en la función. Llegan nuevos funcionarios e incorporan personal nuevo. Se van y esas personas que llevaron también son reemplazadas por el nuevo jefe. No solo cambian personas, sino que generalmente también se cambia la agenda, exista o no un PESEM aprobado y vigente.

Entre el 2006 y el 2017 ha habido 12 ministros y 10 viceministros. Cada uno de ellos ha introducido cambios de personal y de agenda. Las consecuencias son la ausencia de continuidad en las políticas del sector.

Es una situación inevitable en la medida que las decisiones políticas, en un sistema democrático, se sustentan en el derecho concedido en el acto electoral por el pueblo a las autoridades elegidas. Este derecho les permite designar a los funcionarios responsables para administrar el país, teóricamente, en beneficio de las mayorías.  Todo es legal, aunque no necesariamente es lo debido y lo conveniente para el país.

Es necesario que el Estado intervenga en la explotación de recursos naturales, no solo para asegurar su sostenibilidad, sino para priorizar la atención al mercado nacional en el caso de los recursos hidrobiológicos. Tiene que ser actor en un sector en el que se trabaja con activos cuya propiedad es de toda la Nación, como es el caso de los peces, crustáceos y moluscos.

El equilibrio necesario para la administración y gestión de la pesca requiere de un consenso y una participación de los principales actores. Hoy día solamente la industria pesquera a través de sus dos principales gremios, la SNP y la SNI, tiene una presencia importante y fuerte, que es visible en los medios de comunicación. Ambas son dialogantes con el Estado en defensa de sus intereses, precisamente por la falta de políticas de Estado, lo que genera altas probabilidades de cambios frecuentes de funcionarios y de agenda. Pero también aportan a la gobernanza del sector.

Sin embargo para que la ecuación esté completa hace falta la presencia del mismo nivel por parte de la Pesca Artesanal, la Academia y la Ciudadanía.

Esta última, como propietaria del recurso pesquero y como beneficiaria de la actividad pesquera, bien podría estar representada por la Defensoría del Pueblo. A la fecha, el ciudadano peruano es el gran ausente en la toma de decisiones y el manejo de sus recursos naturales. Los recursos pesqueros son de todos los peruanos y debieran ser para todos ellos. No pueden, por tanto,  estar ausentes en la toma de decisiones sobre la administración de los mismos.

La Pesca artesanal, atomizada y dispersa, requiere de un gran esfuerzo para unificarse y designar un representante que se siente en la mesa al mismo nivel y visibilidad que sus pares de la industria pesquera, defendiendo sus intereses y aportando a la gobernanza también.

La Academia tiene que ser la contraparte de la ciencia oficial que es manejada por el Estado a través de su ente científico.


Una suerte de “Directorio” o “Consejo”, conformado de esta manera, no solo legitimaría el manejo pesquero, sino que lo democratizaría y le daría permanencia y visión de largo plazo.

La revista Pesca es un medio de información alternativo referido a temas del mar y de la pesquería. Proporciona información e ideas obtenidas de diversas fuentes, que exponen la temática de la pesca en el Perú y el mundo, con el objeto de contribuir a la formación de opinión propia en base a la lectura de las notas publicadas.

Siendo la pesca una actividad poco difundida y poco conocida por el ciudadano común, pretende contribuir a la generación de mayor conocimiento individual derivada del  análisis de los artículos. Se publica en forma mensual, en formato digital y su descarga es gratuita para quien desee conocer el sector  pesquero y mantenerse informado sobre su temática.

Para mantenerse informado los invito a formar parte del grupo Pesca y Mar, en Facebook, que además transcribe información periódica de relevancia para el sector pesquero.

Los invito cordialmente a leer la edición de la Revista Pesca correspondiente a NOVIEMBRE 2017 y a compartirla dentro de sus círculos y redes sociales.

En formato revista en el siguiente link:



sábado, 14 de octubre de 2017

¿CUÁL ES EL CONSUMO DE PESCADO PER CAPITA EN EL PERU?

A la luz del DS-007-2012-PRODUCE, que prorroga la vigencia del programa A Comer Pescado, publicado recientemente y en el cual, en uno de los considerandos se aprecia una estadística del consumo per cápita de pescado en el Perú, llama la atención que las cifras no sean concordantes con la información oficial del Ministerio de la Producción.
El Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo N° 007-2012-PRODUCE, en uno de sus considerandos dice:
Que, de la evaluación efectuada por el programa, considerando los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2013-2016, se evidencia que el consumo per cápita de productos hidrobiológicos a nivel nacional se ha incrementado a 14.6 kg en el año 2013, 15.4 kg en el año 2014, 16.2 kg en el año 2015, a 16.5 kg en el año 2016, manteniendo un crecimiento sostenido; asimismo, se ha identificado que la población de las zonas de la sierra del país son las que consumen la menor cantidad de productos hidrobiológicos en sus diferentes presentaciones, teniendo las zonas de la costa peruana un nivel medio de consumo y las zonas de la selva un nivel de consumo más elevado;
El anuario estadístico del Ministerio de la Producción correspondiente a 2015 (el del 2016 aún no se publica, dice:

PERÚ: CONSUMO PER - CÁPITA APARENTE DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS SEGÚN TIPO DE UTILIZACIÓN, 2006-15
(KILOS / HABITANTE)

   
CIFRAS COMPARATIVAS DEL INDICE DE CONSUMO DE PESCADO
AÑO
DS 007-2012-PRODUCE BASADA EN LA ENAHO
ANUARIO ESTADISTICO 2015 PRODUCE CONSUMO TOTAL APARENTE
2013
14.6
22.7
2014
15.4
23.3
2015
16.2
24.4

Dada esta discrepancia, ¿cuál es el real consumo de pescado per cápita en el Perú?

Sin embargo, en ambas fuentes de información el consumo aumenta. Pero otras informaciones, como la del informe “Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe 2017”, publicado por la FAO, el número total de personas que sufre hambre en el Perú alcanzó los 2,5 millones en promedio para el periodo 2014-2016, lo que supone un incremento de 100 mil personas con respecto a la medición anterior (2013-2015). Respecto a la malnutrición, la prevalencia del sobrepeso en menores de cinco años se encuentra muy cercana al promedio regional, alcanzando el 7,2%; mientras que la desnutrición crónica, aunque con reducciones importantes en los últimos cinco años, todavía afecta a cerca de 400 mil niños y niñas menores de cinco años (13,1%).

Lo que significa es que el consumo de pescado aumenta; pero en los sectores que económicamente pueden comprar un pescado que, en su mayor parte, es más caro que el pollo. Esto muestra que la acción del Estado para incrementar el consumo no está funcionando en los sectores que realmente lo necesitan, sino en quienes no lo requieren realmente como factor crítico para combatir la desnutrición.

El mercado peruano, en especial las poblaciones vulnerables más expuestas a la desnutrición y la anemia infantil, requieren de un nuevo enfoque por parte de la pesca artesanal, que es la principal fuente proveedora de pescado para el público más necesitado. 

Ello requiere de una visión apropiada de capacitación en buenas prácticas de manejo, de transformación, de conservación de las capturas y de educación y creación del hábito de consumo en el consumidor más urgido de proteína. No necesitamos promover el consumo en sectores de la población que ya lo consumen y no lo necesitan como proteína con la urgencia que otros. Tampoco podemos incentivar mayor esfuerzo de pesca sobre especies cuyos datos como biomasa y límites máximos de extracción aún no se conocen.

Creo que esto no se está haciendo con el enfoque adecuado. La organización más aparente y calificada para brindar este programa educativo, capacitador y de acompañamiento al pescador artesanal, que pueden extenderse al consumidor de las zonas más vulnerables, era y es lo que fue el EX CEP Paita, hoy Fondepes.

Solo es cuestión de voluntad y decisión políticas.

Marcos Kisner Bueno

Presidente de la Revista Pesca

jueves, 12 de octubre de 2017

EL CASO DEL EX CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PAITA

Mediante Decreto Supremo N° 009-2007-PRODUCE del 2 de abril del 2007 se aprobó la fusión del Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita (CEP- Paita ) con el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero bajo la modalidad de fusión por absorción.

Hoy no existe una denominación oficial “Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita”. FONDEPES lo absorvió. Pero la fusión no eliminó del inconsciente colectivo del sector pesquero artesanal ese nombre original, que está grabado a fuego en el corazón de sus empleados y de todos los pescadores artesanales que gracias a él aprendieron y se hicieron de un oficio.

No se destruye una identidad cultural y organizacional con un Decreto Supremo. No se borra de la memoria y del corazón los orígenes de una persona ni de una organización con una norma legal.

Pero sí se destruye la institución cuando se empieza a perder la mística y la convicción de su aporte al desarrollo de la pesca artesanal como parece ser que está ocurriendo hoy en día.

El nuevo TUSNE (Texto único de servicios no esenciales), al parecer elimina la prestación de los servicios de muelle e instalaciones que fueron construidos como parte estructural de la entidad para brindar servicios a la comunidad y dar capacitación y entrenamiento. Lo mismo ocurre con sus embarcaciones escuela, que tienen un potencial enorme en la capacitación sobre buenas prácticas de captura, en especial de anchoveta, así como para prácticas de navegación y empleo de aparejos de pesca. Se dice que serán desactivadas por falta de presupuesto. Si esto es verdad, analizado a la luz de la ejecución presupuestal de la entidad de los últimos años, existe un problema que no está siendo debidamente manejado.

La visión de un plan de capacitación y de educación para el sector pesquero artesanal y las comunidades costeras tampoco existe más. Su personal se ha venido reduciendo en el tiempo. Su moral no está en el nivel que por su antigüedad debería tener. No se aprecia el reconocimiento al esfuerzo de años de servicios y tampoco se vislumbran planes para el relevo generacional que corresponde.

Ausencia de políticas de largo plazo, es verdad; pero también desconocimiento por parte de las administraciones que no tienen experiencia pesquera ni pasión por su desarrollo.

Quienes han tenido la oportunidad de estar en el CEP Paita un día lunes cualquiera han observado un acto interesante, significativo y emotivo. Cada lunes a las 8 de la mañana, todo el personal de trabajadores se reúne frente al asta de la bandera en ordenada formación, correctamente uniformados y asisten a una pequeña ceremonia de izamiento del pabellón nacional seguido por la entonación del himno nacional. Luego, un empleado dirige una palabras a todo el personal alentando a iniciar una nueva jornada dentro del espíritu y la mística con la cual dicho centro fue creado hace más de 20 años. No se puede dejar de sentir el impacto del ambiente de respeto y de armonía que se respira. Empleados con más de 20 años de convivencia en esa sede se siguen tratando de “usted”, con respeto y con amistad. No dejan de sorprender los alumnos que transitando por el Centro se presentan uniformados, limpios, respetuosos y saludando a quien se cruza con ellos.

La formación del Centro produjo hombres y mujeres especiales, imbuidos de una mística destacable en el sector pesquero que durante toda su existencia produjo resultados importantes en beneficio del sector pesquero artesanal.

El CEP Paita con sus sede de Ilo y la que puede establecerse en La Puntilla, necesita desarrollarse en un escenario que requiere, más que nunca, que se eduque y capacite a los pescadores artesanales, quienes son los llamados a defender la sostenibilidad de las pesquerías y la alimentación nacional, merced a una mejor comprensión del mar y los cambios que está sufriendo.

El CEP Paita era un pliego presupuestal con funciones distintas a las del FONDEPES.

Nunca hubo una justificación técnica para fusionarlo estableciendo a este último como entidad incorporante. La fusión no cumplió ningún objetivo de reducción de costos. El tiempo de formalización del proceso demoró más de lo esperado y no produjo ninguna homologación de haberes del personal de Paita con el del FONDEPES, que ganaban mejor. La mejora de niveles de eficiencia y de su función educadora mejoró un tiempo; pero fue producto de las personas del momento, de la coyuntura y no necesariamente derivado de la fusión.

Las siguientes administraciones fueron perdiendo de vista la importancia de la misión, relegando al CEP y sumergiéndolo en el fondo de las prioridades en una entidad diseñada para dar créditos y encargarse de infraestructura de desembarque y no para educar y acompañar al pescador artesanal. En el tiempo, salvo los funcionarios que llevaron a cabo el proceso de fusión los primeros meses, nadie reconoció el error de esta decisión política ni tuvo mayor voluntad de rectificarla. Es el resultado de la ausencia de una agenda pesquera en el Estado.

La problemática de la pesca artesanal y de la alimentación nacional están indiscutiblemente ligadas y merecen la mejor atención posible debido a las necesidades alimentarias de la población.

En ese contexto, la función educadora de lo que fue el CEP Paita no puede diluirse dentro de un mar de otras prioridades como la infraestructura y el financiamiento a la pesca artesanal, que fueron específicas del FONDEPES. Esta entidad no es un banco ni una empresa de construcción. Se creó para apoyar integralmente a la pesca artesanal, y eso requiere de una visión distinta a la actual.

La pesca artesanal no es solo dinero y desembarcaderos. Requiere de capacitación y también de pasión, de cariño por el pescador artesanal y de identificación con sus problemas. Los trabajadores del CEP Paita desarrollaron esa mística por el sector artesanal que hoy languidece en ausencia de una visión apropiada.


El siguiente cuadro muestra la ejecución presupuestal de lo que fue el ex CEP Paita hasta su último año como pliego. Es evidente la eficacia en el manejo del gasto, exclusivamente orientado a capacitación y educación para el sector pesquero artesanal.


El siguiente cuadro muestra la ejecución presupuestal del FONDEPES entre el 2007 y el 2016. Se aprecia el incremento de presupuesto a partir del 2013 y la calidad de su ejecución. Pero ese incremento, no solo es por la absorción del ex CEP Paita sino por el incremento de las partidas para construcción y modernización de infraestructura pesquera. No para capacitación.



Cuando se decidió la fusión, para que una entidad ejecutora pudiese ser considera pliego debería tener un presupuesto de 10 millones de soles. Es notorio que el CEP Paita disponía de menos de esa cifra, lo cual no era un argumento para fusionarlo. La visión debida era que la cifra era insuficiente para atender la necesidad de la pesca artesanal del Perú por lo cual debía incrementarse y fortalecer la función capacitadora. Sobre todo porque estaba próxima la incorporación de la sede de Ilo, construida por el Gobierno Regional de Moquegua y la cooperación internacional. También se perdió de vista la posibilidad de incorporar las instalaciones del ex Complejo Pesquero La Puntilla, en desuso, a una gran entidad con una visión educadora de otro nivel más amplio que permita, no solo capacitar, sino acompañar el pescador artesanal en todos sus procesos y actividades hasta llevarlo a otro nivel de desarrollo.

Las posibilidades del CEP Paita requerían de una visión diferente a la adoptada en su momento.

Marcos Kisner Bueno
Presidente de la Revista Pesca