Los dos impactos más serios que causa la industria pesquera en el país son: la contaminación del mar, ríos, lagos y atmósfera así como la escasa contribución por el derecho y el privilegio de extraer recursos hidrobiológicos de su hábitat natural.
Se aprecia en las últimas semanas algunas acciones aisladas de sanción a empresas que impactan el medio ambiente mediante el vertido de efluentes contaminantes y la captura de ejemplares juveniles. Es destacable la intención y el acto de fiscalización y aplicación de una sanción, sin embargo no se aprecia acción visible sobre la escasa contribución tributaria del sector tanto en impuesto a la renta como en derechos de pesca.
La industria genera puestos de trabajo en una medida no conocida a través de cifras oficiales; pero esto no debe significar que este argumento se convierta en patente de corso para la contaminación y la escasa contribución ni para exigencias de todo tipo, muchas de las cuales se hacen manipulando a la población para crear desórdenes sociales, apoyados por sus propios empleados, los cuales obviamente defienden a sus patrones que les brindan empleo.
La lógica del empresario consiste en transformar naturaleza en dinero a una velocidad que maximice la rentabilidad del capital invertido. La idea es trasformar en el más corto plazo posible, la mayor cantidad de biomasa pesquera en dinero. La lógica empresarial es la acumulación y no la producción a largo plazo. Si mañana ya no resulta rentable la explotación pesquera, entonces emigran a otro sector. Esta lógica no considera, generalmente, la conservación del recurso extraído ni del ecosistema ni la responsabilidad social. Los accionistas esperan los mejores resultados monetarios hasta cuando sea posible.
El Estado interviene como regulador y representante de los legítimos propietarios de los recursos naturales. Se legisla en beneficio del bien común, de las mayorías nacionales, pues esa es la función primordial del Estado. Está obligado a velar por la conservación de los ecosistemas y del medio ambiente, cuya salud constituye un derecho para las mayorías, con las cuales está obligado, antes que con una porción minoritaria de la población. El derecho al trabajo no puede significar perjuicio al medio ambiente ni una escasa contribución para con el país.
La lógica del trabajador de la industria pesquera debiera considerar la defensa de la sostenibilidad del recurso y del medio ambiente, que son quienes realmente les proporcionan el trabajo. Por lo tanto debieran constituir la primera línea de defensa del ecosistema y del medio ambiente a fin de asegurar la existencia sostenida de su empleo y no someterse a presiones ni manipulaciones para exigir acciones del Estado que perjudiquen a un recurso y a un ecosistema, gracias a los cual poseen una fuente de ingresos. Antes que defender a sus empleadores, deberían defender a la verdadera fuente exigiendo un irrestricto respeto y cumplimiento por el ordenamiento existente. La visión de corto plazo, en este caso, puede ser más nociva porque el dinero de hoy podría significar hambre para mañana.
Marcos Kisner Bueno
La edición de marzo
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