Los hechos que condujeron a la investigación que se
menciona más adelante, fueron los que determinaron la necesidad de una
reestructuración del IMARPE, la cual fue dispuesta con el Decreto de Urgencia
015-2020, que sigue sin ser cumplida por el Ministerio de la Producción.
La investigación iniciada en 2019 sigue abierta y
los funcionarios comprometidos, pese a ello, siguen en funciones en sus
puestos.
En medio de esta situación de incumplimiento, el día
22 de junio 2023 se ha designado a cuatro directores, con la RESOLUCIÓN DE
DIRECCIÓN EJECUTIVA CIENTÍFICA N° 116-2023-IMARPE/DEC
Pedro Ramiro Castillo Valderrama, es designado como
Director General de Investigaciones en Hidroacústica, Sensoramiento Remoto y
Artes de Pesca, a pesar q tiene diligencia fiscal por presunto lavado de
activos.
También se dio por concluida la designación del
Gerente General, con la resolución de dirección ejecutiva científica N°
115-2023-IMARPE/DEC
En el contexto actual de suspensión de la primera
temporada de anchoveta 2023, y las expectativas de su pesca durante este año,
la opinión del IMARPE es fundamental y decisiva. En consecuencia, la Nación y
la pesquería peruana merecen una institución científica transparente, limpia y
sin cuestionamientos, que garantice que las decisiones políticas que toma el
Ministerio de basen en información científica incuestionable.
Los hechos descritos en los párrafos anteriores y
los que se muestran a continuación, sugieren que las decisiones que tome del
Ministerio de la Producción no serían lo transparentes que se requieren y
generan más dudas y preguntas.
¿Por qué el
Ministerio decide persistir en mantener sombras y dudas sobre su ente
científico al insistir en no cumplir el mandato del Decreto de Urgencia 015 y
mantener a funcionarios investigados en el ejercicio de cargos importantes y
relevantes para la administración de la pesquería?
“La fiscalía
archivo investigación a funcionarios de IMARPE acusados de falsear datos de
anchoveta para beneficiar a pesqueras en 2021
Después de más
de un año y medio de investigación, la Fiscalía del Callao consideró que los
audios y documentos entregados por un trabajador del Imarpe no prueban que
funcionarios de esa entidad del Estado manipularon las cifras del stock de la
anchoveta para que el Ministerio de la Producción establezca una cuota de pesca
que beneficie a las empresas de la Sociedad Nacional de Pesquería. El ingeniero
que denunció la adulteración de datos advierte que el magistrado no ha
escuchado las grabaciones ni valorado la abundante información científica que
le entregó. La Procuraduría Anticorrupción apeló el fallo del Ministerio
Público que archiva la investigación.
A pesar de los
audios y documentos que sustentan la denuncia de la Procuraduría Anticorrupción
sobre la adulteración de cifras del stock de anchoveta por funcionarios del
Instituto del Mar del Perú (Imarpe), para beneficiar a la industria pequera, el
Ministerio Público concluyó que no se ha podido acreditar un delito y archivó
la investigación que inició en marzo de 2020, tal como figura en la resolución
fiscal a la cual accedió Convoca.pe.
Ante ello, el
procurador regional de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción
de Funcionarios del Callao, Engie Herrera Yactayo, presentó una apelación para
que la Fiscalía Superior Especializada en Corrupción de Funcionarios del Distrito
Fiscal del Callao confirme o no el archivamiento de la denuncia.
Los
funcionarios del Imarpe denunciados son Renato Carol Guevara Carrasco, director
ejecutivo científico; Pedro Ramiro Castillo Valderrama, director general de
Investigaciones en Hidroacústica, Sensoramiento Remoto y Artes de Pesca; Luis
Ángel La Cruz Aparco, especialista de la Dirección General de Hidroacústica,
Sensoramiento Remoto y Artes de Pesca; y Miguel Ángel Ñiquén Carranza, director
general de Investigaciones de Recursos Pelágicos. Este último falleció el 21 de
julio de 2021.
La Fiscalía
inició la investigación tras la denuncia formulada por la Procuraduría Pública
Anticorrupción, el 28 de febrero de 2020, contra los cuatro funcionarios del
Imarpe por la presunta adulteración de la información obtenida del Crucero de
Evaluación Hidroacústica, realizado del 29 de setiembre al 15 de noviembre de
2019 entre Tumbes y Tacna.
La procuraduría
sospecha que el presunto falseamiento de los datos se habría hecho con el
objetivo de que la medición de la biomasa de anchoveta figure con una cifra
mayor a la real. Así, las empresas dedicadas a la pesca industrial, agrupadas
en la Sociedad Nacional de Pesquería, podrían generar mayores volúmenes de
captura en detrimento de la sostenibilidad del recurso.
En octubre de
2020, esta denuncia fue acumulada con otra que presentó la Procuraduría del
Ministerio de la Producción, luego de que la entonces ministra Rocío Barrios se
enterara de irregularidades para la determinación de la biomasa de la anchoveta.
Según la
denuncia del ministerio, funcionarios del Imarpe no verificaron que se realice
una investigación científica adecuada para cuantificar el stock de este recurso
y constatar que el cálculo sea correcto. Además, se señala que hubo un atentado
contra el equipo informático de dicha entidad, que fue formateado por una
persona no autorizada.
El procurador
regional de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios del Callao, Engie Herrera Yactayo, apeló el archivamiento de la denuncia
contra las funcionarios del Imarpe".
Fuente:
"Fiscal inicia investigación por lavado a
funcionarios de IMARPE el 15 de noviembre 2022
Decisión.
Autoridad busca determinar si personal del Instituto del Mar del Perú resultó
beneficiado económicamente, después de “inflar” la dimensión de la biomasa de
anchoveta, lo que favoreció a las empresas dedicadas a la producción de harina
de pescado.
El fiscal Mark
Alata Fernández inició investigación por presunto lavado de activos a cuatro
empresas pesqueras, dos funcionarios y un servidor del Instituto del Mar del
Perú (IMARPE).
Los
involucrados son el director ejecutivo científico de IMARPE, Renato Guevara
Carrasco; el director general de Investigaciones en Hidroacústica,
Sensoramiento Remoto y Artes de Pesca, Ramiro Castillo Valderrama; y el
servidor Luis La Cruz Aparco, del Área Funcional de Hidroacústica.
Las compañías
relacionadas con el caso son Pesquera Diamante, CFG Investment, Tecnológica de
Alimentos S.A. (TASA) y Pesquera
Exalmar.
En 2020, la
Procuraduría del Ministerio de la Producción
(Produce) denunció penalmente que el personal de IMARPE manipuló
información sobre las dimensiones de la biomasa de anchoveta con la finalidad
que las autoridades de Produce autorizaran una cuota sobredimensionada de la
especie, y así favorecer a la industria de harina de pescado.
Una
investigación de La República también obtuvo la versión de testigos de IMARPE
que documentaron vínculos de personal de este organismo con empresas pesqueras,
a las que filtraban información sobre sus actividades reservadas, como el
proceso de medición de la biomasa de anchoveta.
Los
funcionarios involucrados de IMARPE informaron a las autoridades de Produce que
la biomasa de anchoveta alcanzaba los 8.3 millones, por lo que recomendaron una
cuota de pesca de 2.8 millones de toneladas para la segunda temporada de 2019.
La verdadera dimensión de la biomasa era de un promedio de 4 millones de
toneladas.
La Procuraduría
Anticorrupción también se sumó al caso y requirió a la Fiscalía Provincial de
Turno del Callao que inicie las pesquisas correspondientes. Sin embargo, el
fiscal especializado en Corrupción de Funcionarios, Óscar Vite Torre, resolvió
archivar la investigación por supuesta ausencia de pruebas. Lo cierto es que no
se tomó la molestia de prestarle atención a los audios aportados por los
testigos, entre otra abundante información incriminatoria.
El procurador
del Callao en materia de corrupción de funcionarios, Engie Herrera, apeló la
decisión del fiscal Óscar Vite. Entre otras razones, porque no valoró el
incidente que denunció Produce cuando hizo una inspección a IMARPE y detectó la
manipulación de información relacionada con la medición de la biomasa de
anchoveta.
Incluso uno de
los principales testigos, el ingeniero Miguel Flores Huamán, declaró que el
director general de Investigaciones en Hidroacústica, Sensoramiento Remoto y
Artes de Pesca, Ramiro Castillo Valderrama, y el coordinador del Área Funcional
de Artes de Pesca, Pedro Romaní Matta, lo presionaron para que confesara si él
había sido quien filtró a la entonces ministra del Produce, Rocío Barrios, la
información sobre la manipulación de datos sobre la biomasa de anchoveta.
Castillo y Romaní actuaron por órdenes de Renato Guevara.
Sin embargo,
por haber contribuido a las investigaciones, el ingeniero Miguel Flores fue
sometido a un proceso administrativo disciplinario con la intención de
despedirlo.
De acuerdo con
la resolución fiscal, existen suficientes indicios de la presunta conducta
ilícita de los funcionarios de IMARPE, por lo que amerita determinar los
beneficios económicos que obtuvieron las empresas pesqueras mencionadas con la
determinación inflada de la biomasa de anchoveta y así incrementar la cuota de
pesca de dicha especie.
“Se desprende
que los funcionarios de IMARPE a través de presuntas conductas colusionarias se
estarían aprovechando de sus funciones en sus cargos públicos, para favorecer
en la extracción de anchoveta a las empresas pesqueras señaladas, teniendo en
cuenta que en dicha actividad se generan exorbitantes ganancias, no
descartándose que habrían recibido un porcentaje por parte de las pesqueras”,
señala el fiscal.
Por su parte,
la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) expresó su desacuerdo con la decisión
del fiscal Alata: “El Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial
Corporativa Especializada en delitos de lavado de activos desestimó este caso y
dispuso que no había lugar a iniciar una investigación”.
“Si en el
presente caso no existe delito, según lo confirma la propia Fiscalía, no se
entiende las razones que justifican el inicio de estas investigaciones por
lavado”, apuntó la SNP. En todo caso, garantizó que el gremio y sus empresas asociadas colaborarán con las
indagaciones fiscales.
Resolución
Mandato del
fiscal Mark Alata contra 3 servidores de IMARPE y 4 compañías pesqueras
harineras."
Fuente:
La apelación
del archivamiento de la denuncia anteriormente mencionada, terminó en que el 15
de noviembre de 2022, el caso 47-2022 en su disposición fiscal N° 04 dice:
“Lo dispuesto por el superior jerárquico, mediante
Disposición de fecha 20 de octubre de 2022, en la que se dispone se inicien las
diligencias preliminares contra Renato Caro! Guevara Carrasco, Pedro
Ramiro Castillo Valderrama, Luis Ángel
La Cruz Aparco, las personas jurídicas CFG INVESTMENT SAC, Pesquera
Diamante S.A., Pesquera Exalmar
S.A.A., Tecnológica de Alimentos
S.A., y los que
resulten responsables, por
la presunta comisión del delito
de Lavado de Activos en agravio del Estado.
En ese contexto, se ha tomado conocimiento que funcionarios
del IMARPE, durante los años 2018 y 2019, habrían manipulado datos
científicos para aumentar artificialmente la biomasa de anchoveta a 8,3
millones de toneladas y así inducir a
las autoridades a fijar una alta cuota de pesca para la segunda temporada del año 2019, todo esto, con el propósito de favorecer a la
industria de harina de pescado, por la cual las empresas pesqueras son las más
interesadas para su exportación hechos que se acreditarían con unos audios
existentes de conversaciones entre
funcionarios actuales del IMARPE y ex funcionarios de esta misma entidad que
ahora trabajan en las compañías pesqueras favorecidas e involucradas
Siendo así, habiéndose evaluado los hechos expuestos,
mediante la Disposición Nº 01 de fecha 04 de julio de 2022, se resolvió: "No procede formalizar y continuar investigación
preparatoria contra Renato Carol Guevara
Carrasco, Pedro Ramiro Castillo Valderrama, Luis Ángel La Cruz Aparco, las personas jurídicas CFG
INVESTMENT SAC, Pesquera Diamante S.A., Pesquera Exalmar S.A.A., Tecnológica de Alimentos S.A., y los que resulten responsables, por el delito de
Lavado de Activos en agravio del Estado,
disponiendo el archivo definitivo de los
actuados, una vez que quede consentido y/o ejecutoriado.
No
obstante, habiéndose elevado los actuados mediante la Disposición Nº 02 de
fecha 27 de julio de 2022,
a la Primera Fiscalía Superior
Nacional Especializada en
Delitos de Lavado
de Activos; mediante resolución
superior de fecha 05 de setiembre de 2022, se resolvió declarar FUNDADO el recurso impugnatorio (queja de derecho), interpuesto por la
Procuraduría Pública Especializada en Delito
de Lavado de Activos, en consecuencia, se declara NULA la Disposición Nº
01 de fecha 04 de julio de 2022, emitida
por este despacho fiscal, y se ordena iniciar investigación preliminar contra
Renato Caro! Guevara Carrasco, Pedro Ramiro Castillo Valderrama, Luis Ángel La
Cruz Aparco, las personas jurídicas CFG INVESTMENT SAC, Pesquera Diamante S.A.,
Pesquera Exalmar S.A.A., Tecnológica de Alimentos S.A., y los que resulten
responsables.
PRIMERO. INICIAR INVESTIGACION PRELIMINAR contra las
personas naturales de Renato Carol
Guevara Carrasco, Pedro Ramiro Castillo Valderrama, Luis Angel La Cruz Aparco y
contra las personas
jurídicas de CFG
INVESTMENT SAC con
RUC Nº 20512868046, Pesquera Diamante S.A. con
RUC Nº 20159473148,
Pesquera Exalmar S.A.A. con RUC
Nº 20380336384, Tecnológica
de Alimentos S.A. con RUC
Nº 20100971772, y los que
resulten responsables; en agravio del
Estado, representado por la
Procuraduría Pública Especializada en
Delitos de Lavado de Activos.
DECLARAR COMPLEJA la presente investigación preliminar y
DISPONER como plazo de investigación OCHO MESES
Más información en los siguientes links:
https://senaldealerta.pe/6538-2/
https://es.mongabay.com/2020/02/peru-crisis-en-imarpe-oportunidades-tras-el-decreto-de-urgencia/
https://www.lampadia.com/analisis/economia/la-ministra-de-la-produccion-en-su-laberinto/?print=pdf
https://lpderecho.pe/modifican-ley-instituto-mar-peru-imarpe-decreto-urgencia-15-2020/
https://gestion.pe/economia/produce-genera-tormenta-ante-cambios-que-pretende-en-imarpe-noticia/
