OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
El
PRODUCE anunció hace algún tiempo que este año 2024 tendríamos una Política
Nacional de Pesca.
Las
normas del CEPLAN imponen definir un problema público sobre el cual construir
una política, en general.
A
pocos días de finalizar el año, solo existen ciertos trascendidos sobre el
diseño de dicho documento. Entre ellos, se dice que la Política Nacional de Pesca tiene como objetivo establecer las bases
para formular una estrategia eficaz y eficiente que aborde el problema público,
que ha sido definido como: “Limitada
competitividad de la cadena de valor de la actividad pesquera en el ámbito
marítimo y continental”. Esto facilitará la definición de una situación
futura deseada y alternativas de solución, así como plantear objetivos,
lineamientos y servicios que se entregarán para satisfacer las necesidades y
expectativas de la población afectada por este problema.
También
se expresa que se han identificado
diversas oportunidades de mejora para abordar el problema público de la
"Limitada competitividad de la cadena de valor de la actividad pesquera en
el ámbito marítimo y continental". Estas oportunidades están alineadas con
los pilares de competitividad prioritarios para el sector, con el objetivo de
mejorar la competitividad en la cadena de valor de la pesca,
La
pregunta es ¿se va a diseñar una política de estado para la pesca en base a
esta definición del problema público de la pesca en el Perú? ¿Es ese el
principal problema de la pesca peruana? Definir la competitividad como problema
eje alrededor del cual diseñar la política, omite analizar que si no hubiese
peces y/o si no estuviesen saludables, no habría de qué competitividad hablar.
La
Política Nacional debe basarse en pilares como seguridad alimentaria, empleo
digno, generación de riqueza, diversificación y rol de la pesca artesanal,
sobre las bases de un ecosistema marino, fluvial y lacustre sanos y
sostenibles, que permita el aprovechamiento de los recursos, lo que incluye el
control de nuestro mar y protagonismo en el mar adyacente.
El
riesgo de basar el diseño de la política en un elemento económico, es que se
elaboren documentos de análisis académicos y económicos, priorizándolos sobre
la sostenibilidad y salud del ecosistema, asumiendo o presumiendo que los
recursos hidrobiológicos son inagotables.
La
política de pesca, así como la actividad pesquera, existen en función de los
recursos ícticos. Por lo tanto, la regulación y administración de las
pesquerías descansa fundamental y primariamente en ellos, los que tienen que
ser sostenibles y saludables. Un recurso extinguido no podría ser administrado
ni regulado. En consecuencia, el objetivo principal de una política pesquera
debiera ser el aseguramiento de la sostenibilidad de todos los recursos
hidrobiológicos y la buena salud de los ecosistemas.
La
Ley General de Pesca tiene por objeto normar la actividad pesquera con el fin
de promover su desarrollo sostenido como fuente de alimentación, empleo e
ingresos y de asegurar un aprovechamiento responsable de los recursos -
hidrobiológicos, optimizando los beneficios económicos, en armonía con la
preservación del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad. La misma
menciona que son patrimonio de la Nación, los recursos hidrobiológicos
contenidos en las aguas jurisdiccionales del Perú. En consecuencia, corresponde
al Estado regular el manejo integral y la explotación racional de dichos recursos,
considerando que la actividad pesquera es de interés nacional.
Para
la realización de una gestión sostenible de la actividad pesquera el Estado
posee instrumentos que pueden ser clasificados en instrumentos de control y en
instrumentos económicos. Para su mejor desarrollo, es necesario que exista una
visión de Estado traducida en una política que asegure la sostenibilidad de los
recursos pesqueros y la salud de los ecosistemas, por encima de cualquier otro
orden de ideas, a fin de garantizar que los operadores del sector dispongan de
una fuente permanente de empleo y se contribuya a la seguridad alimentaria de
los ciudadanos del país.
La
visión de largo plazo de la pesquería peruana debería orientar, no solo la
actividad regulatoria del Estado, sino modelar una estrategia educativa
nacional integral, que facilite la conservación del ambiente, la inocuidad de
los recursos capturados y la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos de
todo el país.
Importante
referente para este propósito, se encuentra la Demanda de Inconstitucionalidad
interpuesta por el Ministerio de la Producción, en representación del
Presidente de la República, contra los artículos 1º, 2º, 5º y 6º de la
Ordenanza Regional N.º 007-2004-CR/GOB.REG.TACNA, emitida por el Gobierno Regional
de Tacna. El Tribunal Constitucional, en Pleno jurisdiccional 00011-2008-PI/TC
dictó sentencia, de la cual se destaca el artículo 37, que expresa:
“En tal sentido, cuando la
generación lucrativa de ciertas empresas pesqueras entra en conflicto con el
bienestar colectivo o la defensa de los bienes que resultan indispensables para
que la vida humana siga desarrollándose, la interpretación que de la
Constitución se haga debe preferir el bienestar de todos y la preservación de
toda clase de vida, toda vez que la Economía Social de Mercado condiciona la
participación de los grupos económicos al respeto del bien común y del interés
general, estableciendo límites para que la democracia constitucional no sea un
espacio donde se impongan las posiciones de los más poderosos económicamente en
detrimento de los demás bienes jurídicos protegidos constitucionalmente”.
“Una pesquería sostenible es aquella
que puede mantenerse de forma indefinida sin comprometer la viabilidad de la
población de la especie objetivo y sin ejercer un impacto negativo sobre otras
especies dentro del ecosistema, incluidas las personas. Además debe incluir un
compromiso de buenas prácticas con el medio marino, contaminación cero y que la
actividad no produzca daños irreversibles”
LO QUE DEBIERA SER EL PROBLEMA
PUBLICO DE LA PESCA
Pensar
en utilizar únicamente mecanismos económicos y/o de mercado para elaborar
políticas pesqueras, puede resultar insuficiente desde los puntos de vista
sociopolítico, ambiental, biológico y ecológico.
No
debiera diseñarse una política basándose en los aspectos económicos como eje
principal. Se pretende sustituir el concepto de sostenibilidad colectiva por el
de explotación competitiva.
Tampoco
es factible un proceso de asignación y manejo planificado exclusivamente desde
el gobierno, dada la total diversidad de los recursos y la vasta dispersión de
la población activa de trabajadores pesqueros.
Lo
que se requiere es diseñar una combinación adecuada entre las soluciones
posibles y deseables. Para ello se requiere una acción concertada por parte de
la autoridad de pesquería, las organizaciones de trabajadores pesqueros y la
industria.
La
degradación del entorno marino, y la interferencia con el ecosistema a través
de la consciente o inconsciente utilización de los océanos como receptor de
desechos, además de la destrucción del hábitat originado por malas prácticas de
extracción, son factores de creciente incidencia en términos de deterioro de la
producción marina. Este es un tema previo a la competitividad.
El
paradigma dominante de la pesquería en el Perú es el de una pesquería
monoespecífica que desembarca los volúmenes más grandes de recursos pesqueros
del planeta.
El
ecosistema marino de Humboldt es el que presenta el mayor potencial mundial de
recursos pelágicos. Es el resultado de una capacidad adaptativa de ciertas
especies frente a los complejos y constantes cambios que se producen frente a
las costas peruanas.
Este
potencial no tiene garantías de estabilidad ni permanencia debido a las
variables que en el mismo introducen la actividad pesquera del hombre y el
cambio climático.
Tenemos
la grave responsabilidad y el deber de actuar con precaución, asegurando en
primer lugar la sostenibilidad de los recursos para satisfacer las necesidades
alimentarias de nuestra propia población.
Las
poblaciones de peces son recursos renovables; pero solamente si se tiene
cuidado de permitirles renovarse, podrán explotarse indefinidamente.
Por
ello se impone una ordenación, lo que significa que las cantidades capturadas
deben mantenerse dentro de los límites ecosistémicos definidos científicamente.
Las pesquerías deben regularse para que sean sostenibles.
Se
impone la necesidad de una visión nueva y diferente del contexto general en el
que se sitúa actualmente la pesquería.
Se
atribuye a los recursos marinos, no solo el carácter de renovable, sino además,
la cualidad de inagotable. Han elegido aceptar el mito, en obstinada ignorancia
de los hechos.
Las
generalizaciones del problema, que pretenden simplificar una situación
extremadamente compleja, tienden a opacarlo. La cantidad de datos numéricos,
estadísticos y económicos olvidan lo principal, o por lo menos no lo mencionan
o relegan a un plano inferior: la biología. El problema presentado de esta
manera, se ve reducido a una cuestión de números y, por ende, susceptible de solucionar mediante
formas sencillas de regulación. Se evade el hecho de la capacidad de captura
que la tecnología moderna le confiere o puede conferir a las embarcaciones de
hoy. Se evade la necesidad de definir límites máximos de extracción, lo cual no
se puede determinar sin recursos científicos apropiados. Se evade las
complejidades ecosistémicas y las asociadas con la dinámica de poblaciones,
factores determinantes del tamaño y comportamiento de los stocks.
Al
no tener en cuenta los impactos medioambientales y ecosistémicos así como los
aspectos institucionales, y tener en cuenta solo los aspectos económicos llevan
a recomendar soluciones que no consideran que los peces son seres vivos sujetos
a problemas biológicos y ambientales.
La
teoría económica no toma en cuenta la tendencia hacia la inestabilidad que
caracteriza al entorno marino; también simplifica en extremo el comportamiento de
las diferentes poblaciones de peces e ignora las complejas interacciones entre
las distintas especies, a través de su obstinada insistencia en utilizar
referencias tomadas basándose en una sola especie. Por último, desconoce el
impacto provocado por la compleja dinámica que conjuga la escasez del recurso,
el desarrollo tecnológico y el comportamiento humano.
La
administración desconoce el volumen real de la biomasa de todas las especies
del ecosistema marino de Humboldt y del ecosistema fluvial y lacustre. Recién
desde los censos del 2012 y 2013, así como de la ENEPA IV, se conoce relativamente
el número de pescadores y embarcaciones artesanales existentes. Careciendo de
esta información no se puede determinar con precisión cuáles serían los límites
máximos de captura por especie. Por tanto es imposible asegurar la
sostenibilidad de las pesquerías aplicando el esfuerzo pesquero correcto.
Lo
que obliga a realizar mayor investigación científica y estadística para
disponer de la información mínima necesaria que permita: Primero asegurar la
sostenibilidad de las pesquerías y segundo darles el ordenamiento adecuado.
La
coexistencia armónica entre la pequeña empresa artesanal y la gran operación
industrial perduraría solo mientras los recursos marinos mantuvieran cierto
nivel de abundancia y los mercados para las respectivas capturas presentaran
diferencias marcadas.
Una
pesquería sostenible solamente será posible cuando el país alcance el adecuado
nivel de madurez cívica que le permita entender y aceptar que se requiere
colocar el interés nacional por encima de los intereses de parte.
El
interés nacional requiere que se desechen los intereses económicos grupales y
se privilegie la alimentación de la población nacional por encima de todo. Ello
impone tener pesquerías sostenibles, una adecuada preservación de los recursos
pesqueros, del ecosistema y del medio ambiente, de tal forma que se garanticen
alimentos accesibles para toda la población del país en forma prioritaria.
