No creas en todo lo que se dice.

Aun cuando creas que algo aparece claro, ponlo en duda y no reposes. Duda de todo lo que parece ser bonito y verdadero. Pregúntate siempre: «¿Para qué?». No creas que una cosa sola es buena; lo recto no es recto y tampoco lo curvado es curvado. Si alguien dice que un valor es absoluto, pregúntale en voz baja: «¿Por qué?». La verdad de hoy puede mentir ya mañana. Sigue el río desde donde comenzó el torrente. No te basten las piezas aisladas. Pregúntate siempre: «¿Desde cuándo?». Busca las causas, une y disuelve, atrévete a mirar tras las palabras. Si alguien dice: «Esto es bueno (o malo)», pregúntale en voz baja: «¿Para quién?» Friedrich Paulus

La debida gestión pesquera

La Revista Pesca es un medio de información alternativo que presenta artículos, opiniones y noticias referidas a la pesca en el Perú y el mundo, con énfasis en la política pesquera, la sostenibilidad de los recursos pesqueros y la seguridad alimentaria. En este blog se publican notas de importancia, así como novedades del sector pesquero. En 2026 cumplimos 67 años de publicación en el Perú.

sábado, 3 de octubre de 2026

EL CONFLICTO DE LA POTA: PESCADORES ARTESANALES PARALIZARAN SUS FAENAS EN EXIGENCIA DE RESPUESTAS

 

Los gremios de pescadores artesanales de Piura y Lambayeque anunciaron un paro macrorregional indefinido a partir del 6 de octubre de 2026 en protesta por las restricciones y cuotas de captura de la pota.


ANALISIS DE ALGUNOS DE LOS PEDIDOS GREMIALES

En la agenda de la Federación Macro Región Sur de Pescadores Artesanales (que agrupa a gremios de Arequipa, Moquegua y Tacna) y en sus reuniones con el Ministerio de la Producción (PRODUCE), la renuncia o remoción del viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Eloy Barrientos Ruiz, ha sido una de las demandas centrales. Los pescadores lo declararon "persona no grata" debido a que consideraban que su gestión no respondía a la realidad productiva ni mitigaba el impacto del sector.

En la zona norte: Los gremios de pescadores artesanales de las regiones del norte (Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash) exigen la renuncia del viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Eloy Barrientos Ruiz, debido principalmente a la crisis por la veda y escasez del calamar gigante (pota), sumado a la falta de apoyo estatal y medidas regulatorias que afectan gravemente su economía. Las asociaciones han formalizado este pedido mediante documentos enviados al Ejecutivo y han anunciado un paro macrorregional indefinido.

En el pedido de renuncia o destitución del viceministro de pesca y acuicultura, existe la tesis de que es el responsable de todos los problemas del sector artesanal. Pero la realidad es que no es el viceministro el responsable de los problemas sectoriales ni de los de la pota. Este cargo, en realidad no detenta poder alguno. Para todo efecto práctico, el viceministro es tan solo un secretario técnico del  Ministro. Eso es lo que significa el título “Despacho Viceministerial de Pesca de Acuicultura”. Tramita documentos y los despacha hacia el Despacho Ministerial.

Las OPDs dependen directamente del Ministro y no del viceministro, por tanto, el primero posee una autoridad y poder casi absolutos sobre el sector, como titular del Pliego, no así el viceministro.

Este, de acuerdo a la organización y funciones de su despacho, no decide nada, no tiene autoridad ni mando sobre las OPDs. Tan solo sobre las direcciones, sus asesores y su personal de confianza, a los cuales tampoco tiene el poder de designar puesto que todo requiere una Resolución Ministerial, o sea, la aprobación del Ministro. La única autoridad real que tiene, a través de las únicas resoluciones viceministeriales que firma, está referida a quejas y apelaciones, permisos de pesca y otros temas administrativos.

El supuesto poder y responsabilidad del viceministro es un mito, como tantos otros en la pesca.

Su verdadera función es ser un experto en pesca para actuar como asesor o secretario del Ministro, dirigiendo una equipo de direcciones generales que además de desarrollar y ejecutar las decisiones políticas dispuestas por el ministro, son quienes llevan la rutina diaria del Despacho, el día a día. Además, es quien da la cara ante el público y los administrados en los temas que el Ministro de turno decida.

Más allá de eso, la opinión y recomendaciones del viceministro no tienen más valor ni peso que el que el Ministro de turno quiera otorgarle. Es tan solo un gran proponedor, que se convierte en una ayuda para el Ministro en la medida que pueda dar un amplio asesoramiento sobre los temas de pesca y acuicultura, en función a su conocimiento del sector y experiencia. Pero ¿cuántos viceministros en los últimos veinte años han sido expertos o siquiera conocedores del sector?

Esta podría ser la principal debilidad del viceministro; pero el problema es el Ministro. Salvo que la intención sea sacrificarlo para salvar al Ministro, destituirlo no resuelve el problema de fondo. Todos los argumentos contra el viceministro, en realidad debieran estar dirigidos hacia el Ministro. Es el Despacho Ministerial quien impone la agenda sectorial, más allá de lo que diga o piense el viceministro, fuese cual fuese su carácter, capacidad y experiencia. Pero si no conoce el sector, ¿cuál sería su función? ¿qué es lo que haría si no tiene ideas sobre los problemas de agenda o nada que proponer? Ese es el problema de fondo cuando se designa a un viceministro que no sabe lo que tiene que hacer ni conoce el sector.

El viceministro no puede resolver pedidos o requerimientos de los gremios. Lo más que puede hacer es trasladar los temas al Ministro quien es quien tiene la última palabra y la firma para el documento que correspondiese.

El responsable del sector es el Ministro, que no es sino el ejecutor de un modelo de gestión que, entre otras cosas, reparte culpas entre el Imarpe y el Ministerio, sin que quede clara la responsabilidad de cada uno. El primero dice que no toma decisiones sino que proporciona información y datos para la toma de decisiones. El segundo dice que toma sus decisiones en base a información científica recibida del primero. En esta gaseosa repartición de funciones, ¿Quién finalmente es el verdadero responsable de decisiones de las decisiones? Las normas que regulan el sector se ejecutan con una Resolución Ministerial, Decreto Supremo o Resolución Suprema que es firmada solamente por el Ministro sin necesidad de la firma del viceministro.

La existencia de un sistema en el cual IMARPE tiene un presidente que es dependiente de la voluntad del Ministro, quien lo designa y lo puede remover del cargo sin tener que dar explicaciones a nadie, es una situación que puede, legítimamente, crear suspicacias sobre la actuación del Presidente de la entidad.

Las decisiones que tome el Ministerio deben hacerse sobre información franca elaborada por el ente científico, que debe ser claro, contundente y directo en las materias de su competencia, sin temores ni presiones. Entonces las decisiones políticas que tome el Ministerio serán de fácil identificación en cuanto a responsables y no como hoy en día que, en el mejor caso, es una responsabilidad compartida. El país debe saber quién es el verdadero responsable de tomar las decisiones.

Esta entidad debería ser autónoma e independiente del poder y la presión políticas.

Los motivos específicos de este reclamo sectorial son:

1. Manejo de la crisis de la pota y cuotas de pesca

Restricciones y cuotas insuficientes: Los pescadores rechazan las limitaciones impuestas a la extracción de pota. Denuncian que las cuotas asignadas por el Ministerio de la Producción (Produce) son demasiado bajas y se agotan en pocos días, impidiendo el sustento de miles de familias.

Demanda de más faenas: Exigen que se autoricen al menos dos viajes por mes por embarcación y que se amplíe la cuota de captura para las más de 3,000 embarcaciones que esperan salir a la mar.

La veda de pota dentro del dominio marítimo peruano, mientras que fuera de las 200 millas no es posible establecer una veda ¿tiene sentido? Esto requiere de un estudio científico nuevo con nuevos parámetros y otra visión. Regular la pota dentro del dominio marítimo peruano mientras no existe la regulación fuera de las 200 millas genera un desbalance estructural. El impacto puede evaluarse en tres dimensiones: biológica, económica y geopolítica.

1) El hecho es que es una misma población y dos regímenes.

La pota es una especie altamente migratoria y transzonal que se desplaza entre el dominio marítimo peruano (ZEE en términos de la Convemar) peruana y aguas internacionales. Dentro de las 200 millas, Perú ejerce soberanía y puede imponer vedas. Fuera de las 200 millas, rige la libertad de pesca en alta mar, sin control directo del Estado peruano. El resultado es que una misma biomasa está sometida a dos sistemas regulatorios completamente distintos.

2) El impacto biológico es que se genera una eficacia parcial o incluso nula con la veda.

El efecto esperado de una veda interna es permitir reproducción, recuperar biomasa y mejorar la estructura poblacional. Pero en este caso ocurre una “fuga de conservación”, dado que durante la veda, la biomasa sigue siendo afectada en su porción fuera de las 200 millas por flotas de alta mar sin restricciones.

La conclusión biológica es que la veda nacional pierde efectividad si no hay coordinación internacional. Puede incluso terminar subvencionando la pesca extranjera (el stock se recupera en Perú, pero se captura afuera).

3) El impacto económico resulta en una transferencia de renta fuera del país. Aquí el efecto es más contundente:

a) Para la flota peruana, se paraliza la actividad (costos hundidos, empleo afectado), pérdida de ingresos en temporada de veda, menor competitividad frente a flotas extranjeras activas.

b) Para el mercado, reducción de oferta interna y externa, presión sobre los precios, sustitución por producto importado o capturado en alta mar.

c) Transferencia de valor, ya que la biomasa protegida en Perú termina siendo capturada fuera; la renta pesquera se desplaza hacia flotas extranjeras y Perú asume el costo de conservar, pero no captura el beneficio económico.

4) El impacto en la gobernanza resulta en un incentivo perverso, ya que la asimetría regulatoria genera efectos no deseados, como incentivo a operar cerca del límite (milla 200–201); presión para relajar vedas internas; deslegitimación de la política pesquera nacional; mayor riesgo de pesca ilegal o informal.

Por otro lado, el derecho internacional reconoce que cuando una población está dentro y fuera de la ZEE (en términos de la Convemar y dominio marítimo para Perú), los Estados deben cooperar para su conservación. Sin esa cooperación, el sistema se vuelve incoherente.

5) Evaluación sintética

Dimensión

Impacto de vedas solo en Perú

Biológico

Parcial / limitado

Económico

Negativo (pérdida de renta)

Competitivo

Desventaja para flota nacional

Gobernanza

Distorsiones e incentivos perversos

6) La conclusión estratégica es que aplicar vedas solo dentro del dominio marítimo peruano, sin mecanismos en alta mar, es una política incompleta y potencialmente contraproducente.

En la práctica, la veda funciona como una medida de conservación doméstica en un sistema abierto, donde otros actores pueden capturar el beneficio.

7) La implicancia de política, es que no es un problema biológico, es un problema de gobernanza internacional; el vacío no está en PRODUCE, sino en la ausencia de un régimen regional para la pota.

La veda sin coordinación equivale a ordenar la casa mientras el vecino se lleva el recurso.


2. Depredación del mar y falta de fiscalización

Embarcaciones sin control satelital: Atribuyen la escasez del recurso a la existencia de cerca de 6,000 embarcaciones que operan de manera informal o ilegal sin el Sistema de Seguimiento Satelital (Sisesat). Los pescadores acusan al viceministerio de no fiscalizar ni frenar la depredación de los recursos marinos dentro del litoral peruano.

3. Precios injustos de las plantas pesqueras

Bajos precios de compra: Los gremios protestan porque las plantas procesadoras e industriales fijan precios muy bajos (alrededor de S/ 2.90 el kilo de pota), lo cual no cubre los costos operativos debido al incremento en el valor de insumos esenciales como el combustible, el hielo y el flete. Exigen la intervención del Gobierno para regular las condiciones de comercialización.

Existe un exceso de flota. Ello no solo afecta a la biomasa por cuanto la capacidad de extracción puede ser superior a la capacidad de resiliencia de la biomasa, sino que influye directamente sobre el precio. A mayor oferta, menor precio.

El Estado no puede ni va a regular los precios. El modelo político y económico no se lo permite. Los empresarios están para ganar dinero y cuánto ganan es su única decisión. No creo que estén dispuestos a sacrificar márgenes en beneficio de un mejor precio para los pescadores. Por tanto, el problema debe atenderse mirando hacia su origen: demasiadas embarcaciones. Determinar por qué existen y cómo se construyeron y se siguen construyendo para eliminar las causas y diseñar un mecanismo de desguace del excedente, es la mejor manera de proteger los ingresos de los afectados. Se tiene que asumir que el mercado no admite más embarcaciones y que aún las actuales son demasiadas.

Es inevitable la necesidad de aplicar restricciones al tamaño de la flota. La disipación de las rentas se produce porque el armador, al observar que en la actividad pesquera se están produciendo beneficios económicos positivos, ingresa a ella tomando en cuenta sólo su estructura de costos medios y pensando en el ingreso medio que obtendrá de la participación de la actividad pesquera. Sin embargo, no toma en cuenta los efectos externos que causa a los participantes existentes, es decir, al ingresar él no considera que se reduce la biomasa disponible por lo que para alcanzar los mismos niveles de ingreso se requiere ejercer un mayor esfuerzo pesquero o alternativamente desplazarse a mayores distancias para alcanzar un mismo nivel de captura. Al final, se ejerce una cantidad de esfuerzo tal que los beneficios económicos que existían se hacen, o pueden volverse cero. Estos efectos corresponden a la externalidad productiva negativa, es decir, cada pescador no ha considerado en su decisión los efectos marginales que produce al resto de los participantes de la actividad, lo que se traducen en una diferencia entre el ingreso marginal social y el privado.

Es poco probable que eliminar las vedas sin reducir la cantidad de embarcaciones impacten sobre el precio para mejorarlo. El efecto de mayor flota siempre redundará en menor precio en muelle. Es verdad, sin embargo, que los precios internaciones se afectan también por cuestiones de mercado; pero pescar más pota no los mejorará.

El precio bajo de la pota en muelle no es un fenómeno aislado ni coyuntural, responde a una combinación de fallas estructurales del mercado, sobreoferta y debilidad en la cadena de valor. Desde la lógica de renta, el problema es claro: el valor se genera después del muelle, no en el muelle.

1) La Sobreoferta es el principal factor que hunde el precio. El determinante más directo es el exceso de oferta: La pota es un mercado tipo “commodity”. Cuando todos pescan más, el precio colapsa.

2) El precio NO se forma en el Perú

El precio de la pota, luego de ser procesada, no se define en el muelle peruano, sino en el mercado internacional. Los factores externos que influyen son la oferta global de calamar (especialmente Asia); la demanda internacional (China, Europa) y los precios de productos sustitutos.

El pescador peruano es tomador de precio, no formador. El precio viene “impuesto” desde afuera

3) Dependencia extrema de exportación: ~95% de la pota se destina al mercado externo.

La consecuencia es que el mercado interno no amortigua caídas. Si el precio internacional baja, el precio en muelle colapsa automáticamente. No existe “mercado doméstico que sostenga precios”.

4) Estructura de mercado: poder de compra concentrado

En el muelle ocurre algo clave: Pocos compradores (plantas procesadoras); Muchos vendedores (pescadores artesanales), lo cual genera asimetría de poder de negociación, precios impuestos por plantas/intermediarios y denuncias de precios “irrisorios” o “abusivos”.

Además de la  presencia de intermediarios en la cadena. El resultado es que el pescador vende barato porque no tiene alternativa de mercado. El precio lo impone el comprador.

5) Falta de capacidad de almacenamiento y frío.

El pescador enfrenta una restricción crítica ya  que la pota es altamente perecible y se necesita vender rápido al llegar, lo que genera una  venta forzada y la imposibilidad de esperar mejores precios.

Mientras tanto las  plantas pueden almacenar, procesar o exportar. El resultado es que el poder lo tiene quien puede esperar, no quien pesca.

6) Volatilidad extrema del precio: Un problema central para los armadores es que salen a pescar con un precio y regresan con otro (más bajo). Esto destruye la planificación financiera, el cálculo de rentabilidad y la capacidad de inversión.

7) Costos en alza + precio a la baja = márgenes negativos

Mientras el precio cae, el combustible sube, el hielo sube y los insumos suben. El más afectado es el armador, porque e quien financia toda la operación, además y/o el intermediario.

8) Otro factor crítico es el desorden y falta de control del esfuerzo pesquero: Se dice que hay más de 9 mil embarcaciones operando (según gremios), con falta de control efectivo y posible pesca no declarada. El efecto: es sobreoferta artificial, competencia desleal y  presión adicional sobre precios

9) Falta de diferenciación del producto, ya que la pota peruana se vende mayormente como producto básico,  sin valor agregado, sin diferenciación (calidad, certificación, trazabilidad). La consecuencia es que compite solo por precio y queda atrapada en el segmento más barato del mercado. El problema no es solo “precio bajo”, sino que es un problema de modelo económico de la pesquería.

Lo que realmente ocurre es que el pescador captura biomasa y la renta se genera en el  procesamiento, la exportación y la comercialización internacional. Y esos eslabones  no están en manos del pescador

El pescador de pota no vende barato porque quiere, sino porque está atrapado en el eslabón más débil de la cadena.  Produce volumen, pero no controla precio. Asume costos, pero no captura la renta.

EL CRECIMIENTO DE LA FLOTA

En el Perú existe desde hace años una política para evitar el crecimiento descontrolado de la flota artesanal y de menor escala. El D.S. N° 006-2015-PRODUCE estableció la prohibición de construir nuevas embarcaciones artesanales y de menor escala para cualquier pesquería en todo el litoral, contemplando excepciones como los casos de sustitución dentro del marco autorizado. La razón de fondo es controlar el incremento del esfuerzo pesquero y proteger la sostenibilidad de los recursos.

Además, desde 2024 la legislación es más severa. El artículo 308-E del Código Penal establece pena de 3 a 5 años de prisión y 180 a 400 días-multa para quien, infringiendo la normativa, construya o haga construir una embarcación durante un periodo de prohibición o sin la autorización correspondiente. La norma también alcanza, bajo las condiciones que establece, a quien adquiere, custodia o transporta una embarcación conociendo o pudiendo conocer su origen irregular, así como a quien financia o proporciona materiales, equipos o maquinaria para la construcción ilegal.

El D. Leg. N° 1393 permite además la interdicción y desguace o destrucción de embarcaciones construidas o modificadas ilegalmente. El Tribunal Constitucional confirmó la constitucionalidad de este régimen de interdicción, vinculándolo con la protección de los recursos hidrobiológicos.

Por tanto, existiendo la base legal ¿Por qué las autoridades permiten que se sigan construyendo?

Las áreas responsables de la fiscalización y control deben ser reorganizadas, el sistema de fiscalización debe ser revisado. Es evidente que lo existente es insuficiente o ineficiente y tiene que ser reemplazado.


4. Falta de perfil técnico e incapacidad de gestión

Desconexión con la realidad: Los dirigentes argumentan que las decisiones tomadas por el viceministro Barrientos se realizan desde un enfoque estrictamente burocrático que ignora la realidad que viven los hombres de mar en los puertos de Paita, Sechura, San José, Chimbote, entre otros. Señalan que el funcionario no cuenta con el perfil idóneo ni el conocimiento suficiente para mitigar los impactos en especies clave como la pota, la anchoveta y el bonito.

Debido a estas exclusiones en infraestructura, sumado a la severa crisis por la escasez y las cuotas de la pota, la reacción final de los pescadores del norte y de La Libertad ha escalado a la radicalización. Se han convocado paros indefinidos y bloqueos de carreteras en zonas estratégicas. Los gremios exigen no solo la reorganización del presupuesto para mantenimiento de muelles, sino también la destitución de los altos funcionarios del Viceministerio de Pesca por lo que consideran una total desconexión con la realidad de las caletas artesanales.

La reacción y la situación específica en:

1. La Libertad: Salaverry y Pacasmayo (Indignación por falsas promesas y peligro de colapso)

En la región La Libertad, la indignación es sumamente alta.

* DPA Salaverry: La reacción de los pescadores y comerciantes mayoristas ha sido de protesta abierta mediante marchas hacia las oficinas de PRODUCE. Su molestia radica en que el muelle tiene serias deficiencias de infraestructura y carece de la habilitación sanitaria indispensable para exportar y vender formalmente bajo estándares óptimos. Tras la presión, el ministro prometió que si se cumplen los requisitos técnicos, se les otorgará dicha habilitación en un plazo de 30 días, pero los pescadores se mantienen en alerta por la falta de un presupuesto real para defensas costeras frente a El Niño.

* Frigorífico/Muelle de Pacasmayo: Aquí los pescadores sienten que han sido defraudados históricamente por constantes promesas políticas que no se cumplen. Su malestar es crítico porque el proyecto de su nuevo DPA lleva retrasos y la [Contraloría General de la República] ya advirtió que el "plan de contingencia" (las estructuras temporales que usan mientras esperan la obra) tiene un alto riesgo de colapso de infraestructura y problemas de seguridad. El verse excluidos de los fondos de emergencia de PRODUCE ha provocado que los pescadores locales alcen la voz bajo la consigna "Pacasmayo también existe", reclamando que el centralismo regional prioriza siempre a otros puertos.

2. Tumbes: DPA Zorritos (Sensación de desprotección ante la veda y las lluvias)

Zorritos: Los pescadores artesanales de esta zona reaccionaron con frustración al ver que la inversión de emergencia se concentró únicamente en Acapulco y Cancas. El gremio de Zorritos reclama que su infraestructura sufre graves inundaciones en la zona de desembarque cada vez que se activa una quebrada por las lluvias de El Niño. Su molestia se suma a las denuncias por la depredación de la pesca de altura por parte de naves industriales, argumentando que el Gobierno los deja desprotegidos tanto en el mar como en la tierra al no darles un muelle seguro.

3. Piura: Las Delicias (Temor por el impacto climático)

* Las Delicias: Esta caleta sufre un impacto devastador cada vez que se presentan anomalías climáticas o un Fenómeno El Niño fuerte, debido al fuerte oleaje y el desborde de zonas aledañas. Los pescadores de Las Delicias reaccionaron con asombro y reclamos directos a los coordinadores de [FONDEPES], manifestando que priorizar los DPAs grandes (como Máncora o Talara) deja desamparadas a las comunidades pesqueras más vulnerables que pierden sus herramientas de trabajo cuando el mar destruye sus rústicos accesos de desembarque.

El panorama general de la reacción: Paro Macroregional

Debido a estas exclusiones en infraestructura, sumado a la severa crisis por la escasez y las cuotas de la pota, la reacción final de los pescadores del norte y de La Libertad ha escalado a la radicalización. Se han convocado paros indefinidos y bloqueos de carreteras en zonas estratégicas. Los gremios exigen no solo la reorganización del presupuesto para mantenimiento de muelles, sino también la destitución de los altos funcionarios del Viceministerio de Pesca por lo que consideran una total desconexión con la realidad de las caletas artesanales

La queja contra la problemática de los Desembarcaderos pesqueros artesanales y la infraestructura pesquera en general, no implica directa ni indirectamente al viceministro, sino al jefe del FONDEPES y a su jefe directo, que es el Ministro, como único responsable del sector.

Lo que corresponde es una reorganización profunda del FONDEPES y la designación de funcionarios con experiencia en el tema de construcción de infraestructura y capacitación, entre otros. El problema no es presupuestal, sino de gestión, de experiencia, de capacidad y de estructura organizacional.

jueves, 1 de octubre de 2026

“POTA PERUANA: RIQUEZA DESAPROVECHADA Y POLÍTICA AUSENTE”

 


Por:

Raúl Castillo Rojas

Marcos Kisner Bueno

LA AUSENCIA DE POLÍTICAS CLARAS Y DE ARTICULACIÓN ESTATAL ESTÁ EROSIONANDO EL VALOR DE UNO DE LOS PRINCIPALES RECURSOS MARINOS DEL PAÍS.

“Más pesca no significa más riqueza cuando el desorden define las reglas”

El Mar Peruano vuelve a ser escenario de una de las contradicciones más profundas de nuestra economía. Mientras el Ministerio de la Producción (PRODUCE) celebra haber elevado extraordinariamente el Límite Máximo de Captura Total Permisible (LMCTP) a la cifra histórica de cerca de 710 mil toneladas este año 2026, en los muelles de Paita, Sechura y Parachique el ambiente productivo y social no es de celebración, sino de profunda incertidumbre y protestas sociales. La pota (o calamar gigante) se ha consolidado como la mayor paradoja económica del país: lideramos la oferta mundial, capturamos volúmenes colosales y generamos exportaciones que superan los US$ 1.200 millones, pero el modelo que la sostiene sigue atrapado en una lógica primitiva de mucho volumen, poco valor y nula estrategia de largo plazo. Detrás de las cifras oficiales, se entraña una realidad incómoda. La pesca de pota en el Perú es una actividad económica de oportunidad, no una política sectorial. El extraordinario incremento de biomasa de este año no es el resultado de una brillante planificación pública ni de un diseño institucional sólido. Es, en gran medida, una respuesta coyuntural que el país simplemente aprovecha cuando aparece (“pulso poblacional”), pescando a ciegas en un escenario global que no planificamos ni controlamos.

Las dinámicas del Fenómeno El Niño 2026 han alterado drásticamente la geografía de nuestras pesquerías. El persistente calentamiento anómalo de la superficie marina ha ahuyentado a las especies tradicionales de aguas frías hacia el sur o hacia las profundidades. En su lugar, el ingreso masivo de masas de agua cálida ecuatorial ha generado un desplazamiento y una concentración inusual de recursos tropicales y de la propia “pota” a lo largo del litoral. Este fenómeno climático no representa una bonanza planificada, sino un revuelo biológico en el que el recurso aparece en zonas imprevistas y en volúmenes desorbitados, desnudando la absoluta falta de preparación logística y de infraestructura de almacenamiento en nuestros desembarcaderos artesanales para gestionar “picos tan severos de biomasa”.

Aquí es donde emerge el problema político de fondo: el Estado ha abdicado de su rol estratega. Seguimos operando sin un ordenamiento efectivo del esfuerzo pesquero y sin una estrategia agresiva que proteja la biomasa capturada en aguas internacionales por flotas extranjeras que acechan nuestras fronteras marítimas. En la fase extractiva, la cadena productiva continúa fragmentada y dominada por la informalidad relativa. Al permitir que miles de embarcaciones artesanales compitan como “una carrera olímpica” (desordenada) por un recurso altamente volátil, sin mecanismos que estabilicen los ingresos o los precios, el resultado es tan predecible como doloroso.

Este año, la sobreoferta ha presionado los precios internacionales a la baja, dejando a los pescadores artesanales en los puertos del norte recibiendo montos irrisorios que apenas cubren el alza de los costos operativos. En contraste, cuando el recurso escasea, los ingresos colapsan por completo. En ambos escenarios, el “Perú pierde”. Pierde porque es incapaz de capturar valor industrial, pierde porque no estabiliza su principal pesquería de consumo humano directo, y pierde porque deja que la renta potencial se licúe en una cadena primaria y poco integrada que envía la inmensa mayoría de su producción a los mercados asiáticos como bloque básico congelado, sin mayor procesamiento interno.

Esta inacción gubernamental no es un descuido técnico; es una decisión política. Mantener el statu quo y postergar las reformas de fondo beneficia a quienes operan en el corto plazo y lucran con la desorganización del sector, pero perjudica gravemente el futuro del país. Mientras otras potencias pesqueras avanzan firmemente hacia modelos sofisticados basados en la industria avanzada, la innovación tecnológica y la diversificación de mercados, el Perú sigue atrapado en el rol de simple extractor de materia prima. En este 2026, la pota nos demuestra que el volumen sin visión es solo una riqueza ilusoria. Si el Estado no asume una verdadera política de ordenamiento e industrialización, seguiremos condenados a ver cómo el mayor tesoro de nuestro mar se diluye entre las manos de una cadena que se niega a modernizarse.

PESCAR MÁS, GANAR MENOS: LA PARADOJA ECONÓMICA DE LA POTA EN EL PERÚ

La pota en el Perú tiene la escala de un gigante económico, pero el tratamiento de una pesquería menor. Aunque ha generado más de US$ 1.400 millones en exportaciones y devora el 76% del volumen de los productos congelados del país1/ (Oceana-Perú), su éxito es una fachada. Detrás de las cifras millonarias se esconde la realidad de un sector que funciona como una simple pesquería de volumen, cuando tiene todo el potencial para convertirse en una palanca de desarrollo industrial, una fuente de empleo formal y el eje de la diversificación exportadora que tanto busca nuestra economía.

¿Qué nos frena? Algo que no se compra en el mercado técnico: liderazgo de gobernanza política.

Resolver el desorden de la pota no requiere una ingeniería compleja ni descubrir la pólvora. El camino es claro: ordenar el esfuerzo pesquero para frenar la sobrecapacidad, invertir en cadenas de frío que defiendan la calidad del producto, e impulsar una verdadera política industrial de transformación. A esto se debe sumar el diseño de herramientas financieras y comerciales que amortigüen la volatilidad natural de la especie. Si nada de esto se hace, no es por falta de conocimiento o de diagnósticos; es por una flagrante carencia de decisión. El Perú no padece una escasez de recursos; padece una alarmante falta de Estado.

El corazón del problema tiene responsables con nombre propio. La autoridad sectorial ha confundido la palabra "gobernar" con "reaccionar". Administrar cuotas sobre la marcha, emitir resoluciones de última hora y abrir o cerrar los “grifos de captura” según sople el viento no es "manejo adaptativo", es gestionar la crisis del día a día. Mientras tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) contempla el escenario como un espectador silencioso, ajeno al valor estratégico que se diluye en el mar.

El costo de esta parálisis lo pagan, como siempre, los más vulnerables. Sin un ordenamiento estructural, miles de embarcaciones artesanales navegan a ciegas en un mercado saturado. El resultado es una tormenta perfecta: picos de sobreoferta que desploman los precios en el muelle. Así, el pescador artesanal queda atrapado en una paradoja perversa: sale al mar, trabaja el doble, captura más que antes, pero gana mucho menos debido al encarecimiento del combustible2/ (Infobae). La pota es, hoy por hoy, el espejo más nítido de un país que lo tiene todo para ganar, pero cuyo Estado no sabe qué hacer con la riqueza que tiene en las manos.

La pota se ha consolidado como una de las principales fuentes de divisas para el Perú, pero su gestión evidencia una profunda desconexión estructural entre el Estado y el sector empresarial. Por un lado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) adopta un rol meramente recaudador, limitándose a observar las cifras récord de exportación sin diseñar políticas económicas sectoriales, estímulos para el valor agregado o mecanismos para estabilizar los ingresos y capturar la renta del recurso. Por otro lado, los gremios empresariales se han acomodado en un modelo de negocio de alto volumen, bajo procesamiento y rápida rotación comercial centrado en el producto congelado. Esta estrategia minimiza los riesgos financieros inmediatos, pero condena al país a exportar materia prima básica mientras mercados internacionales, liderados por China, industrializan el recurso y absorben la mayor parte de la rentabilidad global.

Esta inacción estatal y falta de visión privada perpetúan una lógica extractiva primaria donde el Perú asume por completo el riesgo biológico y operativo sin retener el valor potencial de su abundancia. La gobernanza del sector se diluye así en un esquema donde el Ministerio de la Producción (PRODUCE) administra la pesquería sin ejercer un liderazgo real, el MEF recauda dinero de forma pasiva y los gremios producen sin transformar la materia prima.

Esta falta de articulación integral se extiende también a los criterios regulatorios. Los informes técnicos que sustentan las vedas biológicas omiten por completo un análisis estratégico sobre la asimetría territorial de las restricciones. Estas normas prohíben la captura desde la costa hasta la milla 200 —dentro del dominio marítimo nacional—, pero ignoran la realidad de la milla 201 en adelante, donde las flotas extranjeras operan en altamar sin ningún tipo de control ni paralización biológica, dejando al país desarmado ante un recurso que no conoce de fronteras políticas.

¿Acaso las capturas fuera de las 200 millas no impactan a la porción de la biomasa que se encuentra en nuestro dominio marítimo? ¿Por qué entonces, prohibir capturas a la flota nacional mientras que la extranjera es libre de capturar sin límites ni medida?

Y así, año tras año, el Perú repite la misma historia: abundancia sin desarrollo, exportaciones sin industria y crecimiento sin política. Porque cuando el Estado no toma decisiones, el mercado decide por él. Y casi nunca a favor del país.

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1/ https://peru.oceana.org/blog/exportaciones-pesqueras-2025/?utm_source=chatgpt.com "Informe | Las exportaciones pesqueras del Perú en el 2025"

2/https://www.infobae.com/peru/2026/07/05/la-pota-no-tiene-cuando-acabarse-en-aguas-peruanas-y-el-gobierno-eleva-ahora-la-cuota-maxima-a-589230-toneladas/?utm_source=chatgpt.com "La pota no tiene cuándo acabarse en aguas peruanas y ...

sábado, 26 de septiembre de 2026

ELFUTURO DEL MAR DEL PERU DEPENDE DE LA ANCHOVETA

 EL DESTINO DEL MAR PERUANO ESTÁ EN LA ANCHOVETA

 


 EL PROPOSITO DEL ARTICULO

La anchoveta es el nodo trófico que gobierna el ecosistema de Humboldt; sin embargo, el Estado la administra mediante reglas fijas sobre un sistema inherentemente variable. Este artículo incorpora tres elementos clave a la discusión: la secuencia histórica de colapsos encadenados que comenzó con la llegada de la flota atunera en la década de 1940, la evidencia de crecimiento y morfología que explica el colapso de la merluza, y el balance de externalidades de la industria de harina de pescado.

El propósito principal de esta investigación es demostrar la relación directa entre la disponibilidad de la biomasa de anchoveta y la subsistencia de sus especies dependientes, especialmente la merluza en sus tallas medianas y grandes. A través de este análisis, se postula que la disminución de la anchoveta —motivada por factores climáticos y la presión antropogénica— ha impactado negativamente en los niveles poblacionales de otros recursos clave del sector.

El informe completo en PDF se encuentra el  link que se brinda al final y debería ser leído por todos quienes vivieron y siguen viviendo las consecuencias del manejo político de la pesquería. El tema es largo, pero para su entendimiento no basta leer titulares o resúmenes ejecutivos, debe leerse completo.

La pesquería peruana tiene una historia compleja que debe ser preservada para las nuevas generaciones. Lamentablemente, la inmediatez del mundo moderno nos empuja a consumir solo titulares o resúmenes, lo que dificulta el entendimiento cabal de la realidad y fomenta opiniones sesgadas. El manejo político de la pesquería ha dejado consecuencias profundas; por ello, invitamos a revisar el informe completo en PDF disponible en el enlace al final de esta nota. El destino de nuestro mar es un tema extenso y vital que no puede entenderse a medias: exige una lectura profunda.

 EL MAR NO ESPERA: EL FIN DE LA PESCA PREDECIBLE EN EL PERÚ

En el Perú, la regulación pesquera opera bajo la premisa de que el mar es un sistema cuasi estable, predecible y lineal. Sin embargo, la evidencia científica demuestra lo contrario: el Pacífico sudeste es un ecosistema dinámico, sujeto a variaciones constantes impulsadas por factores oceanográficos y climáticos a escala de corto plazo, decadal y secular.

Este problema estructural ya resulta insostenible. El marco legal y tributario del sector se diseñó sobre el supuesto falso de que los recursos marinos son fijos. Fenómenos como El Niño y La Niña alteran drásticamente la temperatura del agua y la biomasa disponible en cuestión de meses; de hecho, la abundancia de las especies varía incluso dentro de un mismo año. A pesar de esta volatilidad, el Estado insiste en planificar y recaudar mediante reglas rígidas, provocando un choque crítico entre la realidad biológica y la política pública.

Las consecuencias de este descalce van más allá de lo ambiental; impactan directamente en los ámbitos económico y fiscal. Al aplicar mecanismos rígidos de acceso y cobro sobre un recurso altamente variable, el Estado genera dos distorsiones simultáneas: en periodos de alta productividad, desaprovecha la captura de la renta pesquera; en años de escasez, impone una carga regulatoria desproporcionada sobre los administrados. En ambos escenarios, el resultado es idéntico: se destruye la eficiencia en la asignación de recursos y se debilita la capacidad estatal para gestionar la renta marina.

Fenómenos como El Niño y La Niña alteran la temperatura del agua y la cantidad de peces en pocos meses. La abundancia de especies no es constante ni siquiera en un mismo año.

A pesar de esto, el Estado sigue planificando y cobrando con reglas rígidas. Este choque entre la biología real y la política pesquera genera graves ineficiencias.

En ambos casos, el resultado es el mismo: pérdida de eficiencia en la asignación de recursos y debilitamiento de la capacidad del Estado para gestionar adecuadamente la renta marina.

El debate de fondo no radica en si el Perú debe explotar sus recursos pesqueros, sino en si cuenta con las herramientas idóneas para gobernar un sistema natural inherentemente inestable. A la luz de la ciencia, la respuesta es una verdad incómoda: no. Persistir en una regulación diseñada para un océano estático dejó de ser un simple error técnico; es una decisión política con costos económicos acumulativos que erosionan la competitividad del sector, la sostenibilidad fiscal y la resiliencia del Estado frente a los shocks climáticos.

El Perú necesita dar un salto conceptual urgente: pasar de una política pesquera basada en supuestos de estabilidad a una gestión enfocada en el riesgo y la variabilidad. Esto implica repensar desde los derechos de acceso hasta los mecanismos de captura de renta, incorporando de manera real —y no meramente declarativa— la ciencia oceánica en la toma de decisiones.

Mientras este cambio no ocurra, el Estado seguirá administrando un mar dinámico con reglas fijas. En ese desfase silencioso entre la naturaleza y la burocracia se juega buena parte del futuro de nuestra economía pesquera.

Si hacia la presente década el régimen marino se vuelve menos favorable para la anchoveta y más propicio para la sardina, el jurel y la caballa, la prioridad nacional no debe ser la defensa ciega de las cuotas de anchoveta. El verdadero reto es prepararse para procesar nuevas especies, lo que exige transformar plantas, reconfigurar líneas de proceso, obtener certificaciones sanitarias y conquistar mercados distintos. Reconvertir la infraestructura y abrir canales de exportación toma entre cinco y diez años, no un simple ciclo de veda. Si este cambio de régimen ya comenzó, el país ya va tarde.

Las evidencias científicas revelan que la disponibilidad espacial y temporal de la biomasa de anchoveta condiciona la estabilidad y productividad de otras especies clave del ecosistema peruano. Este factor impacta directamente en el empleo, las exportaciones y la sostenibilidad de todo el sistema. Por ello, se debe reconocer formalmente lo ocurrido históricamente con la merluza y discutir con seriedad —sin descalificar a quienes plantean el debate— la interacción entre la extracción industrial de anchoveta para harina y la disponibilidad de alimento para las especies que dependen de ella.

En el pasado, quienes extraían, procesaban y exportaban merluza, cumplieron estrictamente con las cuotas fijadas por el Estado; aun así, perdieron la actividad sin recibir compensación ni alternativas.

La actitud del Estado para con la industria reductora de harina de anchoveta, es de protección y de apoyo, lo que resulta legítimo hoy y siempre. Lo que se debe censurar es que el Estado ni protegió ni apoyo a la industria merlucera en su momento. Los que sobrevivieron, sin apoyo, lo hicieron dedicándose a la pota sin mayor compensación por parte de las autoridades de pesquería.

Un sector que se niega a revisar sus errores está condenado a repetirlos.

LA ANCHOVETA: EJE DEL ECOSISTEMA Y DE LA POLÍTICA PESQUERA

La anchoveta no es un recurso pesquero más: de su abundancia o escasez depende toda la cadena de valor del sector. Gestionar la anchoveta es administrar el mar. Pese a que la ciencia confirma que esta especie articula y rige el ecosistema marino, la política pesquera peruana insiste en tratar a las especies como compartimentos aislados, bajo un enfoque reduccionista y antropocéntrico. Minimizar su rol no es un fallo técnico; es una decisión política con un alto impacto sistémico.

Si la anchoveta cae, todo el sistema se trastoca. Su disminución reduce las poblaciones de especies ecológicamente dependientes —como aves guaneras, mamíferos marinos y peces de alto valor comercial (jurel, caballa, bonito y merluza)— y altera a sus especies asociadas (samasa, sardina peruana y juveniles). Esto desata un desorden ecológico que fractura el sistema. El colapso poblacional nunca empieza en los grandes depredadores: comienza en la base.

Sin embargo, las reglas económicas y administrativas del sector no han internalizado esta volatilidad. Se recauda, regula y planifica como si la base biológica fuera estable, olvidando que se gestionan organismos vivos y no recursos inertes como la energía eléctrica o los hidrocarburos. Este desajuste entre la biología y la política es el origen de múltiples ineficiencias.

El problema no es solo ambiental, sino socioeconómico y fiscal. Cuando el Estado diseña mecanismos rígidos de acceso y cobro de derechos sobre un recurso altamente variable, genera dos distorsiones simultáneas: en años de alta productividad, la renta marina no se captura plenamente; en años de escasez, la carga regulatoria resulta desproporcionada. En ambos escenarios, el resultado es el mismo: se pierde eficiencia en la asignación de recursos y se debilita la capacidad estatal para gestionar la riqueza del mar.

Lo que está en discusión no es si el Perú debe o no explotar sus recursos pesqueros. La verdadera discusión es si el país cuenta con la madurez institucional para diseñar una gobernanza que entienda que la sostenibilidad ecológica es la única garantía de la viabilidad económica.

 ¿POR QUÉ SE LLEGÓ A LA CRISIS EN LA INDUSTRIA DE LA MERLUZA?

Las medidas biológicas para la conservación de la merluza eran teóricamente correctas, siempre y cuando la información en la que se basaban hubiese sido exacta. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿lo era? Y más aún, ¿lo es ahora en el caso de la anchoveta y otros recursos?

Dentro de este escenario, la flota artesanal del país representa el primer eslabón en la cadena de abastecimiento de materia prima. Por ello, los precios que recibe deben ser justos y dignos. Esto solo se lograría si el producto final alcanza un alto valor agregado, si su precio internacional compite con lealtad y si el empresario reconoce tanto el valor real del recurso como la necesidad de pagar sueldos justos.

No obstante, existe un componente que casi siempre se omite: la infraestructura. Sin una cadena de frío, desembarcaderos modernos y accesos viales adecuados, hablar de un "precio justo" para el pescador artesanal es mera retórica. En Paita, por ejemplo, las pérdidas causadas por deficiencias logísticas se descuentan directamente del pago al pescador, nunca del margen del comercializador. La cadena pesquera no se ordena solo regulando precios; se ordena ejecutando obras. Quien exporta sabe perfectamente que el rechazo del producto por problemas de calidad casi siempre se origina en la tierra, no en el mar.

Alcanzar la armonía en toda la cadena pesquera se traduciría en una bonanza económica creciente para el país, la generación de empleo permanente, una mejor alimentación popular y la protección efectiva tanto del recurso como del medio ambiente. Asimismo, consolidaría un entorno sano y atractivo para las inversiones que el sector necesita para modernizarse.

Si un organismo científico carece de eficiencia técnica, independencia frente a presiones externas y el liderazgo de los mejores especialistas, la gestión pesquera continuará bajo el control de burócratas desactualizados que defienden intereses particulares en detrimento del bienestar nacional. En este escenario, la flota artesanal constituye el eslabón primordial en la cadena de suministro de materia prima; por ende, los precios que recibe deben ser justos y dignos. Este equilibrio se alcanzará únicamente si el producto final posee un alto valor agregado, si su precio en el mercado internacional compite en condiciones de lealtad y si el sector empresarial reconoce tanto un valor justo por el recurso como salarios dignos para sus trabajadores.

Existe un eslabón que casi siempre se omite: la infraestructura. Sin una cadena de frío eficiente, desembarcaderos modernos y accesos viales adecuados, el "precio justo" para el pescador artesanal no es más que retórica. En Paita, por ejemplo, las mermas ocasionadas por deficiencias logísticas se descuentan directamente del pago al pescador, jamás del margen del comercializador. La cadena de valor no se ordena con discursos sobre precios, sino con obras concretas. De hecho, cualquier exportador sabe que el rechazo de un producto por problemas de calidad se origina casi siempre en la gestión en tierra, no en las faenas de alta mar.

El problema de fondo es que el Estado no aplicó una política de conservación oportuna, probablemente por un exceso de confianza en la información científica disponible. Una conservación eficaz de la especie habría requerido de una concertación previa y el otorgamiento de un plazo razonable. Esto hubiera permitido reconvertir los esfuerzos de la industria merlucera hacia otras especies, minimizando el impacto negativo en los ámbitos social, laboral, financiero y comercial del negocio.

Faltó, sobre todo, una búsqueda conjunta de alternativas. Ante esto, cabe preguntarse: ¿existió responsabilidad de los funcionarios del IMARPE de aquellos años? Culpar exclusivamente a la industria fue un error: los armadores pescaron lo que el Estado les permitió y no lo que quisieron. Si el IMARPE se equivocó, nunca lo reconoció ni actuó en consecuencia.

Además, la pesca convive intrínsecamente con el factor aleatorio. Predecir el comportamiento de la naturaleza y su impacto en la biomasa es una tarea compleja. Por ello, la actividad pesquera exige el mejor soporte científico posible. Esto demanda potenciar al máximo al IMARPE y reestructurarlo conforme a ley, perfeccionando la información técnica que sirve de base para la toma de decisiones políticas. Para lograrlo, los funcionarios y científicos deben ser designados formalmente y no bajo la figura de "encargados". Asimismo, deben cumplir con perfiles de alta exigencia, poseer los más altos estándares profesionales y carecer de sanciones o denuncias vigentes. Los perfiles requeridos para los cargos de alta dirección jamás debieron flexibilizarse.

La externalidad institucional es, sin duda, la que genera mayor indignación. Se manifiesta en el poder económico capaz de instrumentalizar la ciencia a su conveniencia, atribuyendo el colapso de la merluza a los eufáusidos mientras descalifica —por supuesto interés de parte— a quien señale la causa real, tal como ocurrió en su momento.

Por su parte, la externalidad distributiva cierra este círculo vicioso: los beneficios se concentran en un grupo selecto de titulares de derechos, mientras que los perjuicios se socializan entre los pobladores costeros. Así, un puñado de grandes corporaciones captura la renta de un recurso que la Constitución declara patrimonio de la Nación. En contraste, el pescador artesanal, el habitante de la caleta, quien sufre la contaminación de las plantas, quien vio desaparecer la corvina y la cojinova de su mesa o quien perdió su empleo tras el colapso de la merluza, asume los costos sin recibir compensación alguna.

Si bien las cuotas individuales transferibles optimizaron la eficiencia extractiva, también consolidaron la concentración económica. Al ser transferibles, migraron naturalmente hacia los grandes capitales, cumpliendo con el diseño intrínseco del instrumento. Así, la pesquería se ordenó, pero la distribución quedó irresuelta. Un régimen donde la ganancia es privada, concentrada y legal, mientras el daño es público, difuso y huérfano de compensación, no representa un modelo de gestión; constituye, en realidad, una transferencia sistemática de riqueza desde el litoral hacia unos pocos balances financieros.

En consecuencia, el balance neto para el país es negativo. El argumento de que el sector genera divisas y empleo es insuficiente si no se cuestiona a qué costo y quién lo paga. Debe asumirse que de la anchoveta depende el sostenimiento del ecosistema marino de Humboldt.

 “LA ANCHOVETA COMO NODO CENTRAL DEL ECOSISTEMA MARINO DE HUMBOLDT” constituye la segunda parte de este informe y puede bajarse en siguiente link:

 https://www.dropbox.com/scl/fi/4go471hidvv1ozhhdcoub/LA-ANCHOVETA-COMO-NODO-CENTRAL-DEL-ECOSISTEMA.pdf?rlkey=7bgz3y8wpaf9ltn9n5m8vtcw0&dl=0

domingo, 13 de septiembre de 2026

LOS ORIGENES DE LA OROP (ORGANIZACIÓN REGIONAL DE ORDENACION PESQUERA DEL PACIFICO SUR)

En las últimas semanas se ha venido denunciando por parte de los miembros cooperantes y no cooperantes de la OROP, que las reuniones se realizan en inglés y que existe una negativa a emplear algún sistema de traducción simultánea.

Resulta una ironía que, esta organización que nació a iniciativa de países de habla hispana, hoy está dominada por miembros de habla inglesa. La otra ironía es que nación para defender al jurel, cosa que logró con cierto éxito;  pero ahora es la pota la que requiere ser defendida, en lo cual no se está viendo avances prácticos ni significativos.

Lo que nació como una iniciativa chilena para proteger el jurel, hoy se enfrenta a una flota pesquera china enorme que puede acabar con la biomasa de pota. Estamos ante un escenario muy diferente del que existía cuando esta organización nació. Han pasado casi veinte años y aún no ha logrado crear mecanismos vinculantes que obliguen a sus miembros a respetar y cumplir los acuerdos que se toman.

En términos prácticos, se habla mucho y se hace poco. Al final, los miembros con más poder y fuerza imponen su voluntad y hacen lo que quieren.

LAS ORGANIZACIONES REGIONALES DE ORDENAMIENTO PESQUERO

Las Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesqueros (OROP), son organizaciones o acuerdos internacionales, integradas por países con intereses pesqueros en un área de alta mar. Algunas de estas organizaciones pueden administrar todas las poblaciones de peces en un área particular, mientras que otras se centran en la gestión especifica de recursos altamente migratorios en áreas geográficas extensas.

Las OROP están conformadas tanto por países de la región, los denominados “estados ribereños”, como por países con algún interés en una determinada pesquería. Algunas de estas organizaciones tienen un rol consultivo, mientras que la mayoría de OROP tienen facultades de gestión para fijar límites de captura y esfuerzo pesquero, medidas técnicas y de control. Por lo que juegan un rol fundamental en la gestión pesquera mundial, y son la principal herramienta de cooperación entre naciones pesqueras, elemento esencial para la conservación y gestión efectiva de pesquerías internacionales.

ANTECEDENTES SOBRE LA ORGANIZACIÓN REGIONAL PESQUERA DEL PACIFICO SUR (OROP PS).

Para Chile uno de sus objetivos geopolíticos y estratégicos de primer orden era y es el alcanzar la hegemonía marítima sobre el Océano Pacífico.

La existencia de una nueva figura jurídica dentro del Derecho Internacional fue la declaración de poseer para sí “El mar Presencial de Chile” donde ejerce soberanía y jurisdicción con el fin de: Obtener el predominio sobre el Océano Pacífico tanto en el campo de la navegación comercial como el dominio efectivo con una marina de guerra con potencia de fuego de primer orden en Sudamérica. Consolidar el Eje Arica-Iquique con la potenciación de movimiento portuario en Arica e Iquique y la construcción del mega puerto de Mejillones.

Por Ley General de Pesca y Agricultura (1991) Chile utilizando una ficción jurídica crea lo que denomina “El Mar presencial de Chile”.

La Elipse o la porción del Océano Pacífico que encierra el Mar Presencial es el siguiente:


Chile tiene una Zona Económica Exclusiva (Z.E.E.) de más de 3 millones de kilómetros cuadrados a lo que hay que agregar lo que sustenta la posición sobre el concepto "Mar Presencial". Esta área amplifica siete veces la superficie de Chile en el continente sudamericano y su jurisdicción significa que el país tiene responsabilidad sobre un 30% de tierra y un 70% de agua.

Se le denominó "Mar Presencial" y fue definido como "el espacio de la alta mar adyacente a la zona económica exclusiva(Z.E.E.) en donde Chile debe estar observando y participando en las mismas actividades que en ellas desarrollan otros Estados y que actuando dentro del estatus jurídico de la alta mar establecido por la Convención sobre el Derecho del mar de las Naciones Unidas, constituyan para el estado de Chile una forma de cautelar los intereses nacionales y de contrarrestar amenazas directas o indirectas a su desarrollo y, por lo tanto, a su seguridad".

Luego, para dar un sentido más económico a este concepto de Mar Presencial, sería necesario establecer mecanismos de control y de fiscalización de las actividades pesqueras mediante acuerdos internacionales, regionales o subregionales, que establezcan un régimen de administración de los recursos y así lograr, además, la conservación de las especies y la protección del medio ambiente. Paso que está dando a la fecha.

El jurel, que llega hasta unas 1 500 millas de las ZEE de Chile y Perú, es un caso particular de población transzonal que, desde el punto de vista biológico, podría ser tan “altamente migratoria” como algunos de los pequeños túnidos mencionados en la Convención de 1982.

En ese sentido, hay dos hechos que obligaban a buscar una forma de resolver el uso depredatorio de stocks de peces en aguas internacionales. El primero fue la presencia de la flota pesquera de la ex Unión Soviética y la otra, la evidencia de que la pesca, a nivel mundial, había alcanzado un máximo de 90 millones de toneladas y que la productividad de todos los Océanos del mundo había tocado fondo al tratar de extraer más peces, lo que significaba destruir las especies y producir vacíos ecológicos, como ya se ha visto prácticamente en todos los países del mundo.

En cuanto a la concordancia con la ley del mar y la reacción internacional, la Convención del Mar es Ley de la República de Chile desde el 18 de noviembre de 1997. La ley del mar es un acuerdo consensuado en que todas las partes ceden. Mediante ella se solucionaron las posiciones extremas en base a un acuerdo político, donde se estableció una especie de statu quo en la solución de los diferendos entre los estados ribereños y los estados de aguas distantes. Además, la ley señala que en materia de conservación se va más allá ya que plantea: "El estado ribereño determinará la captura permisible de los recursos vivos en su Zona Económica Exclusiva".

Cabe mencionar que Perú no ha suscrito dicha Convención.

Con respecto a la conservación y administración de los recursos vivos en la alta mar (término usado en la Convemar para referirse a aguas internacionales) se establece los derechos de pesca en la alta mar y se habla de la libertad de pesca al señalar: "Todos los Estados tiene derecho a que sus nacionales se dediquen a la pesca en la alta mar con sujeción a ciertas obligaciones, entre ellas, los derechos y deberes, así como los intereses de los Estados ribereños..." Sin embargo, queda claro que, en base al principio general de la libertad de pesca en la alta mar, en ella priman los estados de aguas lejanas en contra de los intereses del o los estados ribereños.

En el caso del jurel, siendo un recurso altamente migratorio, su biomasa circula a lo largo del Pacífico y frente a las costas de Chile y Perú, tanto dentro como fuera de las 200 millas. Por tanto, es un recurso compartido entre ambos países ribereños.

La presencia de flotas extranjeras, atraídas por la abundancia de este recurso, como las chinas y rusas especialmente, que venían realizando un esfuerzo pesquero sin limitaciones, poniendo en riesgo la sostenibilidad del recurso, generó en Chile la iniciativa de crear una organización regional pesquera con el objeto de proteger este recurso.

El Perú dispone las medidas de manejo y administración del recurso de jurel en sus aguas jurisdiccionales, basado en las recomendaciones científicas de sus instituciones, en forma independiente de la cuota en el ámbito de la OROP.

La disminución de la biomasa del jurel en el Pacífico Sud Oriental es responsabilidad exclusiva de Chile, lo que invalida, éticamente, sus pretensiones de exigir que Perú pesque en sus aguas jurisdiccionales lo menos posible a fin de asegurar la recuperación de la especie que fue afectada por ellos mismos.

De ahí su interés en evitar que otros países capturen este recurso. Más allá de ello, Perú nunca firmó el Acuerdo de Nueva York ni la Convención de las Naciones Unidad sobre el derecho del mar.

Ningún otro país ha dado consentimiento para aplicar cuotas decididas por la ORP dentro de sus aguas jurisdiccionales.

La irrupción de buques factoría extranjeros en el Pacífico Sur amenaza los intereses pesqueros chilenos. Para remediarlo, Chile ha sido uno de los principales impulsores de una Organización Regional de Pesca que regule la explotación de recursos en la zona sur del océano más grande del mundo.

Recomiendo leer el siguiente artículo que nos recuerda la historia que acusa a las pesqueras chilenas por la escasez crítica de jurel:

https://idl-reporteros.pe/la-historia-que-acusa-a-las-pesqueras-chilenas-por-la-escasez-critica-de-jurel/

Esta iniciativa es coherente con la tesis del mar presencial chileno que se ha descrito al comienzo de esta nota.

Los antecedentes descritos contribuyen al nacimiento de Organización Regional Pesquera del Pacífico Sud Oriental OROP-PS

EL ACUERDO

A principios de mayo 2007 se alcanzó un acuerdo para el establecimiento de una Organización Regional de la Administración en el PACIFICO SUR (ORAP-PS). Los representantes de los gobiernos reunidos acordaron una serie de medidas para proteger la vida de los fondos marinos ante el daño causado por la pesca de arrastre de fondo en aguas internacionales. Sin embargo, el acuerdo falló en dar pasos efectivos hacia la gestión preventiva de las poblaciones de jurel de la región.

Los resultados claves acordados en la reunión, significaron que ningún pesquero tendrá autorización para pescar en áreas donde se haya identificado o probablemente existan ecosistemas vulnerables, tales como corales de agua fría y campos de esponjas marinas, sin que se hayan realizado evaluaciones y tomado medidas previas.

Además del empleo de control satelital de buques, en la reunión se acordó la inclusión de observadores en cada barco de arrastre de fondo. Por otro lado, los barcos que encuentren ecosistemas marinos vulnerables deben alejarse a cinco millas. Tales medidas entraron en vigor a partir del 30 de septiembre 2007. Los resultados se aplicaron desde el Ecuador hasta el Antártico y desde Chile hasta Australia, fuera de las aguas sujetas a jurisdicción de los Estados, pero como parte del deber que tienen los Estados miembros de la Convención de Derecho del Mar de adoptar todas las medidas necesarias para la conservación de los recursos vivos de la alta mar y de cooperar en los planos regionales y mundial para la protección y preservación del medio marino.

Además de adoptar un acuerdo sobre la pesca de arrastre de fondo, los representantes gubernamentales reunidos en Chile debatieron la limitación de la pesca del jurel.

La reglamentación de la pesca en esa enorme área tiene una significación política y económica regional y mundial, en especial para Chile. El recurso más importante que debe ser reglamentado es el jurel, cuyo carácter transzonal determina que se presente y capture tanto dentro de la Zona Económica de 200 millas (ZEE) como en alta mar y frente a las costas de Chile y Perú. El jurel corresponde a la mitad de la actividad pesquera tradicional chilena y es el principal insumo para la fabricación de harina de pescado. Compromete, por tanto, a la virtual totalidad de la pesca en Chile.

Es evidente y notorio el interés y necesidad de Chile por preservar esta pesquería dado que ella sustenta su industria pesquera, y además es concordante con su tesis del Mar Presencial Chileno.

Es evidente que la tendencia era y es a que  se implemente un sistema de cuotas de pesca, repartiendo el stock de jurel y también de la pota, entre los países ribereños y los que acrediten esfuerzo pesquero en la zona. Es y era posible también que las asignaciones iniciales de las cuotas se basen en el esfuerzo pesquero histórico y las capturas históricas de cada flota.

En ese sentido, era y es inconveniente para el Perú no tener una flota de altura operando en alta mar que lleve su presencia al esfuerzo pesquero sobre este stock de jurel, comprometiendo de esta forma su participación en esta pesquería.

A lo largo de los últimos 25 años el Perú no ha dispuesto de una flota de altura para la captura de túnidos ni de jurel. El país es un testigo lejano de las capturas de especies transzonales y altamente migratorias como las indicadas.

Se requiere de una estrategia que permita el desarrollo sostenido de una pesquería de esta especie orientada principalmente al consumo humano directo. Esta estrategia deberá considerar, entre otros aspectos, lo relacionado con una flota que cuente con la autonomía suficiente que permita capturas importantes y sostenidas de jurel en el mar peruano y más allá cuando esta especie se encuentre fuera de las 200 millas. Asimismo, las largas jornadas de pesca exigen sistemas de congelación adecuados que permitan una conservación óptima del producto de la pesca o de los que se procese como producto de la pesca.

Por otro lado, si miramos esta opción de pesca desde la óptica social y de la seguridad alimenticia para el Perú, las opciones son aún más interesantes. Si habría que acuñar una frase que dibuje una estrategia, podría ser la acuñada por el Dr. Marco Espino: “Acerquémosle la costa al jurel”, lo que se logrará con una flota de barcos factoría que permitan un sostenido aprovisionamiento de pescado para las mesas de nuestros hogares”

Pero más allá de esa consideración, es necesario que el país desarrolle una política oceánica que asegure su presencia en el Pacífico Sud Oriental, dentro de la cual es vital que asegure su participación en la explotación de un recurso como el jurel, el cual hasta la fecha no está siendo aprovechado, salvo por la porción de biomasa dentro de las 200 millas al alcance de la flota peruana de cerco.

LA ORGANIZACIÓN REGIONAL DE ORDENAMIENTO PESQUERO DEL PACIFICO SUR Y QUIENES LA CONFORMAN

La Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS), es una organización intergubernamental cuya formación se inició en el año 2006 a través de un proceso de consultas que facilitaron que los Estados cooperen para abordar la brecha existente en la conservación y gestión internacional de las pesquerías no migratorias y la protección de la biodiversidad en el medio marino en las zonas de alta mar del Océano Pacífico Sur.

En noviembre del año 2009 se adoptó la Convención para la Conservación y Ordenamiento de los Recursos Pesqueros de Alta Mar del Océano Pacífico Sur, el cual se constituye como el tratado constitutivo de la OROP-PS. Posteriormente, de conformidad con su artículo 38 La Convención entró en vigor el 24 de agosto de 2012, y la primera reunión de la Comisión se celebró en Auckland, Nueva Zelanda, del 28 de enero al 1º de febrero de 2013.

La Comisión de la OROP-PS cuenta actualmente con 17 miembros de provenientes de Asia, Europa, América y Oceanía:

Australia

Belize

República de Chile

República Popular China China

Islas Cook

Republica de Cuba

Republica de Ecuador

Unión Europea

Reino de Dinamarca en representación de las Islas Faroe

Republica de Korea

Nueva Zelandia

Republica de Panamá

Republica de Peru

Federación Rusa

China Taipei

Estados Unidos de América

Republica de Vanuatu

Por otro lado, las Partes no contratantes cooperantes (CNCP) de la OROP-PS son: República de Liberia y Curazao. Angola , Colombia , Francia (en lo que respecta a sus territorios oceánicos ), Japón y Tonga , así como 15 organizaciones intergubernamentales y 28 organizaciones no gubernamentales, son observadores.

Objetivo de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacifico Sur y su ámbito de aplicación

El objetivo de la OROP-PS es garantizar la conservación a largo plazo y la utilización sostenible de los recursos pesqueros y, al hacerlo, salvaguarda los ecosistemas marinos en que estos recursos existir, mediante la aplicación del enfoque precautorio y el enfoque ecosistémico en la ordenación pesquera.

La Convención se aplica a las aguas del Océano Pacífico más allá de las zonas de jurisdicción nacional de conformidad con el derecho internacional, abarca alrededor de una cuarta parte de las zonas de alta mar de la Tierra. La OROP-PS ha publicado un mapa que describe el área de aplicación conforme a los términos legales en el artículo 5 de la Convención, se precisa que el mismo sólo tiene fines informativos, no tiene estatus legal y no forma parte del texto de la Convención.

Estructura de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacifico Sur

La Organización está compuesta por una Comisión y varios órganos subsidiarios, Nueva Zelandia es el país Depositario del Convenio OROP-PS y alberga la sede de la Secretaría de la OROP-PS en Wellington.

La OROP-PS está constituida de la siguiente manera:

a) una Comisión

b) un Comité Científico

c) un Comité Técnico y de Cumplimiento

d) un Comité de Gestión Subregional Oriental

e) un Comité de Gestión Subregional Occidental

f) un Comité de Finanzas y Administración

g) una Secretaría Ejecutiva

Asimismo, de acuerdo a la necesidad la Comisión puede establecer cualquier otro órgano subsidiario en conformidad con el párrafo 1 del artículo 9 de la Convención.

Recursos pesqueros objeto de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacifico Sur

La Convención de la OROP-PS define a los recursos pesqueros como todos los peces que se encuentren en la zona del Convenio, incluidos los moluscos, crustáceos, y otros recursos marinos vivos según lo decida la Comisión; Pero excluye a:

a) Las especies sedentarias, en la medida en que estén sujetas a la jurisdicción nacional de los Estados ribereños, de conformidad con el párrafo 4 del artículo 77 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

b) Las especies altamente migratorias que figuran en el anexo I de la CONVEMAR.

c) Las especies anádromas y catádromas.

d) Los mamíferos marinos, reptiles marinos y aves marinas.

Los principales recursos comerciales que son materia de pesquería en el área de la OROP-PS son el jurel (Trachurus murphyi), el calamar gigante o pota (Dosidicus gigas), y en menor grado especies de aguas profundas asociadas con frecuencia a montes submarinos en el Pacifico Suroeste. A la fecha la OROP-PS sólo ha adoptado medidas de conservación y ordenación en torno a la pesquería de jurel en la alta mar, entre ellas, el establecimiento de la captura total permisible sobre dicho recurso.

El Perú como miembro de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacifico Sur

El Perú mediante el Decreto Supremo N° 071-2015-RE, ratifica la aprobación de la “Convención para la Conservación y Ordenamiento de los Recursos Pesqueros de Alta Mar del Océano Pacífico Sur”, tratado constitutivo de la OROP-PS. La Convención entró en vigor para nuestro país el 21 de enero de 2016, fecha a partir de la cual, el Perú se adhiere a la OROP-PS como miembro pleno, con derecho a voz y voto.

El Perú dispone las medidas de manejo y administración del recurso de jurel en sus aguas jurisdiccionales, basado en las recomendaciones científicas de sus instituciones, en forma independiente de la cuota en el territorio de la OROP.

ESCENARIO PESQUERO Y ANTECEDENTES REGULATORIOS

(http://www.fao.org/docrep/007/y0659s/y0659s00.htm#Contents

doc. Técnico de la FAO)

“Un aspecto difícil de la ordenación de la capacidad pesquera es que la capacidad retirada de una pesquería puede trasladarse fácilmente a otra. Este problema resulta especialmente complejo en la pesca en alta mar, donde la flota parece estar aumentando de forma constante, en parte sin duda en respuesta a la reducción de las oportunidades dentro de los límites de las 200 millas.

No se sabe el número exacto de buques de pesca en alta mar (con excepción de los que se dedican a la captura del atún). Los datos disponibles suelen infravalorar las capturas en alta mar, ya que las capturas de los buques de Estados ribereños que pescan más allá de sus 200 millas generalmente se registran como capturas del Estado ribereño.

Ha habido algunos cambios importantes en la pesca, durante el decenio de 1990. Uno de ellos ha sido el abandono de la pesca en aguas distantes por las flotas de la antigua URSS. A su vez, ello ha originado un cambio en la composición de las capturas. El atún ha llegado a representar en 1995 aproximadamente el 41 por ciento de esas capturas y el 82 por ciento de su valor. Parece que ha habido también un aumento en la utilización de los registros abiertos ("pabellones de conveniencia"), pues se supone que algunas de las capturas de estos buques no se registran.

Varios instrumentos jurídicos internacionales se ocupan del control de la capacidad de pesca en alta mar. En 1995, se ratificó la Convención de las Naciones Unidas de 1982 sobre el Derecho del Mar. En virtud de los artículos 116-120 de la Sección 2, los Estados deben cooperar entre sí, mediante organizaciones de pesca regionales o subregionales, para garantizar la conservación y ordenación de los recursos vivos en alta mar.

En la práctica, este objetivo de conservación se ha visto muchas veces frustrado por la necesidad de garantizar trato equitativo a los diferentes países. En virtud del Artículo 116, "todos los Estados tienen derecho a que sus nacionales se dediquen a la pesca en la alta mar..." y, en virtud del Artículo 119, "los Estados interesados garantizarán que las medidas de conservación y su aplicación no entrañen discriminación de hecho o de derecho contra los pescadores de ningún Estado". En consecuencia, hay pocos incentivos para que los Estados reconstruyeran sus poblaciones: en virtud de esos dos artículos, no pueden acaparar los beneficios resultantes, pues no pueden impedir que los nuevos Estados participantes reciban una parte de las capturas.

La Conferencia de las Naciones Unidas de 1993 sobre Medio Ambiente y Desarrollo, convencida de las deficiencias que presentaba la ordenación de la pesca en alta mar, recomendó que los Estados convocaran una conferencia intergubernamental bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Ello dio lugar, en 1995, a la adopción del Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las poblaciones de peces. Los Estados Miembros de la FAO negociaron también un Acuerdo de cumplimiento, adoptado en 1993 por la Conferencia de la FAO. En noviembre de 2000 ninguno de estos instrumentos había entrado todavía en vigor. En el PAI se pide a los Estados que consideren la posibilidad de participar en ambos acuerdos.

En el Acuerdo de las Naciones Unidas de 1995 sobre poblaciones de peces (Artículo 5, párrafo h), se pide a los Estados que tomen "medidas para prevenir o eliminar la pesca excesiva y el exceso de capacidad de pesca y para asegurar que el nivel del esfuerzo de pesca sea compatible con el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros". La medida en que será posible conseguir en la práctica la reducción de la capacidad dependerá de la competencia y voluntad de los Estados para cooperar dentro de los foros pesqueros regionales.

Al tratar de evaluar el alcance de las capturas y la capacidad en alta mar, se encuentran dos grandes problemas:

- la ausencia de obligaciones de presentar informes de las capturas más allá de las jurisdicciones nacionales;

- el hecho de que la mayor parte de los Estados no exigen que los buques estén registrados bajo el pabellón nacional para obtener autorización a pescar en las zonas situadas más allá de su jurisdicción nacional.

Estos dos factores se han tenido en cuenta en el artículo 8 de la parte V del Acuerdo de las Naciones Unidas de 1995 sobre poblaciones de peces. Una vez ratificado el acuerdo, todos los buques exigirán autorización para pescar en alta mar y, a cambio, deberán notificar el volumen y lugar de sus capturas.

En virtud del Acuerdo de las Naciones Unidas de 1995 sobre poblaciones de peces, los Estados tendrían que autorizar a los buques que enarbolan su pabellón a pescar en alta mar, pero no tienen hay ninguna obligación de comunicar información detallada sobre los buques autorizados a ninguna autoridad centralizada. El Acuerdo sobre cumplimiento considera este tema y exige que esta información se comunique a la FAO y a través de ella (Artículo 6). Este acuerdo contiene también disposiciones sobre la responsabilidad del Estado del pabellón (artículo III) con respecto a la autorización de pescar en alta mar.

Por ello, la situación puede mejorar con la ratificación de ambos instrumentos, aunque sea preciso todavía aprobar una norma internacional para la medición de los buques pesqueros.

El Acuerdo de las Naciones Unidas sobre poblaciones de peces exige también que los Estados ribereños y los Estados que pescan en aguas distantes y explotan una población transfronteriza o altamente migratoria establezcan una organización regional de ordenación pesquera con el fin de ordenar el recurso en forma cooperativa. Dicha cooperación es fundamental para la ordenación racional de las pesquerías transfronterizas. Se ha podido comprobar en la teoría (y en la práctica) que si los países se niegan a cooperar, el resultado es el mismo, por no decir peor, que el que se consigue cuando las pesquerías se explotan en condiciones de acceso libre y gratuito. La sobrepesca y la sobrecapacidad son inevitables. La situación puede deteriorase, ya que según la teoría los países tendrán un incentivo para subvencionar sus flotas con el fin de conseguir una ventaja comparativa. En consecuencia, podría establecerse fácilmente un círculo vicioso de subvenciones competitivas, con la sobrecapacidad que ello implica. Por ello, es fundamental la participación activa en las organizaciones regionales de ordenación de la pesca por todos los Estados interesados. En él se alienta también la cooperación multilateral para garantizar la participación de los Estados que no cumplen sus responsabilidades como Estados del pabellón en este contexto (Artículo 33).

Una vez ratificado el Acuerdo de las Naciones Unidas de 1995 sobre las poblaciones de peces, las organizaciones regionales de ordenación pesquera pueden adoptar medidas para acomodar sus artículos de gobierno al contenido de sus convenciones para poner en práctica la disposición de dicho acuerdo. En el párrafo 4 del artículo 8 se afirma, en relación con las organizaciones o arreglos regionales de ordenación pesquera, que "únicamente los Estados que sean miembros de dicha organización o participantes en dicho arreglo, o que se comprometan a aplicar las medidas de conservación y ordenación establecidas por la organización o el arreglo, tendrán acceso a los recursos de pesca a los que sean aplicables dichas medidas". Este artículo debería permitir a las organizaciones regionales de ordenación pesquera insistir en la plena participación de todos los Estados interesados. Aunque ello no otorga a dichas organizaciones autoridad para limitar el acceso, la referencia al mencionado Artículo 5 (párrafo h), puede autorizarles a adoptar esa medida siempre que se haga sin discriminar a ningún Estado o grupo de Estados que tenga interés en la pesquería correspondiente. En el acuerdo se esbozan también mecanismos de solución de diferencias que pueden ser de utilidad para facilitar la aplicación.

En el Artículo 29 del PAI se insta a los Estados a que participen en el Acuerdo de las Naciones Unidas de 1995 sobre poblaciones de peces y en el Acuerdo de cumplimiento.

Sigue siendo cierto que las organizaciones regionales de ordenación pesquera están en general mal equipadas para la ordenación de la capacidad pesquera en alta mar. Muchas se ocupan ante todo de pesquerías con poblaciones compartidas. La mayoría de ellas carecen de fondos y no tienen ni los recursos ni el mandato para ocuparse de este tema. Las organizaciones que se ocupan de las poblaciones de túnidos son una excepción. Otro aspecto que se debe tener en cuenta es que no todas las zonas de alta mar han establecido organizaciones regionales de ordenación pesquera. Así ocurre, en particular, en grandes áreas del Pacífico. Finalmente, una gran proporción de las flotas de alta mar faenan dentro de la jurisdicción de más de una de esas organizaciones. El fortalecimiento de las actualmente existentes y la creación de otras nuevas en zonas donde podrían ser eficaces sería un importante paso hacia adelante para el seguimiento y control progresivo de la capacidad pesquera en alta mar.

Dada la gran variedad de las flotas de alta mar, es imprescindible que los organismos regionales de pesca mejoren su coordinación. La información más detallada actualmente existente corresponde a la pesquería del atún, debido a que las diferentes comisiones regionales sobre esta especie (Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA), Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), Comisión del Atún para el Océano Indico (IOTC) y Comisión del Pacífico Sur (CPS)) recopilan y cotejan datos sobre capturas y buques dedicados a la pesca del atún. Se ha propuesto la idea de un mecanismo mundial de coordinación, ya que las medidas de ordenación sólo serán eficaces si se aplican en todos los lugares donde se explota la especie.

En el caso de las pesquerías de alta mar de especies diferentes del atún, la gran movilidad de las embarcaciones, tanto entre distintos océanos como dentro de cada uno de ellos y fuera de la zona de las 200 millas, hace muy difícil evaluar la capacidad y pone también de manifiesto la necesidad de mejorar la coordinación entre los distintos organismos regionales de pesca.

Los acuerdos y medidas examinados más arriba representan un primer paso importante para controlar la pesca en alta mar. Para conseguir un control eficaz de la capacidad, es importante que los Estados establezcan conjuntamente medidas orientadas directamente a controlar la capacidad pesquera.

En principio, las dificultades técnicas de controlar la capacidad en alta mar son diferentes de las examinadas. La dificultades particulares están más bien en el establecimiento de un marco jurídico eficaz y en la observancia de los reglamentos, dada la enorme extensión de las zonas implicadas y el problema del registro libre. Como es probable que se den problemas de trasvase, es decir, que los buques desplazados de una pesquería reaparezcan en otro lugar, si es necesario cambiando el Estado del pabellón, es preciso que los Estados que adopten medidas para controlar su capacidad tengan en cuenta los efectos en otras pesquerías.