De acuerdo a la
normatividad vigente, los partidos políticos que intervienen en las elecciones
deben colgar su plan de gobierno en la página web del JNE.
Los planes de gobierno no son vinculantes. No hay ley ni norma alguna que
obligue al candidato ganador a poner en práctica aquello que ofreció en su
plan. Es una declaración de intenciones que naufragarán en el mar de las
negociaciones post elecciones para la designación de los cargos. En ese momento
lo que cuenta ya no es la ideología ni las ofertas técnicas sino el cálculo
político. La decisión de quién será ministro, viceministro y director, se
negociará a cambio de apoyo del Congreso y otros poderes fácticos. Las bancadas
con mayor fuerza exigirán y recibirán el control de algunos sectores y a cambio
ofrecerán, entre otras cosas, no vacar al presidente, al comienzo por lo menos.
Es, a partir de la asunción de la Presidencia de la República, que deja de
tener vigencia cualquier plan de gobierno. Hay que pagar deudas y gobernar, más
allá de la oferta electoral.
De los dos
partidos que participaron en la segunda vuelta, hay que mencionar que Juntos
por el Perú, en su plan que consta de 74 páginas, a la pesca no le dedica ningún
párrafo. A fines de mayo presentó un documento titulado: Prioridades
Estratégicas para la Gobernabilidad y el Desarrollo con Equidad de la Nación
Peruana: 2026-2031. En el mismo presenta algunas propuestas para la pesca; pero
el hecho es que su plan original carece de un párrafo para este sector.
En el caso de
Fuerza Popular, su plan consta de 144 páginas.
Lo que más se destaca del plan de gobierno de Fuerza Popular para el sector
pesquero no es tanto una batería de medidas específicas, sino el tipo de
enfoque que propone. Es decir, más que “política pesquera detallada”, hay una
orientación clara de modelo.
El plan general prioriza: inversión privada, desregulación, simplificación
administrativa, seguridad jurídica. Este enfoque es transversal a todos los
sectores y se aplica también a la pesca, aunque no se desarrolle en
profundidad.
Uno de los elementos más claros es la apuesta por formalizar actividades
productivas y ampliar la base de actores económicos. Esto es consistente con la
lógica del plan en otros sectores (como minería artesanal), donde se promueven:
incentivos, acceso a financiamiento, integración al sistema formal.
En pesca, esto se traduce en incorporar flota informal y regularizar
actores fuera del sistema. La formalización pesa más que la fiscalización
estricta.
El plan reafirma la defensa del comercio exterior, atracción de inversión y
estabilidad para grandes sectores productivos. Aplicado al sector pesquero se
mantiene el modelo de pesca industrial orientada a exportación y no se plantean
cambios estructurales en el régimen actual.
No hay propuesta de reformar el modelo pesquero, sino de profundizarlo y ausencia
de reforma sobre renta y derechos de pesca. No hay planteamientos claros sobre derechos
de pesca, captura de renta por el Estado ni redistribución del valor del
recurso.
Esto confirma que el enfoque es pro-mercado, con baja intervención estatal
directa; con débil énfasis en sostenibilidad y control. No destaca el fortalecimiento
del control pesquero, lucha frontal contra pesca ilegal, límites ecológicos o
cuotas más ajustadas a los informes científicos. La prioridad está más en crecimiento
y formalización, que en regulación ambiental fuerte.
El plan en general destaca formalización productiva, impulso a la inversión,
continuidad del modelo exportador.
Lo implícito es que el Estado no busca capturar más renta del mar. El
sector no será objeto de reforma estructural; la política pesquera queda
subordinada a la lógica económica general.
Es un enfoque pro-mercado, conservador en cambios estructurales y cauto
frente a conflictos con grandes actores del sector.
En el papel, todo suena razonable: sostenibilidad, ciencia, lucha contra la
pesca ilegal, impulso a la acuicultura, formalización artesanal. El recetario
técnico está completo. El plan pesquero de Fuerza Popular es prudente o, más
precisamente, funcional al statu quo. Este no es un plan de transformación, es
un plan de continuidad. Se habla de crear el Ministerio de Pesca, pero sin una
sola línea sobre cómo el Estado capturará una mayor porción de la renta que
genera uno de los recursos naturales más valiosos del país. Se invoca la
evidencia científica del Instituto del Mar del Perú, pero se omite cualquier
discusión sobre quién se beneficia y cuánto, de las cuotas que esa ciencia
ayuda a definir.
Regular sin redistribuir es, en el fondo, legitimar el reparto existente. El
silencio no es casual. Es político. El corazón del modelo, la extracción masiva
de anchoveta para la industria de harina de pescado, permanece intocable. No
hay cuestionamiento a la concentración empresarial, ni a los mecanismos de
asignación de cuotas, ni al desbalance histórico entre grandes actores
industriales y pesca artesanal. En un sector donde pocos capturan mucho y muchos
sobreviven con poco. El plan opta por no incomodar a nadie que realmente
importe.
Está la acuicultura, presentada como promesa de futuro. Lo es, pero en
cámara lenta. No reemplaza la escala económica de la pesca industrial ni
resuelve los problemas estructurales del presente. Apostar por ella sin tocar
el núcleo del negocio actual es, en el mejor de los casos, incompleto; en el
peor, distractivo.
Esto es coherente con la visión de crecimiento con baja intervención
redistributiva, promoción de la inversión sin revisión de las reglas de
reparto, Estado presente para regular, pero ausente para cobrar.
En otras palabras: ordenar el sistema sin cambiar quién gana. El mar
peruano sigue siendo una de las mayores fuentes de riqueza del país. El plan
ofrece estabilidad, sí, pero al precio de evitar el debate central.
Porque gobernar la pesca no es solo cuidar el recurso. Es decidir quién se
queda con la renta. Y en eso, aquí, no hay cambio. Solo continuidad.
Pesca artesanal
Ofrece formalización. Aunque el plan no detalla ampliamente políticas
específicas, el enfoque dominante es: Formalización de pescadores artesanales, integración
a mercados y cadenas productivas, acceso a financiamiento y tecnología y mejora
de infraestructura de desembarque. Pero no menciona la formalización tributaria
y los derechos a salud y pensiones de los tripulantes de embarcaciones
artesanales. Entender como formalización tan solo el permiso de pesca, relega
el derecho de los tripulantes a estar en una planilla formal.
Industria pesquera:
En términos políticos, no hay señales de revisar temas como derechos de
pesca; captura de renta por el Estado; ni redistribución del valor generado.
Control y pesca ilegal:
No destaca una propuesta fuerte en fiscalización pesquera; lucha contra
pesca ilegal industrial o extranjera. Más bien, el énfasis está en formalizar
antes que sancionar, integrar antes que restringir.
La propuesta pesquera no es
programáticamente profunda, pero sí es ideológicamente consistente: Apuesta por
crecer más que regular; prioriza integrar actores antes que restringirlos; no
considera que hay un exceso de flota y mantiene el modelo actual con ajustes de
flexibilización y formalización. Destaca, en el sector Energía y Minas una propuesta que impacta en pesca, y será controvertida: El apoyo a la exploración petrolera en la costa norte.
En resumen, más mercado, más flota formal, sin Estado redistributivo. No se
observa una reforma del régimen de acceso a recursos ni una política fuerte de
redistribución de renta pesquera. En consecuencia, quienes esperaban del nuevo
gobierno una reforma estructural del sector, deberán esperar otros cinco años.
Quienes esperaban continuidad del modelo con algunas mejoras, estarán
satisfechos.
Sin embargo, no
significa que exista una obligatoriedad de cumplir el plan en caso de acceder a
la presidencia de la República. Es una oferta no vinculante. Sin embargo, es lo
que ofrece para el sector y es lo que hay. La ciudadanía habrá de valorar y
comparar, en el tiempo, si la realidad coincidió con la oferta. Y al final,
actuará en consecuencia con lo que ocurra y con lo que juzgue.
El siguiente es el extracto literal de su propuesta para el sector pesquero.
PROPUESTAS QUE IMPACTAN EN LA PESCA
2.3. ENERGÍA
E HIDROCARBUROS
Hidrocarburos y Seguridad
Energética
• Optimización de la operación de
Petroperú: la empresa estatal se concentrará exclusivamente en las actividades
de refinamiento y distribución, garantizando sostenibilidad financiera,
eficiencia operativa y transparencia en la Refinería de Talara.
• Gestión de la venta de activos
no estratégicos de Petroperú para reducir pasivos, mejorar su flujo de caja y
redireccionar recursos en las operaciones de mayor rentabilidad y valor
público.
• Disposición de la división y
administración técnica del Oleoducto Norperuano, separándolo de la estructura
operativa de Petroperú. El oleoducto será gestionado por un operador
especializado bajo un esquema de administración de activos que asegure
mantenimiento, seguridad ambiental y continuidad logística.
• Fomento de la exploración y explotación de los
recursos energéticos, impulsando nuevos lotes en la selva y la costa norte, con
reglas estables que promuevan inversión privada y mayor oferta nacional.
2.5. PESCA Y
ACUICULTURA
2.5.1.
Diagnóstico
Insuficiencias en la infraestructura
para la actividad pesquera
Más del 60% de los desembarcaderos
pesqueros artesanales (DPA) operan sin cadena de frío, servicios sanitarios
adecuados ni acceso logístico eficiente. Esto afecta la calidad de los
productos, encarece costos y restringe su comercialización formal. Según el Diagnóstico
de la situación de brechas del sector Producción del Ministerio de la Producción
(PRODUCE), solo el 8% de la infraestructura de DPA cumple integralmente con la
norma sanitaria y un 24% lo hace parcialmente, lo que refleja que la mayoría presenta
serias limitaciones (PRODUCE, 2021). Si bien PRODUCE ha anunciado inversiones
por más de S/ 240 millones para modernizar DPAs, la ejecución es lenta y no
alcanza a todas las regiones pesqueras.
La acuicultura se ha convertido en
una de las actividades económicas de mayor crecimiento en los últimos años,
pasando de 91 miles de toneladas métricas (TM) en el año 2015 hasta poco más de
160 mil toneladas en el 2019 (PRODUCE, 2025). Es preciso mencionar que en el año
2023 presentó una caída (25%), sin embargo, se ha mostrado una ligera
recuperación en el 2024.
Sin embargo, la acuicultura
enfrenta limitaciones estructurales por la falta de infraestructura básica como
centros de acopio, laboratorios y caminos rurales, especialmente en la selva.
Esta situación encarece la producción, reduce la competitividad de especies
nativas y frena el desarrollo del sector frente a países vecinos más avanzados.
Brechas Productivas y Tecnológicas
del Sector Pesquero y Acuícola
La adopción tecnológica en el
sector pesquero y acuícola es desigual. Mientras la gran industria cuenta con
monitoreo satelital, plantas de procesamiento modernas y certificaciones
internacionales, la pesca artesanal y la acuicultura de pequeña escala operan
en condiciones precarias, con escaso acceso a equipos de conservación, trazabilidad
y financiamiento para modernizarse. Menos del 10% de las pequeñas unidades usan
tecnologías de procesamiento, y no existen incentivos tributarios ni acceso a
crédito para su modernización.
A pesar de que el Perú es una potencia pesquera mundial, la mayor parte de
su producción se destina a fines industriales y no alimentarios. Solo el 21,5 %
de los recursos pesqueros nacionales se orientan al consumo humano directo,
mientras que el 78,5 % restante se utiliza para la producción de harina y
aceite de pescado, principalmente a partir de la anchoveta. Esta estructura
productiva evidencia un bajo aprovechamiento del potencial nutricional y
económico de los recursos marinos, limitando su impacto en la seguridad
alimentaria y en la generación de valor agregado local.
Informalidad y Desorden en la
Pesca
La pesca artesanal representa
cerca del 90% de las embarcaciones pesqueras, siendo la principal generadora de
empleo en el sector y una fuente clave de abastecimiento de alimentos. Sin
embargo, su desarrollo ha sido desordenado y con escaso valor agregado, caracterizado
por baja incorporación tecnológica y un nivel elevado de informalidad y actividades
no reguladas. Se estima que más del 70 % de los trabajadores del sector operan
de manera informal, sin acceso a seguros, programas sociales ni protección ante
accidentes laborales. Además, estudios del Departamento de Trabajo de los
Estados Unidos han reportado casos de trabajo forzoso e infantil dentro de la
cadena pesquera peruana, lo que evidencia graves déficits en la regulación
laboral y en la fiscalización del sector.
A esto se suman los impactos del
cambio climático, como El Niño, que provocó en 2023 pérdidas superiores a los
USD 2,000 millones, afectando el ingreso de miles de familias.
No existen aún mecanismos sólidos
de seguros ni programas de adaptación específicos para el sector.
Baja competitividad y desarrollo
limitado del sector acuícola y pesquero
El Perú ha avanzado en
sostenibilidad pesquera —particularmente en el manejo de la anchoveta—; sin
embargo, en la pesca artesanal y la acuicultura persisten altos niveles de
informalidad, escaso impulso a la inversión y limitaciones estructurales. La
acuicultura peruana apenas representa alrededor del 0,1 % de la producción
mundial y, en 2022, se ubicó quinta en Sudamérica por volumen, lo que evidencia
su reducida escala frente al potencial existente. Este bajo desempeño se
explica por trabas regulatorias, excesiva burocracia en las habilitaciones
sanitarias y limitada disponibilidad de financiamiento, factores que restringen
la expansión del sector y su aporte a la seguridad alimentaria y al desarrollo
económico del país.
El acceso a mercados de valor
agregado es limitado: se exportan principalmente productos primarios, y no
existe una estrategia nacional de promoción de filetes, conservas o congelados
artesanales con estándares internacionales.
2.5.2.
Nuestras propuestas
Infraestructura y modernización
productiva
• Modernización integralmente los
Desembarcaderos Pesqueros Artesanales (DPA), incorporando cadenas de frío,
servicios sanitarios, tratamiento de residuos y accesos logísticos eficientes.
• Implementación de un Programa
Nacional de Renovación y Modernización de la Flota Pesquera Artesanal,
priorizando embarcaciones más seguras, eficientes y menos contaminantes,
mediante cofinanciamiento público, leasing social y asociatividad.
• Implementación de un Plan
Nacional de Infraestructura Acuícola, que incluya centros de acopio,
laboratorios de sanidad acuícola, plantas de procesamiento y caminos rurales en
zonas altoandinas y amazónicas.
• Reactivación y fortalecimiento
de astilleros artesanales regionales, orientados al diseño y mantenimiento de embarcaciones
adaptadas a las condiciones locales y a la generación de empleo local.
• Establecimiento de convenios de
APP y Obras por Impuestos para acelerar la modernización de la infraestructura
pesquera artesanal y acuícola.
• Creación de un Fondo Nacional de
Innovación Pesquera y Acuícola, con incentivos tributarios y líneas de crédito
para modernizar equipamiento, trazabilidad y procesamiento.
Implementación de un Programa de
recambio tecnológico de motores pesqueros, reduciendo costos operativos, consumo
de combustible y emisiones contaminantes.
• Fomento de la transformación de la anchoveta y otras especies hacia
consumo humano directo, mediante el desarrollo de conservas, filetes,
congelados y deshidratados con estándares internacionales.
• Establecimiento de alianzas con
universidades, CITE pesqueros y centros tecnológicos para la transferencia de
tecnologías de postcosecha, procesamiento y monitoreo ambiental.
Acuicultura sostenible y
competitiva
• Impulso de la acuicultura
sostenible (marina y continental) con programas de asistencia técnica,
financiamiento y certificación sanitaria para exportación.
• Promoción al Perú como potencia
latinoamericana en acuicultura, aprovechando su extenso mar, ríos, lagos y
biodiversidad, mediante la organización y fortalecimiento de gremios de
pescadores artesanales orientados a la producción sostenible y al mercado
internacional.
• Creación de reservas marinas
productivas y zonas exclusivas para pesca artesanal y acuicultura de pequeña
escala, bajo esquemas de cogestión y sostenibilidad ambiental.
• Incorporación de productores
locales en los programas de abastecimiento y comedores populares, asegurando
proteína de origen pesquero en la dieta nacional.
• Promoción de cadenas de frío
comunitarias para garantizar el acceso de la población a pescado fresco y
nutritivo.
• Establecimiento de un Sistema
Nacional de Información Pesquera que registre capturas, trazabilidad,
exportaciones y formalización, interoperable con SUNAT y SANIPES.
• Fortalecimiento de la Ley
General de Acuicultura y Pesca, incorporando incentivos a la formalización y
producción nacional, optimizando la Ventanilla Única mediante inteligencia
artificial y fortaleciendo las capacidades técnicas y de gestión de los GORE como
ejecutores de AREL y AMYPE.
Gobernanza, formalización y
bienestar pesquero
• Implementación del Programa
Formalízate Pez: formalización de embarcaciones artesanales con acceso a
titularidad, créditos, seguros, tecnología y capacitación continua.
• Creación del fondo PESCA
SOLIDARIA, financiado por el Estado, la industria pesquera y cooperación
internacional, para apoyar a pescadores en épocas de crisis climáticas o
sanitarias.
• Establecimiento de un mecanismo
automático de compensación económica durante vedas, articulado al fondo PESCA
SOLIDARIA, con transferencias directas a pescadores formales y en proceso de
formalización.
• Incorporación de pescadores
artesanales en programas de seguridad social, seguros laborales y acceso a
pensiones.
• Diseño de un Seguro Pesquero
Nacional contra pérdidas por fenómenos climáticos como El Niño, financiado
parcialmente por el Estado y con reaseguro internacional.
• Implementación de sistemas obligatorios y gratuitos de geolocalización, comunicación
y botón de pánico en la flota artesanal, integrados a un centro nacional de
monitoreo para emergencias marítimas.
• Reactivación del Ministerio de Pesca, devolviéndole rango
ministerial para liderar la política nacional pesquera y acuícola.
• Creación de un Consejo Nacional
de Pesca y Acuicultura, con participación del Estado, gremios pesqueros,
comunidades costeras y academia, para concertar políticas y evitar la
sobreexplotación.
• Actualización de la normativa de pesca artesanal y de menor escala,
definiendo criterios técnicos, zonas de operación y fortaleciendo la
supervisión para una regulación justa y moderna acorde a la realidad del
sector.
• Promoción de la reconversión
productiva y laboral vinculada al sector marítimo pesquero, mediante formación
técnica especializada, certificaciones y desarrollo de servicios
complementarios.
2.5.3.
Primeros 100 Días
• Inicio del Seguro Pesquero
Nacional con participación de gremios del sector.
• Creación del Fondo Nacional de
Innovación Pesquera y Acuícola, para cofinanciar equipamiento, trazabilidad y
procesamiento en pequeñas plantas pesqueras.
• Formalización de 20,000 embarcaciones artesanales en coordinación con FONDEPES
y SUNARP.
2.5.4.
Principales metas e indicadores
