La debida gestión pesquera

El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas. Paul Greenberg

REVISTA PESCA

La Revista Pesca es un medio de información alternativo que presenta artículos, opiniones y noticias referidas a la pesca en el Perú y el mundo, con énfasis en la política pesquera, la sostenibilidad de los recursos pesqueros y la seguridad alimentaria. En este blog se publican notas de importancia, así como novedades del sector pesquero.

En 2023 cumplimos 64 años de publicación en el Perú.

Las ediciones a partir del 2010 se publican en formato digital (PDF) en la siguiente página web: http://www.issuu.com/revistapesca/docs


Merecemos una gestión de la pesca con visión de país y compromiso con el ciudadano.

Los peces del Perú, primero para los peruanos


viernes, 12 de octubre de 2012

El modelo de gestión pesquera en Perú

 
Es altamente improbable que las autoridades políticas designadas, las autoridades elegidas, o los políticos, se interesen por atender la problemática pesquera, imponer autoridad, orden y normas adecuadas para garantizar la sostenibilidad de los recursos pesqueros.

Es muy improbable que autoridad alguna se enfrente a los grupos de presión para cambiar el modelo asegurando una justa participación de la Nación en la riqueza pesquera. Una autoridad eventual, temporal, casi precaria, tímida, inexperta y sin el apoyo de un Palacio de Gobierno fuerte, está condenada a perder la batalla contra los grupos que tradicionalmente han dominado la pesquería peruana. Hay mucho dinero en juego como que permitan un cambio del status.

La única probabilidad de introducir cambios justos en el manejo de la pesquería peruana, radica en las acciones que la Sociedad Civil pueda organizar y realizar en forma sostenida para enfrentar a la manipulación del poder fáctico y equilibre la presión que ejerce sobre la política y la autoridad a través de la manipulación de organizaciones que siembran el desorden, el caos, el desconcierto y la desinformación.

La balanza de la presión debe equilibrarse y la sociedad civil debe introducir presencia en la discusión y en las demandas.

Es competencia de la autoridad tributaria, SUNAT, la fiscalización y evaluación de las contribuciones por impuesto a la renta del sector pesquero.

Es competencia del MINAM el establecimiento y determinación de los pasivos ambientales pesqueros.

Es competencia del Congreso de la República la modificación de la ley del canon pesquero que a la fecha atomiza los dineros del mismo a niveles que en muchos casos no constituyen una posibilidad de gasto ni corriente ni de inversión para la entidad receptora.

Es competencia del PRODUCE evaluar la actual tasa de derechos de pesca y proponer sus modificaciones.

Es competencia del Titular de Pliego de Producción formular y proponer una política pesquera integral que coloque las contribuciones de la industria pesquera en un nivel justo para el país.

Es competencia del Titular del Pliego de Producción evaluar y proponer la aplicación de regalías a la extracción de recursos pesqueros.

Es competencia de Palacio de Gobierno  analizar en su verdadera dimensión la problemática pesquera y definir una política de largo plazo en beneficio del país y no solamente de la industria.

Es competencia de la Sociedad Civil exigir una mejor y más justa participación en la explotación de sus recursos naturales, sean renovables o no renovables.

En el modelo actual (con la salvedad de que la administración actual está intentando cambiarlo), en términos generales el  Estado norma y regula la pesquería en función de los intereses de los administrados y no del conjunto de la sociedad, que es la propietaria del recurso. Los administrados disponen de varios mecanismos para conseguir normas que calcen a su medida, mientras que la Sociedad Civil no dispone de ningún elemento o mecanismo que la represente en la repartición de sus recursos pesqueros.

En esta ecuación, el Estado está en deuda con la sociedad peruana, tanto en el reparto de las ganancias derivadas de la actividad pesquera, como en el daño ambiental que produce la actividad y que la población recibe como impacto negativo contra su calidad de vida.