EL DESTINO DEL MAR PERUANO ESTÁ EN LA ANCHOVETA
La anchoveta es el nodo trófico que gobierna el
ecosistema de Humboldt; sin embargo, el Estado la administra mediante reglas fijas
sobre un sistema inherentemente variable. Este artículo incorpora tres
elementos clave a la discusión: la secuencia histórica de colapsos encadenados
que comenzó con la llegada de la flota atunera en la década de 1940, la
evidencia de crecimiento y morfología que explica el colapso de la merluza, y
el balance de externalidades de la industria de harina de pescado.
El propósito principal de esta investigación es
demostrar la relación directa entre la disponibilidad de la biomasa de
anchoveta y la subsistencia de sus especies dependientes, especialmente la
merluza en sus tallas medianas y grandes. A través de este análisis, se postula
que la disminución de la anchoveta —motivada por factores climáticos y la
presión antropogénica— ha impactado negativamente en los niveles poblacionales
de otros recursos clave del sector.
El
informe completo en PDF se encuentra el
link que se brinda al final y debería ser leído por todos quienes
vivieron y siguen viviendo las consecuencias del manejo político de la pesquería.
El tema es largo, pero para su entendimiento no basta leer titulares o
resúmenes ejecutivos, debe leerse completo.
La pesquería peruana tiene una historia compleja
que debe ser preservada para las nuevas generaciones. Lamentablemente, la
inmediatez del mundo moderno nos empuja a consumir solo titulares o resúmenes,
lo que dificulta el entendimiento cabal de la realidad y fomenta opiniones
sesgadas. El manejo político de la pesquería ha dejado consecuencias profundas;
por ello, invitamos a revisar el informe completo en PDF disponible en el
enlace al final de esta nota. El destino de nuestro mar es un tema extenso y
vital que no puede entenderse a medias: exige una lectura profunda.
En el Perú, la regulación pesquera opera bajo la
premisa de que el mar es un sistema cuasi estable, predecible y lineal. Sin
embargo, la evidencia científica demuestra lo contrario: el Pacífico sudeste es
un ecosistema dinámico, sujeto a variaciones constantes impulsadas por factores
oceanográficos y climáticos a escala de corto plazo, decadal y secular.
Este problema estructural ya resulta insostenible.
El marco legal y tributario del sector se diseñó sobre el supuesto falso de que
los recursos marinos son fijos. Fenómenos como El Niño y La Niña alteran
drásticamente la temperatura del agua y la biomasa disponible en cuestión de
meses; de hecho, la abundancia de las especies varía incluso dentro de un mismo
año. A pesar de esta volatilidad, el Estado insiste en planificar y recaudar
mediante reglas rígidas, provocando un choque crítico entre la realidad
biológica y la política pública.
Las consecuencias de este descalce van más allá de
lo ambiental; impactan directamente en los ámbitos económico y fiscal. Al
aplicar mecanismos rígidos de acceso y cobro sobre un recurso altamente
variable, el Estado genera dos distorsiones simultáneas: en periodos de alta
productividad, desaprovecha la captura de la renta pesquera; en años de
escasez, impone una carga regulatoria desproporcionada sobre los administrados.
En ambos escenarios, el resultado es idéntico: se destruye la eficiencia en la
asignación de recursos y se debilita la capacidad estatal para gestionar la
renta marina.
Fenómenos
como El Niño y La Niña alteran la temperatura del agua y la cantidad de peces
en pocos meses. La abundancia de especies no es constante ni siquiera en un
mismo año.
A
pesar de esto, el Estado sigue planificando y cobrando con reglas rígidas. Este
choque entre la biología real y la política pesquera genera graves
ineficiencias.
En
ambos casos, el resultado es el mismo: pérdida de eficiencia en la asignación
de recursos y debilitamiento de la capacidad del Estado para gestionar
adecuadamente la renta marina.
El debate de fondo no radica en si el Perú debe
explotar sus recursos pesqueros, sino en si cuenta con las herramientas idóneas
para gobernar un sistema natural inherentemente inestable. A la luz de la
ciencia, la respuesta es una verdad incómoda: no. Persistir en una regulación
diseñada para un océano estático dejó de ser un simple error técnico; es una
decisión política con costos económicos acumulativos que erosionan la
competitividad del sector, la sostenibilidad fiscal y la resiliencia del Estado
frente a los shocks climáticos.
El Perú necesita dar un salto conceptual urgente:
pasar de una política pesquera basada en supuestos de estabilidad a una gestión
enfocada en el riesgo y la variabilidad. Esto implica repensar desde los
derechos de acceso hasta los mecanismos de captura de renta, incorporando de
manera real —y no meramente declarativa— la ciencia oceánica en la toma de
decisiones.
Mientras este cambio no ocurra, el Estado seguirá
administrando un mar dinámico con reglas fijas. En ese desfase silencioso entre
la naturaleza y la burocracia se juega buena parte del futuro de nuestra
economía pesquera.
Si hacia la presente década el régimen marino se
vuelve menos favorable para la anchoveta y más propicio para la sardina, el
jurel y la caballa, la prioridad nacional no debe ser la defensa ciega de las
cuotas de anchoveta. El verdadero reto es prepararse para procesar nuevas
especies, lo que exige transformar plantas, reconfigurar líneas de proceso,
obtener certificaciones sanitarias y conquistar mercados distintos. Reconvertir
la infraestructura y abrir canales de exportación toma entre cinco y diez años,
no un simple ciclo de veda. Si este cambio de régimen ya comenzó, el país ya va
tarde.
Las evidencias científicas revelan que la
disponibilidad espacial y temporal de la biomasa de anchoveta condiciona la
estabilidad y productividad de otras especies clave del ecosistema peruano.
Este factor impacta directamente en el empleo, las exportaciones y la
sostenibilidad de todo el sistema. Por ello, se debe reconocer formalmente lo
ocurrido históricamente con la merluza y discutir con seriedad —sin
descalificar a quienes plantean el debate— la interacción entre la extracción
industrial de anchoveta para harina y la disponibilidad de alimento para las especies
que dependen de ella.
En el pasado, quienes extraían, procesaban y
exportaban merluza, cumplieron estrictamente con las cuotas fijadas por el
Estado; aun así, perdieron la actividad sin recibir compensación ni
alternativas.
La actitud del Estado para con la industria
reductora de harina de anchoveta, es de protección y de apoyo, lo que resulta
legítimo hoy y siempre. Lo que se debe censurar es que el Estado ni protegió ni
apoyo a la industria merlucera en su momento. Los que sobrevivieron, sin apoyo,
lo hicieron dedicándose a la pota sin mayor compensación por parte de las
autoridades de pesquería.
Un sector que se niega a revisar sus errores está
condenado a repetirlos.
LA ANCHOVETA: EJE DEL ECOSISTEMA Y DE LA POLÍTICA PESQUERA
La anchoveta no es un recurso pesquero más: de su
abundancia o escasez depende toda la cadena de valor del sector. Gestionar la
anchoveta es administrar el mar. Pese a que la ciencia confirma que esta
especie articula y rige el ecosistema marino, la política pesquera peruana
insiste en tratar a las especies como compartimentos aislados, bajo un enfoque
reduccionista y antropocéntrico. Minimizar su rol no es un fallo técnico; es
una decisión política con un alto impacto sistémico.
Si la anchoveta cae, todo el sistema se trastoca.
Su disminución reduce las poblaciones de especies ecológicamente dependientes
—como aves guaneras, mamíferos marinos y peces de alto valor comercial (jurel,
caballa, bonito y merluza)— y altera a sus especies asociadas (samasa, sardina peruana
y juveniles). Esto desata un desorden ecológico que fractura el sistema. El
colapso poblacional nunca empieza en los grandes depredadores: comienza en la
base.
Sin embargo, las reglas económicas y
administrativas del sector no han internalizado esta volatilidad. Se recauda,
regula y planifica como si la base biológica fuera estable, olvidando que se
gestionan organismos vivos y no recursos inertes como la energía eléctrica o
los hidrocarburos. Este desajuste entre la biología y la política es el origen
de múltiples ineficiencias.
El problema no es solo ambiental, sino
socioeconómico y fiscal. Cuando el Estado diseña mecanismos rígidos de acceso y
cobro de derechos sobre un recurso altamente variable, genera dos distorsiones
simultáneas: en años de alta productividad, la renta marina no se captura
plenamente; en años de escasez, la carga regulatoria resulta desproporcionada.
En ambos escenarios, el resultado es el mismo: se pierde eficiencia en la
asignación de recursos y se debilita la capacidad estatal para gestionar la
riqueza del mar.
Lo que está en discusión no es si el Perú debe o no explotar sus
recursos pesqueros. La verdadera discusión es si el país cuenta con la madurez
institucional para diseñar una gobernanza que entienda que la sostenibilidad
ecológica es la única garantía de la viabilidad económica.
Las medidas biológicas para la conservación de la
merluza eran teóricamente correctas, siempre y cuando la información en la que
se basaban hubiese sido exacta. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿lo era? Y más
aún, ¿lo es ahora en el caso de la anchoveta y otros recursos?
Dentro de este escenario, la flota artesanal del
país representa el primer eslabón en la cadena de abastecimiento de materia
prima. Por ello, los precios que recibe deben ser justos y dignos. Esto solo se
lograría si el producto final alcanza un alto valor agregado, si su precio
internacional compite con lealtad y si el empresario reconoce tanto el valor
real del recurso como la necesidad de pagar sueldos justos.
No obstante, existe un componente que casi siempre
se omite: la infraestructura. Sin una cadena de frío, desembarcaderos modernos
y accesos viales adecuados, hablar de un "precio justo" para el
pescador artesanal es mera retórica. En Paita, por ejemplo, las pérdidas
causadas por deficiencias logísticas se descuentan directamente del pago al
pescador, nunca del margen del comercializador. La cadena pesquera no se ordena
solo regulando precios; se ordena ejecutando obras. Quien exporta sabe
perfectamente que el rechazo del producto por problemas de calidad casi siempre
se origina en la tierra, no en el mar.
Alcanzar la armonía en toda la cadena pesquera se
traduciría en una bonanza económica creciente para el país, la generación de
empleo permanente, una mejor alimentación popular y la protección efectiva
tanto del recurso como del medio ambiente. Asimismo, consolidaría un entorno
sano y atractivo para las inversiones que el sector necesita para modernizarse.
Si
un organismo científico carece de eficiencia técnica, independencia frente a
presiones externas y el liderazgo de los mejores especialistas, la gestión
pesquera continuará bajo el control de burócratas desactualizados que defienden
intereses particulares en detrimento del bienestar nacional. En este escenario, la flota artesanal constituye el
eslabón primordial en la cadena de suministro de materia prima; por ende, los
precios que recibe deben ser justos y dignos. Este equilibrio se alcanzará
únicamente si el producto final posee un alto valor agregado, si su precio en
el mercado internacional compite en condiciones de lealtad y si el sector
empresarial reconoce tanto un valor justo por el recurso como salarios dignos
para sus trabajadores.
Existe un eslabón que casi siempre se omite: la
infraestructura. Sin una cadena de frío eficiente, desembarcaderos modernos y
accesos viales adecuados, el "precio justo" para el pescador
artesanal no es más que retórica. En Paita, por ejemplo, las mermas ocasionadas
por deficiencias logísticas se descuentan directamente del pago al pescador,
jamás del margen del comercializador. La cadena de valor no se ordena con
discursos sobre precios, sino con obras concretas. De hecho, cualquier
exportador sabe que el rechazo de un producto por problemas de calidad se
origina casi siempre en la gestión en tierra, no en las faenas de alta mar.
El problema de fondo es que el Estado no aplicó una
política de conservación oportuna, probablemente por un exceso de confianza en
la información científica disponible. Una conservación eficaz de la especie
habría requerido de una concertación previa y el otorgamiento de un plazo
razonable. Esto hubiera permitido reconvertir los esfuerzos de la industria
merlucera hacia otras especies, minimizando el impacto negativo en los ámbitos
social, laboral, financiero y comercial del negocio.
Faltó, sobre todo, una búsqueda conjunta de
alternativas. Ante esto, cabe preguntarse: ¿existió responsabilidad de los
funcionarios del IMARPE de aquellos años? Culpar exclusivamente a la industria
fue un error: los armadores pescaron lo que el Estado les permitió y no lo que
quisieron. Si el IMARPE se equivocó, nunca lo reconoció ni actuó en
consecuencia.
Además, la pesca convive intrínsecamente con el
factor aleatorio. Predecir el comportamiento de la naturaleza y su impacto en
la biomasa es una tarea compleja. Por ello, la actividad pesquera exige el
mejor soporte científico posible. Esto demanda potenciar al máximo al IMARPE y
reestructurarlo conforme a ley, perfeccionando la información técnica que sirve
de base para la toma de decisiones políticas. Para lograrlo, los funcionarios y
científicos deben ser designados formalmente y no bajo la figura de
"encargados". Asimismo, deben cumplir con perfiles de alta exigencia,
poseer los más altos estándares profesionales y carecer de sanciones o
denuncias vigentes. Los perfiles requeridos para los cargos de alta dirección
jamás debieron flexibilizarse.
La externalidad institucional es, sin duda, la que
genera mayor indignación. Se manifiesta en el poder económico capaz de
instrumentalizar la ciencia a su conveniencia, atribuyendo el colapso de la
merluza a los eufáusidos mientras descalifica —por supuesto interés de parte— a
quien señale la causa real, tal como ocurrió en su momento.
Por su parte, la externalidad distributiva cierra
este círculo vicioso: los beneficios se concentran en un grupo selecto de
titulares de derechos, mientras que los perjuicios se socializan entre los
pobladores costeros. Así, un puñado de grandes corporaciones captura la renta
de un recurso que la Constitución declara patrimonio de la Nación. En
contraste, el pescador artesanal, el habitante de la caleta, quien sufre la
contaminación de las plantas, quien vio desaparecer la corvina y la cojinova de
su mesa o quien perdió su empleo tras el colapso de la merluza, asume los
costos sin recibir compensación alguna.
Si bien las cuotas individuales transferibles
optimizaron la eficiencia extractiva, también consolidaron la concentración
económica. Al ser transferibles, migraron naturalmente hacia los grandes
capitales, cumpliendo con el diseño intrínseco del instrumento. Así, la
pesquería se ordenó, pero la distribución quedó irresuelta. Un régimen donde la
ganancia es privada, concentrada y legal, mientras el daño es público, difuso y
huérfano de compensación, no representa un modelo de gestión; constituye, en
realidad, una transferencia sistemática de riqueza desde el litoral hacia unos
pocos balances financieros.
En consecuencia, el balance neto para el país es negativo. El argumento
de que el sector genera divisas y empleo es insuficiente si no se cuestiona a
qué costo y quién lo paga. Debe asumirse que de la anchoveta depende el
sostenimiento del ecosistema marino de Humboldt.
No hay comentarios:
Publicar un comentario