El Estado solo interviene en la pesquería peruana dando
el marco regulatorio dirigido a cumplir metas de control administrativo, biológico
y de protección. Las medidas comúnmente
aplicadas son: las vedas, las cuotas, limitaciones al tamaño mínimo, vigilancia
y control de las actividades acuáticas entre las principales.
La administración pesquera vigente no considera
aspectos de inclusión social ni de alimentación nacional en su marco normativo.
Aparentemente la tesis peruana es que la seguridad
alimentaria no necesita (y por tanto no existe) una política pesquera, pues el
mercado u otros sectores, se hacen o deberían hacerse cargo de ella.
La exportación de nuestros recursos pesqueros es más
atractiva por los beneficios tributarios que se derivan de ella para los
exportadores, así como por las dificultades que ofrece el mercado nacional que
carece de similares estímulos y adolece de falta de infraestructura de
distribución y de frío. Por tanto es posible hablar de la existencia de
subsidios a la exportación pesquera en detrimento del mercado interno.
Si bien es cierto que la selección de mercados es una
decisión empresarial, también es cierto que el Estado no debería ser ajeno al
tema, ya que la alimentación popular es una obligación de la cual no puede
evadirse. En tiempos del coronavirus, la necesidad de alimentación a los
sectores más vulnerables cobra mayor importancia.
Es importante tomar en cuenta que aunque el Perú tiene
una participación importante en la explotación de recursos pesqueros a nivel
mundial, esta no aporta los beneficios que merece la población peruana. El
hecho es que, en nuestro país, una parte considerable de la población continúa
con bajos niveles de consumo y de acceso a los alimentos, con la consecuente
persistencia de niveles de desnutrición. El Perú posee una importante población
hambrienta nadando en un mar de proteína abundante.
Es éticamente imposible negar esta realidad, ante una
de las características más espeluznantes de la estructura pesquera nacional: la
coexistencia del hambre y la desnutrición con la exportación de nuestros
productos alimenticios hidrobiológicos.
¿Es moralmente correcto usar nuestros
recursos naturales que se destinan a la
alimentación para atender necesidades de otros países, antes que privilegiar
los requerimientos a veces dramáticos, de nuestra población, en especial la infantil?
¿Es ético llevar la extracción de
nuestros recursos pesqueros a límites peligrosos para la sostenibilidad del
ecosistema, para atender necesidades de alimentos para otros países mientras
nuestra población sufre carencias poniendo en riesgo el futuro de nuestras
generaciones venideras?
¿Se justifica la exportación porque trae
divisas (que no son propiedad del Estado sino del exportador) mientras no se
prioriza la alimentación nacional y no se protege la fuente de alimentos
marinos para las futuras generaciones de peruanos?
¿Podrían coexistir ambos mercados? Creo
que sí pero para ello se requiere de un trabajo conjunto entre la autoridad de
pesquería y la industria y la pesca artesanal. Se pueden diseñar fórmulas para
atender todas las necesidades sin entrar en conflicto, utilizando prioritariamente
la anchoveta y la pota. Sin embargo ello implica la existencia de voluntad
política y liderazgo con visión de largo plazo.
El mercado no puede resolver el problema
de la desnutrición y anemia infantil en el Perú.
Hay una imposibilidad para acceder a los
alimentos por parte de amplias poblaciones que no pueden pagar los precios
actuales y que no son objetivo de ventas tampoco. La solución no puede venir
del libre comercio. El empresario privado optará siempre por vender sus
productos con mayor valor agregado al mejor precio y al mejor postor. En esa
lógica de pensamiento siempre encontrará en la exportación un mercado dispuesto
a pagar caro por alimentos o materia prima para producir alimentos gourmet que
satisfagan no necesariamente el hambre sino exigencias gastronómicas. El
ciudadano pobre que solo requiere proteína barata tenderá a ser excluido de esa
lógica de mercado.
El Estado está
llamado a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos a través de políticas de
inclusión y de desarrollo. La población rural dispersa en condición de pobreza se
encuentra ubicada en zonas alejadas de difícil acceso, constituyendo el
principal problema para el abastecimiento de pescado, siendo la escasa oferta
el otro problema.
Los bajos ingresos de la población rural
pobre, no le permiten acceder a productos pesqueros, los que se han convertido
en exclusivos de las poblaciones con mayores recursos económicos. El incremento
de la demanda como consecuencia de una campaña de promoción de consumo
irracional ha elevado los precios y reducido la oferta. El recurso pesquero no
aumenta en función de la demanda, sino que generalmente sigue el camino
inverso.
En dicho contexto, la actual orientación
del Programa “A comer pescado” que lleva a cabo el Ministerio de la Producción,
dirigido a promover el consumo de pescado en forma general, sin precisar
especies objetivo, es irresponsable. Sin conocer el estado de salud de las
respectivas biomasas, se está estimulando la extracción sin base científica de
límites de captura, aumentando la presión sobre especies, poniéndolas en riesgo
y elevando su costo a niveles que las poblaciones necesitadas no pueden pagar.
La orientación debida de dicho programa,
debiera ser fortalecer la ingesta calórico-proteica de la población rural dispersa en condición
de pobreza, incrementando el consumo de
recursos ícticos susceptibles de ser promovidos, como la anchoveta y la
pota, de manera sostenible y promoviendo la participación del sector pesquero
artesanal en la extracción, procesamiento y comercialización de estos
productos.
Es necesario implementar un programa
social que contribuya con la seguridad alimentaria nacional en la mejor forma
posible, yendo más allá de políticas que obedecen a una voluntad y marketing político irresponsables. No se
requiere promoción del Estado en sectores de la población que tienen acceso a
la adquisición de productos hidrobiológicos, sino apoyo social a las áreas
vulnerables.
Para apoyar con éxito la erradicación de
la desnutrición, se requiere de Proyectos/Programas innovadores. El programa
debe fundamentarse en la necesidad de crear un mercado como responsabilidad del
Estado y en el fortalecimiento de capacidades que permitan convertir la
atención de ese mercado en un negocio rentable, generando empleo y riqueza, lo
que lo hace sostenible en el tiempo.
Si es responsabilidad del MIDIS o de
PRODUCE, es irrelevante en un escenario donde ninguno de ellos actúa con
eficacia sobre el manejo de la anchoveta principalmente. Así como PRODUCE se
convierte en articulador y transmisor de requerimientos sociales y tributarios
de algunos gremios, con mayor razón debería liderar la promoción del consumo de
anchoveta.
Marcos Kisner Bueno
