LA PESCA EN PERU: ALGUNOS MITOS Y PARADIGMAS

 

En el Perú se ha atribuido siempre a los recursos marinos, no solo el carácter de renovable, sino además, la cualidad de inagotable. Se ha elegido aceptar el mito, en obstinada ignorancia de los hechos, creyendo que los recursos pesqueros son infinitos e inagotables y forzando la extracción hacia límites impredecibles en sus consecuencias.

La forma más racional de proteger nuestros recursos pesqueros es adoptando un enfoque precautorio. Los peces son recursos naturales renovables, solo si se les deja reproducirse adecuadamente cuidando de no reducir sus poblaciones. El recurso pesquero no aumenta en función de la demanda. Sucede que la biomasa de las diversas especies objetivo sigue el camino inverso, éstas se reducen y por tanto son insuficientes para satisfacer las expectativas y necesidades de todos los partícipes de la pesquería.

Una especie extinguida es incapaz de ser regulada y no podrá ser extraída por más demanda social que exista.

EXPORTACIONES E IMPUESTOS

La pesquería sigue siendo conceptuada como fuente de riqueza vía exportación, negándonos a entender que la riqueza disponible para el país proviene, no de la exportación en sí misma, sino de los impuestos que paga, es decir el impuesto a la renta y la contribución de los derechos de pesca. Esta información permanece oculta para la ciudadanía.

La difusión pública de estadísticas e información sobre el sector pesca en el Perú es bastante sesgada. Sobre las ventas de pescado al mercado interno peruano, no se mencionan estadísticas de volúmenes, valor total comercializado, mercados donde se han realizado las operaciones comerciales ni poblaciones a las cuales se ha atendido.

En cambio sobre exportaciones se menciona todo tipo de detalles con sus correspondientes elogios. Se mencionan los volúmenes de exportación y su relación el PBI, su crecimiento y el empleo que genera. No se mencionan las cifras sobre recaudación de derechos de pesca y el gasto del 50% que queda en manos del Ministerio de la Producción. Poco o nada se sabe del impuesto a la renta de tercera categoría, devolución de IGV, pago de drawback. Tampoco se hacen pública, a través de los medios, las cifras de transferencia y gasto del canon pesquero. Esto por mencionar solamente los tributos o tasas que son o debería ser para beneficio de todo el país. Existen otras tasas que no son de beneficio general; pero una que otra vez se mencionan, como es el caso de las contribuciones laborales y al pago del programa de Vigilancia y control de las actividades pesqueras y acuícolas.

En general, los grandes beneficios económicos del sector pesquero alcanzan a una fracción del empresariado pesquero y genera rentas insuficientes al Estado que no permiten el financiamiento adecuado de programas sociales, de investigación y otros necesarios para el manejo sostenible de los recursos.

El régimen de derechos de pesca carece de racionalidad económica. El monto a pagar por este concepto no guarda relación ni con la renta del recurso, ni con los costos de administración de las distintas pesquerías. En el caso de las embarcaciones artesanales, se les exime del pago de derechos de pesca.

Las normas vigentes no indican expresamente que la información derivada de las cobranzas, morosos, omisos al pago y/o declaración jurada y empleo de los recursos directamente recaudado proveniente de los Derechos de Pesca se publiquen para conocimiento público.

Por tanto ni el sector ni la opinión pública tienen acceso a conocer detalles de la eficiencia de la cobranza, ni a saber quiénes han pagado y quienes no han pagado, ni a conocer cómo se emplean estos dineros. Por tanto nadie fuera del Produce fiscaliza.

La tasa de derechos de pesca vigente resulta insuficiente pues no considera el valor ambiental de los mismos debido a los pasivos resultantes de la contaminación ambiental ocasionada por la actividad pesquera.

El Estado y la industria tienen el legítimo derecho a publicitar sus logros en materia de exportación y volúmenes de desembarque de recursos pesqueros; pero el ciudadano común también tiene el derecho de ser informado de cuánto han aportado por impuesto a la renta y derechos de pesca, así como de las devoluciones tributarias del IGV que ha recibido el exportador y del drawback.

ANCHOVETA

Es una costumbre satanizar a la industria de harina de pescado por no destinar el recurso al consumo humano; pero en realidad el asunto no debe configurarse de esa manera. La industria harinera existe porque en su momento se presentó la oportunidad de capturar la renta de ese recurso convirtiéndolo en harina, cuyo mercado, que es básicamente la acuicultura, fue creciendo y se volvió un negocio rentable. Obviamente más rentable que el consumo humano directo. El empresario apuesta a ganar lo máximo posible. Que hay necesidades de alimentación en la población, sí; pero ese tema no es de responsabilidad del empresario, sino que es competencia del Estado. En el Estado, es competencia del MIDIS y no de PRODUCE.

Producir harina de anchoveta resultó ser un buen negocio y se ha invertido mucho en el mismo. ¿Por qué no se ha hecho igual con el consumo humano de anchoveta? La explicación más simple es: porque no es un negocio mejor que la harina desde el punto de vista de la rentabilidad.

¿Se puede culpar a la industria harinera por ello? No. Es verdad que hay temas sobre la misma que deben ser discutidos, como por ejemplo la contaminación, los derechos de pesca y otros; pero eso no es motivo para pretender que se deje de hacer harina. Es un negocio que bien puede coexistir con el del consumo humano directo.

Atacar a la industria de harina, alegando que el destino de la anchoveta debe ser para el consumo humano y en consecuencia debería desaparecer, es un sin sentido y un absurdo. Es politizar un asunto cuyo origen y alternativas van por otro lado. Existen ideas innovadoras para procesar la anchoveta, pero requieren de inversión privada. Incentivar la inversión privada es el ángulo desde el cual debe enfocase este tema.

También se cree que es responsabilidad del Ministerio de la Producción destinar la anchoveta para alimentación nacional. No es enteramente cierto. Por un lado, no es rol del Estado hacer empresa, que es lo necesario para la comercialización de anchoveta. Por otro lado la Ley Nº 27779 establece que el Ministerio de la Producción formula, aprueba y supervisa las políticas de alcance nacional aplicables a las actividades extractivas y productivas comenzando en los sectores industria y pesquería, promoviendo su competitividad y el incremento de la producción así como el uso racional de los recursos y la protección del medio ambiente. A tal efecto dicta normas de alcance nacional y supervisa su cumplimiento. Su ROF dispone que el Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura vela por el aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos y su impacto favorable en el medio económico, ambiental y social, y promueve el consumo de productos hidrobiológicos, entre otros.

No le asigna funciones ni competencias en el tema alimentario y tampoco puede tener un rol empresarial que conduzca a la comercialización de anchoveta o de ningún otro recurso pesquero, ni intervenir en la fijación de los precios.

Por lo tanto, no está en sus competencias nada más que actuar sobre la promoción del consumo a través de acciones de educación y otras que puedan desarrollarse. Este es el ángulo desde el cual debe enfocarse también el asunto

Si se quiere que la anchoveta sea consumida por la población, tiene que ser un negocio rentable y sostenible para que alguien se interese en invertir en el mismo y dedicarse a ello. No lo es actualmente.

No es responsabilidad del Ministerio de la Producción.

Es responsabilidad del Estado crear las condiciones para que se cree un negocio de anchoveta destinada al consumo humano de la población, a través de acciones adecuadas.

Crear mercado significa crear la demanda. Ese es el tema básico que debe atenderse. La satisfacción de esa demanda será el resultado de inversiones privadas mediante una oferta apropiada de anchoveta en la presentación que resulte más atractiva.

Esta tarea es una combinación de esfuerzos y voluntades del sector privado y de varios ministerios como Producción, MEF, Salud, Educación y el MIDIS.

Atribuir a la industria de harina de pescado la responsabilidad de que el país no consuma anchoveta, no es correcto.

Destinar la anchoveta para la alimentación nacional no es tan complicado como puede parecer; pero no resultará de un enfrentamiento con la industria de harina de pescado. Solo requiere de voluntad y decisión política alejada de todo tipo de intereses que no fuesen los de la Nación para empezar a resolver el tema desde los ángulos correctos y debidos.

En algún momento se deberá pasar de la polémica, de la confrontación y del discurso, a la acción real y efectiva concertando la empresa privada con el Estado y las organizaciones sociales.

Podemos alimentarnos con anchoveta; pero es un camino largo que requiere de perseverancia, constancia y continuidad, voluntad y decisión política.

El desarrollo del mercado interno peruano para productos preferentemente derivados de la anchoveta es un enorme desafío. Implica educar a la población en el hábito de su consumo y de transformar un simple potencial de consumo en un verdadero mercado.

El reto nacional es desarrollar el mercado interno. La barrera para ello radica en que es más fácil aprovechar los mercados que otros países ya tienen bien estructurados y exportar. China, los Estados Unidos, la Unión Europea y el Japón, entre otros, son mercados atractivos porque pagan precios altos pero también, porque tienen mercados estructurados, con redes de importadores, de grandes distribuidores, mayoristas y minoristas que posibilitan una venta rápida para productos de buena calidad.

Esta tendencia, sumada a la deficiente red de frío y de comercialización en el mercado interno, así como la escasa demanda, afectan el desarrollo del mercado interno. Los elevados precios de los productos que se ofertan a este mercado constituyen otro de los limitantes.

La promoción de consumo de la anchoveta tiene que ser entendida como básica y previa al desarrollo de una cadena de valor apropiada. Si no hay mercado, no habrá negocio. Si no hay inversión en la cadena de distribución y de almacenamiento y si no hay precios atractivos mejores que el que ofrece la harina, no habrá negocio. ¿Quién está dispuesto a arriesgar en esta inversión? Si fuese un negocio atractivo ¿por qué nadie incursiona en el mismo?

Si hasta el día de hoy no ha prosperado el discurso de destinar anchoveta al consumo nacional, es evidente que la razón principal es que no es buen negocio para quienes podrían tener interés en invertir en ello. Y eso es una cuestión no solo de hábito, sino también de precio.

El precio final de la anchoveta para consumo nacional tendrá que ser realista a fin de la población la convierta en un hábito de consumo. Si el precio es inaccesible para las mayorías, no sirve. Para que esto funcione, debe ser un negocio en el cual todos los actores ganen, que el mercado acepte el producto y que sea sostenible. No puede ser subsidiado por el Estado, salvo quizá en el primer momento, el de la creación del hábito de consumo

Que la anchoveta puede alimentar al país, es una posibilidad; pero la realidad impone su propio paisaje. Eso no va a ocurrir con tan solo el discurso, sino con el compromiso del Estado y del inversionista por desarrollar esta cadena productiva en el corto, mediano y largo plazo. El primero debe crear los estímulos y condiciones para que el segundo se arriesgue a invertir.

Finalmente, hay que entender que esto es una tarea de largo plazo que debería ser mantenida por cada gobierno y no variarse con cada cambio de funcionarios. El Perú ya tuvo hace años una exitosa serie de medidas para introducir el consumo de anchoveta; pero desconociendo que el proceso es de largo plazo e ignorando el sector, cada cambio de gobierno fue dejando de lado lo avanzado.