REVISTA PESCA

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martes, 5 de junio de 2012

Minería, vandalismo, informalidad y corrupción


Por Gonzalo Zegarra Mulanovich
05 de Junio de 2012
La coyuntura en el Perú parece hoy estar copada por la minería –formal e informal– y sus conflictos sociales. Pero pasemos de la coyuntura a la estructura. La legitimidad política del Estado se va construyendo a medida que se procesan los problemas coyunturales, pues las acciones envían mensajes que se tornan incentivos y luego instituciones, en el sentido de reglas de juego.
 Este gobierno, al igual que los dos anteriores, no está construyendo sino destruyendo la institucionalidad por su indefinición y contradicción en el manejo de los conflictos. Lo que está en juego es mucho más que el principio de autoridad; son el Estado de Derecho (rule of law) y la igualdad ante la ley como fundamentos del gran fideicomiso político al que llamamos democracia. A la larga, tolerar el vandalismo –no reprimir a quien lo merece– es antidemocrático, a pesar de que algunos etiqueten como autoritarismo el menor amago de hacer cumplir las leyes.
Cuando el Estado peruano no sólo otorga un plazo de gracia (adicional) a la minería informal, sino que además pretende constituirse en comprador y procesador de su mineral, se vuelve literalmente un Estado blanqueador. ¿Con qué legitimidad puede reprimir la receptación (compra de cosas robadas) o el lavado de activos? Contradicciones morales como ésta tienen tangibles consecuencias prácticas. Como sostenía el filósofo James Q. Wilson con su “teoría de las ventanas rotas” (SE 1314), la inacción ante el delito genera más delito. Igualmente, Malcolm Gladwell, considerado por Forbes como el pensador más influyente en los negocios, sostuvo en Lima la semana pasada que los más serios y sofisticados estudios psicológicos concluyen que la criminalidad “es contagiosa”. No en vano, dada esa sistemática indecisión para hacer cumplir la ley, el Perú tiene los niveles de informalidad económica que tiene (58%). Y por algo la mayoría (55% según Ipsos APOYO) no cree que se logrará la formalización minera.
Así las cosas, tampoco debería sorprender que los peruanos sean relativamente complacientes a la corrupción (“tolerancia media” según la VI Encuesta de Percepción de Corrupción, del 2010). Si se tolera el incumplimiento de las leyes en general, ¿por qué no tolerar el incumplimiento de las leyes anticorrupción? Pero además, cuando pocos pagan impuestos, como en las economías informales, el saqueo del Estado es un robo a unos pocos contribuyentes, no a la mayoría de ciudadanos, y eso la hace mayoritariamente tolerable. Los países con economías más formales según el informe Shadow Economies All over the World, de Friedrich Scheneider, Andreas Buehn y Claudio E. Montenegro, son Suiza, EEUU, Luxemburgo, Austria y Japón. Éstos ocupan, según Transparencia Internacional, puestos relativamente altos en transparencia (entendida como antítesis de corrupción): 9, 22, 11, 15 y 17, respectivamente, sobre 178. Por el contrario, los más informales –Bolivia, Georgia, Zimbabue, Azerbaiyán y el Perú– ocupan los puestos 110, 68, 134, 134 (empate) y 78, respectivamente. Si bien la correlación entre informalidad y corrupción no es fortísima, evidentemente existe, y tal vez esté morigerada por la democracia. En efecto, muchos de los países más corruptos que los citados informales son autoritarios como Venezuela, dictaduras como Myanmar, o Estados fallidos como Irak.
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COMENTARIO
Este interesante editorial que publica hoy el diario Gestión puede bien aplicarse a la pesquería también. No incluir en los conceptos al sector pesquero es un indicativo que la poca atención que se presta a la pesca en el país por parte de medios y analistas.
Existe informalidad, desorden, corrupción, baja contribución y ausencia de regalías en el sector pesquero; pero por alguna razón sigue siendo la cenicienta del país, olvidada, relegada y desapercibida.
Rescato la expresión: “A la larga, tolerar el vandalismo –no reprimir a quien lo merece– es antidemocrático, a pesar de que algunos etiqueten como autoritarismo el menor amago de hacer cumplir las leyes”.
¿No es aplicable acaso a los sucesos del mes de abril en Paita derivados de un reclamo empresarial por incrementar la cuota de extracción de merluza?
Por tanto imponer el principio de autoridad no es autoritarismo; hacer cumplir la ley no es autoritarismo sino mantenimiento del estado de derecho.
En el caso pesquero de la merluza y la pota, pretender cambiar una norma para favorecer intereses de unos cuantos poniendo en riesgo la estabilidad del sistema de ordenamiento pesquero ¿qué nombre tiene?
¿No encaja acaso con el concepto de “estado de derecho” con respetar los procedimientos y velar por el bienestar de las mayorías?
Cuando una autoridad pretende modificar el estado de derecho por miedo a una huelga y/o pretende favorecer a países extranjeros cediendo a la presión de una velada amenaza de suspensión de la cooperación extranjera.
¿Qué nombre o calificativo debe darse a esa actitud del Estado?
¿Debe el Estado someterse a la amenaza de huelga y/o ceder ante una cooperación extranjera que se condiciona veladamente al otorgamiento de permisos de pesca que la totalidad de la pesca artesanal peruana rechaza y que además se convertiría en un privilegio por encima de la propia flota nacional?
¿De dónde nace esta actitud proclive a ceder y ceder? ¿De autoridades subalternas, de la Alta Dirección o más arriba aún?

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