La designación de nuevas autoridades en la pesca peruana

La designación de funcionarios en el Estado, en PRODUCE en este caso, obliga a revisar su calidad, puesto que tienen la capacidad de tomar decisiones y ejecutar acciones que afectarán a cientos o millas de personas.

Es necesario observar el antes, el durante y el después de sus gestiones para, en algún momento evaluar qué pasó con el área o entidad dirigida. Esto con miras a repetir la gestión en otro gobierno, o evitarla.

El funcionario público designado debe tener capacidad, habilidad y actitud. La experiencia debe medirse por los resultados y no por los años de ocupar diversos cargos dentro del Estado reciclándose gobierno a gobierno como ocurre generalmente en nuestro sistema.

Podrá haber nuevos gobiernos, nuevas autoridades, mejores o peores; pero los funcionarios que se nombran en cada nueva administración, generalmente son los mismos que ya usaron en otros puestos y pertenecen a un grupo de personas las cuales, como manada de lobos, se reciclan, mutan y se alimentan del Estado. Se ocultan en la espesura en espera de la oportunidad de saltar sobre la yugular de su víctima: un nuevo puesto público. Cual cardúmenes de peces en busca de aguas propicias por su temperatura y oxigenación, estas personas migran, se protegen y acomodan entre ellas.

La razón para el fracaso de muchas gestiones podría deberse a la falta de motivación, mística y ausencia de voluntad de servir al sector, el mismo que tiene que ser debidamente conocido por la persona que acepta un cargo, pensando en el país y en las necesidades sectoriales antes que en sus intereses personales.

El trabajo del cual el funcionario aduce tener experiencia, debe medirse por sus resultados. La experiencia no puede medirse por los años en los cuales se calienta un asiento en diversos puestos del aparato estatal o sectorial. Puede haber pasado ese tiempo dedicado a servir a sus ambiciones propias, a intereses personales y/o de parte, antes que a los del sector y del país.

Esa “experiencia”, sumada a una acumulación de títulos, es insuficiente para ejercer un cargo público, si es que no va acompañada de decencia, honestidad y un alto nivel de ética y moralidad. Un corrupto perfectamente capacitado y entrenado, seguirá siendo corrupto. Sus títulos no lo convierten en un funcionario comprometido con el cargo, ni lo vuelven decente, ni le dan la mínima estatura moral que se requiere.

El país ha visto en los últimos años la presencia de funcionarios incompetentes y corruptos a tal nivel, que lo que urge ahora es competencia; pero con decencia moral e intelectual e incorruptibilidad por encima de todas las cosas. 

Debemos reconocer que, así como de cien ignorantes no puede salir un sabio; de cien títulos, maestrías y doctorados no sale un ser moral, decente y honesto. Estas virtudes son innatas en algunos individuos y se perfeccionan en el hogar principalmente. No se adquirirán espontáneamente con la consecución de un galardón técnico.

LAS NUEVAS AUTORIDADES Y EL INSTITUTO DEL MAR DEL PERU

 

Durante toda la gestión gubernamental que finalizó el 7 de diciembre de 2022, el Instituto del Mar del Perú se mantuvo en una situación de ilegitimidad, derivada del incumplimiento del DU 015-2020 que ordena al IMARPE elaborar un nuevo ROF y convocar a concurso para público la contratación del Presidente de su Consejo Directivo.

En la sistemática negativa del Ministerio de la Producción a ejecutar lo que manda esa norma, se adujo entre, otras razones que la misma era ilegal, incluso dicha norma fue objeto de una demanda de inconstitucionalidad; pero sobre ello el TC dictó la sentencia N° 845/2021, Caso de la Modificatoria de la Ley del Imarpe, Expediente 00001-2021-PI/TC que ha resuelto:

“Así pues, este Tribunal no pierde de vista que la regulación de la norma impugnada alude al fortalecimiento del rol y de la gestión del Imarpe y, con ello, la prestación de los servicios a su cargo, mediante el ajuste de la conformación de su consejo directivo, la regulación de la estructura orgánica básica, y otras disposiciones.

Se trata, pues, de materias que pueden ser reguladas a través de un decreto de urgencia extraordinaria, como ha ocurrido en el presente caso.

En la sesión de Pleno del Tribunal Constitucional, de fecha 7 de septiembre de 2021, los magistrados Ledesma Narváez, Miranda Canales (con fundamento de voto), Ramos Núñez (con fundamento de voto) y Espinosa-Saldaña Barrera (con fundamento de voto) han publicado la siguiente sentencia que resuelve:

Declarar INFUNDADA la demanda interpuesta contra todos los extremos del Decreto de Urgencia 015-2020.”

No se ha cumplido con nada de lo legalmente vigente. En su lugar se designó como Presidente del Consejo Directivo del IMARPE, a un asesor del Despacho Ministerial de Producción en calidad de “encargado”, situación que se mantiene a la fecha.

Las actividades pesqueras en general, dependen de la opinión científica del IMARPE, por lo cual todo el sector necesita un ente científico legítimo, con un alto grado de confiabilidad. ¿Cuál es el sentir de la comunidad pesquera artesanal ante esta situación? ¿Y cuál es el sentir de la industria pesquera?

Por otro lado, en los primeros meses del año entrante se debe llevar a cabo la reunión anual de la OROP del Pacífico Sur, en la cual el IMARPE es actor relevante. ¿Quiénes serán los representantes del Perú en dicha reunión? ¿Volverán los tradicionales consultores y asesores que el IMARPE designaba o se perfeccionará la participación peruana con funcionarios de carrera y sin cuestionamientos? Y lo más importante, ¿Cuál es la posición del gobierno peruano ante la problemática de esa organización? Me refiero a la posición de Palacio de Gobierno y no a la de los funcionarios que siempre asisten con los resultados ya conocidos.

Hay muchas cosas en la pesca que dependen de las decisiones que las nuevas autoridades toman en los próximos días. La designación de nuevas autoridades y funcionarios en todos los Organismos Públicos descentralizados que dependen del Despacho Ministerial, es un tema prioritario, así como el nombramiento de nuevos directores generales y de línea, no solo en el Ministerio sino también en las OPD.

Nada importante se hizo en los últimos diecisiete meses, salvo dictar una norma que reduzca las multas impuestas, sobre la cual recién en las últimas semanas se ha visto la publicación de las Resoluciones Directorales que otorgan ese beneficio. Esta norma, al parecer, surge de la influencia política de algunos con el objeto de favorecer a determinadas personas o empresas. Casi no hay resoluciones ministeriales ni decretos supremos en la gestión sobresaliente, que son los documentos de gestión que se refieren a temas de fondo.

Las nuevas autoridades designadas a partir del 7 de diciembre tienen, en principio, un año y medio de duración, si es que terminan el mandato. En consecuencia, su objetivo debería ser el diseño de una agenda capaz de ser ejecutada en ese período. Para poder hacerlo con éxito, requiere conformar un equipo de trabajo adecuado, honesto, capaz y con ideas sobre la pesca, que reemplace a quienes fueron indebidamente designados y que le devuelva al Ministerio la capacidad de gestión.

Por otro lado, se aprecia una cantidad de resoluciones directorales en las últimas semanas, como nunca antes vista. La página web del Produce está inundada de RDs que deben ser analizadas para evaluar si son legítimas. De pronto se encuentran sorpresas.

Sobre el IMARPE

http://revistapesca.blogspot.com/2022/06/un-rof-ilegitimo-en-el-imarpe.html

http://revistapesca.blogspot.com/2022/01/quien-debe-presidir-el-imarpe.html

http://revistapesca.blogspot.com/2021/11/la-constitucionalidad-del-du-015-2020.html

Sobre la reducción de multas:

http://revistapesca.blogspot.com/2022/05/multas-y-sanciones-en-el-sector.html

PROYECTO DE LEY QUE PROMUEVE LA CREACIÓN DE LA RESERVA NACIONAL MAR TROPICAL DE GRAU

 

¿Qué es lo que hace?

Este proyecto es meramente declarativo y no es vinculante. “ Exhorta al Poder Ejecutivo, de conformidad a sus competencias, a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, adscrito al Ministerio del Ambiente, a realizar acciones pertinentes para la creación de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau” .

Al igual que el proyecto de creación del Ministerio de Pesca y Acuicultura, no deja de ser una declaración lírica, pese a que incorpora una exposición de motivos, que más bien debería formar parte del documento de creación de la reserva, lo que no existe a la fecha.

¿Qué se gana con este tipo de leyes que no crean nada en la práctica sino que tan solo ponen en vitrina el asunto y al proponente?

Aparentemente es una propuesta técnica y ecológicamente apropiada. Pero tendrá que precisarse que existirán prohibiciones para la realización de actividades extractivas por parte de la flota artesanal, de menor y de mayor escala.

Sin embargo, esto no es solamente un asunto técnico ambiental, sino que tiene un componente político fundamental, toda vez que son los políticos quienes podrían aprobarlo o desaprobarlo.

También tiene un componente económico y social que merece mayor atención.

En ese sentido, ignorar lo que viene ocurriendo en el país y limitar el análisis tan solo a los aspectos técnicos puede ser un error y/o falta de visión.

Algunas interrogantes:

“Los beneficios que podrán cuantificarse específicamente en dos rubros, han sido también valorizados”

Beneficios que traerá la declaratoria de Reserva Nacional de Mar Tropical Grau

Beneficio Específico Valor Estimado (S/.)

Pesca Artesanal 295, 798,179.67

Turismo 51.559.518,38

Total 347, 357, 698.05

¿Cuál es la manera, forma o medio por el cual (figura 3 del PL) el sector artesanal recibirá 295, 798,179.67 soles? ¿Quién sería la entidad recaudadora? ¿Cómo es que este dinero de volar a los pescadores artesanales? ¿Cómo es que se ha llegado a esta cifra?

”Por el lado privado, los fondos provienen del Fondo de Promoción de las Áreas Naturales protegidas del Perú (PROFONANPE) y los proyectos que son financiados a través de la cooperación internacional”

Costo por establecimiento de la Reserva Natural Protegida — Mar Tropical Grau

TOTAL DE INVERSIÓN S/. 3.636.358,75

¿Quién es el ente del sector privado que realizó la inversión de 3.636.358,75 de soles?

Esto requiere mayor precisión y transparencia.

“Por otro lado, es de conocimiento público, que dentro de la zona existen concesiones para la exploración y explotación de lotes petroleros vinculados a empresas del sector hidrocarburos, sobre las cuales existe preocupación por la declaratoria de área natural protegida, en tanto puede colisionar con sus derechos concesionados y por consiguiente impactar a la estabilidad económica de la compañía; sin embargo, sobre este punto, se debe remarcar que tanto la Constitución como la ley ampara los derechos preexistentes de las empresas, buscando un equilibrio en el normal desarrollo de sus actividades pero con enfoque en la responsabilidad ambiental impidiendo la disminución o extinción de nuestros recursos .” 

No se toca la inversión ya hecha en el tema petrolero en la zona, que es el principal riesgo para el ecosistema. Limita la actividad de pesca pero no la de exploración petrolera existente, sino que impide la futura, lo que otorga cierta ventaja a la existente.

La pesca artesanal no es un riesgo para el ecosistema. La exploración petrolera y la pesca industrial sí lo son.

¿Quién y cómo realizar el control de que se cumpla lo dispuesto en la norma? ¿Cuál es la entidad que supervisará la zona protegida, con qué medios y cuál es la fuente de financiamiento de estas actividades de control? Hay que destacar que es un área marítima, lo que indica que se requiere vigilancia a través de embarcaciones y/o medios aéreos.

Nadie, ningún privado, invierte sin idea de recuperar su inversión y ganar algo. ¿qué va a ganar el inversionista, que, además, debería ser identificado? ¿Es el amor a la naturaleza el único motivo que inspira a los formuladores de este proyecto?

El país vive una enorme convulsión social. Introducir este tema en agenda ¿no va a aumentar las tensiones si es que los pescadores artesanales se levantan en contra de ella? Esto no se resuelve con charlas y “capacitaciones”.

El problema es más político, social y económico, que técnico.

El sector pesquero requiere de un modelo educativo y de un plan de mediano plazo que eduque y forme a las actuales y nuevas generaciones de pescadores y pobladores costeros para que en algún momento puedan apreciar las bondades de una zona protegida, entre otras cosas. Pero además, necesita saber y creer que sus fuentes de trabajo no se afectaron por esta norma o por alguna otra.

El hecho es que la calidad de vida de la gente, en términos de la realidad, depende de sus ingresos económicos y no de los discursos que prometen cosas que no les darán beneficio material inmediato y/o que no pueden ser del todo ciertos, o que finalmente no les traerán una mejora financiera alguna.

Mientras estas condiciones no sean dadas y la población no alcance un alto nivel de madurez, y posibilidades reales de fuentes de trabajo alternativas, cualquier intento de crear esta zona protegida solo incrementará el conflicto social y político.

Finalmente ¿cuál es el verdadero origen intelectual del proyecto? Nadie hace las cosas por amor a la patria hoy en día en nuestro país. Todo se sustenta en la generación de dinero, por lo cual hay que saber hacia dónde fluye el dinero alrededor de esto y cuál sería la fuente de financiamiento.

Los políticos y funcionarios idealistas que hacían las cosas basadas en principios, moralidad, valores y ética, no existen, o por lo menos no están visibles. Nuestra historia de los últimos años, principalmente, nos muestra esa realidad. Todo se compra, todo se vende.

La historia de esta reserva

La idea de proteger el Mar Tropical de Grau surgió hace 10 años, por iniciativa de algunas organizaciones sin fines de lucro, como NCI, Océana y los gobiernos locales de la provincia de Talara. Tres años después, el Gobierno Regional de Piura y el Sernanp realizaron un taller para identificar los sitios prioritarios para la conservación del ecosistema marino pacífico tropical. Allí se destacó la importancia de proteger Cabo Blanco-El Ñuro, Isla Foca, Arrecifes de Punta Sal y el Banco de Máncora.

En marzo de 2016, el entonces ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, anunció la creación de la Zona Reservada Mar Pacífico Tropical. Sin embargo, dicha propuesta -cuya categoría sería transitoria hasta la creación de la reserva- no prosperó. “El mismo Sernanp se dio cuenta que iba a hacer un doble trabajo al crear una zona protegida, que luego debía recategorizar. Entonces, por la importancia biológica, económica y social, la zona no merecía un carácter transitorio y, ya en 2018, se habla de reserva nacional”.

En el recorrido hasta la propuesta actual no solo se varió la categoría, sino que también se recortó la extensión del territorio a preservar. “La primera idea era crear un solo bloque, desde la Isla Foca hasta el Banco de Máncora (...) Era como un millón de hectáreas, pero como había concesiones petroleras, hubo oposición. Entonces, se tuvo que ajustar”, agregó el biólogo.

Luego de una serie de reuniones y talleres realizados por el Sernanp con distintos actores del sector, en diciembre de 2018, la ministra del Ambiente de ese momento, Fabiola Muñoz Dodero, anunció que la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau se crearía en el primer trimestre de 2019. Sin embargo, cumplido dicho plazo, el proyecto no se concretó.

La creación de un área natural protegida se realiza en cuatro etapas: identificación y selección del sitio priorizado, recolección de información de los actores mediante reuniones y talleres, elaboración y consulta de la propuesta inicial, y diseño del expediente técnico definitivo, el cual es elevado a la Presidencia del Consejo de Ministros para su aprobación.

En julio de 2019, Sernanp informó a la Defensoría del Pueblo que, entre el año 2013 y el 2016 se había recabado la información necesaria; entre setiembre y diciembre de 2017 se presentó el perfil de la propuesta a los actores; y, en el primer trimestre de 2019, se planteó la iniciativa a las nuevas autoridades. Así, lo que correspondía, entonces, era iniciar la tercera etapa de consulta.

fuente

https://ojo-publico.com/2279/una-reserva-marina-bloqueada-por-intereses-petroleros#:~:text=La%20propuesta%20Mar%20Tropical%20de,de%20especies%20marinas%20del%20pa %C3%ADs .

 

Ahora bien, para el 2021, se retomó esta iniciativa, tal como lo expresó el ministro del Ambiente de ese período, Gabriel Quijandría Acosta, ante su presentación en el Pleno del Congreso al momento de sustentar el Presupuesto Público 2021 correspondiente a su sector; sin embargo, hasta el día de hoy, sigue sin concretarse. (Diario Gestión, 2020)

La exposición de motivos del PL 3695 dice: “ en el período parlamentario 2016-2021, se presentaron 2 propuestas legislativas que comparten el espíritu normativo con nuestra propuesta, como son:

Proyecto de Ley 01087/2016-CR, que propone la necesidad y utilidad pública del establecimiento de la "Zona Reservada Mar Pacífico Tropical Peruano" en la Isla Foca, El Ñuro, los arrecifes de Punta Sal y el Banco de Máncora, ubicados en el departamento de Piura y Tumbes, de autoría del entonces congresista Bienvenido Ramírez Tandazo, del grupo parlamentario de Fuerza Popular.

Proyecto de Ley 01143/2016-CR, que propone declarar de necesidad y utilidad pública la creación de un Área Natural Protegida en el Ecosistema Marino Mar Pacífico Tropical en el Perú, de la autoridad del entonces congresista Hernando Ismael Cevallos Flores del grupo parlamentario de Frente Amplio por la Justicia, Vida y Libertad.

Ambos proyectos fueron decretados a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, que emitieron dictamen favorable el 25 de septiembre de 2017, recomendando aprobar las iniciativas legislativas antes mencionadas; sin embargo, no fue agendado para la sesión del Pleno del Congreso, razón por la que no ha sido promulgada ninguna ley en el sentido que se propone”.

Ambos proyectos son declaraciones de interés y no son vinculantes.

En noviembre de 2022, se presenta el proyecto de ley 3695/2022-cr relacionado al tema, que tampoco es vinculante y dice:

 

LEY QUE PROMUEVE LA CREACION DE LA RESERVA NACIONAL MAR TROPICAL DE GRAU

Artículo 1. Objeto de la ley

La presente ley tiene por objeto promover la creación de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau y la protección del medio ambiente.

Artículo 2. Áreas de influencia

Declárese de interés nacional y necesidad pública , la creación de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, la misma que deberá ubicarse preferentemente en una parte del litoral norte peruano que comprende:

1. Los Arrecifes de Punta Sal y Banco de Máncora del departamento de Tumbes.

2. Cabo Blanco - El Ñuro e Isla Foca del departamento de Piura.

3. Isla La Viuda del departamento de la Libertad.

4. Las Bahías El Ferrol, Samanco, Coishco y Puerto Santa, y las loberas de Huarmey, del departamento de Ancash.

Artículo 3. Finalidad

La presente ley tiene por finalidad, asegurar el desarrollo sostenible de una parte del litoral norte peruano, garantizando su recuperación, conservación, revalorización turística, y propiciando su investigación científica.

fuente

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NjE0ODY=/pdf/PL_3695

En los siguientes enlaces se puede apreciar algunos comentarios sobre esta reserva, pero no se aprecia con claridad, como tampoco en el proyecto de ley, cuál es la operatividad de esta área ni como favorece o afecta a los pescadores artesanales, a los menores escala ya los de mayor escala.

Se reconoce que la actividad petrolera es un grave riesgo para la diversidad biológica, pero la norma no la suspende, sino que le permite continuar sus actividades.

https://es.mongabay.com/2019/03/reserva-mar-tropical-de-grau-contaminacion-pesca-de-arrastre-oceanos/

https://youtu.be/LK7AhFn3cbY

LOS PRECIOS, LOS PESCADORES, LOS ARMADORES Y LA INDUSTRIA

 

La industria pesquera no podría existir si no hubiera embarcaciones que la provean de recursos hidrobiológicos. Las embarcaciones no podrían existir sin un armador, que es el propietario y quien comercializa las capturas. Pero este último y su embarcación no podrían capturar nada si no hubieran tripulantes, o sea pescadores no embarcados. Constituyen estos últimos, los eslabones más importantes, sin los cuales ni la embarcación ni la industria podrían existir. La remuneración de la tripulación debe obedecer a un justiprecio pactado con su empleado, que es el armador, y de este con su cliente, que es la industria o los mercados. Hay que agregar, como elemento de cálculo, el factor de riesgo que conlleva la peligrosa actividad de la pesca.

Es necesario diferenciar claramente al pescador, como tripulante embarcado, bien sea de embarcaciones artesanales o de menor o mayor escala, del armado, que es el propietario de la embarcación. Este es el empresario que vende el producto de la pesca.

El armador es responsable de la embarcación y de las inversiones que pueda realizar para hacer su faena más eficiente, ante lo cual el Estado debe contribuir con capacitación y transferencia de tecnología básicamente.

Al armador se le ha invisibilizado, confundiendo a la opinión pública ya los propios pescadores, al no diferenciar claramente que los pescadores tripulantes son empleados de un armado. Este tiene la obligación, como cualquier otro trabajador de cualquier otro sector, de ponerlos en planilla, para que accedan con justicia, a la seguridad social, seguro de riesgo y salud. También tiene el deber de tributar y contribuir con el Estado; pero la condición de informales, de una parte importante de ellos, crea una situación que debe ser debidamente analizada.

Una formalización a medios, que no otorga beneficios a los tripulantes de las embarcaciones artesanales, de menor escala ya una parte de la flota industrial de madera, es incompleta. Hacer de la formalización una simple obtención del permiso de pesca solo legaliza la actividad extractiva; pero sin generar compromiso tributario con el Estado, ni obligación laboral con el tripulante.

La flota de mayor escala tiene perfectamente implementado su régimen laboral y con empleados formales de los armadores de mayor escala, a diferencia de las otras flotas.

La pesca artesanal y de menor escala reclama del Estado más atención; pero ocurre que ya tienen una atención importante: Los armadores artesanales no pagan derechos de pesca; no pagan impuesto a la renta debido a que son informales y/oa que sus ingresos son insuficientes; disponen de infraestructura de desembarque para la cual no han invertido sino que se les ha construido gratis.

Se demanda que el Estado debe darles a los pescadores artesanales y de menor escala, seguridad social y salud, entre otras cosas y que los industriales deben pagarles precios “justos”. 

No necesita que el Estado intervenga, en el caso de la seguridad social y la salud, ya es un derecho que les asiste como cualquier trabajador y que se resuelve en el momento en que su empleador los pone en planilla. En la fijación de precios el Estado está impedido de intervenir de acuerdo al modelo vigente.

El armador no tiene que reclamar precios “justos” de sus clientes, sino que tiene que negociarlos, usando su posición de eslabón principal de la cadena productiva. Los pescadores son los más importantes. Las plantas y mercados no podrían existir si es que ellos no los proveyeran de pescados y mariscos. Los armadores son quienes están en la situación de negociar de igual a igual.

El armador puede vender sus productos a quien quiera y donde quiera, no necesita a las plantas porque finalmente si se asociasen podrían, construir sus propias plantas, en el caso de los recursos que se congelan y enlatan. Pero se supone que los industriales les deben un precio justo basado en consideraciones sociales y morales, lo cual no es exacto. La industria existe para lucrar, para generar ganancias, no para atender demandas sociales.

Las plantas exportan su producción y alimentan a otros países, no al nuestro y por ello reciben utilidades, un drawback, y se les devuelve el IGV como beneficio de la exportación, que no se trasladan al extractor. El beneficio generado gracias a la existencia de los pescadores, que trabajan para un armado, se ampara en un régimen liberal que no permite la regulación de precios, sino el libre mercado.

Está en manos de los armadores formalizarse, organizarse debida y eficientemente en forma empresarial, capacitarse, innovar y hacer negocios con la industria y el mercado.

Los pescadores embarcados no son los informales. Ellos no pueden formalizarse por sí mismos. Más allá de gestionar su libreta de embarque y/o carnet de pescador, la formalización es competencia de sus empleados, es decir de los armadores. Basta con ponerlos en planilla para lo cual el armado debe tener RUC y pagar lo que le corresponde. Es el armador el informal.

Los pescadores tripulantes no son empresarios, no son los que negocian precios, ni los que cobran. Son empleados del armador, el cual es un empresario, es el propietario del negocio, el que contrata, vende, cobra y paga sueldos. Los pescadores son trabajadores dignos, son empleados cuyos patrones los mantienen en la informalidad al no incorporarlos a una planilla laboral y que merecen un sueldo apropiado; pero es el armador el responsable de pagarles, no el industrial ni el comerciante del mercado. 

Demandar mejores precios en base a términos como justicia y responsabilidad social no es el camino que corresponde. La negociación del precio, no responde a una conciencia social. Es solo una cuestión de dinero. En los negocios no hay románticos. Los armadores deben fijar los precios que consideren apropiados y que respondan a su estructura de costos, de tal forma que puedan asignar salarios o participación justa, aportar debidamente a la seguridad social de sus empleados y contribuir con el Estado en forma de impuestos.

Son los pescadores embarcados los únicos que hacen posible que se capturen recursos hidrobiológicos que sus consumidores venden a la industria o al mercado. Sin ellos no existiría ni la industria ni el mercado. Las plantas de congelado carecen de suficiente flota para autoabastecerse. En el caso de la pota, que es el principal recurso de la industria congeladora hoy en dia, solo la flota artesanal y de menor escala la provee. En la mesa de negociaciones las cosas están parejas, en la medida que los armadores alcancen un nivel de unidad y coordinación eficientes.

Los pescadores embarcados son trabajadores arriesgados, dignos y esforzados. Merecen acceder a una calidad de vida óptima y eso solo se consigue a través de un sueldo justo y de su inclusión en el sistema de seguridad social y de salud. Su nivel de sueldo y su formalización son de responsabilidad de sus empleadores, quienes tienen que negociar los precios de sus productos con firmeza en defensa de sus trabajadores.

Los pescadores no embarcados se ubican en otro contexto y en otra problemática.