Se afirma que el Perú
aumentó sus exportaciones pesqueras y que obtuvo éxitos destacables. Lo que no
se especifica es quiénes son los que ganaron. Lo que tampoco se menciona es lo
que se perdió y quiénes perdieron para que el Perú de las cifras oficiales
ganara.
Detrás de las
utilidades alcanzadas por las grandes empresas se oculta un problema
proporcionalmente similar o mayor que los beneficios logrados según la
información oficial. Bajo las publicitadas cifras que ofrecen la imagen de un
sector próspero, se desarrolla el drama real de pesquerías sobreexplotadas y
beneficios no compartidos con la población.
¿Cuántos hospitales,
cuántas escuelas, cuantas carreteras, cuantos desembarcaderos, han surgido
gracias a la contribución de la industria pesquera? Probablemente algo haya
surgido si revisamos las inversiones provenientes del canon pesquero, pero no
en proporción a los volúmenes de dinero ingresado por exportación.
Hoy se ve menos pescado
que antes en los mercados y cuesta tanto o más que el pollo, con contadas
excepciones. El beneficio del país no va
de la mano del beneficio de las empresas en el actual modelo.
En el siguiente link se
muestra una interesante información sobre el desenvolvimiento del sector, en
cuanto a exportaciones.
Lo que falta es que
alguien informe al país sobre las cifras referidas al mercado interno y sobre
la recaudación y empleo del impuesto a la renta y de los derechos de pesca a
los que está obligado el sector.
La información sobre
derechos de pesca es importante porque permitiría conocer quienes son los que
lo pagan y quienes no, así como las correspondientes razones.
La información sobre el
mercado interno permitiría entender mejor cómo es que se atiende a las
necesidades alimentarias de la población peruana en relación a los intereses de
los paises que importan nuestros recursos.
Se atribuye a los
recursos marinos, no solo el carácter de renovable, sino además, la cualidad de
inagotable. Se ha elegido aceptar el mito, en obstinada ignorancia de los
hechos.
El elogio constante a
la producción y exportación de recursos pesqueros solamente alcanza a la
comprensión de un pequeño sector nacional, que además no percibe íntegramente
el escenario. Se le debe agregar, además de las cifras exportadas, las de los
impuestos recaudados, los derechos de extracción cobrados y el empleo de dichos
fondos.
Pensar qué significan
para los pobladores las cifras de ingresos provenientes de la pesca hace que
nos preguntemos si acaso no sería más correcto hablar de cuántos impuestos ha
generado esta actividad y cómo los ha beneficiado. Y es que esta visión nos
daría una idea de la verdadera posición de la pesquería peruana en su relación
con el país y con aquellos que, como legítimos propietarios de estos recursos
naturales, tienen el derecho de saber en qué han sido beneficiados.
¿Qué puede pensar el
poblador marginado que no tiene qué comer, pero escucha que somos un gran país
pesquero? ¿Qué le importan esas cifras si, además de no representar un
beneficio directo para él, tampoco representa alimento para sus familias? porque
las especies que antes capturaba han desaparecido o lo harán eventualmente. El
poblador costero observa que el crecimiento de las exportaciones pesqueras y
del PBI no le significan una calidad de vida adecuada, tanto en nutrición como
en la contaminación de las principales bahías. El poblador andino no consume
pescado y está desnutrido. Mientras tanto, el sector crece en medio de
aplausos.
Los medios de
comunicación, por su parte, mantienen un esquema informativo incomprensible
para el poblador común y corriente, exponiendo de forma tangencial la supuesta
bonanza macroeconómica sin realizar ni mostrar al público un análisis.
Si queremos evitar el
agotamiento del recurso y mejorar los precios a los pescadores, en especial los
de pota, hay que buscar las causas y no los efectos del problema.
Una causa económica es
que a la fecha algunos los recursos pesqueros se entregan a los industriales a
una tasa de derechos de pesca sumamente baja, y otros totalmente gratis.
Algunos recursos como la anchoveta y la merluza generan un pago al Estado por
su extracción, llamado derecho de pesca; Pero el volumen de las exportaciones
de harina de pescado no guarda equidad con el pago que hacen por derecho de
pesca de extracción de anchoveta.
Si los costos de
producción son artificialmente rebajados, por ejemplo, gracias a derechos de
pesca bajos o gratuitos, como es el caso de la pota, entonces se permite la existencia de grupos
económicos que tienen acceso gratuito o muy barato a los recursos pesqueros.
Por tanto, permanecerán
en operación volúmenes de inversión por encima y más allá de un criterio de
eficiencia. En cambio, si se impusiera una tasa más alta a los derechos de
pesca por el uso de recursos pesqueros, y se gravase a aquellos que no pagan,
se estaría desincentivando el crecimiento de la extracción y/o haciendo más
justa la participación del pais.
Probablemente un efecto
colateral sería la reducción de la flota y de la capacidad productiva, o su
transformación hacia productos de mayor valor agregado, además de mejorar los
precios de venta del recurso en playa o en planta.
Al reducirse las
inversiones artificialmente rentables, se reduce la sobre explotación y los
niveles de extracción del recurso, ajustándose hacia niveles de producción
capaces de generar mejores precios de venta.
La
industria extractiva debe pagar al Estado un justo precio para obtener el
derecho a pescar.
El tema de fondo es
¿Cuánto cuesta el pez en el agua antes de ser extraído?
La dificultad radica en
establecer con precisión el precio de ese derecho de pesca de forma que ni sea
tan grande que acabe con la explotación ni tan pequeño que no haga partícipe
del negocio al país. El Estado debe participar en forma justa y equitativa no
solamente en la rentabilidad del negocio, sino que, fundamentalmente, debe ser
resarcido por los impactos que la pesquería causa sobre el ecosistema y el
medio ambiente, los cuales son independientes de la rentabilidad del negocio.
Esto tiene que ser
entendido en su verdadero contexto. El impuesto a la renta de tercera categoría
es una participación en las utilidades empresariales. Pero ocurre que una
empresa puede tener grandes, medianas o pequeñas utilidades; o aún pérdidas.
Sin embargo para llegar a cualquiera de esos niveles de utilidad o pérdidas, se
ha efectuado una extracción de recursos pesqueros con los efectos inevitables
que ello produce sobre el ecosistema y el medio ambiente; más aún luego de su
procesamiento. Por ese solo acto el país merece una compensación adecuada.
En lugar de causar
perdidas a la sociedad ( contaminación, destrucción de ecosistemas, perdida de
recursos, etc.) debería generar ingresos para la Nación, que cede la
explotación de un recurso público a un sector de la sociedad, a cambio de un
pago, de un justiprecio, que permita resarcir, aunque sea en algo, la
explotación.
Incentivar el
crecimiento de la pesquería es fácil, pero aplicar el mecanismo inverso, aunque
sea necesario, es mucho más complejo. En parte el problema ahora es político,
pero también técnico, jurídico y económico.
El aumento de la
demanda de los recursos pesqueros por la población mundial, que estimula las
exportaciones, ha impulsado un aumento de la industria pesquera que no ha
incorporado como costo el valor del recurso pesquero, el cual se entrega
gratuitamente a la extracción. Los recursos sujetos al pago de derechos de
pesca son solo algunas y a unas tasas muy bajas. Otros, como la pota, un
importante recurso de exportación, es gratis.
No puede tomarse el
costo de extracción como tal, puesto que los recursos en el mar no generan
costos al extractor como tales ya que no se abonan, no se riegan...
Además de justo, la
aplicación del pago de derechos de pesca a la extracción de recursos pesqueros
se impone como una de las formas de reducir el esfuerzo pesquero en beneficio
de una pesquería sostenible. Este pago obliga a ser eficiente en la captura
para maximizar la relación beneficio costo. Si no hay eficiencia ni
rentabilidad, la actividad extractiva debiera detenerse por sí misma.
En este orden de ideas,
todos aquellos que causan mortalidad comercial deben pagar derechos de pesca.
Solo se exceptúan aquellos quienes causan mortalidad de subsistencia, es decir
quienes capturan para sostenimiento personal y familiar directo, es decir,
autoconsumo.
La lógica del Estado
tiene que ser cumplir con el criterio de sustentabilidad, que significa dejar
dinero en el fondo del mar para que lo recojan las próximas generaciones,
cuidando que nunca se agoten. Aplicando simultáneamente el cobro de derechos de
pesca justos para compartir los beneficios entre los dueños de los recursos y
los concesionarios de los mismos, que somos todos los peruanos.
Establecer el pago de
derechos de pesca es solamente el ejercicio del derecho que tiene el
propietario de los recursos pesqueros de establecer un cargo por acceder a
ellos.
No se trata tan solo de
un tema de justicia social para que la industria compense a poblaciones locales
influenciadas por los impactos sociales y ambientales. Tampoco es la creación
de un impuesto ciego que reduce la competitividad de la industria a través de
un sobrecosto. Este derecho, es un justiprecio y se debe aplicar al conjunto de
los recursos pesqueros, que son patrimonio de la Nación.
La vocación exportadora
del sector, coherente con el modelo económico vigente, condena a la población
peruana a disponer de una oferta de recursos hidrobiológicos insuficiente y de
calidad discutible si la comparamos con la calidad del denominado “producto de
exportación”.
Tan selectivo es el
asunto que en las etiquetas se pone el término “calidad de exportación” como
para reafirmar ante el país y el mundo entero, que en el Perú hay una clara
selectividad: lo que se exporta es mejor que lo que se deja para el consumo
interno.
Se mantiene un doble
estándar de calidad, cuando la tendencia debiera ser a acuñar la frase Calidad
Peruana, eliminando esa discriminación injusta y ofensiva.
Tan poca atención se
presta al país, que existe un Ministerio de Comercio Exterior, pero no existe
un Ministerio de Comercio Interior. Al sistema le preocupa más satisfacer las
necesidades alimentarias de otros países que las necesidades de su propia
población.
La sobrepesca no
constituye el único problema. La degradación del entorno marino, y la
interferencia con el ecosistema a través de la consciente o inconsciente
utilización de los océanos como receptor de desechos, además de la destrucción
del hábitat originadas por malas prácticas de extracción, son factores de
creciente incidencia en términos de deterioro de la producción marina.
Mayor información en el siguiente link:
https://revistapesca.blogspot.com/2025/05/la-pesca-la-naturaleza-y-la-politica.html
"El poder no cambia a las personas, solo les quita la necesidad de fingir. El justo protege, el ambicioso abusa, el inseguro se vuelve tirano. No es el poder el que corrompe, es el verdadero rostro de cada uno el que emerge cuando ya no hay miedo a las consecuencias."
