REVISTA PESCA

La Revista Pesca es un medio de información alternativo que presenta artículos, opiniones y noticias referidas a la pesca en el Perú y el mundo, con énfasis en la política pesquera, la conservación del ambiente y la seguridad alimentaria.
En 2016 cumplimos 56 años de publicación contínua en el Perú.

Las ediciones a partir del 2010 se publican en formato digital (PDF) en la siguiente página web: http://www.issuu.com/revistapesca/docs

Correo electrónico: revistapesca@outlook.com

miércoles, 28 de septiembre de 2016

Editorial Revista Pesca octubre 2016


Uno de ellos es la pesca artesanal, cuya problemática resulta compleja y agravada por la gran cantidad de organizaciones con las cuales se debe dialogar para establecer consensos. En cambio con la pesquería industrial hay solamente dos grandes gremios principales que representan a la mayoría de los administrados.

Muchos intereses, mucho dinero en juego, muchas organizaciones representativas y muchos administrados, todos ellos con presencia más o menos activa en la defensa de sus intereses empresariales y gremiales.

El producto final de todas las actividades pesqueras es consumido, al final de la cadena, por el ciudadano. Pero ocurre que este no tiene presencia ni participación en la administración del recurso pesquero, mientras que todos aquellos que sí la tienen, usufructúan un recurso natural renovable que no es de su propiedad, sino de toda la Nación y sobre el cual priorizan su exportación. La injusta ironía es que esta no es una invitada al festín donde se reparte lo que es suyo.

La falta de información adecuada y oportuna, así como el desinterés del público en general, favorecen la marginación de la sociedad en la toma de decisiones. Una de las consecuencias es la existencia, por ejemplo, de un programa estéril como es “A comer pescado”, que se orienta a un sector de la población que en términos reales no lo necesita. Otra es que se permite que instituciones como lo fueron el Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita y el Instituto Tecnológico Pesquero, hayan sido inútilmente destruidos por administraciones anteriores. El primero absurdamente fusionado con el FONDEPES y el segundo reemplazado por un confuso cóctel de CITES ineficaces que hasta ahora no llegan a estar a la altura de lo que fue el antiguo Instituto Tecnológico Pesquero.

Gran parte del problema ha sido generado por la entrega del manejo sectorial a personas sin las debidas cualidades, ni preparación para manejar estos temas, sobre los cuales carecían de la adecuada información, capacidad y experiencia. Serias denuncias efectuadas por importantes investigaciones no han generado cambios en el sector. El enfrentamiento de algunas administraciones con la industria siempre han dado a la autoridad de turno como perdedora, evidenciando que la mejor opción para administrar el sector es generar consensos y no enfrentamientos.

Sumado a las presiones de los gremios y a la ausencia y desinterés de la Sociedad Civil y la ciudadanía, el resultado es la caótica situación en la cual se encuentran los recursos pesqueros y que hoy resulta difícil enfrentar, más aún ante la inexistencia de una agenda de largo plazo.

En este sentido las declaraciones y acciones anunciadas del Ministro Giuffra, que se reproducen en esta edición, alientan la esperanza de que se aborde debidamente la problemática de la pesca en esta gestión.


La revista Pesca es un medio de información alternativo referido a temas del mar y de la pesquería.

Difunde información obtenida de muchas fuentes, ideas y opiniones que tienen por objeto exponer: la necesidad de hacer sostenible la extracción de los recursos marinos; la urgencia de actuar en beneficio de la seguridad alimentaria nacional; y el cuidado del ambiente. Pero sobre todo, contribuir con información amplia y variada para que el lector empiece a formarse una opinión propia sobre la problemática pesquera.

Los invito cordialmente a leer la edición de la Revista Pesca correspondiente a OCTUBRE 2016 y a compartirla dentro de sus círculos y redes sociales.

https://www.yumpu.com/es/document/view/55984879/revista-pesca-octubre-2016

sábado, 17 de septiembre de 2016

NORMAS IMPERFECTAS GENERAN ACCIONES CAUTELARES

Existe un demanda de accion cautelar presentada por una empresa pesquera contra el Ministerio de la Producción para que se suspendan los procedimientos administrativos sancionadores iniciados en aplicación de los numerales 6 y 10 del artículo 134 del Reglamento de la Ley General de Pesca, modificado por los DS 015-2007-PRODUCE y 013-2009-PRODUCE.

En mérito a esta demanda el Juez resuelve 
“declarar fundada en parte la medida cautelar solicitada y en consecuencia ordena suspender el trámite y/o ejecución de todos los procedimientos administrativos sancionadores en contra de la actora en donde se cometa la arbitrariedad de exigir al actor cumpla con una conducta imposible durante la actividad de pesca, como es el predecir el porcentaje de pesca juvenil existente y/o en donde se sancione al establecimiento industrial del actor por procesar dicha pesca y no echarla al mar. Ordena también que el demandado (o sea el Ministerio) se abstenga temporalmente de iniciar nuevos procedimientos sancionadores por la misma materia, lo que no impedirá que luego de concluido este trámite procesal la Administración pueda volver a iniciar dicho procedimiento.”

En primera reacción a casi nadie le gusta que se impugnen multas y sanciones cometidas por pesqueras y que los jueces dicten medidas cautelares. Una medida cautelar por lo general deviene en impopular, sobre todo si atenta contra la sostenibilidad de las especies. Pero hay medidas y medidas.

En este caso puntual, un análisis objetivo e imparcial de los considerandos de esta Resolución, obliga a conceder la razón al demandante. Porque todos quienes alguna vez hemos estado embarcados en faenas de pesca, y/o hemos sido jefes de flota, podemos dar fe de que una vez que la captura se encuentra dentro de la red, no hay más que dos alternativas: o subirla a bordo, o arrojarla al mar, no hay una tercera opción. Por otro lado no se puede predecir ni saber el porcentaje de incidencia de juveniles que serán capturados.

Si se va a sancionar a la embarcación por hacer cualquiera de las dos únicas alternativas que tiene, estamos frente a un abuso originado por una norma imperfecta.

Más allá de lo indiscutible del derecho y la necesidad de impedir la captura de juveniles y sancionar la mala práctica, la norma vigente condena al patrón de cualquier manera sin darle una salida lógica y razonable. Haga lo que haga será sancionado. Y es contra ese espíritu contra el cual se pronuncia el juez.

Este es el hecho que destaca Carlos Paredes en la investigación aludida por la Resolución Judicial, efectuada por la Universidad San Martín de Porras y que está siendo usado como sustento de una medida cautelar como esta. 

Efectivamente no se conoce informe técnico alguno que diga porqué el límite máximo tolerable de juveniles es  del 10% y porque no 10.5 o 13 o 15 o cualquier número finalmente. Por otro lado es absurdo que, además de castigar a la embarcación la que no tiene salida alguna, se sancione también a la planta de la misma empresa por recibir una captura por la cual ya se sancionó a la embarcación.

¿Qué se tendría que hacer entonces? Porque arrojarla al mar también es un acto sujeto a sanción.  Estas incoherencias, que nacen de una norma imperfecta, constituyen el germen de una medida cautelar. ¿Se puede objetar que la empresa sancionada por esta razón se defienda a través de una acción de amparo?

Esto ocurre porque quienes redactan las normas no tienen la debida experiencia en materia de pesca. No es suficiente ser abogado ni experto en técnica legislativa o confección de resoluciones y decretos. Para normar debidamente sobre este tipo de materia, se requiere conocer y por lo menos haber salido en cada tipo de embarcación existente para observar la realidad en el mar y no desde el escritorio.

Además se requiere un consenso mínimo con el administrado para poder prevenir la comisión de la falta que se quiere evitar. Antes que sancionar hay que prevenir. Si es el caso sancionar, la pena a aplicar debe ser justa y racional, derivada de una norma coherente.

Lo peligroso de la situación creada con esta medida cautelar es, que si la autoridad no reacciona de inmediato, modificando la norma; y si en todas las instancias judiciales se confirma que el juez tiene razón, se invalidaría la misma en todo su alcance y en todos sus efectos, quedando al descubierto el control de juveniles y de pesca incidental, dejando a la flota a su libre albedrío para capturar lo que desee mientras la norma no fuese reemplazada por algo razonable e incuestionable. Lo que tampoco es lo deseable. Tiene que existir un control; pero tiene que ser realista.

Lo que corresponde en este caso es una actitud constructiva y proactiva del Ministerio y los administrados para reemplazar la norma por algo más racional y que sea consensuado por la gente que sabe de flota, para evitar perder el tiempo en guerras mediáticas y legales.

Iniciar una guerra para defender una norma imperfecta, en lugar de aceptar que tiene que ser modificada para proceder a corregirla de inmediato, solamente llevará al sector a nuevos enfrentamientos insensatos. El principio de autoridad no está siendo cuestionado a mi parecer, sino que se está cuestionando una norma imperfecta, injusta e inaplicable, que carece de espíritu de prevención.

Como dice la resolución, “tal proceder aparece como abiertamente arbitrario, pues parece absurdo, injusto y desproporcionado, sancionar a un administrado por ejecutar una conducta que tiene consecuencias que cualquier administrado (incluso el mismo Estado) no puede evitar
Tienen que encontrar una salida intermedia que satisfaga a todas las partes; pero sobre todo que proteja la sostenibilidad del recurso.


Marcos Kisner Bueno

sábado, 10 de septiembre de 2016

La pesca en el Perú: ayer hoy y mañana

Reflexión de la Revista Pesca al cumplir 56 años de existencia
LA PESCA EN EL PERU AYER HOY Y MAÑANA

El sector pesquero peruano es complejo por la diversidad de intereses existentes en la explotación de recursos naturales renovables como son los hidrobiológicos, así como por la propia naturaleza y entorno en el cual viven los mismos.

La organización de los administrados está visiblemente dispersada en demasiados gremios de pescadores artesanales poco articulados, con peticiones dispersas y no integradas, frente a una eficiente organización gremial de la industria pesquera, que además dispone de eficientes operadores políticos. Esta dispersión coloca a la autoridad de pesquería  en una situación poco sencilla de manejar con eficiencia debido al tiempo que significa atender y escuchar a tantas personas, agremiadas o no.

Esta difícil situación se ve agravada cuando el funcionario carece de experiencia y conocimiento sobre la problemática sectorial. Empeora cuando además de ello no tiene conocimiento de cómo funciona el sector público, o conoce de pesca pero no del aparato estatal.

Si a esta ecuación se le agrega la ausencia de planes de largo plazo para la pesquería, estamos frente a un serio problema que tiene que enfrentarse debidamente.

Las administraciones de ayer hicieron cosas buenas y malas sin medir los impactos en el largo plazo ni la sostenibilidad de sus medidas. Cometieron errores y tuvieron aciertos. Las de hoy tienen su propia agenda  y descuidan  continuar lo bueno y corregir lo malo de ayer. Y olvidan que mañana el nuevo funcionario hará lo mismo y la rueda seguirá girando mientras los temas de fondo permanecen igual.

La coyuntura fuerza al funcionario a diseñar planes de impacto inmediato porque ese es el razonamiento del político que busca legitimación mediante medidas espectaculares y mediáticas. 

Pero sin experiencia en el sector público a veces se olvida que las ideas, sean de quien sean, no se implementan así no más como en el sector privado.

El sector público funciona bajo un sistema que básicamente obliga al funcionario a hacer lo que mandan las leyes y normas vigentes, la ley de presupuesto y los planes estratégicos sectoriales multianuales. Aún si se quiere incumplir estos planes, el aparato funciona en base a decretos supremos y resoluciones supremas, ministeriales y directorales que el Poder Ejecutivo elabora para ejecutar las políticas públicas o implementar las ideas del gobernante. Las leyes son materia del Poder Legislativo; pero aún ellas requieren de reglamentos que se aprueban por decreto supremo y son más largas de formular.

Por tanto no se puede implementar una agenda con la rapidez que se cree que puede hacerse, si no es dentro del marco legal que lo permita. Y para eso se necesita abogados. No necesariamente tienen que directores generales, ni de línea, ni autoridades políticas, pero son necesarios para elaborar resoluciones y decretos, únicos documentos de gestión que tienen fuerza vinculante. Cada director debiera tener experiencia en el sector público y en el sector pesquero y contar con el asesoramiento de abogados, también con experiencia y conocimiento pesquero, de preferencia.

Lo ideal es que la autoridad y funcionarios tengan ideas sobre el sector y una agenda desarrollada en un plan de gobierno que haya sido trabajada con asesoría legal para elaborar oportunamente y con eficacia  los documentos que la hagan viable. De esta manera se implementará la agenda con rapidez.

El tema se hace problemático y se presenta grave, cuando recién empezado el gobierno se empieza a elaborar una agenda bajo presión de tiempo, sin la experiencia ni el conocimiento debidos de la problemática y necesidades sectoriales. Se puede copiar ideas o escuchar propuestas; pero ejecutarlas es otra cosa. No medir sus impactos en el tiempo y/o no consensuarlas con los administrados, también es otra cosa.

Como muestra tenemos los ya legendarios Decretos Supremos 005 y 011, que consumieron y siguen consumiendo demasiado tiempo y atención de funcionarios y administrados en perjuicio de atender temas de fondo. La fusión del CEP Paita con el FONDEPES y la desaparición del Instituto Tecnológico Pesquero es otra muestra. Dos errores cometidos ayer sin que se evalúe su corrección hoy; porque al estar enfocados en una agenda de impacto inmediato no hay tiempo para revisar el ayer ni pensar en el mañana.

Necesitamos una política pesquera de largo plazo que sea una Política de Estado consensuada con las fuerzas políticas, los administrados y la sociedad, de tal forma que se asegure su continuidad en beneficio del bien común, del público, del ciudadano, quien es finalmente el objetivo principal de toda política pública.

Esta necesidad ha constituído y constituye una propuesta permanente que he hecho a través de esta plataforma y todas aquellas en las cuales he participado, con la clara convicción de que el futuro de una pesquería peruana sostenible, solo se asegurará mediante una Política de Estado de largo plazo que sea respetada por todos.


Marcos Kisner Bueno