REVISTA PESCA

La Revista Pesca es un medio de información alternativo que presenta artículos, opiniones y noticias referidas a la pesca en el Perú y el mundo, con énfasis en la política pesquera, la conservación del ambiente y la seguridad alimentaria.
En 2017 cumplimos 57 años de publicación contínua en el Perú.

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sábado, 28 de diciembre de 2013

EDITORIAL REVISTA PESCA ENERO 2014



Se estima que el sector pesquero peruano ocupa a 224,814 (*) personas de acuerdo al siguiente detalle:
Consumo Humano Indirecto             29,655
Consumo Humano Directo              195,159 (pescadores 55,442; trabajadores de la industria 37,736; distribución y comercialización 101,981)
TOTAL                                             224,814

Significa que 224,814 personas reciben beneficios directos de la renta económica que genera la pesca.

Siete empresas concentran el 56.61% del total de exportaciones pesqueras nacionales.

Cuatro empresas concentran el 52.68% de las exportaciones de Consumo Humano Indirecto.
Veinticinco empresas concentran el 60.11% de las exportaciones de Consumo Humano Directo.

El país tiene aproximadamente 30´475,000 de habitantes. Solamente el 0.74% de la población recibe beneficios directos generados por un recurso natural que, constitucionalmente, pertenece a todos los peruanos. Los 30´250,186 ciudadanos que no forman parte del negocio pesquero, pero que son los propietarios del recurso, participan de la renta económica  a través del pago de impuestos y derechos de pesca que son recaudados por el Estado. Parte de estos ingresos generan un canon pesquero reducido y que necesita una reestructuración. Estos pagos son bajos e injustos en relación al volumen de dinero que moviliza el negocio pesquero, como se aprecia en la página 17. 

Tampoco tienen acceso a pescado abundante y barato, existiendo zonas del país sin un abastecimiento contínuo y adecuado de productos pesqueros. Las poblaciones costeras que existen en las inmediaciones, tienen que soportar contaminación del aire y del mar.

Sumado  a lo anterior la contaminación producida por el sector y el impacto que produce sobre el ecosistema, la situación debería ser preocupante para la ciudadanía peruana que no participa directamente en la pesca.

La normatividad laxa que rige en el sector, la falta de contabilización de los pasivos ambientales y la contaminación, configuran una situación que exige un cambio. El cambio debe nacer de una reforma estructural del sector y no solamente de medidas aisladas, las cuales  generan rechazo de los administrados que organizan su defensa en forma muy eficaz. El Estado no defiende sus intentos de introducir cambios con la misma eficacia que los administrados. Tampoco está actuando sobre temas de fondo

La pesquería, con características similares a la minería por el hecho de explotar recursos naturales y generar contaminación, no puede ser tratada como cualquier otra industria. La Nación es la propietaria de dichos recursos y hay un impacto ambiental que obliga a participar a la ciudadanía peruana.

La democracia se enriquece y legitima con concertación y negociación para el dictado de normas; pero no solamente con los administrados. En el caso pesquero peruano, la ciudadanía no relacionada directamente con la pesca merece presencia en la toma de decisiones a fin de defender su derecho a cero contaminación e inclusión en la renta económica del negocio pesquero con equidad.

Marcos Kisner Bueno
(*) Datos obtenidos por el CSA de la Universidad Cayetano Heredia

miércoles, 25 de diciembre de 2013

Participacion en la renta económica de la pesca en Perú



El canon pesquero se crea recién en 2003.

Las cifras de las transferencias del ejercicio 2013 muestran la inequidad en la participación de la renta económica. Las municipalidades reciben sumas que pueden calificar de ofensivas o de burla, lo que evidencia la mala estructuración de los índices de distribución del canon, así como la escasa participación de la Nación en la pesca.

El caso de las Municipalidades resulta patético, como ilustran las muestras representativas de las diez que reciben más y menores ingresos. Frente a esta realidad, la agenda que impone la industria está concentrada en sus privilegios sobre las 10 millas. El Estado está concentrado en defender su tesis.

¿Quién defiende a la Nación?

Aunque parezca increíble, existe una Municipalidad que recibe 3 soles por canon pesquero procedente de los derechos de pesca. Y otra que recibe 1,069 soles por canon pesquero procedente del impuesto a la renta del sector.

La Municipalidad de Ventanilla es la que más recibe por canon de derechos de pesca: 1 millón trece mil soles y 6 millones y medio por canon de impuesto a la renta.

La agenda sectorial no menciona estas inequidades. Solo está centrada en los derechos a la extracción en las diez millas que reclama la industria.

No hay agenda para la contaminación ni para la mejora de la recaudación por derechos de pesca e impuesto a la renta. Tampoco hay agenda para darle al mercado interno igualdad de condiciones de competitividad que a la exportación.






























lunes, 16 de diciembre de 2013

SIGUE LA LUCHA, LA SOCIEDAD CIVIL SOLO MIRA

POR: CÉSAR CÓRDOVA PONCE

Se ha publicado el 14 de diciembre, el Decreto Supremo 011-2013-PRODUCE, el mismo que mantiene el espíritu del D.S. 005-2012-PRODUCE que es el de preservar las primeras 10 millas marinas como área de reproducción de la anchoveta y demás especies que van a las mesas populares, y reservarlas para la pesca destinada para consumo humano directo.  

Se cuestionó la ausencia de evidencias científicas y socioeconómicas en la dación del D.S. 005 y se plantearon demandas contra PRODUCE, todas ellas a través de la misma Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) y por las organizaciones que tiene bajo su poder, es decir por la Asociación de Armadores de Nuevas Embarcaciones  Pesqueras (AANEP) y por su brazo sindical pro patronal llamado Sindicato único de Pescadores de Nuevas Embarcaciones del Perú (SUPNEP).

Como efecto de estas acciones legales, el Poder Judicial emitió un fallo declarando inconstitucional el numeral 2 del artículo 2 de dicha norma, y la ejecución de su sentencia (permitiendo el ingreso de las embarcaciones industriales a partir de la milla 5),  debería darse el 15 de diciembre, plazo que le otorgó a la instancia competente (PRODUCE) para que pueda emitir una nueva norma jurídica. La oportuna publicación del D.S. 011 enmienda la forma legal e incluye en sus considerandos las evidencias científicas y socioeconómicas que adolecía el D.S. 005 y que exige el Art. 9 de la Ley General de Pesca, y se ha logrado poner a buen recaudo las primeras 10 millas marinas, fuera de la acción voraz y depredadora de la flota industrial harinera.

La  lucha legal y mediática de PRODUCE seguirá, sin duda alguna, en el sector industrial; pero otro frente en donde se libra una encarnizada batalla es en el de  menor escala y desgasta también a la ministra Triveño y al equipo de asesores que la acompañan, puesto que las normas para instalar orden en este sector (en donde la informalidad y el desvío de la anchoveta a la harina ilegal ha creado un poderoso grupo económico), colisionan frontalmente con autoridades regionales e inescrupulosos empresarios harineros que conviven en la corrupción, y con medios desinformados o contratados para defender esos viles intereses que se nutren del desorden y la informalidad creados a partir de la Resolución Ministerial 100-2009-PRODUCE firmada por la ex ministra Elena Conterno, hoy presidenta de la SNP.

Este escenario nada favorable a la encomiable y valiente voluntad de la ministra Triveño, se puede apreciar en discursos hipócritas de los representantes de este sector, que aplauden las normas que se dictan contra el desorden y privilegios en el sector industrial, pero rechazan las que se dictan buscando la formalidad y el debido control en el sector de consumo humano directo. Con esa conducta, la ministra pasa rápidamente de valiente a incapaz o viceversa.   

Otro factor que la ministra tiene en contra, es una verdad que, aunque duele admitirlo, no tengo temor en decirlo: La sociedad civil está acostumbrada a mirar y callar. La cobardía es más fuerte que su indignación.

De que hay mucho que hacer en el sector de pesca de consumo humano directo, no cabe la menor  duda, tanto en infraestructuras físicas como en la optimización del aprovechamiento de  los recursos marinos, pero primero hay que acabar con la corrupción instalada en ese sector.

Las normas que dicte PRODUCE en esa dirección no son suficientes, sino participa la sociedad civil en su conjunto acudiendo en su defensa. ¿Qué más puede hacer una ministra en representación de 30 millones de peruanos, si éstos permanecen callados e indiferentes?


No se puede diseñar un mejor futuro para la pesca peruana, si permitimos que siga atrapado en un presente corrupto, con una sociedad civil indiferente y con un discurso hipócrita de quienes lucran del desorden actual.