La industria pesquera no podría existir si no hubiera embarcaciones que la provean de recursos hidrobiológicos. Las embarcaciones no podrían existir sin un armador, que es el propietario y quien comercializa las capturas. Pero este último y su embarcación no podrían capturar nada si no hubieran tripulantes, o sea pescadores no embarcados. Constituyen estos últimos, los eslabones más importantes, sin los cuales ni la embarcación ni la industria podrían existir. La remuneración de la tripulación debe obedecer a un justiprecio pactado con su empleado, que es el armador, y de este con su cliente, que es la industria o los mercados. Hay que agregar, como elemento de cálculo, el factor de riesgo que conlleva la peligrosa actividad de la pesca.
Es necesario diferenciar claramente al pescador, como tripulante embarcado, bien sea de embarcaciones artesanales o de menor o mayor escala, del armado, que es el propietario de la embarcación. Este es el empresario que vende el producto de la pesca.
El armador es responsable de la embarcación y de las inversiones que pueda realizar para hacer su faena más eficiente, ante lo cual el Estado debe contribuir con capacitación y transferencia de tecnología básicamente.
Al armador se le ha invisibilizado, confundiendo a la opinión pública ya los propios pescadores, al no diferenciar claramente que los pescadores tripulantes son empleados de un armado. Este tiene la obligación, como cualquier otro trabajador de cualquier otro sector, de ponerlos en planilla, para que accedan con justicia, a la seguridad social, seguro de riesgo y salud. También tiene el deber de tributar y contribuir con el Estado; pero la condición de informales, de una parte importante de ellos, crea una situación que debe ser debidamente analizada.
Una formalización a medios, que no otorga beneficios a los tripulantes de las embarcaciones artesanales, de menor escala ya una parte de la flota industrial de madera, es incompleta. Hacer de la formalización una simple obtención del permiso de pesca solo legaliza la actividad extractiva; pero sin generar compromiso tributario con el Estado, ni obligación laboral con el tripulante.
La flota de mayor escala tiene perfectamente implementado su régimen laboral y con empleados formales de los armadores de mayor escala, a diferencia de las otras flotas.
La pesca artesanal y de menor escala reclama del Estado más atención; pero ocurre que ya tienen una atención importante: Los armadores artesanales no pagan derechos de pesca; no pagan impuesto a la renta debido a que son informales y/oa que sus ingresos son insuficientes; disponen de infraestructura de desembarque para la cual no han invertido sino que se les ha construido gratis.
Se demanda que el Estado debe darles a los pescadores artesanales y de menor escala, seguridad social y salud, entre otras cosas y que los industriales deben pagarles precios “justos”.
No necesita que el Estado intervenga, en el caso de la seguridad social y la salud, ya es un derecho que les asiste como cualquier trabajador y que se resuelve en el momento en que su empleador los pone en planilla. En la fijación de precios el Estado está impedido de intervenir de acuerdo al modelo vigente.
El armador no tiene que reclamar precios “justos” de sus clientes, sino que tiene que negociarlos, usando su posición de eslabón principal de la cadena productiva. Los pescadores son los más importantes. Las plantas y mercados no podrían existir si es que ellos no los proveyeran de pescados y mariscos. Los armadores son quienes están en la situación de negociar de igual a igual.
El armador puede vender sus productos a quien quiera y donde quiera, no necesita a las plantas porque finalmente si se asociasen podrían, construir sus propias plantas, en el caso de los recursos que se congelan y enlatan. Pero se supone que los industriales les deben un precio justo basado en consideraciones sociales y morales, lo cual no es exacto. La industria existe para lucrar, para generar ganancias, no para atender demandas sociales.
Las plantas exportan su producción y alimentan a otros países, no al nuestro y por ello reciben utilidades, un drawback, y se les devuelve el IGV como beneficio de la exportación, que no se trasladan al extractor. El beneficio generado gracias a la existencia de los pescadores, que trabajan para un armado, se ampara en un régimen liberal que no permite la regulación de precios, sino el libre mercado.
Está en manos de los armadores formalizarse, organizarse debida y eficientemente en forma empresarial, capacitarse, innovar y hacer negocios con la industria y el mercado.
Los pescadores embarcados no son los informales. Ellos no pueden formalizarse por sí mismos. Más allá de gestionar su libreta de embarque y/o carnet de pescador, la formalización es competencia de sus empleados, es decir de los armadores. Basta con ponerlos en planilla para lo cual el armado debe tener RUC y pagar lo que le corresponde. Es el armador el informal.
Los pescadores tripulantes no son empresarios, no son los que negocian precios, ni los que cobran. Son empleados del armador, el cual es un empresario, es el propietario del negocio, el que contrata, vende, cobra y paga sueldos. Los pescadores son trabajadores dignos, son empleados cuyos patrones los mantienen en la informalidad al no incorporarlos a una planilla laboral y que merecen un sueldo apropiado; pero es el armador el responsable de pagarles, no el industrial ni el comerciante del mercado.
Demandar mejores precios en base a términos como justicia y responsabilidad social no es el camino que corresponde. La negociación del precio, no responde a una conciencia social. Es solo una cuestión de dinero. En los negocios no hay románticos. Los armadores deben fijar los precios que consideren apropiados y que respondan a su estructura de costos, de tal forma que puedan asignar salarios o participación justa, aportar debidamente a la seguridad social de sus empleados y contribuir con el Estado en forma de impuestos.
Son los pescadores embarcados los únicos que hacen posible que se capturen recursos hidrobiológicos que sus consumidores venden a la industria o al mercado. Sin ellos no existiría ni la industria ni el mercado. Las plantas de congelado carecen de suficiente flota para autoabastecerse. En el caso de la pota, que es el principal recurso de la industria congeladora hoy en dia, solo la flota artesanal y de menor escala la provee. En la mesa de negociaciones las cosas están parejas, en la medida que los armadores alcancen un nivel de unidad y coordinación eficientes.
Los pescadores embarcados son trabajadores arriesgados, dignos y esforzados. Merecen acceder a una calidad de vida óptima y eso solo se consigue a través de un sueldo justo y de su inclusión en el sistema de seguridad social y de salud. Su nivel de sueldo y su formalización son de responsabilidad de sus empleadores, quienes tienen que negociar los precios de sus productos con firmeza en defensa de sus trabajadores.
Los pescadores no embarcados se ubican en otro contexto y en otra problemática.
