REVISTA PESCA

La Revista Pesca es un medio de información alternativo que presenta artículos, opiniones y noticias referidas a la pesca en el Perú y el mundo, con énfasis en la política pesquera, la conservación del ambiente y la seguridad alimentaria.
En 2017 cumplimos 57 años de publicación contínua en el Perú.

Las ediciones a partir del 2010 se publican en formato digital (PDF) en la siguiente página web: http://www.issuu.com/revistapesca/docs

Correo electrónico: revistapesca@outlook.com

viernes, 30 de diciembre de 2016

Editorial Revista Pesca enero 2017

La contribución del sector pesquero con el Estado se reduce al impuesto a la renta de tercera categoría y al pago de derechos de pesca.  El IGV se devuelve al empresario en el caso de exportaciones. La comercialización de pescado en estado fresco está exonerada del IGV. La estructuración del canon pesquero, se hace sobre la incorporación del 50% de los derechos de pesca recaudados y del 50% del impuesto a la renta de tercera categoría del sector. El otro 50% de los derechos de pesca permanece a disposición de Produce.

“Derechos de pesca” es un término empleado para expresar que por la extracción de determinadas especies se paga una tasa, es decir una suma de dinero, por tonelada métrica extraída.  En el caso de la anchoveta, el principal recurso pesquero, la norma vigente introduce como factor de pago de derecho de pesca de anchoveta el 0.25% del valor FOB de la harina de pescado computable sobre el precio promedio mensual según información oficial que emita Aduanas. El aceite de pescado derivado de la producción, queda libre de pago de derechos en esta ecuación, asumiendo que la producción de harina absorbe la contribución.  Otros recursos pesqueros como la pota, la merluza, el jurel y la caballa son también sujetos de “derechos de pesca”. Tienen tasas de pago diferenciadas y solamente si son capturados por embarcaciones industriales o de bandera extranjera. La extracción realizada por la pesquería artesanal no es sujeto de pago de derechos de pesca. 

La distribución de los recursos del canon a los gobiernos locales y regionales necesita ser revisada porque es no es la mejor. Existen gobiernos locales que reciben menos de 30 soles.

La proporción entre lo que factura la industria como exportaciones y lo que le paga a la Nación, como propietaria del recurso pesquero a través del impuesto a la renta y los derechos de pesca, necesita ser revisada. El Estado debe redefinir las tasas para hacerlas más justas y evaluar la conveniencia de que todos quienes realizan esfuerzo pesquero contribuyan con el país. El subsidio a la exportación de algunos productos pesqueros vía “drawback” debería ser evaluado también a fin de que la exportación no signifique una competencia desleal a la venta al mercado interno.

El sector artesanal demanda apoyo del Estado y construcción de infraestructura. La industria tiene necesidades como mayor investigación y transferencia tecnológica. ¿Con qué recursos económicos podría atenderse esta demanda?. ¿Con qué recursos cuenta el Estado para mitigar los impactos ambientales que causan la flota y la industria pesquera, así como para inversiones en infraestructura del sector?

El sector pesquero debe contribuir con el Estado en forma justa y proporcional a la renta que genera y a las demandas de inversión que necesita que el Estado efectúe.

La participación de la Nación en la renta pesquera es un tema diferente al de su participación en el PBI. Ambos aspectos tienen que ser analizados en sus propios contextos.

La revista Pesca es un medio de información alternativo referido a temas del mar y de la pesquería. Difunde información obtenida de muchas fuentes, ideas y opiniones que tienen por objeto exponer: la necesidad de hacer sostenible la extracción de los recursos marinos; la urgencia de actuar en beneficio de la seguridad alimentaria nacional; y el cuidado del ambiente.

Los invito cordialmente a leer la edición de la Revista Pesca correspondiente a ENERO 2017 y a compartirla dentro de sus círculos y redes sociales.


http://www.revistapescaperu.org/images/revistas/2017/REVISTA_PESCA_ENERO_2017.pdf

domingo, 27 de noviembre de 2016

Editorial Revista Pesca diciembre 2016

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2014, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INEI) a nivel nacional, la desnutrición crónica afectó al 14,6% de niñas y niños menores de cinco años.  Se presenta principalmente en zonas rurales (21.9%) y en menor proporción en lugares urbanos (5.8%). La anemia, a nivel nacional, afecta al 46.8% de niñas y niños menores de tres años de edad. Se presenta con mayor frecuencia en áreas rurales (57.5%), a comparación con la zona urbana (42.3%).

A pesar de su inmensa riqueza marina, este porcentaje de niños sufren de desnutrición crónica, consecuencia en gran medida de la escasa disponibilidad de alimentos nutritivos. Por ello, entre otras razones, somos un país obligado a conocer el mar y sus recursos, para priorizar acciones orientadas a atender las necesidades primarias de alimentación y nutrición de nuestra población. O para exigirlas.

Mientras esto no se resuelva, no podremos crecer con equidad y con inclusión. El modelo nos lleva a considerar que el producto pesquero es más rentable cuando se exporta. La necesidad de otros países es una fórmula mágica que lo transforma todo en oro.  Nos jactamos, groseramente, del éxito económico que significan los volúmenes de proteína exportados tanto en forma de harina de pescado como de productos hidrobiológicos congelados y en conservas, mientras niños peruanos padecen hambre. Lo censurable es que la exportación se subsidia y se incentiva, mientras que la venta de pescado al mercado nacional no tiene ningún beneficio ni apoyo estatal. No se compite con equidad por ambos mercados.

La actual contribución de la pesca a través de derechos de pesca e impuesto a la renta de tercera categoría es insuficiente e inequitativa. No es inclusiva ni redistributiva. Los índices de distribución del canon pesquero son errados: distribuyen escasos recursos en forma ineficiente. La exportación de nuestros recursos pesqueros no beneficia sino a una pequeña porción de la población.

No se puede proteger lo que no se conoce, por eso hay que conocer el mar y la pesca. No se puede distribuir lo que no ha sido cobrado, por eso hay que cobrar derechos de pesca justos. No se debe explotar recursos naturales sin compensar adecuadamente a la sociedad. No debe existir desnutrición en un país con tanta abundancia de proteína proveniente de recursos pesqueros. Por eso debe someterse a debate la necesidad de una mejor participación de la Nación en la bonanza de la pesquería del Perú, cuyo paradigma dominante es el de una pesquería mono específica que desembarca los volúmenes más grandes de recursos pesqueros del planeta, sin generar beneficios adecuados para la sociedad peruana.

Utilizar los recursos pesqueros para la alimentación nacional en forma prioritaria, debería ser un objetivo nacional fundamental en la elaboración de una Política de Estado para la pesquería peruana.

La pesquería no es solamente un tema de exportación, ni de sus empresarios o trabajadores, ni de los pescadores. Debe ser, fundamentalmente, una actividad que focaliza su atención en el ciudadano, que es el consumidor final. Debemos procurar que este sea, prioritariamente nacional y no extranjero.

 “El derecho a pescar debería basarse en criterios ambientales y sociales”

Marcos Kisner Bueno

La revista Pesca es un medio de información alternativo referido a temas del mar y de la pesquería. Difunde información obtenida de muchas fuentes, ideas y opiniones que tienen por objeto exponer la necesidad de hacer sostenible la extracción de los recursos marinos; la urgencia de actuar en beneficio de la seguridad alimentaria nacional; y el cuidado del ambiente.

Los invito cordialmente a leer la edición de la Revista Pesca correspondiente a DICIEMBRE 2016 y a compartirla dentro de sus círculos y redes sociales.

http://issuu.com/revistapesca/docs/revista_pesca_diciembre_2016/1

domingo, 13 de noviembre de 2016

Revista Pesca

La revista Pesca es un medio de información alternativo referido a temas del mar y de la pesquería. Difunde información, ideas y  corrientes de opinión que tienen por objeto crear conciencia de la necesidad de hacer sostenible la extracción de los recursos marinos, de seguridad alimentaria y  del cuidado del medio ambiente. Pero sobre todo, contribuir con información para que el lector empiece a formarse una opinión propia sobre la problemática pesquera.

Tratamos de comunicar  información objetiva, técnica y política que nos permita contribuir al engrandecimiento del conocimiento mar y de sus recursos por parte de la ciudadanía, la misma que tiene la obligación de conocer para poder defender el buen uso de sus recursos naturales y de sus ecosistemas marinos, fluviales y lacustres.

En 2016 cumplimos 56 años al servicio de la información pesquera.

A partir del 6 de marzo del 2010,  la revista suspendió su publicación en formato impreso y se empieza a publicar en formato digital (PDF) en una página web.

A través de Facebook, en un grupo denominado “Pesca y Mar” se cuelgan noticias  que se evalúa tienen trascendente interés para sus miembros y lectores de la Revista.


Las ediciones en formato PDF pueden bajarse gratuitamente en el portal: 


jueves, 27 de octubre de 2016

Revista Pesca noviembre 2016: Editorial

Eventualmente se hacen públicas algunas denuncias o se difunden noticias relacionadas con la pesca; pero en términos generales, una vez pasado el impacto mediático, se olvida el asunto y no pasa nada que genere un cambio. Este tipo de información coyuntural no surte efecto práctico y real de cambio para mejorar las cosas, simplemente crea impactos temporales que son rápidamente olvidados.

La ciudadanía peruana no pesquera, no tiene posibilidad de incrementar su conocimiento e información sobre la pesquería, en gran parte debido a la ausencia de información; pero también por desinterés ya que no tiene motivación para preocuparse por el mar y la pesca.

Las autoridades políticas tampoco evidencian conocimiento suficiente sobre esta materia como para asumir su administración en forma eficaz. Por otro lado cambian demasiado frecuentemente y los planes de trabajo duran poco, se descontinúan y/o se inventan nuevos sin respetar los existentes.

El manejo político de la gestión pesquera es sensacionalista y cortoplacista, busca figurar en la foto mientras dure el mandato, el cual es generalmente más corto que el gobierno mismo. Basta con echar una mirada a la cantidad de ministros y viceministros designados en los últimos 10 años, para darse cuenta del daño que le hace al sector la excesiva rotación de funcionarios. Porque cada cambio genera movimientos adicionales de personal en la estructura. Entre 2006 y 2016 se ha tenido 11 Ministros de la Producción y 9 viceministros de Pesquería (un promedio de uno por año).

El insuficiente conocimiento sectorial sumado a la velocidad con que rotan, limita la capacidad de confección de planes de largo plazo; pero además convierte al funcionario en fácil presa de lobistas y operadores políticos que tienen agendas particulares, o de parte, orientadas a satisfacer intereses de sus empleadores. A menor conocimiento e inexistencia de políticas de largo plazo, mayor capacidad de influencia del lobista.

Lo que sabemos es que el aspecto más elogiado por la prensa y alabado por los agentes económicos es la exportación. Nos han inculcado la idea de que somos buenos porque exportamos y/o pretendemos exportar mucho más. Si eso es lo mejor para el futuro alimentario del país, es discutible. Si la participación del Estado en la renta generada por la pesca y sus exportaciones es la justa, también es discutible.

Deberíamos tener presente que la Constitución establece en su Artículo 66°, que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación.  El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La  concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.

Por tanto los pescadores artesanales, los empresarios y los trabajadores de la industria no son los propietarios de los recursos pesqueros, sino la Nación. Es obligación del Estado regular las condiciones de las concesiones que otorga, priorizando el interés nacional y no los intereses de parte. El bien común de las mayorías peruanas necesitadas de proteína que puede provenir de la pesca, se antepone a las necesidades e intereses de los administrados.

Aparentemente la inadecuada comprensión del mandato constitucional ha generado la errónea percepción de que existen propietarios de los recursos pesqueros, o que unos tienen más derechos que otros a su explotación. La verdad es que no es así. El único propietario es la Nación, o sea todos los ciudadanos peruanos. Nadie tiene más o menos derechos que otro. Es el Estado quien establece las reglas para su manejo y debe hacerlo ajustándose al mandato constitucional en la forma más eficiente y eficaz posible.

Marcos Kisner Bueno

La revista Pesca es un medio de información alternativo referido a temas del mar y de la pesquería. Difunde información obtenida de muchas fuentes, ideas y opiniones que tienen por objeto exponer: la necesidad de hacer sostenible la extracción de los recursos marinos; la urgencia de actuar en beneficio de la seguridad alimentaria nacional; y el cuidado del ambiente.

Los invito cordialmente a leer la edición de la Revista Pesca correspondiente a NOVIEMBRE 2016 y a compartirla dentro de sus círculos y redes sociales.

https://www.yumpu.com/es/document/view/56178611/revista-pesca-noviembre-2016

domingo, 16 de octubre de 2016

LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA “A COMER PESCADO”

Al 16 de octubre de 2016, los resultados de la ejecución presupuestal del Programa “A comer pescado” son los siguientes en términos generales:

La Unidad Ejecutora  003-1516, Fomento al Consumo Humano Directo – A Comer Pescado (que es el nombre técnico) dispone de un presupuesto anual para el ejercicio 2016 de 13 millones y medio de soles. La fuente de estas cifras es la consulta amigable del SIAF en el portal del MEF.

Al 16 de octubre ha devengado seis millones de soles, es decir el 44.9% del total. Cifra que permite proyectar que al cierre del ejercicio no habrá ejecutado el cien por ciento de su presupuesto.
En términos fríos, se podría decir que su ejecución presupuestal es deficiente o ineficaz y que probablemente se devolverá dinero al tesoro público por incapacidad de gasto ya que solo quedan dos meses y medio para cerrar el ejercicio.

Ese dinero quizá hubiese sido mejor empleado en otros programas.

¿Cómo se han asignado presupuestalmente estos recursos financieros?
A través de dos grupos funcionales.


El primero recibe el nombre de Regulación y Administración del Recurso Ictiológico. Aquí hay un componente de gestión administrativa que tiene un avance del 68.9% y uno llamado Programa Inclusivo A Comer Pescado, que muestra un avance del 42.4%.

Menciona dos metas físicas, la primera de las cuales tiene un avance del 50% y la segunda del 71.8% respectivamente.
Pero a través del análisis del presupuesto no se puede saber que significa ese nombre ni que resultados cualitativos ha obtenido.








El segundo recibe el nombre de Asesoramiento y Apoyo. Aquí hay un solo componente denominado Gestión Administrativa que muestra una ejecución del 16.6% y una meta física con un avance del 50%.




Hasta aquí se puede analizar cuantitativamente el gasto de este programa.

Lo que no se aprecia ni se ve, y que sería apropiado que el Ministerio lo publique, es qué ha ganado la población peruana y el país en general con el gasto de este dinero.

¿Ha aumentado de consumo per cápita de pescado? Si es así ¿cuánto y donde esta la cifra oficial del INEI que lo demuestre y evidencie?

¿Se ha reducido el índice de desnutrición o de anemia infantil con este gasto? Si es así ¿cuáles son las cifras oficiales que lo demuestran y evidencian?

Porque comer más pescado, si no tiene resultados medibles que muestren que la población está comiendo más pescado y por consiguiente mejorando su salud, no tendría mucho sentido.

Y aún dentro de ese análisis habría que conocer qué segmentos de la población habrían sido favorecidos con este gasto. ¿El segmento A, o el B, el C quizá, o el D? ¿Las poblaciones vulnerables? ¿De qué regiones del país?

O también podría presentar resultados que muestren que la industria pesquera ha incrementado su producción y sus ventas gracias al programa. Lo cual podría tener un doble impacto. La industria creció y la población consumió más pescado. Pero ¿quiénes lo consumieron, dónde y cuánto? ¿Y quiénes vendieron más pescado?

Es un asunto de transparencia para que la sociedad peruana conozca la eficiencia de los programas presupuestales y la eficacia con que se implementan las políticas públicas, en relación al beneficio que reciben los ciudadanos peruanos.

La guerra contra la desnutrición y la anemia infantil tiene que ser prioritaria, por lo tanto el gasto de dinero del Estado tiene que ser eficaz en este combate. No se necesita que toda la población coma más pescado, aunque sería lo ideal. La urgencia es que los niños desnutridos y anémicos lo consuman.

Parte de esta ausencia de información cualitativa del gasto es la excesiva demora que tiene PRODUCE en publicar sus anuarios estadísticos. Casi a finales de 2016 aún no se publica el Anuario Estadístico de 2015. 

Tampoco se tiene información de la recaudación de los derechos de pesca ni en qué se han empleado.

¿Cómo se pueden medir los avances sectoriales con información oficial tan retrasada y/o ausente?

El país tiene el derecho a estar mejor informado y a que sus dineros sean empleados en forma eficaz en beneficio de las mayorías nacionales, no de los menos.


Marcos Kisner Bueno

viernes, 14 de octubre de 2016

LA PESCA ILEGAL Y LAS ACCIONES DEL ESTADO

Los dos relatos que se transcribe a continuación son historia de épocas pasadas en las cuales el Estado Peruano hacía respetar su soberanía dentro del dominio marítimo y protegía los recursos pesqueros en beneficio de la sostenibilidad de los mismos. Se refiere a la captura de la flota pesquera de Onassis en el dominio marítimo peruano en 1954.

En 2016 las imágenes satelitales muestran una flota extranjera impresionante que realiza sus faenas casi en el límite del dominio marítimo peruano de 200 millas y realizando, probablemente, incursiones dentro del mismo.

Hoy en día ¿Tenemos la capacidad de patrulleras y disponibilidad presupuestal para operaciones de interdicción de embarcaciones ilegales en el dominio marítimo peruano? ¿Existe la misma voluntad política para ordenar la intervención de la Armada peruana para capturar embarcaciones ilegales, detenerlas y conducirlas a puerto peruano para ser sancionadas?

Sin embargo el Estado si es presto para otorgar bandera peruana a embarcaciones severamente cuestionadas como el Damazaihao, (ex Lafayette) que se encuentra fondeado frente a Chimbote. Esta embarcación se dijo que iba a realizar operaciones de logística para precisamente esa flota que está en el borde de nuestro dominio marítimo. Concedemos permisos como este exponiendo al país a cuestionamientos de la ORP del Pacífico Sur en circunstancias que a nivel mundial se están tomando acciones para combatir la pesca ilegal y nos demoramos en aprobar tratados internacionales como el de la FAO que justamente busca cerrar puertos a estas embarcaciones  y que aún está en el Congreso esperando aprobación.

La pregunta es ¿quién va a hacer algo al respecto? Hay una competencia de patrullaje que es del Ministerio de Defensa y también hay un tema de atención de servicios portuarios y de avituallamiento que se le da a esas embarcaciones en puertos peruanos que debería prohibirse para embarcaciones que violan el dominio marítimo. ¿Habrá alguna autoridad capaz de comerse el pleito?

El problema nacional es que reaccionamos a los escándalos o a las noticias de este tipo para olvidarlas rápidamente. Y no pasa nada porque nadie se comerá el pleito y no hay ciudadanía que sea insistente, perseverante y exigente con el tema al punto que cree una incidencia política, la cual se define como una acción provocada por ciudadanos para provocar y generar cambios.

¿O es que habrá otra forma de que las cosas cambien? Este tema de pesca ilegal tiene años o tal vez décadas de existencia, así como otros problemas de la pesca que se denuncian de vez en cuando para que no pase absolutamente nada.

¿Alguna vez la ciudadanía se organizara para exigir cambios hasta lograrlos?

Marcos Kisner

“En la primavera de 1952, cuando el Perú proclamaba su soberanía sobre las 200 millas de mar territorial (tesis que constituye una daga en el corazón para la ConveMar), la cual –por supuesto- quedó oleada y sacramentada cuando la “Flota Imperial” de Onassis fue apresada y puesta en fuga por la Armada Peruana, siendo presidente el Gral. Odría.
Cuando la “Olympic Whaling Company” emprendió una expedición en busca de ballenas por las costas del Perú en agosto de 1954, la prensa peruana calificó a Onassis como “pirata ballenero”. Los encabezados atacaban a la expedición de Onassis: “Flota pirata ballenera desafía a nuestra Armada”, apareció como titular de carátula.
La prensa informó que la flota de Onassis, encabezada por el imponente Olympic Challenger, no solamente incumplía los reglamentos de la Comisión Internacional Ballenera, sino que el propio Onassis había violado la soberanía del Perú cazando ballenas dentro del límite de 200 millas fijado por el gobierno peruano. El límite de 200 millas fue discutido en Santiago, en agosto de 1952, cuando Perú, Chile y Ecuador decidieron establecer un mar territorial de 200 millas de ancho a lo largo de sus costas. Estas naciones votaron por capturar a cualquier “invasor” de sus mares territoriales y multarlos en proporción. Una editorial en La Prensa decía: “Las invasiones piratas, como las practica Onassis no pueden ser toleradas. Si llegan a ocurrir, los transgresores deben ser aprehendidos y sus naves confiscadas por la Armada”. Onassis, creía que el límite de 200 millas era absurdo, alegando que los mares eran “libres al tráfico marítimo” y que fuera de las 3 millas del límite “convenido desde la Edad Media”, sus barcos podían desempeñar sus actividades como les viniera en gana; consideraba cualquier interferencia, de algún gobierno ribereño, como “acto bélico”.
Ya que la mayoría de la tripulación de los barcos de Onassis eran alemanes, los temperamentos se exaltaban mucho cuando las noticias llegaban a la prensa de Berlín. “Los peruanos no se atreverán a detener al Olympic Challenger, “rezongaba el de Hamburgo”: Los peruanos están en plan de alarde”.Pero los peruanos no estaban alardeando. El presidente Odría estaba furioso contra Onassis y no tenía la menor intención de permitirle que “violara el mar del Perú”. El 15 de noviembre de 1954, Perú embistió: Cuando dos de los barcos de Onassis, el Olympic Lightning y el Olympic Victor, fueron localizados cazando ballenas a 180 millas de las costas, dos destructores peruanos, el Aguirre y el Rodríguez, le ordenaron a los balleneros entregarse “por invasión de aguas nacionales”. Los barcos fueron escoltados al puerto de Paita. El mismo día otro navío peruano, el Castilla, y varios destructores más, capturaron más buques del equipo de Onassis. Los miembros de la tripulación fueron arrestados y sometidos a interrogatorios por la policía peruana.
A la mañana siguiente el barco madre, Olympic Challenger, fue realmente atacado por la Fuerza Aérea Peruana. Como una advertencia, se dejaron caer bombas alrededor del barco; el capitán Reichert ordenó al jefe de máquinas que se pusiera la nave a toda marcha para alejarse de las costas peruanas. Una de las bombas desgarró un agujero en el costado del barco, y el fuego de ametralladoras salpicó la cubierta. Nadie fue muerto ni herido pero la intención estaba bien clara. El Olympic Challenger se entregó.
Aunque un portavoz de la flota de Onassis declaró que los barcos estaban bien alejados del límite de 200 millas impuesto por el Perú, el gobierno peruano anunció que todos los balleneros habían sido capturados dentro. En los días que siguieron a la captura del Olympic Challenger, otros dos balleneros de la flota de Onassis, el Olympic Conqueror y el Olympic Fighter, se entregaron a los peruanos. Apenas seis de los barcos de Onassis escaparon y se refugiaron en el puerto de Balboa, en Panamá. Onassis estaba en Londres cuando supo de las dificultades de su flota. Públicamente estaba sorprendentemente calmado. “Estamos esperando para ver lo que se hace”, dijo. En privado, estaba considerando en mandar un convoy con mercenarios en sus propias naves, muy bien pertrechadas, para atacar a los peruanos. Sarcásticamente agregó que si los peruanos pueden extender sus límites territoriales de 3 a 200 millas “pues entonces un par de miles de millas más, y que incluyan a Australia entre sus posesiones territoriales”. Onassis declaró a los reporteros británicos que su flota había entrado a aguas peruanas porque el presidente del Perú le había prometido al presidente de Panamá que su flota podría operar a 50 millas del litoral peruano. Puesto que la flota de Onassis navegaba bajo el pabellón de Panamá (“bandera de conveniencia”), Onassis llamó por teléfono a funcionarios de ese país y les dio instrucciones para que tomaran una acción diplomática contra el Perú. La protesta, sin embargo, unida a las quejas propuestas ante la ONU y la OEA, no pudo resolver nada. Entonces hizo la transferencia del pabellón de su flota, de Panamá, al de la nación de su patria adoptiva, Argentina.
En Alemania, la captura y agresión al Challenger revelada por la prensa escandalizó a la opinión pública. Un encabezado a ocho columnas en el Bild-Zeitung de Hamburgo decía: “Bombas sobre marinos de Hamburgo: nuestros hombres del mar tratados como piezas de caza”. Las familias de los tripulantes exigían información relativa a la seguridad de sus seres queridos. Los temores se calmaron el 22 de noviembre, cuando la agencia de Onassis en Hamburgo recibió un telegrama del capitán Reichert: “Todas las restricciones sobre las tripulaciones a bordo de los barcos, así como en tierra, suspendidas (…) Nuestra gente todos en buen estado de salud, mandan saludos a sus parientes”.
Cuando los investigadores peruanos revisaron el confiscado Challenger, la bitácora indicaba que casi tres mil ballenas se habían cazado en las inmediaciones de la costa peruana. En menos de dos semanas de la captura de la flota, los Tribunales Navales peruanos habían multado a la Olympic Whaling Company con tres millones de dólares. Si la multa no era pagada inmediatamente, Perú amenazaba con incorporar los barcos de Onassis a la Armada Peruana. Onassis se rió de la amenaza considerándola como “un sueño loco peruano”.
Alemania ya había protestado por las acciones de los peruanos, y el gobierno británico pronto habría de seguir el mismo curso, apoyando a Onassis y su expedición ballenera, señalando que el Perú no tenía el derecho legal para evitar que los balleneros surcaran las aguas del mar a lo largo de las costas peruanas. Los británicos recomendaron a Onassis “poner a prueba” la validez del límite peruano de las 200 millas”.
Finalmente, el 13 de diciembre de 1952 un representante de Onassis y un alto funcionario del Ministro de las Finanzas del Perú, se reunieron para completar el pago de la multa. El dinero había sido remitido a Lima, procedente del City Bank de Nueva York. El representante de Onassis pagó la multa asignada al funcionario peruano, pero no sin presentar una propuesta formal al gobierno peruano. Se le concedió al Sr. Alemán el permiso para que apelara la multa de un tribunal superior. El gobierno peruano anunció que el pago de la multa quería decir que el límite marítimo del Perú era sagrado. De esa manera Perú obtuvo la seguridad que le daba reconocimiento mundial a su soberanía sobre las 200 millas de mar territorial. (“ONASSIS – F. Brady“).”
Fuentehttps://reportperu.wordpress.com/2010/04/11/1952-peru-hace-respetar-%E2%80%9Cmanu-militari%E2%80%9D-su-soberania-maritima-ante-flota-de-onassis/ 
“En 1945, Estados Unidos, México y Argentina, de manera independiente, proclaman su derecho a explotar las plataformas continentales y las aguas que las cubren. En 1947 Chile proclama lo propio sobre las 200 millas marítimas, acicateado por la invasión de las flotas de balleneros que inundaban el Océano Pacifico y depredaban los mares del sur. Perú, Chile y Ecuador realizan una declaración conjunta que defenderán la soberanía hasta el límite de las 200 millas, dado que tenían intereses comunes los defenderían. La costumbre y norma hasta entonces era que el zócalo continental era considerado hasta el límite donde se llegue a la profundidad de 200 metros, esto beneficiaba a muchos países que tenían playas en el Océano Atlántico pero perjudicaba a los países que circundaban el Océano Pacifico, que se profundiza rápidamente. Las 200 millas eran una forma de lograr la equidad entre los países.
Dado este contexto, durante el gobierno de Manuel A. Odría, el 16 de noviembre de 1954 la flota ballenera de Onassis irrumpió en el mar peruano, por lo que de inmediato el Presidente ordenó la captura de las embarcaciones, logrando detener a 5 naves. El barco nodriza, el Olympic Challenger emitió por radio un mensaje que fue recogido en Panamá: “... estamos siendo bombardeados y recibimos disparos de aviones del Perú”.
Los tripulantes de la flota ballenera de Onassis dijeron que ellos estaban a 380 millas y las autoridades del Perú que los barcos estaban dentro de las 200 millas, como quiera que haya sido los barcos fueron capturados.
Una división de destructores capturo cuatro de los 5 barcos y el quinto fue forzado por un avión de la FAP a dirigirse al puerto de Talara como prisionero. La flota entera fue sorprendida a 180 millas de Punta Aguja y se rindieron sin resistencia. Otros barcos peruanos patrullaban el mar en búsqueda de la “flota pirata”. Las autoridades dijeron que los barcos peruanos tenían órdenes expresas de abrir fuego contra cualquier embarcación de la flota ballenera que ofrezca resistencia armada. Al menos uno de los buques de Onassis tenía armas. Finalmente la flota fue objeto de una multa de tres millones de dólares para ser liberada. El proceso fue escrupuloso legalmente y rápido.
Los destructores Aguirre y Rodríguez apresaron a los balleneros Olympic Victor y Olympic Lightning, a unas 180 millas frente a Punta Aguja. Otros dos balleneros fueron capturados por los mismos destructores 40 millas más al sur, frente al puerto petrolero de Talara. Un quinto ballenero fue obligado a entrar al puerto citado por un avión peruano.
Las protestas diplomáticas no se hicieron esperar. Los británicos, indicaron que la flota ballenera estaba asegurada por la firma Lloyd’s, de Londres, y además Inglaterra no reconocía el límite de las 200 millas. La respuesta del Presidente Odría fue que “los procedimientos y actitudes asumidos por el Perú, en relación con la flota ballenera del citado Onassis, son actos de soberanía, en cuyo respecto mi Gobierno no puede aceptar reservas o reclamaciones”.
La firma Lloyd’s estuvo de acuerdo con pagar la multa de tres millones de dólares impuesta por el gobierno peruano a Aristóteles Onassis, considerando que la flota ballenera estaba asegurada en más de cuatro millones de libras esterlinas. El 14 de diciembre, los cinco balleneros fueron puestos en libertad.
Este suceso consagro la soberanía peruana en las 200 millas del mar de Grau ante la comunidad internacional”
Fuentehttp://polidrez.blogspot.pe/2010/04/las-200-millas-de-mar-peruano-y-la.html

martes, 4 de octubre de 2016

NOVEDADES SOBRE LA POTA EN EL PERU

A continuación se transcriben 3 notas referentes a la pota, la cual viene creciendo en cuanto a demanda en el exterior.

Lo que se puede evidenciar del análisis es que mientras la Sociedad Nacional de Industrias recomienda no incrementar la extracción, pese a la existencia de una gran demanda, el IMARPE opina que sí podría capturarse alrededor de 900 mil toneladas, o sea el doble de la actual cuota. ¿A quién favorecería este incremento de cuota? ¿Significaría otorgar permisos de pesca a flota industrial nacional y/o extranjera?

¿Y qué hay de la opinión de la flota artesanal que no desea la incursión de flota industrial en la extracción de este recurso?

Es de esperar que la comisión de trabajo, recientemente implementada con el objeto de formular y proponer medidas para la formalización de la actividad pesquera artesanal mediante el acceso a la extracción del recurso Calamar Gigante o Pota, con RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 370-2016-PRODUCE, encuentre un solución salomónica que aleje el conflicto de la mesa.

Aunque no es el mandato principal de la misma, sino la formalización, es necesario abordar de una vez por todas y en forma definitiva si el Estado peruano concederá o no permisos de pesca a embarcaciones industriales nacionales y/o extranjeras; o si en su defecto el recurso será exclusivamente para la flota artesanal.
Hay muchos elementos que deben ser considerados; pero por sobre todo qué es lo que beneficia a la mayor parte de la población peruana, y no solamente a la extranjera, que es el destino final de las exportaciones.
Si el argumento es que las exportaciones generan recursos económicos para las regiones a través del canon, habría que revisar los números. Si otro argumento es que se recaudan derechos de pesca, la verdad es que las capturas de la flota artesanal están exoneradas de derechos de pesca.

Existen otros argumentos, como la sostenibilidad del recurso, como los derechos a participar del negocio pesquero, la influencia en los precios deriavdas de una mayor oferta, etc. etc.

CRECE LA DEMANDA MUNDIAL DE CEFALÓPODOS

El secretario general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Andrés Hermida, subrayó la importancia de los cefalópodos, un grupo amplio y heterogéneo de especies como el pulpo, la sepia o el calamar, para el sector pesquero y como materia prima fundamental para la industria de la transformación.

Al hablar durante la inauguración del Congreso Mundial de Cefalópodos organizado por FAO y Coxemar, en Vigo, Hermida destacó que según datos de la FAO, estos productos suponen el 5 % del total de pescados, crustáceos y moluscos capturados en el mundo, y el 4 % del volumen total del comercio mundial de estos productos pesqueros. 

Además de poner de relieve el crecimiento de la demanda de estos productos, por la calidad sabor y propiedades nutritivas, dijo que España, Italia y Japón son sus principales consumidores e importadores, por tratarse de alimentos indispensables dentro de las dietas mediterránea y asiática.

Por ello, Hermida reiteró el apoyo de la Secretaria General de Pesca para poner a disposición del sector las herramientas imprescindibles para afrontar los desafíos de la época.

En este sentido, recordó que en el marco del Reglamento del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) se ha aprobado un Programa Operativo que contempla medidas y ayudas para la innovación en la pesca extractiva, en la acuicultura y en la transformación de los productos pesqueros, que puede movilizar fondos con una cantidad cercana a los EUR 450 millones para su periodo de vigencia.

También destacó la importancia del Plan Estratégico de Innovación y Desarrollo Tecnológico para la pesca y la acuicultura, para el periodo 2014-2020, como marco de referencia de las iniciativas privadas de cada uno de los subsectores de la pesca.

En su intervención, Hermida también hizo hincapié en la repercusión del Congreso Mundial de Cefalópodos en el que se analiza la situación del mercado desde una perspectiva globalizada, con la participación de representantes de de muy diferentes países.

Este foro precede a la Feria Conxemar que dará comienzo este martes, y que, constituye un importante escaparate para dar a conocer los últimos avances en tecnología, servicios y maquinaria, y para estrechar relaciones comerciales.

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SNI RATIFICA: NO DEBERÍA OTORGARSE NUEVOS PERMISOS PARA EXTRAER 400 MIL TM ADICIONALES DE POTA

El Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias, SNI, ratificó que mientras no se controle adecuadamente los más de 400 barcos factoría de los países asiáticos que pescan indiscriminadamente Pota en nuestro Mar, no se culmine el proceso de formalización de la flota actual que ha iniciado con buenos auspicios el Ministro de la Producción, Bruno Giuffra y no se realice de manera sistemática la investigación del referido recurso (como se hace con la Anchoveta), no debería otorgarse nuevos permisos y menos, pescar 400 mil toneladas adicionales.

Fue a raíz de un estudio del Instituto del Mar del Perú, Imarpe desarrollado el 2015, difundido en un medio de comunicación, en que indica que se puede extraer hasta 937 mil toneladas de Pota en nuestro Mar territorial.

Al respecto, Miranda Eyzaguirre aclaró que el mencionado estudio que se basa en esa cifra en un crucero realizado en la primavera de 2015 (durante el desarrollo del Fenómeno El Niño) y se asegura que la mayor concentración del recurso se presenta a 100 millas de Pimentel, “lo que hoy es completamente distinto”.

“También se menciona que los cambios espaciales y temporales de distribución y abundancia de la Pota no son bien entendidos aún y que aunque no se conocen qué factores ambientales determinan su mayor o menor abundancia, se sabe que periodos con anomalías de la temperatura superficial del Mar afectan su abundancia y distribución”, explicó.

El dirigente empresarial informó que en el presente año no se ha hecho el crucero que la SNI solicitó insistentemente y que el Viceministro anterior ofreció para julio de 2016.

“Se ha observado una gran variabilidad en la distribución de la Pota que se desplazó hasta el sur del dominio marítimo peruano lo que nos revela que es urgente contar con nueva información científica que nos explique el actual comportamiento de esta especie”, planteó Miranda Eyzaguirre.

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IMARPE: ACTUAL STOCK DE POTA PERMITE EXTRACCIÓN DE HASTA 937,000 TM EN PERÚ

 “Durante el 2015, la abundancia y estructura poblacional no han presentado cambios significantes respecto a los últimos años”, señala un estudio de Imarpe.

El Instituto de Mar del Perú (Imarpe) estimó que en el Perú y sus aguas adyacentes existe abundancia del calamar gigante (Pota), de lo cual se puede deducir que este recurso se encuentra en estado de subexplotación, corroborando lo ya indicado en anteriores estudios.

Así lo señala el “Informe sobre la situación del calamar gigante durante el 2015 y perspectivas de pesca para el 2016”, elaborado y publicado por el ente científico, en el cual se señala además que teniendo en cuenta el comportamiento promedio de la pota se ha estimado que el máximo rendimiento sostenible correspondiente a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del Perú es de 1,051 millones de toneladas.

“Durante el 2015, la abundancia y estructura poblacional no han presentado cambios significantes respecto a los últimos años”, señala Imarpe.

En ese sentido, anota que todavía predominan ejemplares de gran tamaño y de madurez tardía, no solo a lo largo del litoral peruano sino también frente a las costas de Chile.

“Considerando la necesidad de establecer un manejo que contribuya al aprovechamiento de este recurso de manera sostenible, se recomienda un nivel de pesca permisible donde los niveles de extracción no superen los 937 mil toneladas”, concluye.


miércoles, 28 de septiembre de 2016

Editorial Revista Pesca octubre 2016


Uno de ellos es la pesca artesanal, cuya problemática resulta compleja y agravada por la gran cantidad de organizaciones con las cuales se debe dialogar para establecer consensos. En cambio con la pesquería industrial hay solamente dos grandes gremios principales que representan a la mayoría de los administrados.

Muchos intereses, mucho dinero en juego, muchas organizaciones representativas y muchos administrados, todos ellos con presencia más o menos activa en la defensa de sus intereses empresariales y gremiales.

El producto final de todas las actividades pesqueras es consumido, al final de la cadena, por el ciudadano. Pero ocurre que este no tiene presencia ni participación en la administración del recurso pesquero, mientras que todos aquellos que sí la tienen, usufructúan un recurso natural renovable que no es de su propiedad, sino de toda la Nación y sobre el cual priorizan su exportación. La injusta ironía es que esta no es una invitada al festín donde se reparte lo que es suyo.

La falta de información adecuada y oportuna, así como el desinterés del público en general, favorecen la marginación de la sociedad en la toma de decisiones. Una de las consecuencias es la existencia, por ejemplo, de un programa estéril como es “A comer pescado”, que se orienta a un sector de la población que en términos reales no lo necesita. Otra es que se permite que instituciones como lo fueron el Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita y el Instituto Tecnológico Pesquero, hayan sido inútilmente destruidos por administraciones anteriores. El primero absurdamente fusionado con el FONDEPES y el segundo reemplazado por un confuso cóctel de CITES ineficaces que hasta ahora no llegan a estar a la altura de lo que fue el antiguo Instituto Tecnológico Pesquero.

Gran parte del problema ha sido generado por la entrega del manejo sectorial a personas sin las debidas cualidades, ni preparación para manejar estos temas, sobre los cuales carecían de la adecuada información, capacidad y experiencia. Serias denuncias efectuadas por importantes investigaciones no han generado cambios en el sector. El enfrentamiento de algunas administraciones con la industria siempre han dado a la autoridad de turno como perdedora, evidenciando que la mejor opción para administrar el sector es generar consensos y no enfrentamientos.

Sumado a las presiones de los gremios y a la ausencia y desinterés de la Sociedad Civil y la ciudadanía, el resultado es la caótica situación en la cual se encuentran los recursos pesqueros y que hoy resulta difícil enfrentar, más aún ante la inexistencia de una agenda de largo plazo.

En este sentido las declaraciones y acciones anunciadas del Ministro Giuffra, que se reproducen en esta edición, alientan la esperanza de que se aborde debidamente la problemática de la pesca en esta gestión.


La revista Pesca es un medio de información alternativo referido a temas del mar y de la pesquería.

Difunde información obtenida de muchas fuentes, ideas y opiniones que tienen por objeto exponer: la necesidad de hacer sostenible la extracción de los recursos marinos; la urgencia de actuar en beneficio de la seguridad alimentaria nacional; y el cuidado del ambiente. Pero sobre todo, contribuir con información amplia y variada para que el lector empiece a formarse una opinión propia sobre la problemática pesquera.

Los invito cordialmente a leer la edición de la Revista Pesca correspondiente a OCTUBRE 2016 y a compartirla dentro de sus círculos y redes sociales.

https://www.yumpu.com/es/document/view/55984879/revista-pesca-octubre-2016

sábado, 17 de septiembre de 2016

NORMAS IMPERFECTAS GENERAN ACCIONES CAUTELARES

Existe un demanda de accion cautelar presentada por una empresa pesquera contra el Ministerio de la Producción para que se suspendan los procedimientos administrativos sancionadores iniciados en aplicación de los numerales 6 y 10 del artículo 134 del Reglamento de la Ley General de Pesca, modificado por los DS 015-2007-PRODUCE y 013-2009-PRODUCE.

En mérito a esta demanda el Juez resuelve 
“declarar fundada en parte la medida cautelar solicitada y en consecuencia ordena suspender el trámite y/o ejecución de todos los procedimientos administrativos sancionadores en contra de la actora en donde se cometa la arbitrariedad de exigir al actor cumpla con una conducta imposible durante la actividad de pesca, como es el predecir el porcentaje de pesca juvenil existente y/o en donde se sancione al establecimiento industrial del actor por procesar dicha pesca y no echarla al mar. Ordena también que el demandado (o sea el Ministerio) se abstenga temporalmente de iniciar nuevos procedimientos sancionadores por la misma materia, lo que no impedirá que luego de concluido este trámite procesal la Administración pueda volver a iniciar dicho procedimiento.”

En primera reacción a casi nadie le gusta que se impugnen multas y sanciones cometidas por pesqueras y que los jueces dicten medidas cautelares. Una medida cautelar por lo general deviene en impopular, sobre todo si atenta contra la sostenibilidad de las especies. Pero hay medidas y medidas.

En este caso puntual, un análisis objetivo e imparcial de los considerandos de esta Resolución, obliga a conceder la razón al demandante. Porque todos quienes alguna vez hemos estado embarcados en faenas de pesca, y/o hemos sido jefes de flota, podemos dar fe de que una vez que la captura se encuentra dentro de la red, no hay más que dos alternativas: o subirla a bordo, o arrojarla al mar, no hay una tercera opción. Por otro lado no se puede predecir ni saber el porcentaje de incidencia de juveniles que serán capturados.

Si se va a sancionar a la embarcación por hacer cualquiera de las dos únicas alternativas que tiene, estamos frente a un abuso originado por una norma imperfecta.

Más allá de lo indiscutible del derecho y la necesidad de impedir la captura de juveniles y sancionar la mala práctica, la norma vigente condena al patrón de cualquier manera sin darle una salida lógica y razonable. Haga lo que haga será sancionado. Y es contra ese espíritu contra el cual se pronuncia el juez.

Este es el hecho que destaca Carlos Paredes en la investigación aludida por la Resolución Judicial, efectuada por la Universidad San Martín de Porras y que está siendo usado como sustento de una medida cautelar como esta. 

Efectivamente no se conoce informe técnico alguno que diga porqué el límite máximo tolerable de juveniles es  del 10% y porque no 10.5 o 13 o 15 o cualquier número finalmente. Por otro lado es absurdo que, además de castigar a la embarcación la que no tiene salida alguna, se sancione también a la planta de la misma empresa por recibir una captura por la cual ya se sancionó a la embarcación.

¿Qué se tendría que hacer entonces? Porque arrojarla al mar también es un acto sujeto a sanción.  Estas incoherencias, que nacen de una norma imperfecta, constituyen el germen de una medida cautelar. ¿Se puede objetar que la empresa sancionada por esta razón se defienda a través de una acción de amparo?

Esto ocurre porque quienes redactan las normas no tienen la debida experiencia en materia de pesca. No es suficiente ser abogado ni experto en técnica legislativa o confección de resoluciones y decretos. Para normar debidamente sobre este tipo de materia, se requiere conocer y por lo menos haber salido en cada tipo de embarcación existente para observar la realidad en el mar y no desde el escritorio.

Además se requiere un consenso mínimo con el administrado para poder prevenir la comisión de la falta que se quiere evitar. Antes que sancionar hay que prevenir. Si es el caso sancionar, la pena a aplicar debe ser justa y racional, derivada de una norma coherente.

Lo peligroso de la situación creada con esta medida cautelar es, que si la autoridad no reacciona de inmediato, modificando la norma; y si en todas las instancias judiciales se confirma que el juez tiene razón, se invalidaría la misma en todo su alcance y en todos sus efectos, quedando al descubierto el control de juveniles y de pesca incidental, dejando a la flota a su libre albedrío para capturar lo que desee mientras la norma no fuese reemplazada por algo razonable e incuestionable. Lo que tampoco es lo deseable. Tiene que existir un control; pero tiene que ser realista.

Lo que corresponde en este caso es una actitud constructiva y proactiva del Ministerio y los administrados para reemplazar la norma por algo más racional y que sea consensuado por la gente que sabe de flota, para evitar perder el tiempo en guerras mediáticas y legales.

Iniciar una guerra para defender una norma imperfecta, en lugar de aceptar que tiene que ser modificada para proceder a corregirla de inmediato, solamente llevará al sector a nuevos enfrentamientos insensatos. El principio de autoridad no está siendo cuestionado a mi parecer, sino que se está cuestionando una norma imperfecta, injusta e inaplicable, que carece de espíritu de prevención.

Como dice la resolución, “tal proceder aparece como abiertamente arbitrario, pues parece absurdo, injusto y desproporcionado, sancionar a un administrado por ejecutar una conducta que tiene consecuencias que cualquier administrado (incluso el mismo Estado) no puede evitar
Tienen que encontrar una salida intermedia que satisfaga a todas las partes; pero sobre todo que proteja la sostenibilidad del recurso.


Marcos Kisner Bueno

sábado, 10 de septiembre de 2016

La pesca en el Perú: ayer hoy y mañana

Reflexión de la Revista Pesca al cumplir 56 años de existencia
LA PESCA EN EL PERU AYER HOY Y MAÑANA

El sector pesquero peruano es complejo por la diversidad de intereses existentes en la explotación de recursos naturales renovables como son los hidrobiológicos, así como por la propia naturaleza y entorno en el cual viven los mismos.

La organización de los administrados está visiblemente dispersada en demasiados gremios de pescadores artesanales poco articulados, con peticiones dispersas y no integradas, frente a una eficiente organización gremial de la industria pesquera, que además dispone de eficientes operadores políticos. Esta dispersión coloca a la autoridad de pesquería  en una situación poco sencilla de manejar con eficiencia debido al tiempo que significa atender y escuchar a tantas personas, agremiadas o no.

Esta difícil situación se ve agravada cuando el funcionario carece de experiencia y conocimiento sobre la problemática sectorial. Empeora cuando además de ello no tiene conocimiento de cómo funciona el sector público, o conoce de pesca pero no del aparato estatal.

Si a esta ecuación se le agrega la ausencia de planes de largo plazo para la pesquería, estamos frente a un serio problema que tiene que enfrentarse debidamente.

Las administraciones de ayer hicieron cosas buenas y malas sin medir los impactos en el largo plazo ni la sostenibilidad de sus medidas. Cometieron errores y tuvieron aciertos. Las de hoy tienen su propia agenda  y descuidan  continuar lo bueno y corregir lo malo de ayer. Y olvidan que mañana el nuevo funcionario hará lo mismo y la rueda seguirá girando mientras los temas de fondo permanecen igual.

La coyuntura fuerza al funcionario a diseñar planes de impacto inmediato porque ese es el razonamiento del político que busca legitimación mediante medidas espectaculares y mediáticas. 

Pero sin experiencia en el sector público a veces se olvida que las ideas, sean de quien sean, no se implementan así no más como en el sector privado.

El sector público funciona bajo un sistema que básicamente obliga al funcionario a hacer lo que mandan las leyes y normas vigentes, la ley de presupuesto y los planes estratégicos sectoriales multianuales. Aún si se quiere incumplir estos planes, el aparato funciona en base a decretos supremos y resoluciones supremas, ministeriales y directorales que el Poder Ejecutivo elabora para ejecutar las políticas públicas o implementar las ideas del gobernante. Las leyes son materia del Poder Legislativo; pero aún ellas requieren de reglamentos que se aprueban por decreto supremo y son más largas de formular.

Por tanto no se puede implementar una agenda con la rapidez que se cree que puede hacerse, si no es dentro del marco legal que lo permita. Y para eso se necesita abogados. No necesariamente tienen que directores generales, ni de línea, ni autoridades políticas, pero son necesarios para elaborar resoluciones y decretos, únicos documentos de gestión que tienen fuerza vinculante. Cada director debiera tener experiencia en el sector público y en el sector pesquero y contar con el asesoramiento de abogados, también con experiencia y conocimiento pesquero, de preferencia.

Lo ideal es que la autoridad y funcionarios tengan ideas sobre el sector y una agenda desarrollada en un plan de gobierno que haya sido trabajada con asesoría legal para elaborar oportunamente y con eficacia  los documentos que la hagan viable. De esta manera se implementará la agenda con rapidez.

El tema se hace problemático y se presenta grave, cuando recién empezado el gobierno se empieza a elaborar una agenda bajo presión de tiempo, sin la experiencia ni el conocimiento debidos de la problemática y necesidades sectoriales. Se puede copiar ideas o escuchar propuestas; pero ejecutarlas es otra cosa. No medir sus impactos en el tiempo y/o no consensuarlas con los administrados, también es otra cosa.

Como muestra tenemos los ya legendarios Decretos Supremos 005 y 011, que consumieron y siguen consumiendo demasiado tiempo y atención de funcionarios y administrados en perjuicio de atender temas de fondo. La fusión del CEP Paita con el FONDEPES y la desaparición del Instituto Tecnológico Pesquero es otra muestra. Dos errores cometidos ayer sin que se evalúe su corrección hoy; porque al estar enfocados en una agenda de impacto inmediato no hay tiempo para revisar el ayer ni pensar en el mañana.

Necesitamos una política pesquera de largo plazo que sea una Política de Estado consensuada con las fuerzas políticas, los administrados y la sociedad, de tal forma que se asegure su continuidad en beneficio del bien común, del público, del ciudadano, quien es finalmente el objetivo principal de toda política pública.

Esta necesidad ha constituído y constituye una propuesta permanente que he hecho a través de esta plataforma y todas aquellas en las cuales he participado, con la clara convicción de que el futuro de una pesquería peruana sostenible, solo se asegurará mediante una Política de Estado de largo plazo que sea respetada por todos.


Marcos Kisner Bueno