REVISTA PESCA

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sábado, 8 de marzo de 2014

El problema de la pesqueria no es tan complicado segun el nuevo Ministro peruano de la Producción



El ministro de la Producción, Piero Guezzi, señaló que el problema de la pesquería no es tan complicado.

Guezzi dijo que el problema se encuentra en tres puntos claves a solucionar: primero, el costo de los derechos de la pesca que son muy bajos; segundo, una regulación y supervisión adecuada puede reducir la pesca informal; y tercero, que no se cuentan con los recursos para ello.




Elevar los derechos de pesca es justo, pero no es el único problema. No será sencillo tampoco. El DL 1084 congeló esa tasa por 10 años. Por tanto, al tener rango de ley, modificarlos requeriría otra ley. ¿La aprobaría el Congreso? ¿Y en cuanto tiempo? ¿Tendría la fuerza para combatir el lobby pesquero?

Muchas empresas han firmado contratos de estabilidad jurídica referidos al DL 1084. No se trata solo de dinero, sino de  poder.

Por otro lado, la estructuración del canon pesquero, se hace sobre la incorporación del 50% de los derechos de pesca recaudados y del 50% del impuesto a la renta de tercera categoría del sector. El otro 50% permanece a disposición de Produce. La utilización de este porcentaje no es pública, no se difunde ni se cuelga en el respectivo Portal de Transparencia del Ministerio de la Producción, que es el ente recaudador, por lo menos hasta ahora. La distribución del canon pesquero sí se difunde a través del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía de Finanzas.

Elevar los derechos de pesca para financiar los costos de fiscalización es una medida insuficiente y no resuelve el problema en su totalidad. La baja recaudación del impuesto a la renta de tercera categoría, que influye en el canon pesquero, es un tema que amerita mayor atención.

El escondido aquí es que el Estado cobra ese impuesto en función a la eficiencia de la empresa y a la pulcritud de la declaración de utilidades de la misma. Supongamos dos empresas que producen ambas la  misma cantidad de producto terminado con la misma cantidad de materia prima. Una es eficiente y la otra menos eficiente. Por tanto una gana más dinero que la otra y obtendrá más utilidades por lo cual tanto pagarán impuestos diferentes pese a haber extraído la misma cantidad de materia prima.

Pero lo que ocurre es que ambas empresas extrajeron la misma cantidad de peces de su hábitat a un costo cero, porque no se puede asumir ni creer que los derechos de pesca que pagan sean una cifra que refleje el verdadero valor de esa materia prima. Por tanto el Estado recauda nada por el valor de su recurso natural y cifras distintas por impuesto a la renta dependiendo de lo que declara cada empresa luego de sus operaciones de extracción, procesamiento y comercialización.

Esa extracción de materia prima genera un impacto negativo sobre el medio ambiente, contamina tanto la flota como la planta industrial y se genera un impacto sobre el ecosistema. Por lo tanto, adicionalmente a que no se paga por el valor de materia prima, no se cobra por los impactos que genera, lo que lleva al estado a mantener un ecosistema contaminado o a programar su descontaminación utilizando recursos provenientes de otras fuente de financiamiento, o sea de impuestos de otros sectores.

Todos quienes realicen esfuerzo pesquero deben estar sometidos a un pago de derechos por la explotación de recursos naturales patrimonio de la Nación. Este pago constituye el costo de la materia prima para el pescador, porque de lo contrario su costo sería equivalente a cero, distorsionando de esta forma su realidad y creando un régimen privilegiado e injusto en relación con el resto de industrias. Considerando, además, que el mayor porcentaje de las capturas se convierten en producto de exportación, un costo cero, bajo o irreal no favorece a la Nación que es poseedora del recurso, sino a poblaciones extranjeras para con quienes el país no tiene mayor obligación que la de establecer un comercio de precios justos.

La pesquería debe pagar un justiprecio en beneficio de la Nación que además la compense por los impactos que causa sobre el ecosistema y sobre el medio ambiente.

Para ello debe explorarse nuevos mecanismos de recaudación.
Así como la minería paga regalías y se discute en todos los foros la aplicación de impuestos a las sobreganancias, debería discutirse también la necesidad de aplicar regalías a la extracción de recursos pesqueros, que si bien es cierto son renovables, no significa que se puede lucrar con ellos en beneficio de una reducida porción de la población sin abarcar a toda la sociedad.

Durante mucho tiempo la Revista Pesca ha sostenido que la contribución tributaria de la pesquería en el Perú es injusta, así como también los derechos de pesca que paga por la extracción de los recursos pesqueros.

A través de numerosos artículos, estadísticas y análisis publicados en sus ediciones mensuales así como en suplementos, ha comentado la necesidad de introducir cambios y reformas en cuanto a la participación del país en el negocio pesquero, un negocio que genera utilidades a costo cero, de una materia prima que pertenece a todos los peruanos.

Es destacable la actitud de la ex Ministra de la Producción, así como del nuevo Ministro que, ha mencionado que el incremento de los derechos de pesca es un tema de agenda. Sin embargo este tema ya fue introducido por el ex ministro Burneo en el Plan Estratégico Sectorial Multianual. Por tanto,  no debe presentarlo como un tema de coyuntura nada más.

Más allá del tema puntual de los derechos de pesca, que es toda una problemática en sí misma, no es sino parte de una injusticia que se corregiría introduciendo el concepto de regalías pesqueras, así como perfeccionando la base legal del Canon Pesquero que genera actualmente una distribución de dicho concepto injusta y absurda, como también se ha analizado en diversos artículos.

Para mayor información pueden consultarse los siguientes enlaces:









Las exportaciones pesqueras, además de no pagar IGV puesto que se restituye este tributo, son incentivadas con un drawback, que no es sino un estímulo a la exportación. Lo cual es útil en términos de promoción. Sin embargo la autoridad correspondiente debería considerar si en lugar de incentivar y premiar la exportación de proteína, se reemplaza este incentivo por uno que estimule y premie la venta de productos pesqueros al mercado interno. No es igual exportar espárragos, que muy pocos comen en el país, que exportar pescado que sí todos comen o pueden comer.

La política sectorial de siempre, menciona el incremento del consumo de pescado como un objetivo. Más allá de una declaración lírica, lo real es que el pescado es caro, no existe una red de frío a nivel nacional, ni una infraestructura adecuada para comercialización que asegure la continuidad del abastecimiento, la inocuidad y preservación de estos productos, así como el incremento de su oferta.

La inversión privada es nula o pequeña en esta área porque para la industria es más sencillo y beneficioso exportar estos productos. Las cifras así lo confirman. El eliminar el drawback y reemplazarlo por otro tipo de estímulos para generar la inversión en infraestructura de frío y el incremento de la oferta de pescado y mariscos dentro del país resulta interesante.

La demanda nacional existe; pero es insatisfecha debido a los altos precios y a la ausencia de medios de distribución, almacenamiento y comercialización en el interior del país.

Los programas sociales no son una solución a largo plazo, como sí lo serían mecanismos de promoción que hagan atractiva la creación de empresas y pequeñas o micro empresas dedicadas a la  comercialización interna de los recursos hidrobiológicos del país.

Existiendo necesidad y demanda de alimentos y de proteína, el Estado debe vender la idea de convertir este abastecimiento en un negocio, que además genere empleo, limitando su actuación a la capacitación en esta materia.

La exportación no debe analizarse solamente desde el punto de vista de la cantidad de divisas generadas, (que son del exportador y no del país), sino preguntar cuánto impuesto ha pagado, deducido el drawback y la devolución del IGV.

• Los derechos de pesca vigentes son bajos.


• El impuesto a la renta también es bajo, y hasta desaparece cuando se le contrasta con los impuestos que el Estado devuelve al sector. Tema complejo que se subsanaría aplicando regalías a la extracción, es decir poner un precio a los peces, que hasta hoy no lo tienen. Las cifras indican que lo que la industria paga por derechos de pesca y de impuesto a la renta son pobres en relación con el deterioro que causan en el medio ambiente y no valorizan los peces y mariscos. Resulta, en términos prácticos que todo lo que se pesca tiene costo cero. La materia prima les sale gratis, porque lo que se gasta en pescarlo no es costo de la misma sino operativo. Los beneficios económicos del sector pesquero marítimo alcanzan a una fracción mínima de la población costera involucrada. Los volúmenes de recursos pesqueros naturales no aumentan a la par que crece la población vinculada a la extracción. Los recursos pesqueros no aumentan en función a la demanda.


• La contaminación y reparación del daño causado al ambiente hasta el momento no están resueltos. Los límites Máximos Permisibles (LMPs) para la descarga de efluentes asignados a la industria reductora han sido generosos y los plazos de adecuación a sus PAMAs (Programas de adecuación y manejo ambiental) también. La industria de consumo humano directo no tiene hasta ahora LMPS que permitan controlar y eventualmente sancionar el exceso de contaminantes vertidos al mar. Toda la flota pesquera no tiene el control debido de sus descargas de aguas sucias y residuos oleosos porque no se aplica la normativa del Marpol.


Convertir a la industria en un justo aportante, que pague lo debido por la extracción de recursos naturales y que esos fondos contribuyan a mejorar el propio sector y la vida de las poblaciones costeras, es un imperativo que debe incorporarse en la agenda política y que la industria continúe su desarrollo y crecimiento.