REVISTA PESCA

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jueves, 22 de diciembre de 2011

Encubrimientos con hedor a pescado

IDL-R expone nuevas evidencias que confirman las dos investigaciones publicadas por este medio sobre las masivas y probablemente fraudulentas irregularidades en la pesca industrial. Pero hay más: graves indicios de encubrimiento.

Por Milagros Salazar.-

¿Recuerdan de qué trataron las dos investigaciones de IDL-R sobre la pesca? Hay que saberlo para entender lo que viene. En Cómo se esfuman $100 millones en pescado, (publicado el 17 de septiembre pasado) IDL-R examinó y comparó el peso declarado de 47 mil desembarques (descargas) de anchoveta en tres temporadas de pesca (2009 y 2010) con el registro de cada uno de ellos en las balanzas de las fábricas. La máxima diferencia aceptable podía ser hasta del 10%, pero se encontró discrepancias mucho mayores, que llegaban hasta el 50%. En términos concretos, se esfumaron alrededor de 300 mil toneladas de anchoveta, valorizadas en unos $100 millones de dólares.

Nadie pudo desmentir la certeza de estos hallazgos.

Esto llevó al segundo reportaje, para determinar dónde estaba el problema. Las balanzas con truco (publicado el 6 de octubre pasado) descubrió y reveló una auditoría encarpetada de una de las dos empresas inspectoras oficiales del sector, Cerper. Esta auditoría concluyó que el 31% de las balanzas inspeccionadas en las fábricas que seleccionaron tenían problemas graves de adulteración. Pero en la inspección solo se auditó las balanzas de siete fábricas, casi todas medianas o pequeñas, con excepción de una compañía grande, Copeinca. Pese a ello, el informe era no solo muy importante sino contundente, pero llevaba inevitablemente a la pregunta, ¿por qué se hizo una muestra tan pequeña y se excluyó a compañías grandes, que concentran el mayor porcentaje de la pesca?

Esa omisión no fue casual ni accidental.

Según pudo conocer IDL-R, Cerper había hecho varios estudios en la primera temporada de pesca de 2009, que demostraban las diferencias anormales entre la pesca declarada y la pesada. Dichos estudios, que incluían a varias empresas grandes, fueron entregados al ministerio de Producción durante las gestiones de las ex ministras Elena Conterno y Mercedes Aráoz.

Cerper estudió las diferencias en tres puertos: Huarmey, Chancay y Chimbote porque “así lo pidió la Dirección General de Seguimiento, Control y Vigilancia (Digsecovi)” del Ministerio, según diversas fuentes que participaron en el análisis. Ello debido a que el viceministerio de Pesquería había recibido varias denuncias de pescadores por “robo en el peso” en las balanzas.

En la planta de Huarmey de la empresa Austral, por ejemplo, se detectó que las 137 descargas analizadas entre el 20 de abril y 12 de mayo de 2009, presentaban diferencias entre la pesca declarada y pesada del 10%, 15%, 20% e incluso por encima del 30%. En su investigación, IDL-R confirmó el mismo patrón de discrepancias de esta compañía en tres temporadas de pesca de 2009 y 2010.

Ante esos resultados, en julio de 2009, según relata el gerente del programa de vigilancia de Cerper, Rolando Urban, su compañía recomendó al ministerio de la Producción hacer una auditoría integral de todo el sistema de pesaje en las fábricas, sobre todo del programa o software.

El ministerio aceptó la idea. Cerper, que no tenía expertos informáticos, contrató a un consultor con más de 30 años de experiencia en la pesca: el ingeniero pesquero Freddy Sarmiento. Este convocó a especialistas en electrónica e informática y asegura que, al ver que las anormalidades se daban en la mayoría de las plantas, recomendó auditar 112 balanzas en 40 fábricas o plantas pesqueras en los puertos del norte y centro.

En todo el litoral, hay alrededor de 180 balanzas. Por eso, la auditoría que proponía Sarmiento iba a lograr un alto grado de exactitud en el diagnóstico del problema. Era un número alto, pero se justificaba, según indica Sarmiento, “porque la mayoría [de empresas] tenía el problema de altas diferencias [entre pesca declarada y pesada]”.

Sin embargo, el ministerio de la Producción a través del entonces director de Digsecovi, el marino en retiro Raúl Ponce, informó a Cerper que sólo se auditarían 18 balanzas de ocho plantas, es decir el 16% de la propuesta inicial. Al final, apenas se auditó 16 balanzas en siete fábricas.

IDL-R accedió a un correo electrónico en el que se da cuenta de una reunión realizada el 3 de agosto de 2009 entre Ponce, su asesor Julio César Ruiz y los representantes de Cerper. Según este mensaje, dirigido a Freddy Sarmiento, el Ministerio seleccionaría solo unas pocas plantas en los puertos de Bayóvar, Chimbote y Supe, pero aparentemente como primer tramo del trabajo.

“Concluida esta primera etapa, el Ministerio evaluará los resultados, y de acuerdo a ello se desarrollará todo el proyecto […] a nivel nacional (ya no serían 112 balanzas, sino un promedio [sic] de 185 balanzas)”, dice el correo.

Correo electrónico en el que consta que el Ministerio de la Producción ordena que se auditen apenas 18 balanzas de siete fábricas, a pesar que había otras grandes empresas con altas discrepancias entre pesca declarada y pesada.

Pero lo cierto es que nunca se auditaron las demás balanzas de las fábricas con las altas discrepancias descubiertas. Al final, tanto el estudio previo sobre las discrepancias –que coincide con la investigación más amplia que hizo IDL-R luego, por su cuenta y sin conocer el trabajo precedente de Cerper– como el informe final de auditoría de las balanzas fueron encarpetados por el Ministerio.

“Dijeron que no había presupuesto para hacer el proyecto completo”, señaló Sarmiento. “Nosotros trabajamos en las plantas que el ministerio dijo. No fuimos porque se nos ocurrió”, dice a su turno Rolando Urban de Cerper.

El hecho es que ambos estudios se mantuvieron en la sombra, hasta que IDL-R los descubrió en el proceso de realizar su propia investigación.

En silencio y encarpetado

IDL-R contactó por teléfono a Raúl Ponce para que explique las decisiones que tomó: “No me interesa pronunciarme sobre el tema” respondió Ponce, y cortó.

El desinteresado Ponce dependía en los días de la auditoría de la entonces ministra de Producción, Mercedes Aráoz, a quien IDL-R también contactó por correo electrónico.

Aráoz respondió que en toda muestra hay un número pequeño que siempre es auditado de manera aleatoria, pero que luego de conocerse las irregularidades que surgieron del examen, se habló con los industriales “para dictar medidas que permitieran un mejor control”.

Pero esas medidas, como la mejora o cambio del software de las balanzas, donde los auditores detectaron los mayores indicios de manipulación, nunca se concretaron.

Si el Estado no hizo nada, ¿qué hicieron o, por lo menos, qué dicen los pesqueros?

El presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería, Richard Inurritegui, dijo a IDL-R que la auditoría sólo demuestra que el pequeño grupo de plantas auditadas incurre en la manipulación, pero que no hay que “generalizar”.

Richard Inurritegui, presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería (Foto: IDL-Reporteros).

“Me preocupa que se haga una imagen del sector harinero como un sector tramposo”, dice Inurritegui. Insiste que los empresarios impulsaron la mejora de los controles en el software, pero Sarmiento lo desmiente.

El entonces consultor explica que el proyecto completo entre Cerper y el Ministerio de la Producción era desarrollar un dispositivo electrónico que permitiera detectar la alteración en el peso luego de los hallazgos de la auditoría.

Para los que realizaron dicha auditoría, el estudio estadístico de las discrepancias demostró que había una “desviación del peso” que escapaba de los controles. Luego de la inspección de balanzas se comprobó que las diferencias se debían a la manipulación de las tolvas y principalmente del software. “No era necesario hacer la auditoría al 100 por ciento de las plantas para concluir que había un problema”, dice Urban.

“Esas diferencias [en ambos estudios] confirmaron que había un mal uso de las tolvas”, remacha Freddy Sarmiento. Añade que durante la auditoría se detectó que algunas plantas tenían un programa que permitía alterar el peso registrado de las descargas. Esta adulteración delictiva quedó impune hasta hoy.

Algo más de un año después de contemplar la frustración y el encarpetamiento de sus investigaciones, Sarmiento tuvo un cambio importante en su vida: fue elegido congresista de la República. Desde el Parlamento, la acción fiscalizadora de Sarmiento quizá resulte más difícil de encarpetar.

Entre tanto, los hechos son inequívocos: antes que IDL-Reporteros hiciera su propia extensa y comprehensiva investigación, hubo una a cargo de Cerper que primero diagnosticó el problema de posible fraude en el peso de la pesca y luego señaló la forma en que se producía: mediante la adulteración de balanzas.

Eso lo supieron por lo menos dos ministros del gobierno de Alan García, que no hicieron nada al respecto, pese a que no solo se perjudicaba los intereses de los pescadores sino los del propio Estado.

En las primeras semanas del próximo año, IDL-Reporteros continuará con esta investigación, complementando los hallazgos anteriores desde un ángulo nuevo y decisivo.

http://idl-reporteros.pe/2011/12/21/encubrimientos-con-hedor-a-pescado/



jueves, 8 de diciembre de 2011

USO Y ABUSO DEL PODER Y LA MANIPULACION

La pesquería ha hecho uso y abuso de una posición privilegiada por el poder de haber dirigido directa o indirectamente la administración del sector.

La pérdida de ese estatus de dominación, debidamente impulsada por la administración actual, ha removido hasta los cimientos la estructura del poder y el ego de muchas personas y asociaciones que lanzan una ofensiva a través de los medios y de lacayos a sueldo de todo género y condición, encubiertos, infiltrados o visibles. Intrigan y conspiran en contra del Estado pretendiendo volver a las antiguas costumbres; pretendiendo recuperar el control y el dominio de la pesquería.

En el escenario que se viene construyendo, la política y el dinero, constantes de manipulación en el sector durante toda su historia, serán reemplazados por el verdadero poder de una Sociedad Civil que despierta poco a poco y recupera su lugar en la estructura de poder de la Nación.

La ambición del poder y del dinero hace perder de vista, a algunos, que estamos viviendo épocas diferentes. Estamos en la era del hombre común, de la Sociedad Civil que se organiza y se defiende. Las viejas costumbres y los antiguos dioses del dogma y el paradigma que dominaban no solo el sector pesquero, sino otros sectores extractivos también,  están siendo reemplazados por nuevas doctrinas, nuevos valores y nuevos elementos de defensa.

La continuidad de la política que ha inaugurado una nueva era de moralidad y decencia en el sector debe ser defendida por la Sociedad Civil, que debe organizarse para defender sus derechos a compartir debidamente el uso de sus recursos naturales y a la vida en un ambiente limpio, no contaminado, asegurando la sostenibilidad de las pesquerías para las futuras generaciones de peruanos.

No es solamente desde el poder de turno desde donde debe darse esta lucha reivindicativa, sino desde el seno mismo de la Sociedad Civil, hasta hoy ajena e indiferente.

Los verdaderos pescadores artesanales, relegados y olvidados, los trabajadores de la industria pesquera de tierra y embarcados, víctimas permanentes de tratos injustos y pagos insuficientes y desproporcionados a su esfuerzo, son los primeros en unirse y empezar a exigir sus derechos a un justo trato, a una justa participación y a una vida digna.

Deben unir sus esfuerzos con la Sociedad Civil e institucionalizar reformas en el sector cuya continuidad sea vigilada y observada para que nunca más se vuelva al estatus anterior que solamente ha traído degradación del medio ambiente, enriquecimiento de unos pocos y ausencia de participación de la Sociedad Civil.

Se ha hecho creer al país que somos buenos porque exportamos mucho, mientras se vive día a día con un producto pesquero caro, limitado y alejado de las mesas populares. Se nos ha inculcado el mito de que la exportación es la piedra filosofal y el santo grial de la vida económica de un país. Lo que no se nos dijo nunca es cuanto gana el exportador en relación a lo que en términos prácticos y reales gana la Sociedad Civil. Se nos ha hecho creer que donando un poco de pescado o vendiendo eventualmente pescado barato el negocio pesquero contribuye con el país. Lo que nunca se nos dice es cuánto dinero gana el que exporta y cuanto de ese dinero recibe el Estado para aplicarlo a la atención de necesidades del país.

Antes que regalar pescado es necesario y debido que el canon pesquero, que hoy día significa menos de un sol para algunas municipalidades, aumente a niveles apropiados y que no sean insultantes como los actuales. De esta forma cada gobierno local será dueño de decidir en qué invierte sus recursos de acuerdo a sus propias necesidades.

El país no necesita de la caridad de la industria pesquera, sino de una justa participación y distribución de su riqueza.

Alimentar a la población será la resultante de nuevos negocios, de nuevas microempresas que ganen dinero y atiendan a la población nacional sin tener que negociar con una estructura tradicional que no da nada si no es a cambio de ventajas indebidas e injustas para la Nación.

En este escenario hay quienes insisten en continuar violando las 5 millas marinas reservadas a la pesca artesanal para seguir aumentando la riqueza de pocos en detrimento de muchos. Bajo múltiples excusas y argumentos es el deseo de lucro a toda costa lo que inspira a todos los defensores de violentar las 5 millas marinas.

Confían y esperan encontrar a una Sociedad Civil indiferente e inerte para oponerse. Esta vez no debiera ser así, como siempre fue en el pasado.
 


Cifras tomadas del portal del MEF: Transferencia del 6 de diciembre 2012

sábado, 3 de diciembre de 2011

EDITORIAL EDICION DICIEMBRE 2011

             En la primera edición de la Revista Pesca de Octubre de 1960, Alejandro Bermejo acuño la frase: “La tragedia de la abundancia”, refiriéndose a una coyuntura específica de la harina de pescado de ese momento.

                Lejos estaba de imaginar la proyección y profundidad de esa    frase aplicada a nuestros tiempos, donde la abundancia  ha generado una tragedia, no solo para el ecosistema marino peruano, sino para la moral, conduciendo al sector a niveles de indecencia difícilmente superables.

                El poder derivado de la abundancia desata  pasiones  inimaginable para los años 60.  Se compran y venden voluntades, se destruyen conciencias y degradan a algunas personas al extremo de perder  la línea ética de pensamiento y de conducta.

                Algunos emplean el lenguaje diplomático y elegante mostrando una cara y una mano  tendida, mientras la otra mano empuñada alimenta la perfidia, la intriga, la perversidad y la manipulación.

                Lo que ocurre es que no hay otro negocio tan productivo y fácil como el de la harina de pescado, que en 60 o 90 días de un año puede facturar la suma de 1,800 millones de dólares.

                Si bien es cierto es legítimo que se quiera defender un negocio tan rentable, también es legítimo que la autoridad de turno pretenda mejorar la regulación con el propósito de cumplir su rol de procurar el bien común y el bienestar de las mayorías.

                Lo censurable es  cómo el apetito de poder y de dinero, sumados a la soberbia, genera actitudes que entran en conflicto con elementales conceptos de ética y de decencia, para alinearse a lo más conveniente para intereses subordinados y ganar o recuperar espacios de poder.  En esta coyuntura, es la pérdida de espacios de poder lo que pretende recuperarse a cualquier costo.

                A la larga, la naturaleza nos pasará la factura y retirará tanta abundancia que ha devenido en una tragedia ética y moral. Con tanto dinero y espacios de poder en juego ¿Les puede importar la decencia y el futuro del país?

                Como decía Alexis Carrell: solamente somos una especie en apuros.