REVISTA PESCA

La Revista Pesca es un medio de información alternativo que presenta artículos, opiniones y noticias referidas a la pesca en el Perú y el mundo, con énfasis en la política pesquera, la conservación del ambiente y la seguridad alimentaria.
En 2016 cumplimos 56 años de publicación contínua en el Perú.

Las ediciones a partir del 2010 se publican en formato digital (PDF) en la siguiente página web: http://www.issuu.com/revistapesca/docs

Correo electrónico: revistapesca@outlook.com

sábado, 29 de diciembre de 2012

Editorial enero 2013


En lo que va del presente gobierno, el sector pesquero está asistiendo a esfuerzos por reformar la administración de las pesquerías, algunos de ellos tímidos, unos con marchas atrás, otros inorgánicos, otros coherentes. Pero en términos generales hay consciencia de la necesidad de introducir cambios. Esto implica planificación estratégica efectiva.  Hay que destacar que por primera vez un Ministro expresa públicamente la necesidad de revisar los montos pagados por derechos de pesca así como que economistas independientes también están mencionando públicamente esta necesidad, planteada desde hace tiempo por esta Revista.

Existe un Plan Estratégico Sectorial con objetivos claros y con indicadores fácilmente medibles. Pero la alta rotación de autoridades sectoriales parece restarle fuerza a la consecución de los mismos. Es algo que debe evaluarse y corregirse. Más allá de este Plan existe, casual o conscientemente, cierto grado de coherencia con corrientes mundiales de opinión sobre lo que es impostergable hacer. El camino es claro y está trazado, solo falta aplicar la debida voluntad y decisión políticas para llevarlo a buen término.

Es evidente que las reformas generan oposición. A toda acción sigue una reacción natural. Esta  se manifiesta en forma de conflictos sociales, a veces manipulados y dirigidos y al empleo de medios de comunicación para destruir en sus raíces cualquier intento de reformas.

Más allá de lo técnico y legal ¿Cuál es el derecho moral que existe para oponerse al cambio?
Todo aquel que se siente con derecho a reclamar y a oponerse debería exhibir credenciales mínimas que le otorguen el derecho ético y moral a hacer oposición. Todos quienes se sienten con los derechos del caso a reclamar sobre el empleo y destino de los recursos pesqueros, que por definición de la ley son patrimonio de la Nación, debieran exhibir cuánto le han pagado al Estado Peruano por el privilegio de explotar los peces que los hacen generar una riqueza que se comparte en forma injusta . 

¿Han pagado o pagan lo justo por lucrar con bienes que no les cuesta mantener? ¿Cuánto empleo formal generan, cuál es la calidad del mismo y qué nivel de estabilidad laboral ofrecen a los trabajadores?

Detrás de toda la maquinaria mediática de oposición que se ha echado a andar, la sociedad civil debería cuestionarse cuál es la base moral de dicha oposición, en términos de participación de un lucro generado en recursos que no son de su propiedad.

Si alguien demuestra que paga sus impuestos en forma justa y proporcional; que paga por el derecho a la extracción de algo que no es suyo; que genera empleo estable y de calidad, cumpliendo todas las exigencias de la ley; que prioriza la alimentación nacional antes que la del extranjero; que cumple con criterios de sostenibilidad; que no contamina el agua ni el aire afectando a las poblaciones cercanas; que nunca intervino en actos de corrupción, podría ser moralmente incuestionable.

¿Es esa la realidad actual? 
Por tanto ¿Qué derecho moral existe para pretender amedrentar y amilanar al Estado Peruano con el objeto de mantener un injusto status de privilegios?

Marcos Kisner Bueno

martes, 25 de diciembre de 2012

En relacion a números y derechos de pesca


Lo que estas cifras no expresan es que hay poco pescado en los mercados peruanos, sus precios son inaccesibles para la mayoría de la población y que el ceviche es cada vez más caro. Sin embargo algunos se jactan de que somos grandes exportadores, como si ese solo hecho fuese de gran beneficio para el país. Ese tipo de comentarios responde a un desinterés y desconocimiento de la problemática pesquera que comparte la sociedad civil y un sector de la prensa. 

No solo la contribución de la pesca con el país es injusta e insuficiente en cuanto a dinero, sino también en cuanto a cantidad y variedad para nuestra alimentación. 

Más allá de la compleja problemática del ordenamiento pesquero, un tema de agenda prioritario y previo, es establecer un justo pago por el derecho a extraer recursos pesqueros, diseñar un presupuesto técnico y correctamente estructurado y designar funcionarios con la competencia adecuada para ejecutar un gasto de calidad de acuerdo a lo programado.


jueves, 20 de diciembre de 2012

Los derechos de pesca y el Estado peruano


Durante mucho tiempo la Revista Pesca ha sostenido que la contribución tributaria de la pesquería en el Perú es injusta, así como también los derechos de pesca que paga por la extracción de los recursos pesqueros.

A través de numerosos artículos, estadísticas y análisis publicados en sus ediciones mensuales así como en suplementos, ha comentado la necesidad de introducir cambios y reformas en cuanto a la participación del país en el negocio pesquero, un negocio que genera utilidades a costo cero, de una materia prima que pertenece a todos los peruanos.

Es un hecho destacable que durante el mes de diciembre del 2012 se haya tocado el tema en un foro público en el cual el doctor Carlos Paredes introdujo el tema por primera vez.

Es también destacable la actitud de la Ministra de la Producción que, también en público, ha mencionado que el incremento de los derechos de pesca es un tema sobre el cual ya ha dispuesto una revisión. Sin embargo este tema ya fue introducido por el ex ministro Burneo en el Plan Estratégico Sectorial Multianual. Por tanto, en el marco de la coherencia de la actual gestión, debe darle cumplimiento y no presentarlo como un tema de coyuntura nada más.

Estas corrientes de opinión son saludables en la medida que se está poniendo sobre el tapete un tema sobre el cual nunca antes existieron pronunciamientos de este nivel.

La realidad impone una modificación en la contribución de la pesquería para con el Estado peruano.

Más allá del tema puntual de los derechos de pesca, que es toda una problemática en sí misma, no es sino parte de una injusticia que se corregiría introduciendo el concepto de regalías pesqueras, así como perfeccionando la base legal del Canon Pesquero que genera actualmente una distribución de dicho concepto injusta y absurda, como también se ha analizado en diversos artículos.

Para mayor información pueden consultarse los siguientes enlaces:








 

viernes, 14 de diciembre de 2012

Sostenibilidad y derechos de pesca


Por: Carlos E. Paredes

DIRECTOR DE INTELFIN Y PROFESOR DE ECONOMÍA DE LA USMP.

1. Ayer, en una conferencia pública, presentamos los resultados de un estudio sobre el sector pesca elaborado en el Instituto del Perú de la USMP, con el auspicio del CIES y la Fundación Bustamante. Fue un evento muy productivo, en que nos juntamos académicos, representantes del gobierno, la industria y los medios de comunicación.

El diálogo fue respetuoso y alturado, y aunque, por supuesto, no todos estuvimos de acuerdo con todo lo que se dijo, este tipo de encuentros y esfuerzos resalta la importancia de que los peruanos busquemos coincidencias, entendamos nuestras diferencias y tratemos de solucionar conjunta o, por lo menos, coordinadamente los problemas que tenemos frente a nosotros. En el caso de la pesca, los problemas identificados nos afectan a todos, pero sobre todo a las generaciones futuras, que tienen poca representación en el debate y en las decisiones actuales.

2. Los recursos hidrobiológicos de nuestro mar, son recursos naturales renovables con una altísima productividad.

De hecho, nuestro mar es uno de los más ricos del mundo y permite que explotemos una riqueza maravillosa.
En la conferencia se enfatizaron dos temas sobre los que creo hay un amplio consenso. Primero, estos recursos son de todos los peruanos, no solo de los que ahora nos beneficiamos de ellos, sino y sobre todo de las muchas generaciones que están por venir. Por lo tanto, el velar por la sostenibilidad de nuestros recursos hidrobiológicos debe ser una responsabilidad compartida por todos los actores involucrados en el sector. Segundo, esta riqueza marina produce una enorme renta, que debería ir en mayor proporción que la actual al dueño del recurso, el Estado, a través del pago de derechos de pesca adecuados y razonables.

3. El análisis del régimen de derechos de pesca vigente muestra que la normatividad al respecto es sumamente deficiente, pues carece de sustento económico, no se basa en objetivos o criterios claros, y, es más, está perforada y debilitada en el caso de todas las pesquerías analizadas. En este contexto, no es sorprendente que la recaudación de derechos de pesca no permita financiar lo que la administración eficiente de las pesquerías demanda.

Y, lo que es peor, hay poca transparencia en el uso de los escasos recursos que se recaudan. El resultado: vamos perdiendo nuestro sitial en la pesca mundial; tenemos un IMARPE sin recursos, con fuga de talentos y, donde ahora, hemos llegado al extremo en que no contamos con ni una sola nave para hacer monitoreo científico en alta mar. ¿Cómo podemos asegurar la sostenibilidad de nuestros recursos hidrobiológicos si no invertimos en investigación y monitoreo constante? La verdad, es que estamos navegando sin instrumentos en un entorno que, como bien señaló el Viceministro de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales, está caracterizado cada vez más por una alta incertidumbre (incrementada, entre otros factores, por el cambio climático).

4. Sin duda, los derechos de pesca que se pagan en el Perú son muy bajos, tanto en relación a la renta pesquera transferida al sector privado, como en relación a los costos de administrar eficientemente nuestras pesquerías.

También son bajos en comparación con los derechos que se pagan en otros países, como Chile o Islandia, donde la renta pesquera transferida al sector privado (mediante el sistema de cuotas individuales) es significativamente menor a la renta transferida en nuestro caso. Y esto no es difícil de entender, nuestra mayor renta se explica por la altísima productividad del mar peruano. Es hora de revisar este tema y de hacerlo de manera transparente y consensuada, poniendo especial énfasis en cómo se deben utilizar los ingresos provenientes del pago del nuevo régimen de derechos o regalías que debemos implantar.

Fuente:

Jueves 13 de diciembre del 2012 GESTIÓN
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PRODUCE EVALÚA INCREMENTAR LOS DERECHOS DE PESCA A INDUSTRIALES

Si se determina un mayor aporte servirá para financiar la investigación científica que requiere Imarpe , que ahora se quedó sin buque operativo para evaluar la biomasa.

ELÍAS GARCÍA
 egarcia@diariogestion.com.pe

El Ministerio de la Producción dispuso iniciar un estudio para determinar si es necesario incrementar los derechos de pesca que paga la industria pesquera nacional, evaluación que concluirá a fines del verano del 2013, anunció ayer la titular de esa cartera, Gladys Triveño.

Actualmente el pago de derecho de pesca equivale a US$ 3.38 por TM de anchoveta desembarcada, y dada la alta productividad pesquera de la anchoveta, a la industria que la extrae se le ha transferido una renta superior a los US$ 180 por TM, según estudio de Carlos Paredes del Instituto del Perú.

Además, había advertido que la industria pesquera contribuye con menos del 1% al PBI y con solo 0.6% de la recaudación, por lo que planteó evaluar un incremento al aporte de esa actividad.

La ministra Triveño refirió que ya desde este 5 de diciembre está aprobada la norma que permite hacer tal evaluación.
Se trata, precisó, del Decreto Supremo 008, que encarga a la Dirección General de Políticas y Desarrollo Pesquero de Produce la realización de un estudio para evaluar la metodología aplicable para la determinación del monto de los derechos de pesca referidos a la extracción de recursos hidrobiológicos.

Los recursos que se generen por un eventual incremento de ese monto servirán para fortalecer la investigación científica y la tecnología del Instituto del Mar del Perú, Imarpe, que evalúa las condiciones de la biomasa a pescar, particularmente la anchoveta.
Sobre este último punto, la ministra advirtió que hoy el Imarpe se ha quedado sin un solo buque para hacer la evaluación de la anchoveta, pues el único que operaba (el BAP Olaya) ha quedado inoperativo por fallas y no puede ser reparado.

Frente a ello, indicó que se va a alquilar un buque del exterior para poder hacer la evaluación de la biomasa de la anchoveta entre febrero y marzo próximos, y determinar su cuota en abril próximo.

Subreporte
 En cuanto al presunto subreporte o menor declaración de pesca de anchoveta por parte de empresas pesqueras que cuentan con flota y plantas de harina propias, que advirtió Carlos Paredes, la ministra respondió que Produce va a hacer su propia investigación y un estudio completo del tema para luego tomar decisiones.
De otro lado, Triveño aseguró que no es cierto -como ha mencionado la SNP- que las embarcaciones de menor escala que pescan en una franja exclusiva (entre las 5 y las 10 millas) pesquen inclusive durante épocas de veda.

Fuente

lunes, 10 de diciembre de 2012

Pescar en forma indebida, comprar en forma indebida


“Un verdadero crimen ecológico se viene registrando en los mares peruanos, gigantescas embarcaciones industriales se internan en zonas de pesca artesanal para depredar nuestra anchoveta, poniendo en riesgo todo el ecosistema marino y la pesca nacional”

Comentario: ¿quién tiene más responsabilidad, el que pesca en forma indebida la anchoveta, o el que la compra a sabiendas que fue extraída en forma indebida?

El reportaje de Panamericana, véalo en el siguiente link:

 

viernes, 7 de diciembre de 2012

Objetivos estratégicos y coherencia en el sector pesquero


Durante el Sexagésimo séptimo período de sesiones de setiembre del 2012,  del programa provisional Promoción y protección de los derechos humanos: cuestiones de derechos humanos, incluidos otros medios de mejorar el goce efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el Secretario General  transmitió a los miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas el informe provisional del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Olivier De Schutter, presentado de conformidad con la resolución 66/158 de la Asamblea General.

Algunas de las conclusiones y recomendaciones del informe en mención son:
A fin de preservar, a largo plazo, la sostenibilidad de la pesca y la disponibilidad de pescado local destinado a la alimentación, sobre todo mediante la lucha contra la sobrepesca, todos los Estados deberían hacer lo siguiente:

Reducir la proporción de peces que se utilizan para fabricar harina de pescado, por ejemplo promoviendo el consumo humano directo de algunos peces pequeños y nutritivos, frenando la demanda de proteínas de pescado procedentes de especies situadas en el extremo superior de la cadena alimentaria (como el atún y el salmón, o especies carnívoras de piscifactoría como las gambas) por parte de los consumidores prósperos, que conduce a la sobreexplotación de los recursos marinos mundiales, y estudiando la posibilidad de imponer restricciones a la proporción de peces que se pueden utilizar para fabricar productos derivados.
Aplicar las disposiciones del Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, teniendo en cuenta, al mismo tiempo, la función que cumple la pesca ocasional como red de seguridad en época de crisis para algunas comunidades costeras y reconociendo la diferencia esencial que hay entre la pesca no declarada que practican los pescadores en pequeña escala y la pesca industrial ilegal;

Cumplir los compromisos que asumieron en virtud del Plan de Aplicación de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, sobre todo el de reducir su capacidad pesquera y el de crear zonas marinas protegidas, teniendo en cuenta, al mismo tiempo, la seguridad alimentaria de las comunidades costeras de pescadores.

PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL MULTIANUAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION

En su objetivo estratégico 6, Política 10, estrategia 28, 29, y 30 establece el desarrollo y promoción de pesquería sostenibles a través de la aplicación de planes de gestión con un enfoque ecosistémico.
La política 11 establece el fortalecimiento del sistema de vigilancia y control de las actividades pesqueras y acuícolas.

La administración actual, con la promulgación del DS 005-2012-PRODUCE y a través de la LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2013 en la quinta disposición complementaria final ha introducido normas que son coherentes y concordantes con la recomendaciones del Relator Especial de la ONU y con el objetivo estratégico 6 de su PESEM.

 No se aprecia que todos los objetivos estratégicos estén implementándose, pero los dispositivos mencionados, por lo menos, son un indicativo de voluntad política por implementar una política macro pesquera que conduzca al ordenamiento real de la pesca.

 Es natural que el sector se sienta amenazado por una administración que está introduciendo cambios en formas a la que no está acostumbrada la industria pesquera, habituada a una normatividad laxa y a una ingerencia indebida en el manejo de la política pesquera.

 La sociedad civil merece que la actual administración cumpla con implementar en su totalidad los objetivos estratégicos vigentes y diseñados por el actual Régimen.

sábado, 1 de diciembre de 2012

Editorial Revista Pesca Diciembre 2012


En el Perú los peces son gratis, o cuestan muy poco. Es uno de los elementos que convierten a la pesquería en un negocio altamente lucrativo y que atrae a todo tipo de inversionistas e interesados. En ediciones anteriores se ha detallado que los llamados “derechos de pesca” constituyen una tasa muy baja en relación al lucro que genera el negocio pesquero, cuya recaudación y empleo por otro lado, es desconocida. La pesca artesanal no es sujeto de pago alguno por la extracción.

Lo que constituye la cereza del postre es la producción de harina de pescado. En promedio, los días efectivos de pesca no superan los 6 meses al año por efecto de la veda reproductiva del recurso. Esto supone una calidad de empleo inestable, discontínua y aleatoria. Sin embargo la rentabilidad del negocio es tan alta que la presión por ingresar al negocio de la harina y por mantener un status de privilegio es enorme. Si no fuese así no habría tanta reacción contra cualquier tipo de intento de ordenamiento. El problema es que son muy pocos los favorecidos con este lucro y muchos menos los que viven de él o sobreviven gracias a él en proporción a la población nacional.

Probablemente no existe negocio en el mundo que, con un promedio de seis meses anuales de producción, facture un promedio de 1, 500 millones de dólares anuales (tomando los últimos 8 años como promedio) con una contribución tan baja de impuesto a la renta.

Durante décadas, el país ha asistido indiferente y silente ante un manejo normativo laxo y altamente favorable a la industria, generándose un status privilegiado, que a su vez a creado todo un sistema de corrupción en el sector el cual ha sido objeto de múltiples denuncias periodísticas.

El actual gobierno es el primero en mucho tiempo que, salvo por el interregno entre el ex ministro Burneo y la ministra Triveño, pretende imponer orden en el sector pesquero.

Las reacciones son visibles. Por todos lados se ataca a la gestión del Estado y se le intimida con demostraciones de fuerza, que al igual que en oportunidades anteriores y que en otros sectores, deben tener autores intelectuales y financiamiento que Estado debería investigar a fin de determinar cuál es el verdadero origen de una protesta que pretende intimidar al Estado creando anarquía, desorden, caos y conflicto.

Aún quedan unos años de gestión para observar no solo como se defiende el Estado, sino cómo introduce las reformas que beneficien al país y no a unos cuantos.

La reforma de fondo radica en colocar un precio justo a los peces, que reduzca el atractivo para seguir incrementando el esfuerzo pesquero. El resultado será un justa participación del país en el negocio  y una apropiada reducción de la extracción en beneficio de la sostenibilidad de todos los recursos pesqueros.

La Ley General de Pesca es promotora de mayor extracción e inversión, lo cual fue válido probablemente en el tiempo que se promulgó. Hoy en día tal vez es necesario modificarla quitándole el sesgo promotor para reemplazarlo por criterios ecosistémicos y de reducción del esfuerzo pesquero en beneficio de asegurar sostenibilidad de las pesquerías.

 

Marcos Kisner Bueno